Sábado, 25 Mayo 2013 12:05

¡Detengamos la locomotora minera!

Escrito por Rafael Colmenares
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¡Detengamos la locomotora minera!

Los hechos se precipitan velozmente, no han pasado cuatro meses desde el derrame de carbón de la Drummond en la Bahía de Santa Marta1 y ya el país se retuerce hastiado con los abusos de las transnacionales mineras. Por estos días la Contraloría General de la República ha saltado a la palestra lanzando el libro “Minería en Colombia – Fundamentos para superar el modelo extractivista”. Ha propuesto además que se revoque el arreglo de prórroga del contrato de Cerromatoso y pide que se investigue a los ministros responsables de dejar vencer el término fijado por la Corte Constitucional para presentar al Congreso un nuevo Código de Minas, ante la inconstitucionalidad de la Ley 1382 de 2010, que lo modificaba por haber omitido la consulta previa con los pueblos indígenas. Hace solo dos meses la protesta contra la minería en el páramo de Santurban se tomaba nuevamente las calles de Bucaramanga; en Tabio la comunidad logró que se cerrara una gravillera… la enumeración de los hechos se hace interminable.

 

Los minerales colombianos en la mira de las transnacionales

 

En la época del final del petróleo barato y en el pico o cenit de varios de los minerales para la producción industrial, un frenesí minero recorre al mundo. No es de extrañar entonces que el territorio colombiano, rico en estos recursos, esté en la mira de las compañías en su inmensa mayoría transnacionales que se dedican a la extracción, transporte y comercialización de los mismos.

 

Si bien Colombia ha sido un país minero desde la colonia española, aunque el peso de la minería no ha sido constante en la economía del país, las actuales formas de extracción con tecnologías altamente destructoras como la denominada “minería a cielo abierto”, constituyen la mayor amenaza sobre la frágil ecología de su territorio. Si los páramos del país son destruidos o fuertemente afectados, el ciclo hidrológico se estropeará para siempre, más cuando la deforestación a que ha sido sometida la zona andina ya constituye un problema mayor (como se puso de presente en las recientes inundaciones de 2010 – 2011), mostrando la aceleración inusitada de la escorrentía y la sedimentación del Magdalena y el Cauca, los desagües naturales del sistema andino.

 

Se destruyen los ecosistemas a cambio de muy poco

 

Los riesgos brevemente expuestos serían argumento suficiente para abandonar la locomotora minera. Sin embargo la profunda alteración que ella está generando –y generará en el futuro próximo– sobre los frágiles ecosistemas colombianos es más grave pues cercenará en definitiva la posibilidad de otro tipo de desarrollo para el país. En efecto, la pérdida de la biodiversidad y los suelos aptos para la agricultura, son irreparables. Quien quiera comprobarlo no tiene sino que mirar lo que ha pasado en el departamento del Cesar, convertido en un inmenso hueco y depósito de desechos de la minería del carbón que explota la Drummond contaminando también el mar, como ya se anotó.

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que Colombia entrega sus recursos mineros a cambio de muy poco. Mientras otros países suramericanos han mejorado no solo el control directo sobre tales recursos sino las regalías y otras condiciones del negocio, los anteriores gobiernos, y el actual, facilitan al máximo la explotación de aquellos con regalías exiguas y todo tipo de ventajas tributarias para las empresas extractoras.

 

Esta desregulación y flexibilización ha conducido a un conjunto de irregularidades, sintetizadas por la experta Tatiana Rodríguez Maldonado, de Censat - Amigos de la Tierra de la siguiente manera:

 

Superposición de títulos mineros en áreas de páramos, parques naturales y otras zonas protegidas. Buena parte de las cuencas abastecedoras de agua se encuentran tituladas para la minería. Lo anterior va en contra del derecho fundamental al agua y de la destinación prioritaria del líquido al consumo humano.

 

La piñata de títulos y solicitudes para minería está concentrada principalmente en dos minerales, el carbón y el oro. El primero está destinado a la generación eléctrica, donde se constituye en uno de los principales motivos del cambio climático. El segundo es un bien completamente suntuario que para ser extraído requiere del uso de sustancias tóxicas como el cianuro, que fue prohibido por el Parlamento Europeo en el viejo continente2.

 

La cifra que recibe anualmente el país por concepto de regalías es tan irrisoria, que es menor incluso que la que se percibe por canón superficiario. Así, en 2009 se recaudaron 1,9 billones de pesos por regalías, mientras que solamente el canón superficiario debió ser de 2,8 billones de pesos.

