Viernes, 28 Noviembre 2014 10:09

Ayotzinapa y el hartazgo de la población mexicana

Escrito por FRANCESCA GARGALLO Celentani
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Ayotzinapa y el hartazgo de la población mexicana

Un hecho revela la fragilidad actual de uno de los gobiernos más autoritarios y fuertes de América Latina durante siete décadas, el mexicano. El 7 de noviembre, el procurador general de la república Murillo Karam, representante legal del gobierno ante el sistema de justicia, declaró que los 43 estudiantes desaparecidos por los cuerpos policiacos de la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014, habían sido asesinados y quemados. Las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa le contestaron que aceptarán que sus hijos están muertos sólo cuando los forenses argentinos lo confirmen.

"No se tiene ni la más mínima confianza en ellos", había afirmado con anterioridad, el 20 de octubre, al salir de una de las reuniones con la PGR, un vocero de las familias, Vidulfo Rosales. La falta de credibilidad del actual gobierno queda así de manifiesto: el pueblo mexicano no cree en sus autoridades. Se cansó de la corrupción, de vivir con miedo, de la impunidad, de la falta de justicia no sólo para este caso sino para las mujeres y hombres desaparecidos y asesinados desde hace décadas, para los niños y niñas quemados en la guardería ABC hace 5 años y 5 meses, para las mujeres violadas, para las y los migrantes también desaparecidos y asesinados en territorio mexicano, de la creciente pobreza y las faltas de oportunidades de estudio y trabajo, de las tierras arrasadas por proyectos que dan ganancias a empresas ligadas al gobierno, de la conversión de la trata de personas y del narcotráfico en empresas.

Movilizaciones ciudadanas masivas, en México, con repercusiones en el extranjero, se han sucedido desde principios de octubre. En tres ocasiones las escuelas y universidades del país se declararon en paro nacional; y lo cumplieron, llevando las acciones educativas y políticas a la calle. Las marchas crecieron numéricamente y manifestaron un espíritu de paz que no esconde la rabia y el hartazgo. Los comerciantes no cerraron las puertas al paso de las y los manifestantes, abiertamente autos convocados, sin partidos ni organizaciones no gubernamentales que los manejaran. En dos ocasiones el estado tuvo que reconocer que los actos de agresión a los bienes públicos –un bus quemado frente a las puertas de la Universidad Nacional el 5 de noviembre, y el fuego en la puerta del mismísimo palacio nacional el día 8– fueron cometidos por "infiltrados" (en realidad agitadores violentos) en el movimiento de repudio a la violencia y la impunidad.

La policía y el ejército en México, en efecto, no dan seguridad. Una parte importante de la población considera que la política de seguridad nacional ante la "delincuencia organizada" funciona como una estrategia de disciplinamiento, control y represión de la sociedad en general. En efecto, el ejército ha sido involucrado en el secuestro de jóvenes en las comunidades indígenas, la policía extorsiona transeúntes y amaga a las personas y las detenciones y la tortura contra las personas para que se autoinculpen de los delitos que se quieren resolver formalmente han sido denunciadas por Amnistía Internacional. Las denuncias en la prensa, además, han resultado en el más alto índice de asesinato de periodistas de América.

El 26 de septiembre de 2014, la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero –donde durante los años 1970 fue más feroz la "guerra sucia", es decir la política de estado de desaparición de las fuerzas rebeldes en armas y de sus bases de apoyo–, disparó a mansalva sobre diversos buses que transportaban futbolistas, viajantes y donde "boteaban" (eso es, pedían recursos económicos de la solidaridad popular)los estudiantes que se habían montado en ellos para que los llevaran a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre. Mataron a seis e hirieron alrededor de 20 personas, entre ellos a un joven al que le destrozaron el cerebro.


