Martes, 24 Marzo 2015 14:48

El bienestar del pueblo vs. la avaricia aurífera

Escrito por Katherine Vega
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El bienestar del pueblo vs. la avaricia aurífera

Un fallo proferido por el Consejo de Estado en septiembre de 2014, y conocido en enero de este año, parece colocar fin a la lucha que los habitantes de Ataco adelantan desde hace más de 20 años. El resultado les da tranquilidad, pero están a la espera de que Mineros S.A. vuelva con más maniobras para adueñarse del oro de Ataco.

Desde 1991 se empezó a hablar del proyecto de Mineros El Dorado que pretendía realizar una explotación aurífera en el río Saldaña, exactamente en el municipio de Ataco (Tolima). Vale la pena aclarar, que artículos de esa fecha afirman que tal proyecto aurífero estaba planeado desde once años atrás.

Esta pretensión fue pregonada resaltando beneficios económicos y sociales para el desarrollo de la región, pero, como muchos de los proyectos de este tipo, no resaltaba que su implementación colocaría en riesgo la vocación agrícola del municipio, además de las consecuencias ambientales.

César Gaviria era el presidente para ese entonces y junto a su ministro de minas y energía –Juan Fernando Rico– defendían el proyecto minero, pues según los cálculos de la empresa generaría 13 millones de pesos anuales para el país.

"La Nación obtendría regalías por 195 millones de pesos. La misma cifra llegaría al municipio de Ataco, mediante los impuestos de explotación. Además, calculan que los ingresos laborales para la gente de la región alcanzarían los 419 millones de pesos anuales y se generarían 200 empleos directos", decía el periódico El Tiempo.

El diario no solo mencionaba esos beneficios, también hablaba sobre el compromiso de ofrecer a los inversionistas el 20 por ciento del capital comprometido en el desarrollo del proyecto. Incluso, Mineros El Dorado, llegó a afirmar que electrificaría los municipios de Ataco y Chaparral.

Pero, a pesar de las virtudes que según unos y otros tenía el proyecto, la comunidad se expreso con un rotundo No. Y es gracias a que ese No se mantuvo firme durante mucho tiempo que el Consejo de Estado evitó por medio de un fallo expedido en septiembre de 2014 la implementación del proyecto.

Sin embargo, esta es una historia de persistencia, en la que por un lado, varios sectores se han unido por un objetivo: defender el ambiente y la calidad de vida de los atacunos. Mientras que por el otro, la empresa Mineros S.A., sigue buscando la manera de apropiarse del oro de la zona.

Primer round: No a la draga

El río Saldaña es reconocido por ser, prácticamente, la columna vertebral del Tolima. Brota en la parte alta de la cordillera central y desemboca en el río Magdalena recorriendo así el 40 por ciento de este departamento. Es la fuente de los acueductos de Coyaima, Ataco y Saldaña que benefician a 55 mil tolimenses. También, suele ser la base de la economía familiar de los atacunos, pues los habitantes del municipio dependen de la minería artesanal, de la pesca, y del agua del caudal para sacar adelante sus cultivos de arroz.

Ante la importancia que representa el río, la comunidad no podía pasar por alto las acciones e intereses de la empresa Mineros El Dorado, y mucho menos después de tener los referentes de lo sucedió en varios municipios antioqueños, sobre el río Nechí. Por el ejemplo, en el caso de El Bagre, donde la misma compañía adelantó proyectos de explotación minera, solo les quedó el "piedredro" y los problemas ambientales.

Por eso, para contener las pretensiones de la empresa minera, los habitantes de Ataco realizaron un paro cívico y, en consecuencia, el 19 de febrero de 1991 el tema se hizo visible en periódicos como El Tiempo. Para ese momento Jorge Ancízar Cabrera, presidente del concejo del municipio era uno de los que lideraba la iniciativa de crear una comisión científica que evaluara los riesgos y daños que podría producir la explotación minera.

La idea era que varios expertos analizaran las consecuencias ambientales, y bajo esos dictámenes, el Ministerio de Minas decidiera si entregar o no la concesión a la empresa solicitante.

Sin embargo, y pese a la oposición ciudadana, en julio de 1994 fue entregada la concesión gracias a que el Ministro de Minas Guido Nule Amín –padre de uno de los tres protagonistas del Carrusel de la Contratación en Bogotá– firmó un acuerdo con Mineros El Dorado, pacto que ignoró "todos los conceptos ambientales negativos del Himat, Cortolima, Inderena, Universidad Nacional, Contraloría Departamental, Fedearroz y 500 científicos ambientales de todo el mundo", decía el diario El Tiempo.

