Miércoles, 22 Agosto 2012 11:22

Crisis de la salud, ¿cuál crisis? ¿cuál solución?

Escrito por CHRISTIAN MANTILLA
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No hay duda. El sistema de salud colombiano (y el sistema general de seguridad social en su conjunto) está en crisis. Su crisis no es de ahora sino que tiene su origen desde la concepción misma del modelo imperante. Durante la vigencia de la Ley 100 se han realizado reformas y ajustes para intentar salvarlo de lo que parece ser un mal connatural al sistema.

Leyes como la 1122 de 2007 y la 1438 de 2011 intentaron en su momento conjurar la crisis implementando medidas para resolver problemas asociados a las dificultades y riesgos financieros, altos niveles de corrupción, y lo que para el Gobierno son “abusos en el uso de servicios y procedimientos por parte de los pacientes”. Sin embargo, estos paliativos en nada tocaron la problemática relacionada con el desarrollo del fin esencial de un sistema de protección social en el marco de un Estado Social de Derecho, que es precisamente la protección de las personas en tanto personas y no en tanto clientes, afiliados, desvinculados, vinculados, del régimen subsidiado, del contributivo, beneficiario, titular, etcétera. ¿Dónde radica entonces el problema con el sistema de salud? ¿Cuáles son las propuestas que están en juego en este momento y los intereses que hay detrás de cada una de ellas?

Propuesta del Gobierno

A dos años de su elección, el gobierno de Juan Manuel Santos sigue promoviendo reformas que se traducen en paliativos para prolongar la agonía de un sistema inoperante frente al deber de garantizarles protección universal a todas las personas. En esa baraja de reformas y adendas fracasadas figuran la reforma ordinaria a la salud1 y el proyecto de ley estatutaria en salud 186/10 Senado2 para asignarle más recursos a las EPS, y las propuestas de restricción a la tutela que subordinan el acceso general al derecho a la salud a la disponibilidad de los “recursos finitos del Sistema”. Esta nueva relación de sometimiento a la viabilidad fiscal explica que en aras de la sostenibilidad financiera se disminuyen los beneficios de los usuarios del sistema de seguridad social en salud.

Otro de los grandes y graves proyectos legislativos promovidos por el gobierno Santos fue el Acto Legislativo 016 de 20103, “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal”, que fue aprobado por el Congreso el 7 de junio de 2011. Además, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-20144 se evidencia la falta de voluntad política para resolver de fondo las fallas del sistema de seguridad social en el país, no obstante las evidencias, debates y denuncias que hace constantemente la ciudadanía al exigir cambios estructurales que recojan los principios básicos del Derecho, como la universalización, la integralidad y la equidad. Por el contrario, se insiste en la sostenibilidad fiscal como criterio fundamental dentro de la política social.

El gobierno nacional insiste, ahora por intermedio de la senadora Piedad Zuccardi, en fortalecer financieramente al sistema, pero en realidad lo que proponen es un rescate de las empresas promotoras de salud (EPS) mediante un fondo público que cubra el déficit de estas empresas, pagando las deudas que éstas tienen con la red pública hospitalaria, que se ha visto obligada a movilizarse para exigir el pago de la deuda, so pena de declararse en quiebra, recortar servicios a usuarios y recortar personal, tal como ocurrió hace poco en Medellín con Metrosalud, que desvinculó a más de 3.000 trabajadores.

El Gobierno parece olvidar (por decir lo menos) que estas empresas promotoras de salud son las mismas que se han apropiado de manera indebida de recursos públicos representados en el Fosyga, a través de recobros, falsos pacientes y demás artimañas que poco a poco son descubiertas, llevando a la intervención de varias de estas empresas, y a la cárcel a varios de sus responsables.

La respuesta enérgica del Gobierno se concentra, en últimas, en atender no al agonizante sistema, responsable de la reiterativa negación del acceso a la salud, sino en socorrer económicamente a quienes se lucran con la agonía del mismo.

