Viernes, 24 Junio 2016 15:48

¿Cuánto cuesta enseñar?

Escrito por Edwin Guzmán Rodríguez
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¿Cuánto cuesta enseñar?

El crecimiento exponencial de las Instituciones de Educación Superior (IES) expresa la conformación de amplios mercados a partir de la mayor demanda; grandes inversiones en proyectos para ampliación de infraestructura, que están en marcha, confirman este auge. En el debate público las condiciones laborales docentes y el discurso de educación de calidad, en un caso como la Universidad Minuto de Dios.

Por diversas regiones del país están en marcha grandes proyectos urbanísticos universitarios, nuevas sedes, adecuación o ampliación de las existentes. En las regiones surgen nuevos programas académicos, en varias de las modalidades establecidas por la Ley 30 de 1992 –universidades, instituciones universitarias, tecnologías y técnicas–, con relevantes avances cuantitativos: de 487.448 estudiantes reportados para 1990, según las cifras oficiales, en sólo dos años se salta a1 841.282 educandos, asistentes a cualquiera de los 6.834 programas ofrecidos en alguna de las 288 Instituciones de Educación Superior (IES) registradas en Colombia, la mayoría de las cuales (208) son privadas.

De estas IES algunas registran grandes cantidades de estudiantes (U. Cooperativa, U. Libre, Javeriana, Uniminuto y Santo Tomás).El crecimiento está relacionado con una mayor demanda, grandes poblaciones que aspiran a la educación desbordan las ofertas. A comienzos de este siglo, con 3.600 programas registrados, apenas representaba al 5 por ciento de cobertura; incluso con el paso de la primera década y el doble de programas tan sólo llegaban al 30 por ciento de la demanda. A diferencia de México y Brasil este crecimiento no responde a la creación de nuevas universidades, sino que, al estilo neoliberal de Chile, refleja la ampliación de las universidades existentes, como ejemplo a seguir para toda América Latina.

El crecimiento también incluye a los docentes. Para el año 2014 nuestro sistema educativo contaba con 119.129, de los cuales el 58.7 por ciento estaba contratado hora cátedra, el 11.4 medio tiempo y el 29.7 tiempo completo. De ellos, el 40.5 por ciento contaba con pregrado, el 32 por ciento especialización, el 22.3 maestría y tan sólo el 5,2 por ciento había logrado doctorarse. La tendencia es a que esto cambie, ante la exigencia de la formación posgradual y la existencia de 2.883 especializaciones, 968 maestrías y 139 doctorados que representan cerca de 3.900 programas ¿Es posible pensar que la distribución de las cargas laborales cambie en relación a una mayor formación docente?

Para algunas instituciones el simple negocio como agentes los lleva a irregularidades y delitos. En marzo pasado la Fiscalía imputó cargos a cinco universidades por defraudación por un total de80 mil millones de pesos. La acusación es por estafa y concierto para delinquir. Aparecen las universidades Unicjao, Cundinamarca, Pacífica, Ideas y la ‘recordada’ San Martín, que ofreció educación no certificada a 1.500 jóvenes; tras el escándalo el propio Presidente reconoció la existencia de universidades garajes. Este selecto ranking hace parte de un listado mayor de 53 universidades en curso de procesos sancionatorios y 8 con medidas preventivas. Durante todo el 2015 se presentaron ante el Ministerio de Educación más de 2.500 quejas por estudiantes y padres de familia debido a malas gestiones institucionales, aumentos desmedidos en matrículas y procesos de calificación indebida; y por parte de profesores, fundamentalmente por condiciones laborales y vinculación desfavorables. En los cinco primeros lugares aparecen la Unad, San Martín, CUN, Cooperativa y Uniminuto. El interés de lucro prima sobre la calidad, con lo cual se pierden bienes públicos de la educación como la investigación.

En el aspecto laboral, la flexibilidad afecta derechos como el contrato a término fijo. Por ejemplo, en los colegios privados de calendario B, durante los meses de junio y julio, sus profesores están acostumbrados a quedar desempleados. También el mercado le juega malas pasadas a las directivas como, en el caso de la U. Incca que tiene serias dificultades en la financiación y sostenimiento por obligaciones financieras a corto plazo, que la llevó al no pago a su planta de personal.

El cuento de la acreditación

La acreditación nació con la Ley 30 de 1992, que creó un Consejo Nacional de Acreditación –CNA– que certifica altos estándares de calidad en dos modalidades: acreditación de programas, fundamental para la acreditación institucional. Según registros oficiales del Ministerio, los programas de pregrado acreditados representan el 14 por ciento, y las instituciones acreditadas son 28. Sus beneficios no sólo van con el prestigio e imagen institucional, también tienen mayor flexibilidad y menos control al momento de abrir nuevos programas académicos. Beneficios tangibles, por ejemplo al recibir recursos del programa Ser Pilo Paga por estudiantes de Pruebas Saber 11 con bajo Sisben que se matriculen. Es así como la U. de los Andes recibió 15 mil millones el año pasado.

