Sábado, 23 Agosto 2014 22:51

¡No al extractivismo!, con eco en la vereda San Jorge

Escrito por RED JUVENIL DE SUACHA
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La tensa calma que ocultaba tras un complejo entramado de intereses políticos los enormes conflictos sociales en el municipio de Suacha, comienza a resquebrajarse En la última semana de julio fueron realizadas dos jornadas de movilización que situaron en la agenda local y regional algunos de los conflictos territoriales más apremiantes, como un síntoma del proceso de configuración y articulación de actores sociales organizados para enfrentar los efectos del crecimiento urbanístico basado en la especulación financiera, la recomposición de maquinarias clientelistas locales-nacionales y el posicionamiento de este municipio –vecino de la capital del país– como la despensa de materiales de construcción para toda la región.


El 6 de agosto, en una de las jornadas de movilización, campesinos y pobladores urbanos, particularmente aquellos organizados en la Red Juvenil de Suacha, impidieron que las volquetas de la multinacional Trenaco transportaran los materiales extraídos de la mina Caracolí, ubicada en la Vereda San Jorge; más tarde se movilizaron hasta la instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, institución encargada de otorgar la licencia ambiental a la multinacional. De esta forma los habitantes de Suacha se suman a otras experiencias de organización que toman cuerpo en el país en contra de la política extractivista y el saqueo de recursos naturales que el gobierno nacional respalda a través de un cuidadoso trabajo de ingeniería jurídica, que debilitó instancias como la Consulta Previa y la Consulta Popular en función de los intereses de las empresas mineras y el capital trasnacional.


Soberanía alimentaria y usos del suelo

 

Más del 85% del territorio de Suacha es rural. La vereda San Jorge integra esta parte del municipio. Está situada en lo que el último Plan de Ordenamiento Territorial de Suacha definió como Zonas de Conservación, no solo por tratarse de un territorio con vocación agrícola sino por ser la puerta de entrada al Páramo de Aguas Vivas, un complejo ecológico único por las características de sus ecosistemas –humedales, enclave subxerofítico, bosque altoandino–, que le permiten regular las fuentes hídricas que sostienen la actividad agrícola, y que en su momento abasteció de agua al municipio.

 

Esta región hace parte de la Cuenca Alta del río Bogotá, situada en el sistema paramoso del Sumapaz, hecho que cohesiona el territorio y lo dota de un perfil productivo y ecológico común asociado a la producción de agua y al delicado equilibrio de sus ecosistemas, características que lo convierten en un patrimonio ambiental de la región, la nación y la humanidad.


Es por estas razones que la minería representa una amenaza directa e inmediata para el municipio, y los territorios aledaños, en tres frentes: 1) amenazando el equilibrio del único ecosistema capaz de regular y garantizar el suministro de agua, fenómeno que ya padecen los suachunos con las actividades de la ladrillera Santa Fe que, en inmediaciones de la vereda Panamá, ha cercado el rio Suacha, privatizando su uso y disfrute; 2) el impacto ambiental, social y económico de la extracción minera afecta ya a más del 50% de los productos tradicionalmente cultivados en la región: flores, arveja, fresa, papa y leche, despojando a los campesinos de sus tierras y amenazando la soberanía alimentaria de los habitantes urbanos del municipio; 3) como consecuencia, la actividad minera presiona la reconfiguración del territorio en función de una actividad económica que no es solidaria con los procesos ecológicos ni el tejido social de la región, abriendo paso a la fragmentación de la cultura e identidad colectiva de los campesinos que la habitan.


Lo que desconoció la CARC


El 7 de julio de 2009 Ingeominas suscribió con el señor Omar Cerón Barrera el contrato No. IFF 08081 para la explotación de materiales de construcción en un área de 65,7 hectáreas, acuerdo que fue respaldado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (Carc) a través de la resolución No. 0532 de 2012, decisión tomada a pesar de que el área de concesión está a más de 3.080 metros de altura, es decir, supera el umbral establecido por la Resolución No. 0076 de 1977 que alindera la cuenca alta del rio Bogotá, declarando la creación de una Reserva forestal protectora y productora de agua, que prohíbe la explotación de minerales por encima del nivel del Salto del Tequendama.


Cuando la empresa minera inició operaciones en el 2012 toman cuerpo numerosos conflictos entre las comunidades campesinas y los operadores mineros, cuyas actividades afectaron la producción de alimentos y causaron rápidamente impactos ecológicos irreversibles a las especies nativas, entre ellas el frailejón, la paja o guinche, los cardones, las piñuelas y los encenillos. Conflictos que desarrollados sin mediación institucional por la ausencia de instancias de socialización con las comunidades del proyecto minero, responsabilidad directa de la Carc y las autoridades ambientales del municipio. Por esta razón la Carc decide suspender la licencia ambiental a través de la resolución 1934 de 2012, revocada, de forma inexplicable, el pasado mes de mayo, con lo que la misma Carc brinda luz verde a la reactivación de las actividades de extracción en la vereda San Jorge.


