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Miércoles, 25 Junio 2014 10:56

El dictador, la oligarquía y la impunidad

Escrito por FLORENT SOURISSEAU
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El dictador, la oligarquía y la impunidad

El 15 de mayo de 2014, unos meses antes del nuevo juicio en contra del ex-dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, el Congreso adoptó una resolución donde niega la ejecución de un genocidio en su país a manos del régimen militar encabezado por el dictador entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Un año atrás –el 10 de mayo de 2013– éste ya había sido condenado a 80 años de cárcel por genocidio y por crímenes de lesa humanidad. No obstante, diez días después la Corte Constitucional anuló el fallo.
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"Si hubo genocidio, por el dolor pedimos cárcel y justicia". Un grito de exigencia, entre otros, que podía leerse en las pancartas alzadas por los manifestantes que contestaron al sufragio de los 87 diputados que el pasado 15 de mayo aprobaron el Punto resolutivo, por medio del cual refutaron el genocidio imputado a Ríos Montt.

 

En efecto, familias de víctimas, y también algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, se reunieron frente al Congreso guatemalteco al día siguiente de este voto, para denunciar la ferocidad de la represión militar en contra la guerrilla durante la guerra civil escenificada en este país entre 1960-1996, una de las más prolongadas de América Latina.

 

Dos días después del sufragio, el 17 de mayo de 2014, Thelma Aldana, al asumir como Fiscal General precisó: "Ya estando en posesión del cargo podré revisar (el caso por genocidio) y entonces plantearé cuál es la posición". Parece que el Ejecutivo se unió a la voluntad del poder legislativo, pues la nominación de la funcionaria es voluntad final del Presidente, quien designa de terna que le entrega el legislativo.

 

Sin discusión, lo que puede observarse a toda luz, es que la 'justicia' guatemalteca recurrió a maniobras vinculantes para impedir la condena del ex-dictador. En efecto, la Corte Constitucional recortó en febrero pasado en siete meses el periodo de la antigua Fiscal General, Claudia Paz y Paz. O sea, debería cumplir con tal función casi hasta el inicio del nuevo juicio en contra de Ríos Montt, que deberá empezar el 5 de enero de 2015. Los jueces obstruyeron de esta manera el valioso trabajo de memoria que la funcionaria había empezado desde la asunción de su cargo en 2010, reconocido por la ONU, tras la CICG –Comisión Internacional Contra la Impunidad. Es más, postulada a su propia reelección, no fue incluida en la lista final de los seis candidatos para dirigir la Fiscalía en un nuevo periodo, entregada al Presidente por la Comisión de Postulación a inicios de mayo, exclusión efectuada a pesar de obtener el segundo punteo más alto entre los aspirantes.


Maniobras y obstrucciones legales. Casi un año antes, el 10 de mayo de 2013, los mismos manifestantes celebraron la entonces condena de Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Fallo histórico pues por primera vez un tribunal nacional fallaba sobre tales cargos (por la ejecución de 1.771 indios ixiles). Sentencia trascendental también porque sucedió en Guatemala, el Reino de la impunidad. País que conoció en 2003 la candidatura presidencial del mismo Ríos Montt, sindicado desde el año 1999 por la justicia española, luego de la denuncia de Rigoberta Menchú (1). Un escándalo que no impidió tampoco al dictador encabezar el Congreso entre 2000 y 2004.

 

El peliagudo camino hacia la recuperación de la memoria

 

En 1996 terminó formalmente la guerra civil en Guatemala, que dejó una secuela de 200.000 fallecidos –en su mayor parte civiles–, 45.000 desaparecidos, y millones de desplazados. Tres años después, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH, encabezada por la ONU y el gobierno guatemalteco), establecida a raíz de acuerdo de paz, precisó que el 90 por ciento de los miles de asesinados, recaía sobre las fuerzas militares oficiales. Sobre todo, rescató la CEH que durante el periodo 1981-1983, predominó la voluntad estatal de exterminar a los indígenas, pues cerca de 80 por ciento de las víctimas pertenecían a comunidades maya, una represión racista en el sentido que el indio fue asimilado a subversivo, vinculado a las guerrillas.

