Viernes, 26 Abril 2013 12:38

El regreso al futuro y el futuro del regreso

Escrito por Héctor-León Moncayo S.
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El regreso al futuro y el futuro del regreso

A juzgar por los resultados conocidos, la reciente evolución de las conversaciones en La Habana, en materia de desarrollo agrario, debió sorprender a más de uno. La antigua e histórica exigencia de la reforma agraria tiende a opacarse, en beneficio, al parecer, de una reivindicación mucho más fuerte de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). No puede decirse, sin embargo, que no guarda coherencia con el pensamiento y, sobre todo, con la historia de las farc; por el contrario, es la evocación inmediata de los terribles acontecimientos que marcaron, hace más de medio siglo, su origen, la que ha venido suscitando todo tipo de lamentables reacciones. El ministro de Agricultura, en destempladas declaraciones, advierte sobre la inaceptable posibilidad de "republiquetas independientes". No ignora, por supuesto, la oscura connotación del calificativo. De todas maneras, desde el lado de esta organización armada, es cierto que allí se encuentra su reivindicación fundamental. Sin duda, nos hemos encontrado de una vez, a boca de jarro, -y es muy provechoso que así sea- con la clave de este proceso de negociación.

 

Con toda la razón, Camilo González Posso se adelanta a aclarar que "Las Zonas de Reserva ya existen" (www.indepaz.org.co) por lo cual, en principio, la discusión sería sobre cuántas más, cuáles y de qué extensión. Y valía la pena la aclaración para ahogar el escándalo y acallar las voces de "pastorcitos mentirosos" como Juan Camilo. En el contexto actual, sin embargo, la figura de las ZRC adquiere características particulares que mejor sería considerar de frente y con toda franqueza. Algo va de la ley 160 de 1994 a la posibilidad actual de acuerdos negociados con un destacamento armado de campesinos. Estamos hablando ya no de estabilización de procesos de colonización, en general, sino, en buena medida, de desmovilización y asentamiento de combatientes en zonas a las cuales han estado ligados. La calificación de este nexo es, desde luego, materia de discusión. Es de estas particularidades de donde surge el reclamo simultáneo de autonomía

 

Las lecciones de la historia

 

Entre 1953 y 1954 la guerrilla que entonces podría denominarse comunista en el sur del Tolima, había entrado en una suerte de tregua no declarada. Y esto a pesar de no haber aceptado, como sí lo hicieron, entre otras, las guerrillas del Llano, la fórmula de la "entrega" que era la oferta de paz del gobierno de Rojas Pinilla. Las familias campesinas –colonos recientes o antiguos- reanudaron sus labores habituales en diferentes localidades, en particular en la región conocida como el Davis. Lo que ocurrió en este breve lapso es de ingrata recordación. Al hostigamiento de bandas conservadoras que dieron en llamarse "vigilantes" se añadió el de las guerrillas liberales recién institucionalizadas, con quienes ya se habían presentado violentas contradicciones, y más tarde, el del propio ejército. Una vez más, entonces, debieron organizar la retirada. Estas retiradas, a veces verdaderas evacuaciones de familias campesinas protegidas por destacamentos guerrilleros, se hicieron famosas después, como se sabe, bajo el nombre de "columnas de marcha". Se desplazaron más hacia el sur y hacia el nororiente donde parecía haber mejores condiciones.

 

Aún así, y en un acto sorprendente de confianza en la buena voluntad del gobierno militar, se llegó hasta acuerdos formales de "entrega" en Villarrica y en Cabrera (por parte de las fuerzas resistentes en el Sumapaz), zonas también importantes de asentamiento en las cuales muy pronto se pondría de manifiesto la inestabilidad. El periodo culminó con el ataque implacable e inescrupuloso del ejército en abril de 1954, en contra de la población campesina ubicada en Villarrica que dio lugar a una de las más dolorosas y terribles evacuaciones, en lo que se llamó la "guerra de Villarrica". El argumento de entonces, como siempre lo ha sido, era el de recuperar la soberanía sobre un territorio ocupado por comunistas.