 

A octubre de 2009, diecinueve resguardos indígenas se encontraban titulados para minería en más del 90% de su área.

 

La campaña por una moratoria de la explotación minera

 

El problema sin embargo es: ¿Qué hacer? ¿Cómo se moviliza la sociedad civil para frenar la máquina de destrucción que se ha instalado en el país con la complicidad del Gobierno “Nacional”?

 

En su libro, “Políticas mineras en Colombia”3, el geólogo Julio Fierro Morales, propone una moratoria en el país a la actividad minera hasta que se den unas condiciones que garanticen el menor impacto posible, excluyendo ecosistemas esenciales para el ciclo del agua y la biodiversidad. y posibilitando una real y efectiva regulación de la actividad.

 

Esta iniciativa está siendo retomada por organizaciones sociales como la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, Sintraemsdes, y ambientalistas como Unión Libre Ambiental, Censat–Agua Viva, el Grupo Semillas y organizaciones que promueven la paz como desde abajo e Indepaz, entre otras.

 

La meta es recoger por lo menos cien mil firmas de apoyo a los doce puntos que aparecen en el recuadro. Dichas firmas se entregarán a los máximos representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a fin de que se pronuncien sobre el clamor ciudadano que expresan los firmantes, esperando que las organizaciones sociales y populares hagan propia esta iniciativa y la desarrollen por los más novedosos e insospechados caminos.

 

Por Rafael Colmenares, miembro de Unión Libre Ambiental.


1 Véase “Drummond y las debilidades de la gestión costera”, en Razón Pública, 18 de Febrero de 2013.
2 Resolución de la Unión Europea, adoptada el 5 de mayo de 2010.
3 Julio Fierro Morales, “Políticas mineras en Colombia”, ILSA, Febrero de 2012.


 

Recuadro

 

Firma en www.moratoriaminera.org para qué:

 

  1. Se revisen, por una comisión independiente y no gubernamental, los títulos mineros y licencias ambientales expedidas hasta hoy, y se revoquen o anulen los que violen la Constitución, la Ley o causen grave daño al agua, al ambiente o a la salud humana.
  2. Se excluyan de cualquier actividad minera los ecosistemas estratégicos, terrestres y marinos, especialmente los esenciales para el ciclo del agua, la soberanía alimentaria, los territorios de comunidades étnicas, las áreas protegidas, los perímetros urbanos y los suelos de protección y expansión urbana.
  3. Se prohíba el uso del cianuro y cualquier otro agente altamente tóxico utilizado en la actividad minera.
  4. Se garantice que el transporte terrestre, marítimo y fluvial de los minerales extraídos sea seguro para los seres humanos y el ambiente.
  5. Se reforme el Código de Minas, eliminando el carácter de actividad de utilidad pública y de interés social que actualmente tiene la minería, para que prevalezcan sobre la normativa minera los principios constitucionales y legales ambientales, los de autonomía territorial étnica, así como los derechos de los propietarios o poseedores de la tierra sobre las concesiones del subsuelo.
  6. La expedición de títulos mineros y licencias ambientales quede sometida a la revisión y decisión de una comisión independiente, con participación de la sociedad civil.
  7. Se respete la autonomía municipal para excluir la actividad minera en el territorio del municipio que así lo decida.
  8. Se garanticen y respeten los derechos laborales, la salud y la seguridad de los trabajadores de la minería.
  9. Se den garantías para que la pequeña minería se realice con respeto al ambiente y la salud de los mineros y las comunidades y, cuando esto no sea posible, se apoye la reconversión del pequeño minero y el minero artesanal a otra actividad tanto o más productiva.
  10. Se modifiquen la política y los porcentajes de regalías desventajosas que recibe el Estado por las concesiones mineras y se eliminen los incentivos tributarios y prerrogativas que tienen las actividades mineras por encima de las demás actividades económicas.
  11. Se garanticen los procesos adecuados de consulta previa con pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en sus territorios y conforme a sus sistemas de derecho y gobierno propios.
  12. Se declare la emergencia ecológica para adoptar con prontitud las medidas que correspondan a los puntos anteriores.

Información adicional

  • Autor:Rafael Colmenares
  • Edición:191
  • Sección:Resistencia social
  • Fecha:Mayo 20 - junio 20
Visto 8316 vecesModificado por última vez en Martes, 04 Junio 2013 15:39

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