Martes, 24 Marzo 2015 15:31

El despropósito del Plan Nacional de Desarrollo

Escrito por César Giraldo
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La propuesta del nuevo Plan Nacional de Desarrollo presentado por el segundo gobierno de Santos al Congreso está soportado en 200 artículos cargados de veneno. El tiempo apremia y ya no es oportuno dar una discusión detenida sobre el contenido del mismo, ahora hay que centrar el análisis en un articulado que está lleno de bombas y que en menos de un mes puede introducir cambios insospechados para el presente y el futuro inmediato de las mayorías habitantes de nuestro país.

Se supone que el Plan Nacional de Desarrollo es el documento en el cual un gobierno fija sus prioridades, formula sus políticas, y expresa en proyectos y programas concretos la materialización de lo propuesto. Teóricamente ese era el sentido del documento entregado en noviembre del año pasado, titulado "Todos por un nuevo país", y mostrado a la "sociedad civil" para su discusión. Dentro de este contexto el Consejo Nacional de Planeación, y los Consejos Territoriales, emitieron un concepto a comienzos del presente año, que el Gobierno debía incorporar para una segunda versión del Plan.

Pero, como por arte de magia, ese documento desapareció y llegó otro, que no tiene nada que ver con las Bases del Plan, donde incorporaron 200 artículos cargados de veneno, que modificarían la legislación existente en sinnúmero de campos cruciales. Se trata de un paquetazo que incorpora todas las reformas que no habían podido ejecutar en temas tales como tierras, minería, salud, educación, y privatizaciones, entre otras. Con el Plan las pretenden despachar de un plumazo porque los tiempos para su discusión son reducidos.

Las doscientas normas

La planeación en Colombia fue introducida con el Plan Decenal del gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), que partía del principio que el Estado dirigía la economía, y el Plan le informaba a la sociedad cuáles eran las prioridades, expresadas en programas y proyectos, que posteriormente tenían su expresión en las asignaciones del Presupuesto Nacional. Era un proceso transparente, independientemente de los juicios que en ese entonces, o ahora, pudieran hacerse sobre el modelo de desarrollo implícito.

El Plan actual tiene un discurso, que puede ser objeto de la discusión, pero en la práctica son las 200 normas del proyecto de ley las que materializan el Plan, y que no hacen referencia a ese discurso. Estas normas son las que no habían logrado aprobar y que favorecen los intereses de los poderes financiero, terrateniente, minero, y del capital transnacional. Pero en el marco del Plan deben ser aprobadas en paquete en un período muy corto.

Al tomar como referencia el documento del año pasado, que supuestamente son las "Bases del Plan", encontramos tres ejes: paz, equidad y educación.

La educación aparece como el camino hacia la equidad al promover la movilidad social, porque a través de ella las personas lograrían la inserción en el mercado laboral lo que les permitiría la generación de ingresos. Por esta razón, quienes aspiran a tener una formación universitaria deben endeudarse asumiendo una inversión que se redituará con ingresos futuros. Desde esta visión no importa la diferencia entre la educación universitaria y técnica, ahora todo englobado en educación terciaria, porque en el fondo todo es formación para el trabajo. Cada uno está aumentando su dotación de capital humano, y con ella va a competir con otros capitalistas (de capital humano) en el mercado de trabajo. Es el individuo al servicio de la economía, no ésta al servicio del ser humano. La educación es vista como una mercancía que valoran en el mercado, no como un derecho social, como bien lo denuncia la Mane.

En el Plan, la movilidad social depende de la educación, (como lo reclama James Robinson, quien escribió el libro "¿Por qué fracasan las naciones?"), y no del despojo de los campesinos por un poder terrateniente armado, ni de la concentración de la riqueza en los grupos económicos que controlan los medios de comunicación, ni de las condicionalidades del capital financiero. La educación permitiría el ascenso de los pobres hacia las clases medias, pero el mismo Plan atenta contra dichas clases cuando en el articulado presentado ante el Congreso, por una parte, defiende los contratos laborales basura de prestación de servicios, los obliga a pagar el 100 por ciento de la seguridad social (incluida la cuota patronal) y les arrebata el sesenta por ciento de sus prestaciones sociales (art. 127), y por la otra, reitera que son los trabajadores quienes asumen el riesgo financiero de la especulación que con sus ahorros pensionales hacen los grupos económicos. Los grupos no asumen ningún riesgo (arts. 129 al 131). Seguramente esto lo consultaron con los grupos y no con los trabajadores. El cuento de la clase media en el Plan más allá de un mal chiste, es un fraude.