Los pasajeros todos se dispersaron en los campos circundantes y cuando los estudiantes se reagruparon no supieron de inmediato cuántos de ellos estaban de-saparecidos. Entonces una delegación se dirigió al ejército para pedirle que interviniera, recibiendo una respuesta represiva. A los dos días apareció un cadáver torturado al que habían arrancado la piel de la cara y los ojos, el de Julio César Mondragón, estudiante normalista de Ayotzinapa originario de la Ciudad de México y padre de una niña de dos meses que había ingresado en la Normal Isidro Burgos un mes antes. El horror estremeció al mundo.

En México se supo que eran hijos de campesinos y que las madres y padres empezaban a buscarlos, sosteniendo la injerencia de los tres niveles de gobierno en la desaparición de sus hijos. El gobierno federal intentó desviar la atención hacia el presidente municipal (alcalde) de la ciudad, perteneciente a un partido que fue de oposición, y hacia el gobernador del estado, del mismo partido, casi dando a entender que el contubernio entre las autoridades y el narcotráfico, cuyos sicarios están implicados en el asesinato e intento de desaparición de los cadáveres de los estudiantes, implicaba a los miembros del Partido de la Revolución Democrática. El problema para la estrategia del gobierno fue que en México ya nadie cree que el PRD sea un partido de izquierdas. Ni siquiera un partido menos corrupto.

El periodista Pedro Miguel, en su blog Navegaciones ha publicado un Memorial de Agravios donde enumera los motivos por los que la masacre de los estudiantes normalistas se ha convertido en un parteaguas entre la "impune impunidad" con que actuaban los delincuentes amparados ("administrados", como dice la politóloga Pilar Calveiro) por los cuerpos represivos del estado al mando de políticos locales y federales y el enojo ciudadano, la rabia, la exigencia de justicia que resuena en todas las consignas de las marchas, en los performances callejeros, en las acciones de artistas plásticos y en las presentaciones de escritoras y maestros, rockeros y actoras, deportistas y bordadoras.

Por las mujeres violadas y asesinadas y por los ríos envenenados; por el poder enloquecido del dinero ilícito y por los gestos triunfales de los políticos sobre las ruinas del país; por la enseñanza y la salud convertidas en negocios privados y por los y las campesinas ajusticiados por defender los recursos naturales; por los cien mil de saparecidos, asesinados, disueltos en ácido y por las personas tratadas, entre otros agravios, según Pedro Miguel los muchachos de Ayotzinapa son la semilla de un pueblo que se ha cansado de ser víctima, cansado de tener miedo y de ver masacres impunes sucederse en Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Tlatelolco.

Después de tres paros nacionales, los y las estudiantes mexicanas se han dirigido físicamente a Ayotzinapa para entregar la ayuda que han recolectado del pueblo mexicano, mientras de forma espontánea los habitantes de la Ciudad de México se dirigieron al Zócalo (la plaza mayor) para manifestar su apoyo a las madres y padres de los desaparecidos, oficialmente muertos, cuya muerte no van a creer sin pruebas.

El presidente mientras tanto está en China; hay bromas que circulan en las redes y las pláticas familiares sobre el accidente que podría sufrir allá para que el estado no cargue con su dimisión. Cada día más personas, en efecto, exigen la renuncia de Enrique Peña Nieto y su gabinete entero. Algo que recuerda el "Que se vayan todos" de la Argentina de 2001. Una noticia relativa a la casa de 7 millones de dólares que le "regaló" la Constructora Teya, perteneciente al Grupo Higa, que edificó obras millonarias durante el "gobernadorado" de Peña Nieto en el estado de México, no lo ayuda a limpiar su imagen.

La noticia salió a la luz después que el pasado jueves 6 de noviembre, el Gobierno mexicano revocó, de manera sorpresiva, el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada de manera dudosa por un consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Corporation del gobierno chino, en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al presidente y su partido. Una de las tres empresas era Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien gastó enormes cantidades para la campaña presidencial de 2012.