De hecho, en el mes de noviembre de ese año, ya habían iniciado el montaje de la draga, la cual tendría "una capacidad de remoción de 10.000 metros cúbicos diarios y un peso de 3.000 toneladas, con un tonelaje mínimo anual de explotación de 2.500.000 metros cúbicos de material aurífero, equivalente a 440.000 gramos de oro", agregaba el diario.

Esto alertó al Comité prodefensa del río Saldaña –creado por los habitantes de varios sectores del Tolima, con la pretensión de defender al río de la minería a gran escala–, por lo que le expusieron a la entonces Ministra de Ambiente Cecilia López Montaño y al gobernador Ramiro Lozano Neira, todas las razones a tener en cuenta para acabar con el proyecto.

A raíz de dicha reunión, se le ordenó a la empresa realizar un diagnóstico ambiental de alternativas y un estudio de impacto ambiental para socializarlo en una audiencia pública. En el encuentro la misma Ministra enfatizó en que la última decisión la tenía el Ministerio de Ambiente.

En 1997 fue realizada la audiencia. Asistieron cerca de cinco mil personas, según medios de comunicación, pero también asistió el Procurador General Jaime Bernal Cuellar y el viceprocurador Eduardo Montealegre porque las comunidades indígenas lo exigieron.

"Cerca de 47 mil indígenas de la Federación Indígena de Cabildos Autónomos, el Consejo Regional Indígena y la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, (Acit), están dispuestos a ir hasta el fin para impedir la instalación de la draga [...] El presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, Leonidas López Herrán, dijo que los 20 gremios y asociaciones del departamento le dejaron en claro al Ministerio que no están de acuerdo", citaba el diario capitalino.

Todos parecían estar en contra, sobre todo por la intervención1 directa que Mineros El Dorado quería realizar en la cuenca, pues las consecuencias ambientales serían más desastrosas.

La draga sedimentaría más el río, impactando cerca de 28 mil hectáreas sembradas con cultivos de arroz, los 45 mil millones de pesos que generaban al año y, de paso, a 50 mil empleos. También afectaría a las 500 familias que viven de la pesca –con los residuos de la sedimentación, lo más probable era la muerte de los peces por el taponamiento de sus vías branquiales–. Y, además, el ecosistema cambiaría junto con la salud del río, incluso, afectaría la producción de leche y de carne.

"Lo anterior sin medir el impacto de la obra en el distrito de riego de Usosaldaña –decía el periódico El Nuevo Día–del que dependen más de 1.700 usuarios", así como del Triángulo del Tolima.

Sin embargo, los representantes de Mineros El Dorado, aseguraban que eso no sucedería, pues disponían de lo último en tecnología minera, y los sedimentos serían transportados hidráulicamente a pozos por fuera del río, sin usar mercurio. Resaltaban, además, que era de vital importancia sacar las ocho toneladas de oro, que estimaban, estarían en 194 hectáreas en las riberas del río Saldaña. Contra tal pretensión también se pronunció la guerrilla, al destruir la maquinaria de la empresa.

El Gobernador fue claro, dijo que no apoyaba el proyecto y que no estaba de acuerdo en poner como objetivo guerrillero el oro de Ataco, pues los únicos afectados serían los habitantes.
Finalmente, el Ministerio de Ambiente tomó la decisión de no otorgarle la licencia ambiental. El "maravilloso" proyecto minero no podía realizarse.

Segundo round: El camaleón y la falta de sostenibilidad

Ante el fallo, Mineros El Dorado no cruzó sus brazos, demandaron al Ministerio de Ambiente por no otorgar la licencia ambiental, y exigieron 11 millones de dólares por el dinero que dejaban de percibir.

Mientras este pleito se tramitaba en el Tribunal Superior de Cundinamarca, para el 2004 otra compañía apareció: Mineros de Antioquia S.A., la cual, quizás de manera oportuna, cambió su denominación por Mineros S.A. Además, modificó su mecanismo para adentrarse en la zona pues, le propuso a la gobernación y a los municipios crear una empresa de categoría mixta para extraer el oro de Ataco.

Lo curioso de la propuesta, que en su momento señaló Ángel María Caballero, presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña en el periódico El Nuevo Día, es que Mineros de Antioquia era dueño del 80 por ciento de Mineros El Dorado. Es decir, la "nueva" empresa que pretendía adelantar un proyecto calificado como nocivo para la región, era la dueña de la compañía que demandó al Ministerio de Ambiente. La diferencia en la forma que explotaría el oro radicaba en que la "nueva" empresa utilizaría retroexcavadora, y que ya no sería a cargo de Mineros El Dorado, ni Mineros de Antioquia, sino Mineros S.A.