La propuesta de las EPS

Por su parte, las EPS asociadas en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a las empresas promotoras de salud del régimen contributivo, decidió proponerle al Gobierno una reformulación del sistema con la firme intención de recuperar su maltrecha credibilidad, debido, entre otras cosas, a los destinos que han tomado las ganancias de estas empresas, que no reinvierten en el sector salud para mejorar servicios y desarrollar campañas de prevención sino que han destinados a proyectos inmobiliarios, clubes sociales y empresas fachadas, lo cual representa una apropiación indebida de dineros que nunca llegaron a quienes debían ser beneficiados. Ahora, Acemi propone que sea el paciente el centro del sistema, y pone sobre la mesa del Gobierno una reforma de 28 puntos.

El diagnóstico que hace Acemi de la crisis del sistema centra su atención en el modelo de atención médica, y no cuestiona el papel de las EPS en la crisis. Para Jaime Arias, presidente del gremio, “la crisis es compleja y viene agravándose desde hace más de 10 años, sin que haya recibido soluciones oportunas y adecuadas. El problema principal está en el modelo de atención médica, que no se centra en el paciente ni busca resultados en salud, y que no privilegia la prevención sino la curación”. En consecuencia, con este diagnóstico se propone que el modelo de atención médica se oriente bajo el modelo de medicina familiar, que consistiría en asignarle determinado grupo de pacientes a un solo médico (entre 2000 y 2500), de tal manera que éste logre un vínculo cercano y efectivo con los usuarios.

Frente a la crisis financiera, sostienen aquéllos que esta es más responsabilidad del Gobierno, que estableció un plan de beneficios poco claro y ha permitido un carrusel de corrupción en el manejo del POS y No POS. Para contrarrestar lo anterior, proponen la creación de un solo POS “más amplio, si se quiere, y lo que no cabe debe cubrirlo directamente el Estado”. Lo que se propone, en última instancia, es mantener un fondo público como el Fosyga, que cubra lo que estaría excluido del POS, responsabilizándolo a éste de enfermedades de alto costo.

Pero, al mismo tiempo, Acemi le pide al Gobierno que pague los 2,5 billones de pesos que el Fosyga les debe a las EPS, quienes a la vez les deben a clínicas y hospitales. Esta propuesta está en consonancia con lo planteado por el Gobierno, que pretende de igual manera salvar financieramente a las empresas, a la usanza de los tiempos en los que se salvó a los bancos con fondos públicos, y de las fórmulas aplicadas en Europa para salvar el sistema financiero mediante la socialización de las deudas y la privatización de los beneficios.

Propuesta de organizaciones de pacientes y académicos

Desde su promulgación, la Ley 100 de 1993 ha recibido muchas críticas por parte de quienes consideramos que el sistema de seguridad social es base fundamental de un Estado Social de Derecho, en el cual el Estado es garante de las protecciones sociales a las que tienen acceso las personas por el hecho de ser personas, y no por sus niveles de ingresos, estrato socioeconómico, condición social, etcétera.

La participación de agentes privados en el sector salud, como el caso de las EPS, no debe desplazar la responsabilidad que tiene el Estado en materia de garantías sociales. El régimen de protección social sujeto a la vinculación laboral de los beneficiarios, condicionados por una lógica de aseguramiento, deja una brecha para que se presenten las inequidades que hasta el momento se han develado, dadas las condiciones de precarización laboral, de aumento de la informalidad y de la ya superada idea de las sociedades de pleno empleo.