En la marcha del 5 de noviembre, también circulaba una pregunta: ¿qué va a pasar cuando los encuentren? No hacían referencia a la vida o a los cuerpos de los desaparecidos, la gente se preguntaba si el enorme esfuerzo de manifestación que la demanda de aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa se disiparía al no tener ya una finalidad concreta.

Algunos sectores de la población consideran que este movimiento de regeneración nacional no lo para nadie: sin dirigentes, pero claramente enfocado contra las políticas del miedo, los favoritismos en las concesiones de los trabajos públicos, el acoso a las comunidades indígenas, los abusos policiacos contra las y los jóvenes, los asesinatos que llenan centenares de fosas clandestinas. Otros sectores, por el contrario piensan que sin una dirección política clara, la rabia popular se va a desbaratar por falta de objetivos. También hay quien asegura que el estado va a reprimir porque ha perdido toda capacidad de negociación y es incapaz de contravenir los pactos con los beneficiarios de la conversión del histórico capitalismo nacional proteccionista y productor en un neoliberalismo de tendencias monopólicas, conocido como "la vía mexicana al enriquecimiento de pocos" o el "capitalismo de los cuates".

La verdad es que la colusión entre el estado y la delincuencia ha quedado demostrada en la trágica desaparición de los normalistas. Según Amnistía Internacional, las investigaciones del caso han sido "limitadas e incompletas" porque es "tan sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido". La falta de atención a demandas contra los abusos del alcalde de Iguala sería parte de una negligencia rayana en la complicidad entre las autoridades federales y los actos locales de corrupción y asesinato.

Un día después de las declaraciones de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el 8 de noviembre, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero que se mueve en el estado de Guerrero, emitió un comunicado donde afirmaba que la versión de la Procuraduría General de la República que da por muertos a los normalistas, busca atribuir los hechos a la delincuencia cuando la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Estatal en la escena del crimen los días 26 y 27 de septiembre lo vuelven un crimen de Estado. Llamó farsantes, hipócritas y criminales de Estado a las autoridades federales. Epítetos que hasta los más pacíficos manifestantes les endilgan gustosos. Así como suscribirían que: "Desde el pueblo no les creemos ni un ápice, ustedes desde el poder no sienten dolor alguno por los crímenes contra el pueblo. Las expresiones del supuesto dolor que expresan es demagogia pura y parte del escenario mediático para distorsionar la realidad".

Qué sucederá en México no es fácil de adivinar, pero es evidente que algo revela la consigna que circula por las calles en los últimos dos días: Ya me cansé del miedo.


Comunicado de Amnistía Internacional, del 7 de noviembre de 2014:


El anuncio de hoy (viernes 07/11/14), por el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, de que los 43 estudiantes pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río se da después de semanas de especulaciones sobre el destino de los estudiantes. Sin embargo, las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos.

Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia ", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, el Procurador General Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.

El alcalde de Iguala, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones.

A pesar de la evidencia que involucra al alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada en mayo de 2014.

En diciembre de 2011 las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.

"Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar", dijo Erika Guevara.

Las familias de los estudiantes también han anunciado que no confían en las autoridades y la información presentada por el Procurador General hasta que no esté respaldada por evidencia científica de los expertos forenses argentinos y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Así mismo, recordaron al Presidente Peña Nieto su compromiso con los padres y con la sociedad.

Amnistía Internacional lamenta que, a pesar de los compromisos expresados por el presidente Peña Nieto, sus acciones demuestran lo contrario. El gobierno mexicano no ha aceptado la asistencia técnica internacional ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, en medio de esta profunda crisis de derechos humanos, el Presidente iniciará una gira internacional al Foro de Cooperación Económica, demostrando poco interés en hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México.

Es obligación de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación de estos hechos y hacer frente a la grave crisis de derechos humanos, concluyó Guevara Rosas.

Información adicional

  • Autor:FRANCESCA GARGALLO
  • Edición:208
  • Sección:Internacional
  • Fecha:Noviembre 20 - Diciembre 20
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