Sábado, 26 Septiembre 2015 10:55

El negocio con los derechos fundamentales

Escrito por Equipo desdeabajo
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El negocio con los derechos fundamentales

"Es el primero de su tipo en Latinoamérica", dicen los medios de comunicación cuando hablan del nuevo proyecto piloto de las Empresas Públicas de Medellín –EPM–: agua potable prepago.

 

El negocio ante todo. Este proyecto es la nueva innovación en la ciudad de Medellín, que deberá permitir a las más de 24.327 familias deudoras morosas con EPM acceder al servicio de agua solo con recargar 5.000 o 10.000 pesos.

 

Agua potable prepago es un programa implementado por las que se suponen son las empresas públicas más importantes del país, y fue diseñado e implementado luego del éxito obtenido con la venta de energía prepago, con el cual ahora venden este recurso fundamental, a 42 mil viviendas, las que superan con creces, en solo tres años, las 35 mil que fueron proyectadas para reconexión al servicio en 5 años. El negocio es tan bueno que EPM proyecta ampliar esta estrategia comercial a todo el mercado que atiende.

 

Valga recordar que en Medellín hasta hace tres años existían más de 50 mil hogares desconectados de estos derechos básicos.

 

En particular, la energía prepago es un modelo mercantil para familias que perdieron el acceso a tal servicio por atraso en el pago de la factura, fraude o contrabando en las conexiones; el consumo mínimo es de $3.000

 

Más de lo mismo. Según Juan Esteban Calle Restrepo, gerente general de EPM y líder del Grupo del mismo nombre, el objetivo con este tipo de proyectos es estar más cerca del cliente y acoplarse más a lo que éste necesita. Resaltó, también, que en la medida que las personas recarguen el servicio un 10 por ciento del dinero pagado, amortiza la deuda y la tarifa de aseo, además del alcantarillado y acueducto. Sin duda, todo un diseño financiero para recoger cartera morosa; un diseño que no repara en la realidad social y económica que agobia a miles de familias en esta ciudad, sometida a uno de los más altos indicadores de desigualdad social que reina en el país.

 

No son simples cambios de palabras

 

"Cliente", "mercado", "servicio", estas y otras palabras son las que dominan y determinan en la labor de las EPM. Borradas quedan: derecho, población, ciudadanía, crisis, y otras similares, que deberían resaltar como referente a la hora de determinar por qué una familia no alcanza a cancelar una deuda contraída por el consumo de un bien fundamental como lo son agua y energía.

 

Más aún cuando las familias en deuda morosa no son pocas, mucho más cuando el problema gana ribetes cómo los ya relacionados, donde 50 mil o más familias quedan por fuera de un derecho fundamental, pese a negociaciones, programas de pago, los cuales son una y otra vez reprogramados.

 

El problema aquí es mayúsculo, y si bien algunos pueden aludir a la llamada cultura del "no pago", la verdad es que la problemática es mucho más profunda, es el reflejo de una crisis social que debe ser atendida, entre otros, con los dividendos que le procura una empresa, como las EPM, al gobierno municipal del cual depende y al cual se debe. Adjunto a esto debe estar la investigación sobre el inmenso problema social que afecta a miles de medellinenses, procurando identificar por qué el desempleo no decae, por qué los sueldos son insuficientes, por qué, si es el caso, la gente no quiere pagar, etcétera. Es decir, el problema no es de simple recaudo de cartera vencida e impedir que esta siga creciendo.

 

Y así debe ser, pues lo público es eso: de todos/as, y si bien esto no significa dilapidar sí representa algo muy distinto a funcionar como una empresa privada o cuyo propósito fundamental es multiplicar ganancias. Y con este funcionamiento está el reto de potenciar la discusión pública de lo qué significa e implica aquello de ser público, cómo administrarlo, cómo apropiarlo por parte de toda la ciudadanía, en qué sectores invertir, por qué y cómo, etcétera.

 

Las EPM, valga recordar, obtuvieron ganancias netas, durante el 2014, por 1,8 billones de pesos, y el Grupo EPM registró una utilidad neta de $1,78 billones, con ingresos operacionales por $11,5 billones y activos totales por $38,7 billones, y un patrimonio de 21,1 billones.

 

Lo que debe llamar la atención de los pobladores de Medellín, es que mientras sus empresas registran estos números positivos, su afán principal es cómo continuar incrementando ganancias para lo cual proyecta operaciones en otros países de la región, sin pararse a detallar lo que sucede en su entorno inmediato, que es su razón de ser.

 

Valga recordar, además, que en el caso del agua, en la ciudad existe el derecho al mínimo vital, pero el mismo está birlado a todo hogar que deje de cancelar dos facturas. Según la Organización Mundial de la Salud se deben brindar 2.500 litros de agua por persona al mes (500 litros para el aseo personal; 500 litros para preparación de alimentos; 833 litros para el aseo del hogar; 667 litros para el lavado de ropa). En Medellín, solo quienes están registrados en el programa "Medellín solidaria", que sean de estratos 1 y 2, y paguen oportunamente sus facturas, pueden gozar de este derecho.

 

Llama poderosamente la atención que las EPM no se preocupen por la ampliación del programa sino por incluir en sus ventas prepago a las miles de familias que no gozan ni de un mínimo en su calidad de vida.

 

En estas condiciones, ¿tiene sentido seguir considerando como público lo que no funciona como tal? ¿No le habrá sucedido a las EPM que, aunque conserva el nombre, funciona como empresa privada? ¿No será hora de debatir de cara a toda la ciudad el cómo reapropiar lo que es de todos, pasando de lo público a lo común?

Información adicional

  • Antetítulo:AGUA PREPAGO: DISFRAZANDO LA REALIDAD DE LOS DESCONECTADOS
  • Edición:217
  • Fecha:Sep-Oct
Visto 1363 vecesModificado por última vez en Martes, 26 Enero 2016 08:34

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