Lunes, 25 Febrero 2013 08:50

Movimientos sociales: ante el reto del 2013

Escrito por Equipo desde abajo
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Con el anuncio oficial de la próxima presentación al Congreso de la República de una nueva reforma para el régimen pensional vigente en el país, se pone a la orden del día el debate sobre la manera como aplica su proyecto estratégico la oligarquía colombiana, la relación que mantiene con los intereses internacionales, sus efectos sobre el país nacional y el qué hacer de parte de los movimientos sociales.

 

En primer lugar, es llamativa la capacidad del sector dominante para procesar sus políticas y variar sus métodos a la hora de aplicarlas. Antes, como recordarán los que cuentan con más de cuatro décadas a cuestas, las reformas económicas y políticas se aplicaban a través de un solo decreto. En seco. Y, lógico, la sensación de rechazo o insatisfacción que despertaban entre los afectados era más fuerte e intensa, por lo cual se desataban masivas protestas callejeras. Era el caso de las alzas en las tarifas del transporte, aplicadas una sola vez al año. Como se sabe ahora los incrementos se efectúan varias veces al año, 50 pesos tras 50 pesos, y nunca 200 o 300 de un solo golpe.

 

Esta es una muestra, pero sucede en todos los sectores de la vida nacional. Por ejemplo, y a propósito de la anunciada reforma pensional, recuérdese que hace dos meses se aprobó la reforma tributaria, que también terminó afectando aspectos de la política de seguridad social (ver desdeabajo No. 186, 187). Pero téngase en cuenta la anunciada reforma a la Ley 100, que según las mismas declaraciones de los congresistas, deberá ser aprobada en el 2013. Es decir, para evitar un debate intenso, y para no provocar la protesta generalizada de la población, o al menos la protesta más intensa en sectores específicos de la misma, la lección enseña que las medidas reformadoras que afectan a la población más necesitada, no se deben tramitar, aprobar ni aplicar de bulto. El error cometido a este nivel por Carlos Andrés Pérez en Venezuela, le valió el puesto (El Caracazo).

 

Esto han aprendido y ahora aplican el 'gota gota' en muchas de sus pretensiones. Pero, si bien el Gobierno se muestra solícito en ajustar todos los mecanismos que atacan el trabajo y favorecen el capital, es negligente, todo lo posible, cuando se trata de hacer respetar los derechos de los grupos subordinados. Veamos. Como se recordará la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 –Código Minero–, pues desconocía el principio de la consulta previa con las minorías étnicas, que es vinculante para los países que, como Colombia, son signatarios del convenio 169 de la OIT.

 

En esa resolución, la Corte daba un plazo de dos años al gobierno –que se cumple el próximo 11 de mayo–, para presentar un nuevo proyecto de ley que, como el mismo Gobierno lo reconoce, no presentará. La consecuencia de esta decisión es que retomará vigencia el antiguo Código minero (Ley 685 de 2001), con lo que las exigencias ambientales quedarán, de hecho, derogadas. Revivirá, asimismo, la práctica inexistencia de requisitos para la adjudicación de títulos y licencias que ferió el país a todo tipo de agentes inescrupulosos. ¿Porqué no se ha reformulado un proyecto en dos años? Sobran las explicaciones.

 

Los hechos lo reconfirman. Se legisla o se deja de hacerlo para favorecer grandes intereses, internacionales y nacionales. Son múltiples los ejemplos que lo confirman, entre ellos: la política económica, derivada de las "recomendaciones" del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; o el reajuste del proyecto de Estado —obligado por el Plan Colombia—, políticas y reformas que no se desprenden de un debate nacional ni de un proyecto de país soberano. No. Son la aplicación de los "consejos" de organismos internacionales, como se sabe, controlados por los grandes grupos económicos.

 

¿O será simple casualidad? Veamos. Tanto la reforma tributaria, como la anunciada en pensiones, en salud y en otros sectores, están consignadas en reciente informe que realizó sobre Colombia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales de sus estados miembros–. El documento consigna como necesario de llevar a cabo (solamente relacionamos lo que corresponde al mundo del trabajo, salarios y política social):

 