Este cambio de nombres, parte sustancial de la estrategia camaleón de Mineros S.A, no era lo más preocupante que denunciaba el presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña. Caballero dijo que la empresa ayudó con la financiación de la campaña electoral de Jorge García Orejuela, quien para la fecha ya era el gobernador del Tolima, por lo cual creía que él era el que estaba apalancando el proyecto.

Dos años después, el 7 de septiembre de 2006 se conoció el fallo del Tribunal. La empresa demandaba al Ministerio de Ambiente por fallas en procesos, darle mucha trascendencia a la posición negativa de los atacunos y por tener en cuenta la posibilidad de que el proyecto no fuera sostenible.

Para ese momento, el apoderado de la sociedad Mineros S.A., titular de los derechos litigiosos de Mineros El Dorado S.A., argumentaba que el Ministerio se había extralimitado en sus funciones por tener en cuenta la sostenibilidad.

La respuesta fue concreta: para el Tribunal, sí se habían presentado demoras en trámites pero no correspondían a vicios graves y el Ministerio había cumplido con sus funciones pues, aunque mencionaba la sostenibilidad, no hacía alusión exactamente a si los socios ganarían o no dinero, sino a cómo responderían con los daños ambientales que causarían en la zona.

De nuevo, los atacunos ganaron.

Tercer round:
¿Se acabó la pelea?

Mineros S.A. llevaba dos rounds perdidos y cada vez era más factible la posibilidad de perder el proyecto que desde años atrás querían realizar. La única carta que ahora les quedaba era la apelación, la que, en efecto, fue presentada al Consejo de Estado, para que según ellos, les restablecieran los derechos y anularan el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Tras algunos años de espera, finalmente el 18 de septiembre de 2014 el alto tribunal falló, pero solo hasta el inicio del 2015 fue conocido por los medios de comunicación.

La decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, proferida por la Subdirección A, Sección Primera, fue ratificada. La sentencia decía que no había suficientes argumentos que implicaran la nulidad de lo fallado, por lo cual Mineros S.A, no podía adelantar el pretendido proyecto minero.

Así pues, cierta calma ronda a los atacunos. Después de defender su territorio por más de 20 años, durante los cuales no ahorraron ningún mecanismo de protesta y deliberación colectiva, el Consejo de Estado les confirmó que tenían razón. Pero, como la persistencia no solo es una cualidad de los habitantes sino también de la compañía, crearon otra empresa que está a la espera de una licencia ambiental y de la aprobación por parte de Cortolima de su Plan de Manejo Ambiental.

El nombre de la "nueva" empresa es Mineros de Ataco S.A.S2., constituida en el 2012. Fue creada en el Tolima para la exploración y explotación minera aurífera en Ataco y Chaparral bajo dos contratos de concesión según el último informe financiero de Mineros S.A., con fecha del 2013.

Mineros S.A. no confirma en su página oficial que haya recibido la licencia, y mucho menos menciona los fallos del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, pero sí alude a la firma de contratos de concesión que realizó el Ministerio de Minas cuando Guido Nule Amín era el jefe de la cartera en 1994.

Así, la pregunta que queda es si esta larga lucha finalmente terminó. Por ahora es claro que los atacunos tienen 10 puntos y que Mineros S.A. está a la espera de la revancha.

No sobra preguntar: ¿bastará con procedimientos jurídicos para contener el ansia insaciable de oro de los leguleyos que están detrás de las empresas mineras, que como la Santísima Trinidad, son un solo ser?

 

1 Minería aluvial: "El material se obtiene excavando los lechos de los ríos y los terrenos adyacentes; después es llevado por encima de un tapiz donde las piedritas se quedan atascadas. Después sigue el mismo procedimiento de amalgamación con mercurio", dice la revista Ideele.

2 Durante el 2008, 2009 y 2010, Ataco fue explotado ilegalmente, curiosamente en dos predios donde Mineros S.A. tenía títulos mineros. Incluso fue la misma compañía la que los denunció, dice el Nuevo Día

Información adicional

  • Antetítulo:EL TRIUNFO DE LOS ATACUNOS
  • Autor:Katherine Vega
  • Edición:211
  • Sección:Ambiente
  • Fecha:Marzo 20 - Abril 20 de 2015
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