Jueves, 28 Noviembre 2013 16:58

Paro y minga indígena

Escrito por Miguel Suárez
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Con alrededor de 40 mil indígenas movilizados, 48 comunidades, 22 vías bloqueadas, y acciones en 18 departamentos, de los cuales por lo menos 7 resultaron colapsados, la Minga indígena nacional dejó cla roal país, el músculo del movimiento indígena que agrupa la ONIC. Como en ninguna otra protesta social, el gobierno Santos debilitado, reaccionó y accedió rapidito a la negociación. La casa de Nariño sabe que la reivindicación y confrontación que tiene raíz y corazón en el macizo colombiano, cuando asuma identidad y aparte politiquerías, posee un aire centenario con capacidad de extender ejemplo y solidaridad.

 

No son molinos de papel los que hace mover el movimiento indígena nacional. Con un menor cubrimiento noticioso y de televisión, pero con mayor contundencia, las comunidades indígenas a través de la convocatoria de su Minga, lograron un importante resultado en la defensa de sus reivindicaciones históricas.

 

Temor del Paro Nacional agrario y popular

 

Aunque el gobierno central no exhiba la aparente estabilidad de periodos anteriores, en su conjunto actúa como un estratégico jugador. Todas las trasformaciones en el mundo rural a las que obligado responde el ejecutivo –tras bloqueos y marchas tanto regionales como nacionales– esconden bajo el disfraz de "dialogo social" la agenda del capitalismo acaparador de tierras, así como, la afectación y acción en contra de las territorialidades que han hecho con su tradición las comunidades que confluyen en el campo. Un caso apenas, en última instancia, certificar la gran desposesión agraria del Catatumbo. Los considerandos del llamado "pacto agrario" y en últimas el acuerdo de la María Piendamó, como maniobra desde el gobierno, repiten este libreto.

 

 

Santos abona el camino, para el proyecto a fondo económico, de futuro y en el continente, con provecho, pauta y funcionalidad del capital financiero internacional, pero, como todo acuerdo, fueron dos quienes pactaron.

 

Del pliego a los acuerdos

 

Cinco fueron los temas gruesos que llevaron a convertir las carreteras nacionales en puntos de concentración de los indígenas para su lucha directa.

 

- Territorio y tierras; seguridad jurídica de los territorios indígenas; ejercicio pleno del derecho al territorio; constitución, ampliación y saneamiento de los territorios indígenas.
- Consulta previa sobre proyectos minero-energéticos e hidrocarburos; revocatoria directa de las concesiones o contratos de explotación minera en territorios indígenas.
- Ejercicio de autonomía y gobierno propio; autonomía territorial; la cosmovisión y la autonomía en el ejercicio de gobierno propio.
- Tratados de Libre Comercio y política agraria; promoción del referendo para la derogatoria de los TLC o la renegociación de los mismos; derogatoria de todas las normas que afecten la soberanía alimentaria.
- Derechos humanos, conflicto armado y Paz; adopción integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; desmilitarización de los territorios indígenas; desmonte de los planes de consolidación y respeto al ejercicio de control territorial a través de la guardia indígena.

 

El pliego en apariencia abarcó mucho, pero realmente, en el movimiento planearon apretar solo en lo necesario. Las direcciones de los pueblos ancestrales actúan y tienen certeza, tanto de cuál es el momento en el que se encuentran en el marco de la agenda estratégica del capital y la impronta que en correspondencia aplica el gobierno, como a la vez, asumen que en el aporte y la búsqueda de la paz, son estos los días de presión y de planear con anticipación y en medio de la contradicción, el post conflicto.

 

Las territorialidades de carácter colectivo, así como la existencia y los conocimientos de los pueblos ancestrales, no es en pocas regiones del país donde chocan con los planes y espacios de extracción, producción, y apropiación de conglomerados económicos trasnacionales y nacionales. Ejemplos sobran: Desde la usurpación de saberes ancestrales para su conversión en productos médicos o acumulados teóricos en propiedad privada por pare de empresas extranjeras como Pfyser en el Amazonas, hasta la lucha violenta en tierras indígenas con ejecución por la BP en Arauca ó la persecución de Muriel Mining Corp en el Alto Guayabero contra centenas de familias del pueblo Embera.