Lo local, lo nacional


La Carc argumenta que tomó la decisión de levantar la suspensión a la mina Caracolí con base en lo dispuesto por la Resolución No. 0138 de 2014 del Ministerio de Medio Ambiente, que realindera la Cuenca Alta del río Bogotá, disminuyendo el área protegida y exponiendo a la actividad minera a varias regiones estratégicas desde el punto de vista agroecológico. Más allá de este complejo entramado jurídico, el curso del conflicto marcó un proceso de reacomodamiento de fuerzas entre instancias locales –incluyendo el control democrático de las comunidades– y el gobierno nacional, que trata de posicionar a Colombia como un enclave minero-energético, inscribiendo al país en una tendencia regional que encuentra en la extracción minera un muy lucrativo nido para los capitales especulativos, fenómeno que también afecta a países como Ecuador, Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú.


Desde 2003, con la creación de instancias como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que separó formalmente a Ecopetrol de la definición de la política minera y energética del país, el gobierno colombiano levanta progresivamente el andamiaje jurídico para permitir concentrar la facultad de administrar los recursos ambientales y energéticos de la nación sin pasar por los controles y contrapesos locales, sean estos de carácter cívico-popular o institucionales (alcaldías, concejos, personerías, etc), proceso consagrado por la Corte Constitucional (falló a favor del Gobierno y las multinacionales en el caso de Piedras, Tolima), donde la comunidad y las autoridades políticas locales dejaron en claro su rechazo a las concesiones mineras en su municipio.


Con disputa. El decreto-ley 3570 de 2011 es muy claro al respecto, al atribuir al Ministerio del Medio Ambiente la facultad exclusiva de "declarar, alinderar, re-alinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento". Artículo que le permitió a esa institución orientar el realinderamiento de la Cuenca Alta del rio Bogotá a través de la resolución 511 de 2013, procedimiento que redujo la Reserva Forestal Protectora Productora y desconoce la Resolución Ejecutiva del Inderena de 1977.


De esta forma, el proceso de centralización política y administrativa que responde a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de la locomotora minera, coloca a la Corporación Autónoma Regional por encima del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, que limita el Distrito Minero a las veredas Fusunga, Chacua y Panamá, zonas que hoy viven los lamentables efectos de la minería. No obstante la negativa formal de la dirección bioambiental –autoridad local encargada de monitorear este tipo de actividades– y de algunos sectores del concejo municipal, la falta de voluntad política de estas instituciones para impulsar soluciones concretas deja ver que el sector minero local hunde sus raíces en el corazón del aparato administrativo del municipio, junto a otras actividades vinculadas a la especulación urbanística, como la construcción y el transporte.

 

De la acción jurídica a la movilización organizada


La tendencia histórica se rinde ante la maquinaria política del gobierno nacional y sus aliados locales y trasnacionales, que cierran el cerco jurídico contra las experiencias de movilización y organización popular que, en el ámbito local y regional, tienden lazos de articulación en torno a la defensa del territorio. El procedimiento de realinderamiento –MinAmbiente– y el posterior levantamiento de la suspensión –Carc– dan viva cuenta de este fenómeno, que agota los instrumentos de gestión y control local en función de un marco jurídico que, no obstante su carácter legal, es socialmente ilegitimo en la medida que lesiona las formas de vida, la identidad y la soberanía alimentaria de municipios como Suacha.


Las acciones colectivas avanzan. También los puentes organizativos basados en la solidaridad para enfrentar una amenaza común, colocando sobre la mesa la necesidad de crear un Comité de Defensa de la Vereda San Jorge, encargado de generar estrategias de difusión y movilización que detengan de forma definitiva los trabajos de extracción en la mina Caracolí y abran la puerta a la participación directo y decisoria de las comunidades urbanas y rurales en al construcción de un modelo alternativo de ordenamiento territorial, empresa que demandara la inclusión de todos los habitantes del municipio.
La Red Juvenil de Suacha ha decidido poner al servicio de esta iniciativa sus esfuerzos, a través de la organización de rutas agroecológicas, tomas culturales y actividades de formación que posicionen el tema en la agenda pública, impulsando junto a las comunidades la necesidad de detener el catastrófico paso de la locomotora minera por Suacha, como el primer paso para la construcción democrática del territorio.

 

*En lengua chibcha, el dios sol es Xua, prefijo de suacha, que significa: tierra del dios sol

Información adicional

  • Antetítulo:Suacha*, Cundinamarca
  • Autor:RED JUVENIL DE SUACHA
  • Edición:205
  • Sección:Territorio
  • Fecha:Agosto 20 - Septiembre de 2014
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