 

La historia que sigue, hasta la caída de Rojas, es la de nuevos desplazamientos, en las condiciones poco propicias que ofrecía la geografía y creaba la guerra, hasta llegar a regiones, entonces inaccesibles, que pudieran ofrecer alguna estabilidad. "Colonización armada" la han llamado algunos investigadores. Fue así como se formaron las que después, Álvaro Gómez llamaría "Repúblicas Independientes". A las regiones del sur -Marquetalia y Riochiquito- ocupadas desde el principio, se sumaron las del Alto Sumapaz-Duda, Ariari, Guayabero y Pato. La estabilidad era una ilusión y otra vez en medio de negociaciones de paz. La Junta Militar ofreció nuevamente un programa de "rehabilitación". Los dirigentes guerrilleros, por su parte, plantearon unas "bases de entendimiento" en las cuales ofrecían, sobre la base de un apoyo estatal, dedicarse, como comunidades campesinas que eran, "a las labores de trabajo y fomento de la producción agropecuaria". Con el primer gobierno del Frente Nacional, el de Alberto Lleras Camargo, que inicialmente apoyaron, pareció consolidarse el acuerdo, merced a las ofertas de amnistía. No obstante, ya había una semilla de desconfianza que los obligaba a permanecer como formas organizativas de autodefensa; y no era infundada, la "rehabilitación" de las zonas tendía a reducirse a formas de control policial y militar, en medio de hostigamientos oficiales, y por parte de bandas armadas, en un clima de verdadera guerra sucia. Se llega así, y a partir de toda una campaña política y propagandística en contra de las "repúblicas independientes", a la conocida "operación Marquetalia" en 1964 que, complementada con la de Riochiquito, conduce luego a la formación de las farc.

 

Aunque es mucho todavía lo que se puede investigar y analizar a propósito de este fragmento de nuestra historia –es amplia la literatura al respecto– y de las discusiones concomitantes acerca de la política del Partido Comunista, sí hay una conclusión fundamental que es a la vez muy simple. Como se ha demostrado, una y otra vez, para el "establecimiento" es muy difícil aceptar un armisticio con una insurgencia rural, cuyas bases por definición son regionales, que signifique, al mismo tiempo, la estabilización, así sea local, de fuerzas políticas que marchen en contravía de las dominantes. Menos aún cuando se trata de áreas que ya no son aisladas o inaccesibles como en los años sesenta sino, por el contrario, de valor estratégico. En cambio, el proceso inverso sí es admisible. Es la historia de los años ochenta y noventa cuando la estrategia paramilitar consigue reforzar las relaciones regionales de poder existentes, en previsión de las amenazas representadas por los movimientos sociales y por posibles acuerdos de paz, conquista que se consolida durante el gobierno de Uribe Vélez.

 

La fórmula negociable finalmente encontrada

 

La figura de las ZRC se nos aparece ahora como una alternativa plausible que nos devuelve, aunque no se diga, a la idea de zonas de rehabilitación. Y es por eso que las lecciones de la historia no dejan de resonar en nuestras reflexiones. Su fundamentación, en 1994, sin embargo, es otra, y controvertible, por lo demás.

 

En efecto, la ley 160, a diferencia de las anteriores, deja ya en claro el abandono de la propuesta de reforma agraria, mediante la intervención directa del Estado en la redistribución, y su reemplazo por el enfoque de "mercado asistido de tierras". Asistido quiere decir subsidio a la demanda con mecanismos estatales de "facilitación". Fue la historia de un fracaso anunciado, desde entonces la concentración de la propiedad territorial se ha acentuado de manera escandalosa. La filosofía de la Ley se impone en condiciones de progresiva liquidación violenta del movimiento campesino. Y contra toda evidencia empírica, además, como se ha señalado repetidamente, no existe un mercado de tierras en Colombia, y menos a la manera como lo describen los libros de texto.

 

Es en ese contexto en el que se introduce la figura de las ZRC como una propuesta para zonas de colonización y posible adjudicación de baldíos. Y ya sabemos que desde principios del siglo XX la colonización se ofrece como alternativa a la reforma agraria. Tiene un mérito y es la pretensión de evitar los procesos de concentración, generalmente violentos, que han ocurrido siempre en las áreas de colonización, fuente de numerosos conflictos incluyendo los armados. Y otro mérito no menos importante: asociar la delimitación de dichas zonas con requerimientos de orden ecológico. Aspecto desarrollado particularmente en el Decreto de 1996 que las propone para zonas de características agroecológicas delicadas que imponen regulaciones y para las llamadas zonas de amortiguación en torno a las áreas protegidas. Así mismo, en las resoluciones subsiguientes del Incora, que fijan los mecanismos para las solicitudes y delimitaciones aunque es bueno advertir que, en general, se establece que las zonas de colonización son, de por sí, ZRC.