 

La Mesa de La Habana tiene sus bemoles

 

El diálogo tiene un especial sabor para las comunidades indígenas, sobre todo las caucanas. En la Isla, el gobierno no discute con cualquiera ni con un extraño para la región. Sino, en particular, con las farc-ep, organización insurgente que mucho desconoce o irrespeta la autonomía y la organización propia de las comunidades. El primer punto: el agrario, de la agenda de los diálogos de paz, puso sobre la mesa las figuras de reordenamiento territorial.

 

En su función, entreveros y declaraciones, De la Calle y Márquez no en pocas ocasiones, han polemizado incluso públicamente, sobre las Zonas de reserva campesina, las zonas de reserva forestal y los parques nacionales naturales. De fondo, para los indígenas existe una preocupación y un límite.

 

La preocupación de los indígenas y de decenas de agrupaciones campesinas, tiene punto en que el acuerdo entre la guerrilla y el gobierno, resulte y esté en detrimento de los derechos colectivos y las figuras de ordenamiento territorial existentes en Colombia que favorecen a estos pueblos, y el límite es: Que los fallos de La Habana, sin dejar dudas, no afecten ni a la propiedad terrateniente y su codicia ni limiten en un gran sentido, el acaparamiento de tierras por parte de transnacionales y empresarios nacionales. A su vez, que permita abrir brechas entre campesinos, indígenas y afros que terminarían divididos en disputas por ínfimas porciones de tierras. Es decir, los indígenas en su reivindicación se sienten entre la espada y la pared. Mejor dicho, entre los intereses del gobierno-farc por una parte, y las nuevas figuras de ordenamiento territorial que impone el capitalismo, por otra.

 

Entre La Habana por arriba y La María desde abajo

 

Autonomía, defensa de sus territorios, preservación de los pueblos y otorgamiento de nuevas espacialidades fueron los temas gruesos del acuerdo de la María. Defensivamente, el movimiento indígena no trato de profundizar sino de consolidar las conquistas existentes en el pulso y el acuerdo con el gobierno. Así como en La Habana se negocia con la burguesía la existencia de las zonas reserva campesina, sin atacar desde el terreno político la gran propiedad terrateniente ni al acaparamiento transnacional de tierras; en el Cauca no hubo más en el pacto, que defender y robustecer las conquistas alcanzadas, a través de siglos de resistencias.

 


 

 

Recuadro 1

 

El acuerdo de La María con la fuerza de la mirada encima

 

"En defensa de los territorios y otorgamiento de nuevas espacialidades: Se acuerda la aplicación de un estatuto especial que modifica el pacto agrario –decreto 1987 de 2013- y la ley de procedimientos especiales agrarios de clarificación de la propiedad –1465 de 2013– con el fin de construir mecanismos específicos en estos temas, que respeten las territorialidades indígenas...".

 

La complejidad que acarrea esta defensa está en que la ONIC es el único sector popular organizado, que acepta, revisa y "refrenda" de esta manera directa, el Pacto Agrario, aun pese a las críticas de sectores como la Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA.

 

Además, en el "Acuerdo No. 4: Para la Constitución, Ampliación y Saneamiento, de Resguardos Indígenas el Gobierno Nacional se compromete a documentar, evacuar y presentar al Consejo Directivo del INCODER, como meta, 400 expedientes sobre ampliación, constitución, y saneamiento de Resguardos Indígenas."1 El ejecutivo se compromete en otorgar "recursos por valor de cincuenta (50) mil millones de pesos para la compra de tierras a pueblos indígenas de la vigencia 2014. Adicionalmente, se destinarán treinta (30) mil millones de pesos a través de vigencias futuras de 2015". Al respecto y contrario a otorgar espacios específicos para la expansión de territorialidades de los cabildos indígenas existentes, el gobierno opta por entregar dineros para la compra de tierras, de las cuales, algunas no estarían ubicadas en lugares ancestrales. De este modo, fomentan y obligan la migración y abandono de sitios milenarios de culturas con fuerte vinculación a sus espacios tradicionales. Santos ejecuta una estrategia de preparar conflictos internos entre indios, campesinos y afros, pues los primeros, terminarán fruto de este mecanismo, incrustándose en zonas ajenas que históricamente han sido recreadas por labriegos y negros.

