Lunes, 28 Marzo 2016 16:45

¿Un posacuerdo militarizado y securitizado?

Escrito por Edwin Cruz Rodríguez
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¿Un posacuerdo  militarizado  y securitizado?

Las negociaciones de paz entre Gobierno e insurgencia prosiguen en La Habana. Aunque allí no se discute la necesaria reforma a la doctrina que rige la operatividad de las Fuerzas militares y de la Policía, tal necesidad sí gana espacio en círculos cada vez más amplios de nuestra sociedad. Impedir la continuidad de una concepción y acción militarizada y securitizada de la seguridad en el posacuerdo es una de las exigencias levantadas. Acá unas reflexiones sobre el particular.

 

Una de las discusiones más importantes de cara al posacuerdo de paz está centrada en los problemas de seguridad, prolongados u originados con posterioridad a la desmovilización ade los grupos armados. Como es lógico, la firma de un acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno nacional no significará la pacificación del país y, de avanzar hacia una etapa posterior, se tratará de un “posacuerdo armado” con grandes demandas de seguridad. Para no ir muy lejos, la recurrente práctica del genocidio político que ha caracterizado la historia colombiana, como ocurrió con las guerrillas liberales y gaitanistas, luego de la amnistía de 1953, y con la Unión Patriótica tras los acuerdos de La Uribe, en 1984, plantea el reto de garantizar la seguridad, el retorno a la vida civil y a la actividad política de los combatientes desmovilizados.

 

Pero ese es sólo uno de los problemas de seguridad en el posacuerdo, al que habría que adicionar por lo menos otros tres. Primero, la seguridad en las zonas dominadas por la insurgencia, que con frecuencia adoptó la conducta de un semi-Estado para controlar economías ilegales, una vez desaparezca como actor armado. Segundo, también aquellos problemas ocasionados por la eventual persistencia en la guerra por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Y tercero, las “amenazas” que no provienen de las organizaciones guerrilleras, el para militarismo –mal llamado ahora “bacrim”- y en general el crimen organizado.

 

Resolver las diversas cuestiones de seguridad es indispensable para emprender la construcción de la paz y la profundización de la democracia, verdaderas oportunidades que posibilitarían un acuerdo de paz. Sin embargo, hasta este momento, el debate parece reproducir las concepciones de seguridad arquetípicas de la guerra contrainsurgente, que enfatizan en la salvaguarda del orden público, confunden los roles de las FF.MM. y de la Policía, y tienden a reducir el problema de la seguridad a una cuestión de ejercicio de la fuerza.


Todo esto se expresa no sólo en una militarización de la seguridad, que da continuidad a las prácticas e imaginarios de la confrontación contrainsurgente, sino también en una securitización del posacuerdo, que hace del problema de la seguridad una prioridad, opacando otros factores que están en la raíz de la guerra y que también deben resolverse.

 

La militarización de la seguridad

 

A principios de diciembre de 2015, el alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, propuso militarizar la ciudad como única alternativa para hacer frente a la creciente inseguridad . Días después, el representante a la Cámara Efraín Torres Monsalvo, del Partido de la U, propuso un proyecto de ley con el objetivo de que las Fuerzas militares (FF.MM.) pudieran intervenir en la seguridad de las ciudades para atender, entre otras, las “amenazas” que se produjeran en el posacuerdo . Ya en febrero de 2016 la misma propuesta salió del Concejo de Medellín. Se trata de medidas contrarias al deslinde de funciones entre Policía y FF.MM., que deberían ser posibles en el posacuerdo, y que en su formato tradicional son ineficaces para combatir la criminalidad urbana.

 

Ambas instituciones presentan confusiones en sus roles y funciones, como producto de su larga participación en la guerra contrainsurgente contra el “enemigo interno”, tan disfuncionales para ellas como para la ciudadanía en general. Por ejemplo, el control de las protestas de junio a agosto de 2013 en el Catatumbo, en el que participaron Policía y Ejército, dejó un saldo de cuatro campesinos asesinados por tiros de fusil en medio del enfrentamiento con los manifestantes.

 

Pero, además, las FF.MM. difícilmente pueden enfrentar la criminalidad urbana, por la sencilla razón de que no están preparadas para esa tarea. Su capacidad de fuego excede a la de cualquier agente promotor de inseguridad en la ciudad, su estructura jerárquica, doctrina y adiestramiento riñen con la flexibilidad y entrenamiento necesarios para garantizar la seguridad ciudadana. Por consiguiente, y aunque existe una tendencia global hacia la militarización de la seguridad urbana, tales medidas parecen orientadas en otra dirección.

 

¿Mantener el pie de fuerza?

 

Entre las posibles reformas para conseguir el deslinde funcional antes mencionado quizás las más polémicas se dirigen, en primer lugar, a la necesidad de garantizar la seguridad en el campo, una vez que la guerrilla se desmovilice y, en segunda instancia, a la reducción del pie de fuerza de las FF.MM. y de los recursos que su mantenimiento conlleva. La incursión de las FF.MM. en la ciudad no responde a ninguno de estos problemas.