 

La consideración ecológica, en todo caso, es fundamental si se tiene en cuenta el fin de las posibilidades sensatas de expansión de la frontera agrícola en Colombia. Por eso es tan importante que se haya definido al mismo tiempo -aunque todavía pendiente de verdadera delimitación- el sistema de parques naturales y áreas protegidas y por otra parte la existencia y el respeto de los territorios indígenas y de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, no podemos ignorar ingenuamente que la delimitación de estas ZRC, como si fuera una excepción, equivale a definir simultáneamente las zonas de desarrollo empresarial, es decir aquellas en las cuales los artífices de la ley ponen todas sus esperanzas de desarrollo agropecuario (orientado, sin duda, a la exportación). Y, agregaríamos hoy, pensando en el territorio en su conjunto, los grandes proyectos minero-energéticos.

 

Pero no forzosamente tenemos que permanecer en la definición original. Así planteadas, las ZRC guardan, de todas maneras, algunas potencialidades que se pueden aprovechar y es eso lo que debemos hacer. Al fin y al cabo, es el camino escogido por las faac para llegar a un acuerdo, y esto ya es un dato de la realidad política. Teniendo cuidado, eso sí, de no ocasionar más problemas de los que se pretende resolver.

 

Alcances y limitaciones de la propuesta

 

En este orden de ideas, dos son los caminos que se pueden tomar. De un lado una estrategia de multiplicación en todo el territorio de las ZRC, como si fuese una reforma agraria, y de otro, el desarrollo cualitativo de las zonas, en sí mismas, estableciendo apenas el número suficiente en los lugares adecuados.

 

El primero no parece viable ni aconsejable. Supone, ya sea el abandono de la restricción a zonas de colonización -y ya sabemos que toda reforma agraria implica enfrentar no sólo el latifundio sino también el minifundio- lo cual no parece pertinente en los términos de la negociación, o bien, respetando la restricción, deslizarse por una pendiente sumamente peligrosa. En efecto, respetando la restricción, sólo quedaría avanzar hacia los territorios indígenas o de afrodescendientes, o hacia los bosques y demás áreas de protección. El peligro es inminente; de hecho ya se ha aceptado sustraer porciones de las áreas de reserva forestal y se habla, por otra parte, de zonas "multiétnicas". Fácil es prever las reacciones sociales y políticas que suscitaría y la eventualidad de nuevas confrontaciones violentas. Y no es de extrañar en lo que se refiere a este gobierno habilidoso que, en otras materias como la reforma tributaria o la reforma pensional, ha postulado que la equidad consiste en redistribuir, pero entre los de abajo.

 

Más posibilidades ofrece el segundo camino aunque es el lugar de la más delicada disputa política dentro de la negociación. Aunque ya no es del todo asi, es posible admitir que las zonas de colonización (a veces ya no tan reciente) coinciden con los escenarios de la guerra. Más exactamente con zonas de tránsito y retaguardia de la insurgencia. Desde luego, sería exagerado postular, como en ocasiones lo hacen las farc, que se trataría del reconocimiento de "zonas liberadas", para utilizar el lenguaje militar hecho popular por la revolución china. Se trata, más bien, de zonas de extrema inestabilidad y profundo desequilibrio, en donde el Estado, en su forma militar o paramilitar, desarrolla dinámicas intermitentes de recuperación. Es tal desequilibrio, precisamente, el que se buscaría resolver. Es por eso que la fórmula adoptada de las ZRC implica necesariamente atributos de autonomía, pero en la forma que nos indican las lecciones de la historia, es decir como garantía de seguridad.

 

Una pretensión equívoca

 

El discurso de la autonomía tiene, a su vez, dos interpretaciones o desarrollos. La primera interpretación se da en el marco de las normas de descentralización fiscal, administrativa y política prevista incluso en la Constitución de 1991. Lo ya avanzado en materia de reglamentación de las ZRC -aunque es preciso tener en cuenta su abandono durante los gobiernos de Uribe- permite alcanzar mayores niveles de autonomía. Tiene que ver con la formulación de planes propios de desarrollo, teniendo como base el derecho humano a la tierra, y la promoción de formas avanzadas de democracia participativa tanto en dicha formulación como en su ejecución.* Para esto último, sin embargo, se ha llegado hasta ahora sólo a formas de interlocución, concurrencia y complementación con los niveles territoriales convencionales del Estado, esto es, el municipio, el departamento y la nación. Sin embargo, es posible avanzar aún más. La autonomía, en sentido estricto, tendría que provenir de una disposición análoga a la que rige para los municipios (o resguardos); y no es una solicitud impertinente o anacrónica, la verdad es que todavía está pendiente la ley de ordenamiento territorial que se prometió desde 1991. Se requiere no solamente una reforma constitucional o legislativa sino, principalmente, una real voluntad política.