El descontento frente al sistema de seguridad social, sometido a las lógicas del mercado, con baja o casi nula regulación y control por parte del Estado; ha llevado a un aumento de la movilización social en favor de la salud como derecho fundamental. Luego de los decretos de emergencia social en salud promovidos por Álvaro Uribe y declarados parcialmente inexequibles por la Corte Constitucional, se presentan grandes movilizaciones como las marchas del 6 y el 18 de febrero y las del 16 de abril de 2010, y las que se han convocado desde entonces. Tales movilizaciones constatan el aumento de la indignación y la creciente participación de sectores que hasta el momento no se pronunciaban, como es el caso de asociaciones de pacientes, facultades de medicina privadas, organizaciones médicas y organizaciones sociales de base, entre otros.
Esta dinámica de movilización social pone de relieve los problemas estructurales del sistema y manifiestan la necesidad de transformar por completo el actual modelo, propiciando escenarios de convergencia que han consensuado algunos puntos que se consideran básicos en la caracterización de un nuevo modelo de salud y seguridad social en Colombia.

Con la Ley 1438 de 2011, que se estrena el gobierno reformista de Juan Manuel Santos, lo que antes era una aspiración se convierte en la imperativa necesidad y la tarea urgente de cambiar el modelo de la Ley 100 de 1993. Iniciativas como la Campaña Nacional /Salud y Seguridad Social-Derecho Fundamental, intentan generar una opinión favorable en torno a esta difícil pero necesaria tarea de construir un nuevo sistema de seguridad social, mediante acciones como la consulta popular Octava Papeleta: ¡Voz y voto por tus derechos! Este y otros escenarios, como la Comisión de Seguimiento de la sentencia T-760 de 2008, propiciada por la Corte Constitucional para la evaluación de las órdenes emanadas de tal providencia, han iniciado la marcha hacia la construcción de propuestas para salvar de la crisis a la salud.

Tales dinámicas de movilización y acción política alrededor del derecho fundamental a la salud confluyen hoy en la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, de la que hacen parte organizaciones de todo el país –sociales, académicas, médicas, de pacientes, de usuarios, y muchas otras expresiones sociales– que propugnan por la derogatoria de la Ley 100 y la implantación de un nuevo sistema de salud y seguridad social. De igual manera, le exigen al gobierno nacional que suspenda las medidas de rescate propuestas y proceda de inmediato a la apertura de un debate público con estos sectores y los que quieran sumarse a la causa de defender la salud como derecho fundamental”5.

La Alianza le propone al Gobierno la creación de una mesa de diálogo y concertación para discutir un cambio estructural del sistema de salud, donde uno de los puntos centrales y más sensibles es la eliminación de la intermediación financiera, y en lo inmediato pide el retiro del proyecto que cursa en el Congreso, de salvamento de las EPS mediante la creación de un Fondo de Garantías del Sector Salud (Fogasa), por cuanto este significa la “refinanciación de los responsables del desvío, y la apropiación abusiva y corrupta de los dineros de la salud de los colombianos/as”.

Esta nueva Alianza avanza en la formulación de una propuesta de ley estatutaria en salud que recoge los acumulados de años de reflexión en torno a sistemas universales de protección social y a la viabilidad financiera de un sistema que esté a cargo del Estado.

Todas las propuestas están sobre la mesa, y el éxito de una u otra visión de lo que es el problema y su solución depende de la fuerza que tenga cada una de las partes para conquistar el apoyo de los millones de colombianos que padecen día a día este decadente sistema de seguridad social en salud.

1 La ley ordinaria fue aprobada por el Congreso al final de la legislatura de 2010 y sancionada por el presidente el 19 de enero de 2010, convirtiéndose en la Ley 1438 de 2011.
2 El texto del informe de ponencia para primer debate, con modificaciones al texto originalmente presentado por el Gobierno, se puede consultar en: www.fenalco.com.co/.../PONENCIA%201%20DEBATE%20PL%20186-10%20SALUD%20-%20CIRCULAR%20589.pdf.
3 Ver http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Enero/17/dec8617012011.pdf.
4 La versión oficial se encuentra en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/PND20102014.aspx.
5 Ver comunicado a la opinión pública de la Alianza en www.comosoc.org.co/.

 

Información adicional

  • Autor:CHRISTIAN MANTILLA
  • Edición:183
  • Sección:Seguridad Social
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