 

A pesar de los acuerdos de paz del 29 de diciembre de 1996, el oficialismo rechazó con diligencia incriminar actores políticos y militares en las masacres. En efecto, en 1999, el presidente Arzú –1996/2000– contradijo que el genocidio hubiera ocurrido. Tres años antes, la Ley de Reconciliación Nacional, producto de los mismos acuerdos, aseguró a los militares la amnistía por los crímenes cometidos durante la guerra civil. Además, en el 2002 se presenta un nuevo retraso del gobierno guatemalteco en el reconocimiento de sus abusos por el pasado, con la indemnización de las PAC –Patrullas de Autodefensa Civil2–,por servicios prestados al Estado. Acciones contrarias al acuerdo de paz que también incluyen la negativa de 1999 al referéndum que pretendía la aprobación de reformas sociales incluidas en los tratados, que incluyeron un "Acuerdo sobre identidad y los derechos de los pueblos indígenas", reconociendo por primera vez a Guatemala como país multiétnico y multilingüe.


Ese contexto de impunidad llevó a Rigoberta Menchú a presentar en 1999 una denuncia ante la justicia española por genocidio, torturas y crimen de lesa humanidad, amparada en el principio de jurisdicción universal. Asimismo, dos organizaciones no gubernamentales, el Caldh (Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), y también la AJR (Asociación para la Justicia y la Reconciliación), presentaron en 2001 denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por abusos cometidos por generales, incluido Ríos Montt. Si la creación en 2007 de la CICG –Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala–, representa una nueva etapa en la recuperación de la memoria, según Amnistía International, los juicios por derechos humanos tomaron forma con el trabajo de la descabezada Fiscal General Claudia Paz y Paz.

 

Una lucha por la justicia. En 2011, la organización internacional Women´s link worlwide solicitó la ampliación de la querella de Rigoberta Menchú, formulada más de diez años atrás. Según esta organización, 1.465 mujeres indígenas fueron violadas, torturadas y asesinadas bajo la represión de las fuerzas públicas.

 

¿Una condena histórica sin futuro?

 

Las denuncias dieron sus frutos. El 19 de marzo de 2013 empezó en la ciudad de Guatemala el juicio en contra del ex general y dictador Ríos Montt, que terminó con su condena, con la pena máxima que establece la ley de su país: 30 años por crímenes de lesa humanidad, y 50 por genocidio.

 

Aunque las organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que las fuerzas públicas asesinaron a más de 15.000 indígenas, la justicia guatemalteca enjuició al dictador por 15 masacres ejecutadas en el departamento de Quiché, en las cuales murieron 1.771 indios Ixiles. Entre los 98 testimonios en contra del imputado, 54 denunciaron el empleo de la política de tierra quemada por parte del ejército y las PAC, para matar de hambre a la población 16 declaraciones también denunciaron la violación de mujeres como método "disuasivo" para aterrorizar a las comunidades campesinas para que no ayudaran a las guerrillas.


Frente a las acusaciones en contra de Ríos Montt, su equipo de defensa empleó como estrategia el obstruccionismo legal. Es decir, en lugar de establecer una solida defensa del acusado, optó por las argucias legales para demorar el juicio e impedir el veredicto tras, por ejemplo, peticiones, boicot de sesión, o también recusación de los jueces.

 

Si esos procesos poco éticos no impidieron la condena del dictador, la Corte Constitucional, en polémico fallo 3 contra 2, sí canceló la sentencia unos días después, el 20 de mayo de 2013, apoyándose en los recursos de amparo presentados en primera instancia por la defensa. Es decir, aquella no estableció su decisión de rechazar el fallo sobre el debate sustancial, sino sobre un procedimiento supuestamente deficiente.

 

En la polémica también terció el antiguo Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Mario García Laguardia, quien también destacó una transgresión de sus disposiciones por parte de la Corte Constitucional. Estiman, tanto éste como los Magistrados opuestos a la revocación del juicio, que la misma debía hacerla la Corte de Apelación, mientras la Constitucional solamente tendría autoridad para resolver cuestiones constitucionales. Y sigue la polémica del caso Montt, pues otra vez, por supuestos errores cometidos durante el juicio, el CANG –Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala– suspendió en abril de 2014, por un año, a la jueza Barrios, que encabezó el enjuiciamiento en contra del dictador.

 

Pero más allá de la justicia, el ex dictador se benefició de la protección de un valioso aliado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –Cacif, poderosa asociación de empresarios, quien solicitó a la Corte Constitucional, dos días después del juicio, revisión de la sentencia pues el Tribunal sería culpable de violaciones en el procedimiento. Denunció también la injerencia de organizaciones internacionales. Revisión solicitada, con mezquindad, por su preocupación por la reducción de las inversiones extranjeras en caso de que el genocidio fuera reconocido. Así, sin esconder su prioridad económica, el ex director del CACIF, José Santiago Molina, declaró que el voto del Punto Resolutivo era esperanzador para la economía del país.