 

La segunda interpretación tiene que ver con una noción de autonomía que se apoya en la anterior pero va mucho más allá. La analogía que aquí se busca es con la que se da a los pueblos indígenas. Y es fácil de entender. Los atributos de gobierno propio, normas tradicionales diferentes de las estatales y jurisdicción especial, sobre la base de un territorio entendido más allá de la propiedad de la tierra, no dejan de ser sugestivos a la hora de garantizar presencia política y seguridad. Aunque, desde luego, ni siquiera los pueblos indígenas cuentan con destacamentos policiales –armados– propios. La facilidad –o el facilismo– de la analogía, es, sin embargo, engañosa y no exenta de peligros.

 

Amplia y profunda es la discusión respecto a la condición y derechos de los pueblos indígenas, como quiera que toca con la naturaleza misma de los Estados. Representa una alteración sustancial del viejo principio de "a cada nación un Estado" que fundamentó la lucha anticolonial del siglo veinte. La OIT por ejemplo suele referirse a "pueblos indígenas o tribales (¿minoritarios?) en Estados independientes" dando a entender que no es necesaria la secesión sino que es posible la coexistencia de varias naciones en un mismo Estado. En todo caso se supone la definición previa de la identidad de tales pueblos, en donde los atributos culturales están estrechamente relacionados, por definición, con un territorio ancestral. Es por eso que se viene avanzando desde el "multiculturalismo" aceptado y promovido por las políticas neoliberales, hacia el establecimiento de verdaderos Estados plurinacionales como en el caso pionero de Bolivia. En consecuencia, a pesar de la innegable realidad del mestizaje empírico y cultural (colonial y colonialista, por lo demás) y de las disquisiciones a propósito de una supuesta "reetnización" es claro que conviene políticamente precisar la diferenciación. No se le hace ningún favor a los derechos de los pueblos indígenas jugar con una suerte de generalización o disolución de las nociones de "culturas propias" y "autonomías". Cuando un atributo se predica de todo, deja de existir en su especificidad.

 

El verdadero nudo del debate

 

Pero no es necesario, además. Aún en las discusiones sobre el imperativo de la consulta (o consentimiento) previa, libre e informada que ya algunas comunidades locales reivindican frente a la imposición de megaproyectos, lo que se pone de presente, además de la ausencia de mecanismos interculturales en la definición de políticas públicas, es la inexistencia de una verdadera y efectiva democracia, toda vez que las decisiones acerca de las "locomotoras" carecen de un debate y una aceptación explícita en el conjunto de la ciudadanía.

 

En realidad, más nos valdría enfrentar el contenido genuino de la disputa que se vislumbra en las actuales negociaciones y que tiene que ver, no solamente con la cuestión del "desarrollo agrario" sino, en simultaneo, con todos los puntos de la agenda propuesta en La Habana. Y, de nuevo, se nos vienen a la mente las lecciones de la historia. Probablemente ya no hablemos de rehabilitación (territorial, económica y personal) ni mucho menos de "reinserción", vocablo que alude de modo perverso a la idea de "antisociales" o "desadaptados" sino de reconstrucción de las relaciones sociales, económicas y políticas, bajo la forma que acertadamente se planteó en La Habana, de un reordenamiento territorial. Reconstrucción que supone una interrelación franca, de buena fe si es posible, con las máximas garantías (militares) para que el reordenamiento alcanzado no encubra, como en el pasado, nuevas tentativas de aniquilamiento aprovechando una posible indefensión de la población campesina.

 

Como habrá podido descubrirse, estas reflexiones se limitan a los términos planteados por las negociaciones actuales que son negociaciones entre un gobierno –a nombre del Estado– y una organización armada insurgente, y de las cuales sólo puede esperarse un acuerdo entre tales actores. Esto es fundamental, no sólo como primer paso para la paz sino para la realización de algunas reformas, pero no significa una reconstrucción de la sociedad, la economía y el Estado. En cuanto a la reforma agraria integral, indispensable, lo que por ahora puede decirse es que dependerá de la continuación de la lucha por parte de campesinos, indígenas y negros; o mejor, de todas las fuerzas populares, incluidas las urbanas, ya que de ella depende la sobrevivencia del conjunto social.

 

* Ver el reciente libro publicado por ILSA (Bogotá, 2013): "Plan de Desarrollo sostenible. Zona de Reserva campesina de Cabrera".

 

Información adicional

  • Antetítulo:EL PROCESO DE PAZ
  • Autor:Héctor-León Moncayo S.
  • Edición:190
  • Sección:Temas de La Habana
  • Fecha:Abril 20 - mayo 20 de 2013
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