En cuanto a la política social no hay nada nuevo. Señala que todavía el mercado laboral es rígido (pág. 55) (los trabajadores tienen todavía muchos privilegios, aunque ellos lo llamen derechos) de forma que es necesario flexibilizarlo más. Pero como los procesos de flexibilización no han permitido disminuir el desempleo en el largo plazo, entonces hay que generarlo a través del emprendimiento y el microcrédito. Pero ese emprendimiento desconoce los territorios, prácticas y saberes de la economía popular, la que debe ser erradicada al ser considerada ilegal y de baja productividad (pág. 111).
Sin embargo, ya no hay tiempo para dar una discusión sobre el contenido de las Bases del Plan. Ahora hay que centrar el análisis en un articulado que está lleno de bombas y que en menos de un mes puede introducir cambios insospechados para el presente y el futuro inmediato de quienes habitan el país. Los abogados, los expertos, y los diferentes interesados, deben mirar con lupa ese articulado antes que se introduzcan cambios legales que alteren las reglas de juego. Lo único que puede hacerse por ahora es presentar una lista de mercado de lo que se ve por encima y formular algunas preguntas:

- En Salud, Saúl Franco denunció en Unperiódico* que se profundiza la mercantilización del servicio y se fortalece la intermediación financiera a través de las EPSs (arts. 61 al 72).
- El artículo 49 desconoce el derecho fundamental a la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, tal como lo denuncia la Comisión Colombiana de Juristas.
- ¿Por qué es importante acelerar el mecanismo de liquidación de las empresas del Estado? (art. 71).
- ¿Por qué se autoriza inversión extranjera en los medios de comunicación? (art. 13) ¿Qué empresas están detrás del negocio?
- El artículo 30 acaba con la posibilidad de subsidiar el transporte público, cuando esta modalidad es subsidiada en el resto del mundo
- ¿Por qué se promueve la titularización de la cartera hipotecaria? (art. 46). ¿Acaso se les olvidó que este fue el mecanismo que llevó a la crisis del subprime en Estados Unidos en el 2008?
- ¿Por qué se cambia el concepto de educación superior por el de terciaria? (art. 54). ¿Acaso se sigue insistiendo que la educación universitaria y la formación para el trabajo son la misma cosa?
- Se amplía el mecanismo de crédito educativo como eje de financiación de la educación superior (art. 57). Esto no sólo abre la pregunta de qué pasa con el financiamiento de las universidades públicas, sino que a las nuevas generaciones les crean "una deuda cierta con un trabajo incierto" (expresión de la Mane). En Estados Unidos la deuda estudiantil es la segunda después de la deuda hipotecaria, y hay quienes afirman que se está dirigiendo hacia una crisis similar a la del 2008.
- En cuanto a los Fondos de Pensiones, propiedad de los principales grupos económicos, ¿por qué se crea un mecanismo para que el gobierno asuma el desfase de la renta vitalicia? (art. 130)
- Las estadísticas públicas ahora estarán más controladas por el poder público (art. 150). ¿Será que en adelante estarán pensando con el deseo y los datos serán menos objetivos?
- ¿Dónde queda la autonomía de los gobiernos locales si van a estar amarrados al gobierno nacional con los famosos Contratos Plan? (arts. 171 y 172).
- Se pide carta blanca para reformar la institucionalidad del sector rural (art. 102). Dada la sensibilidad del tema de cara al posconflicto, sería bueno al menos tener una explicación.
- Hay un importante paquete de reformas para el sector minero-energético (arts. 18 al 29) ¿Que hay detrás?
- Finalmente, el artículo 200 deroga 85 normas ¿cuáles son las consecuencias de ello?

Con seguridad, al realizar un análisis detallado del proyecto de ley se encontrarán otras muchas perlas. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿Qué es el Plan de Desarrollo? Por lo visto, un asalto a la democracia.

* Edición de 8 de marzo del 2015 que circuló con el periódico El Tiempo.

Información adicional

  • Autor:César Giraldo
  • Edición:211
  • Sección:Gobierno
  • Fecha:Marzo 20 - Abril 20 de 2015
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