  1. Mejorar el desempeño del mercado laboral, para lo cual es necesario "Reducir los costos laborales no salariales mediante la aplicación de la reforma fiscal prevista (aprobada en diciembre, n.n.) y realizar nuevos recortes en las cotizaciones a la seguridad social y otros pagos obligatorios con el trabajo".
  2. "Hacer que el sistema de pensiones sea menos regresivo y amplíe su cobertura. Estudiar opciones para aumentar el apoyo a la renta mínima en favor de las personas mayores con recursos escasos" (aspecto ya incluido en la reforma anunciada por el Gobierno).
  3. "Mejorar la organización del sistema de atención de salud para aumentar la rentabilidad mediante la reducción de la fragmentación del sistema de seguros y la integración vertical entre aseguradores y proveedores".
  4. "Reducir los costos laborales no salariales sumamente elevados mediante la aplicación de la reforma tributaria prevista y una mayor reducción de las cotizaciones a la seguridad social y otros pagos obligatorios relacionados con el trabajo" (parcialmente cumplido con la reforma tributaria aprobada en diciembre).
  5. "Evitar aumentar el salario mínimo por encima de la inflación de los precios. Estudiar la posibilidad de fijar el salario mínimo en función de la región y la edad para ajustar los costos laborales a la productividad y tener en cuenta las diferencias en el costo de la vida" (parcialmente aplicado con el ajuste salarial anual del salario mínimo).
  6. Dirigir mejor el apoyo hacia las personas necesitadas mediante transferencias condicionadas en efectivo, y ampliar dicho apoyo eliminando progresivamente las tasas reducidas y exenciones del IVA así como las subvenciones a los precios de los servicios de agua y electricidad (retomado en su aspecto específico en el proyecto de reforma pensional. Ya aplicarán la otra "recomendación"). www.oecd.org/eco/surveys/Colombia_Overview_ESP%20NEW.pdf

 

Las "coincidencias" son elocuentes. Pero al tiempo que así se procede, y segmentando la política de acuerdo a sus intereses, en La Habana se discuten otros aspectos de la misma, eso sí, y según el Gobierno, "nada que sea estructural". Al así proceder se logra divorciar, de una negociación política necesaria y urgente para el país, todo aquello que afecta la vida diaria. Al final podremos tener paz de los armados pero, sin duda, guerra social.

 

No es una exageración. Así se puede deducir del informe sobre las ciudades más violentas del mundo publicado por la asociación civil mexicana "Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal" (http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/). El estudio retoma 50 ciudades de más de 300 mil habitantes con las tasas de homicidio más elevadas del mundo, entre las cuales destacan 5 de Colombia: Cali (puesto 7), Medellín (24), Santa Marta (29), Pereira (37), Barranquilla (50).

 

Como se puede deducir de este informe, en ninguna de las ciudades relacionadas hay conflicto armado clásico, y sin desechar que en las mismas tenga presencia la insurgencia el desarrollo de sus acciones no es la causa de la realidad de violencia, inseguridad, control armado territorial, etcétera, que viven. Sus causas son otras, y precisamente no es el zumo que se discute en la capital de Cuba.

 

De esta manera, así como la oligarquía disecciona la política, impidiendo que se la asuma como un todo único, sabiendo relacionar lo estructural y lo coyuntural, parece ser que así mismo está dividido el país, en este caso, el urbano y el rural; de aquí que, por ahora, lo discutido en la Isla sea lo referido al campo y la tierra, pues las raíces del conflicto armado se sitúan sobre esta realidad. ¿Le interesa a la insurgencia quedar reducida a estos linderos?

 

Esta fragmentación de la política, esta lectura parcial y atomizada de la vida nacional, puede explicar la profunda pasividad que reina en las urbes nacionales ante el diálogo en curso. Realidad que le plantea un inmenso reto a los movimientos sociales para impedir que lo acordado al final del diálogo en curso termine solamente por abrir compuertas parciales para un sector del país (para el campesinado. indígenas y negritudes), y cerrándolas o dejándolas intactas para el restante.

 

El reto para los movimientos sociales, entonces: por un lado, apropiar las políticas internacionales que rompen la escasa soberanía con que aún pueda contar el país, apropiando las políticas económicas, sociales, etcétera ya diseñadas y por legalizar en el Congreso de la República, para saberlas quebrar o impedir en su aprobación y/o aplicación; por el otro, diseñar una política de Estado y gobierno, global y totalizante, un proyecto de país cimentado en banderas de justicia, libertad, democracia anticapitalista, redistribución de la riqueza nacional, protección de la naturaleza, equilibrio ambiental, con el cual presionar y obligar a las partes reunidas en La Habana para encarar el país como un todo y único proyecto de sociedad, que implica a 47 o más millones de connacionales –incluidos los inmigrados, exiliados y refugiados.

 

La elaboración de este proyecto, y la movilización para su difusión y debate, es la tarea prioritaria de estos movimientos en el 2013, logrando con ello reconstruir la política y el interés de la ciudadanía de a pie por la misma. Solo así la paz será integral y podrá afectar, por ejemplo, el poder de los organismos internacionales sobre el país, a la par de los indicadores de violencia que quiebran la convivencia en todo el territorio nacional, no solamente en las cinco ciudades aquí relacionadas.

Información adicional

  • Autor:Equipo desde abajo
  • Edición:188
  • Sección:Editorial
  • Fecha:Febrero 20 - marzo 20 de 2013
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