 

Para responder al problemade la inseguridad rural en el posacuerdo están planteadas como alternativa el fortalecimiento de la policía de carabineros o la creación de una guardia nacional extrayendo personal del Ejército y de la Policía que actualmente desempeñen funciones de seguridad en el campo. Esta última fórmula permitiría redefinir más claramente las funciones de ambos cuerpos armados al tiempo que se atacan amenazas “mixtas”, es decir, con poder de fuego superior al de la Policía pero a las que sería desproporcionado combatir con el poder de fuego del Ejército.

 

Respecto del segundo problema, las cosas no están para nada claras. En varias oportunidades altos mandos militares han afirmado públicamente que el pie de fuerza no debe reducirse, arguyendo que en el posacuerdo persistirán amenazas que requerirán un tratamiento militar, lo que se traduce en mantener el flujo de recursos que actualmente cuesta mantener el segundo Ejército más grande de Suramérica, que a 2014 ascendía a 2,17 por ciento del PIB.


Es cierto que reducir súbitamente el tamaño de las FF.MM. en el posacuerdo puede ser contraproducente, entre otras cosas por el “reciclaje” de formas de violencia, como muestran los casos centroamericanos. No obstante, mucho más contraproducente puede ser orientar unas FF.MM. adaptadas a la guerra contrainsurgente, que no acaban de reestructurar sus doctrinas y prácticas, hacia la seguridad urbana y ciudadana.

 

La securitización del posacuerdo

 

La militarización de la seguridad ha pasado desapercibida en buena medida porque está enmarcada en un problema más amplio: la securitización del posacuerdo. En este fenómeno parecen operar sobre todo la interpretación dominante de los desencadenantes del conflicto armado colombiano, que tienden a restringirlo a una guerra sin conexión con los problemas políticos, socioeconómicos y culturales del país.

 

Si se observan los casos centroamericanos, resulta cierto que en el posacuerdo aumentan las tasas de homicidios y, en general, las amenazas a la seguridad. Sin embargo, los expertos se debaten en torno a dos explicaciones de dicho fenómeno. La primera enfatiza en el “reciclaje” de la violencia antes mencionado. En el fondo, se supone que las sociedades no tienen forma de ubicar a los excombatientes quienes, entrenados en el uso de la violencia, encuentran una forma de vida en el crimen, tendencia que puede acentuarse si de manera repentina se reducen considerablemente las Fuerzas Armadas (FF.AA.) La segunda sostiene que la violencia no se reproduce necesariamente por la existencia de unos aprendizajes acumulados o por la disposición de armas, sino fundamentalmente porque los complejos mecanismos que desataron los conflictos armados no han sido desactivados.

 

Así pues, mientras el primer caso coincide con una visión “securitizada” del posacuerdo, en el cual las principales amenazas a la seguridad tienen un tratamiento fundamentalmente militar y policivo, la segunda perspectiva abre la posibilidad de generar políticas más allá del ámbito militar, que contribuyan a la desactivación de los mecanismos cuyo despliegue reproduce la violencia. Claramente en Colombia ha primado la primera perspectiva, que tiende a reducir el posacuerdo a un problema cuya resolución se restringe al campo de la seguridad y la defensa.

 

Esto se explica porque, si bien las negociaciones de La Habana supusieron un reconocimiento de la insurgencia armada como interlocutor político, y aunque oficialmente ya no se reduce la comprensión del conflicto armado a una “amenaza terrorista”, aún la interpretación predominante tiende a verlo como producto de actividades criminales particulares, ajenas a problemas socioeconómicos, políticos y culturales enraizados en la sociedad colombiana. La gran desigualdad en la distribución de la riqueza, cuya más dramática evidencia son las tasas de concentración en la propiedad de la tierra; la exclusión política, expresada en la dominación ininterrumpida de una oligarquía durante toda la república; las injustas y en muchos casos premodernas formas de explotación que persisten en el país, e incluso las viejas y nuevas formas de discriminación, parecieran no estar relacionadas con el conflicto armado en esa perspectiva.

 

Así, en lugar de resolver todos estos problemas, mecanismos que alimentan la violencia política, se trata de hacer manejables sus consecuencias más visibles optando por un tratamiento militar y represivo.

 

El reto está abierto para la sociedad colombiana. La coyuntura en curso es una oportunidad inigualable que debe ser aprovechada para darle un giro a la doctrina contrainsurgente dominantes dentro de las FF.AA. colombianas, incluyendo en ellas a la Policía.

 

1 Polémica por propuesta de militarizar Barranquilla. http://www.elespectador.com/noticias/politica/polemica-propuesta-de- militarizar-barranquilla-articulo-603027  (2-XII-2015).
2 Buscan que Fuerzas militares puedan combatir criminalidad en las ciudades. http://www.elespectador.com/noticias/politica/buscan-fuerzas- militares-puedan-combatir-criminalidad-c-articulo-604551 (10-XII-2015).
3 Proponen presencia de militares en zonas inseguras de Medellín. http://www.elcolombiano.com/antioquia/proponen-presencia-de- militares-en-zonas-inseguras-de-medellin-BX3572726 (10-II-2016).

 

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Libro relacionado:

Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia

Información adicional

  • Autor:Edwin Cruz Rodríguez
  • Edición:222
  • Sección:Guerra y paz
  • Fecha:Marzo 20 - abril 20 de 2016
Visto 2771 vecesModificado por última vez en Lunes, 28 Marzo 2016 19:02

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