 

Por otra parte, Pérez Molina, presidente de la República, y también Hermann Girón, actual jefe del Cacif, afirmaron que no creían que hubiera ocurrido un genocidio en Guatemala, al destacar que era tarea de la Justicia decir si el Estado tenía culpa en cualquier plan de exterminio. Por desfortuna, en eso reside una característica del Reino de la impunidad, la falta de independencia frente a los poderes económico y político, quienes en este caso desean impedir, obviamente, la condena del dictador.

 

El anticomunismo como dogma

 

Los actos bárbaros cometidos por el ejército y las fuerzas paramilitares, ocurrieron en la etapa más radical de la guerra civil guatemalteca. Décadas de conflictos cuyo punto de partida fue el temor de la burguesa del país centroamericano, y de los empresarios estadounidenses, frente a un gobierno progresista. En efecto, casi 20 años antes el derrocamiento en Chile de Salvador Allende en 1973, por el general Pinochet con la ayuda de la CIA, la agencia norteamericana participó del silencioso golpe de Estado en contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz –1951/1954.

 

Para entonces Guatemala era uno de los regímenes más reformistas de América Latina. En 1944 una revolución colocó fin al gobierno dictatorial del militar Jorge Ubico Castañeda, quien impuso el poder de la fuerza por espacio de 13 años. A quien siguió el intelectual izquierdista Juan Arévalo, elegido en la urnas (1945/1951). A continuación asumió Jacobo Árbenz, más radical que su predecesor, quien inició una reforma agraria que impugnaba los intereses de la poderosa United Fruit Company estadounidense, constituyendo el detonante del golpe de Estado que lo derrocó en junio de 1954.

 

Los años que siguieron estuvieron caracterizados por la represión política y la falta de alternativas democráticas, dando pie en los años 60 al surgimiento de guerrillas opuestas a la dictadura.


No obstante, los abusos del régimen se intensificaron bajo el gobierno del militar Lucas García –1978/1982–, al fin del cual nació la Unrd –Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca– producto de la coordinación de los 4 grupos guerrilleros más importantes del país (3). Pero también sucedieron cambios en el régimen, con la acción de una facción del Ejército que tras un golpe de Estado en 1982 puso al poder al general retirado Efraín Ríos Montt.

 

El dictador encontró apoyo directo en el Cacif, pues incorporó en su gabinete a varios grandes empresarios. Por ejemplo, participó como ministro de Economía Julio Mathéu Duchez, hasta entonces vicepresidente de la petrolera Basic Ressources. También integró a Otto Martínez Recinos, que dejó la Cámara de Agro para ser ministro de Agricultura. Esta es la razón que explica que politólogos asesores del Cacif, según Plaza Pública –medio de la universidad Rafael Landívar–, advirtieran del peligro que al juicio de Ríos Montt siguieran investigaciones en contra de su gabinete. También, según la misma fuente, participaron empresarios y sus pilotes en la Fuerza Aérea de Reserva, como Max Quirin Schoder, representante del Cacif.

 

Es decir, existen claras sospechas de la participación de personalidades nacionales en los crímenes de la dictadura. Hasta en las altas esferas del poder, pues el 4 de abril de 2013, durante el juicio contra Ríos Montt, el militar mecánico Hugo Ramiro Leonardo Reyes testimonió en contra del presidente Otto Pérez Molina. Señaló su responsabilidad, como Mayor, en casos de torturas y crímenes contra la población bajo el pseudónimo de Tito Arias. El Presidente reconoció que operó en el Quiché bajo ese nombre en 1982 y 1983. Y admitió, que en aquella época realizó intervenciones en una región denominada el triangulo ixil.

 

1 Rigoberta Menchú, activista indígena guatemalteca que recibió el Premio de la Paz en el año 1992.
2 Fuerza paramilitar que apareció durante la presidencia del general Romeo Lucas García -1978/1982-.
3 FAR- Fuerzas Armadas Rebeldes, EGP- Ejército Guerrillero de los Pobres, ORPA- Organización del Pueblo en Armas, y también el PGT- Partido Guatemalteco del Trabajo.

Información adicional

  • Antetítulo:EN GUATEMALA
  • Autor:FLORENT SOURISSEAU
  • Edición:203
  • Sección:Internacional
  • Fecha:Junio 20 - julio 20 de 2014
Visto 4150 vecesModificado por última vez en Miércoles, 25 Junio 2014 17:22

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