 

En autonomía: La ONIC cristaliza el interés por ponerle cuerpo a logros de la Constitución del 91 que hoy no tienen ni pies ni cabeza. La puesta en práctica, por medio de un decreto del artículo 56 transitorio que consolida la relación entre autonomía y unidades territoriales indígenas; fue el logro. El movimiento indígena pretende así establecer "las disposiciones normativas relativas al funcionamiento de los Territorios Indígenas, sus autoridades y gobierno propio, respecto de los sistemas, tales como: el Sistema Educativo Indígena Propio, Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural y Sistema General de Participaciones –SGP, entre otros2".


El acuerdo de La María corrobora y confirma los derechos de consulta afirmativa previa, que poseen las comunidades indígenas, como mecanismo de preservación de sus territorios ancestrales ante los intereses económicos de los mega planes infraestructurales, el extractivismo y la agro industria.

 

Los vacíos y los menos del acuerdo

 

Temas relevantes como la mega minería y los TLCs quedaron por fuera de los acuerdos. Santos no está dispuesto a realizar negociación alguna con la propiedad estatal de los subsuelos y la agenda de libre comercio. Pilares estos, de subordinación al capitalismo financiero internacional. Sin embargo, el más nocivo de los bemoles está en el hecho de la realización de los acuerdos indígenas, sin dialogo alguno con el resto del campo popular. Especialmente, con los subalternos rurales. Justo en el momento cuando la movilización agraria nacional está en reactivación.

 

Al igual que en el Catatumbo, y en los acuerdos parciales con las organizaciones que hicieron parte del paro agrario nacional, cada organización sostiene su propuesta específica para el campo: algunos ZRC, otros ZRF, los cabildos indígenas, etcétera. Sin embargo, el grueso que está hoy en discusión pública, es el conjunto del futuro del país rural. Las figuras, movilizaciones y reivindicaciones de cada uno de los sectores, no alcanzan ni tienen un diálogo entre sí. Una incomunicación y parcelación que impide el acuerdo popular y la aprobación de un pliego o plataforma de emplazamiento nacional. Acción que en su realización y dinámica proyecte y salve a la nación indígena, a la identidad negra y a la reivindicación campesina, en vía a la construcción de la Colombia popular.

 

Algunos intelectuales y el ávido debate al interior del movimiento indígena, en cabeza de sus mas representativas organizaciones ACIN y CRIC, señalan y advierten del lugar que la élite y el poder quieren dar al movimiento indígena: no es otro que acabar su capacidad de acción directa y movilización beligerante, en el propósito de reducir su participación a un actor meramente 'gremial', reivindicativo, sin proyección histórica, con olvido de su identidad; y sujeto a los canales legales para ejercer su participación.

 

Desde luego, las comunidades ancestrales dan ejemplo de luchar y estar en las antípodas de este papel. Empero, vale preguntar en el marco de los planes del bloque dominante, por el reto que significa impedir que el acuerdo de la María sea una victoria en el presente y una derrota en el futuro.

 

1 Acta de Acuerdos logrados entre los Pueblos Indígenas que participaron en la Minga Social Indígena y Popular y el Gobierno Nacional, 23 de octubre de 2013, La María, Piendamó, Cauca, Colombia.
2 ídem.

 


 

 

Recuadro 2

 

El mosaico del poder en el paro

 

Un lado de la "negociación acelerada" tuvo actores que no fueron cualquiera. Aurelio Iragorri Valencia nieto del ex presidente Guillermo León Valencia e hijo de su homónimo padre –político y senador desde hace mas de 20 años–, con ancestros y acusación popular de persecución y oposición a los resguardos indígenas del Cauca. Junto con la familia Chaux, son castas dominantes desde los años de la Independencia. Los dominios Irragorri tocan desde Popayán hasta el extenso macizo colombiano. El tamaño de su poder económico y social es difícil de calcular, sin embargo, es simbólico que son parte de las pocas oligarquías regionales con asiento en los escenarios de poder nacional.

Información adicional

  • Autor:Miguel Suárez
  • Edición:197
  • Sección:Movilización social
  • Fecha:Nov 20 - Dic 20 / 2013
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