La llamada “Autonomía Universitaria” significa darse propiedades por estatutos y modificarlos para designar autoridades académicas, desarrollar programas, organizar labores en formación, selección de profesores y admisión de estudiantes. No le importa desvincular docentes a mitad y final de año, con la incertidumbre de continuidad, obligados a trabajar para diversos centros de educación y completar ingresos. La acreditación ha llevado al registro de varios programas académicos con nóminas compartidas, con lo cual docentes son explotados en varias instituciones y al mismo tiempo, sometidos a varios contratos basura. Explotación que le exige al docente la realización de estudios posdoctorales, manejo de segunda lengua, publicaciones, investigaciones, ponencias, eventos, además de exigirle disposición para asumir una carga administrativa y de extensión. ¿Es así que se construye calidad?

Para la abogada y doctora en sociología Liliana Estupiñan Achurry, las prácticas legales pauperizan la labor docente. Les piden a éstos una serie de capacidades académicas y científicas que no son retribuidas en los pagos o cargas laborales. Muchos son contratos a término fijo –11 meses–, o incluso de 3 a 5 meses. Los profesores de tiempo completo se duplican en medio tiempo y triplican en tiempo parcial. Para la investigadora, la alta calidad académica y exclusividad son posibles en buenas condiciones laborales para los docentes. En ocasiones, la autonomía académica permite establecer relaciones laborales desfavorables. ¿Qué tan dispuestas están las IES para garantizar el trabajo docente para la calidad académica y científica? ¿Qué tan dispuestas están para ofrecer y garantizar mejores condiciones de vinculación, formación, promoción y permanencia para la profesión de la docencia y producción de conocimiento?

Investigación reconocida

En medio de las exigencias del Ministerio y el mercado, todos corren para cumplir estándares como contar con grupos de investigación reconocidos. El año pasado Colciencias registró 4.458 grupos, cifra que representa un crecimiento de 200 grupos nuevos por año. En este registro no aparecen 110 IES, es decir un tercio del total. Entre las reconocidas, el 30 por ciento corresponde a cinco universidades: U Nacional, Antioquia y Valle (públicas), Andes y Javeriana (privadas). La distribución restante presiona para que cerca de 85 por ciento de las universidades aumentaran inversiones para lograr nuevos grupos registrados.

Por su parte, para el investigador y profesor Henry Vanegas, las instituciones están desconociendo su misionalidad. Bajo el argumento que invertir grandes sumas en infraestructura significa aumentar la calidad, en realidad no ofrecen programas integrales para los contextos particulares en una dinámica global. El problema con la acreditación es que el Consejo Nacional de Acreditación es una entidad que depende del Ministerio de Educación. Son restringidos sus presupuestos y, por tanto, limitada su labor de inspección y vigilancia. La regulación de costos, por ser entidades constituidas por estatutos propios, idealizó la marca en el mercado educativo sin dispositivos institucionales reales para la formación. Las políticas de selección de docentes que exigen mayor formación, no se ven reflejadas en los esquemas de escalafón donde la diferencia de uno a otro es de cincuenta mil pesos. La carga de tiempo hace que las labores de investigación sean un compromiso individual. La tendencia de internacionalización, acorde a la globalización, apunta al desarrollo de convenios para programas institucionales que en ocasiones se alejan de la calidad de las modalidades convencionales.

Si bien el incremento de las pensiones o matrícula por semestre no puede superar al índice de inflación del año anterior, por efecto de la autonomía universitaria y acreditación los aumentos pueden ser justificados, de acuerdo al decreto 1075 de 2015, si existen mejoras en la infraestructura, adquisición de equipos e incremento de sueldos entre docentes. Al atribuir la calidad en la infraestructura y entorno socioeconómico de estudiantes, variables positivas para el logro académico, al Ministerio le parecen razonables los aumentos por encima del IPC, argumentando que se inscriban en proyectos de calidad. El Observatorio de la Universidad Colombiana señala que entre los semestres académicos existen incrementos de seis puntos, lo que implica, por ejemplo, que un estudiante puede comenzar una carrera pagando cinco millones y terminar con una carga de ocho millones.

Un estudio revelado este año por Adriana Camacho, de la Universidad de los Andes, Julián Messina, investigador del Banco Interamericano, y Juan Pablo Uribe, estudiante de doctorado de la Universidad de Brown, señala que la mayoría de los nuevos programas son de menor calidad y que reciben estudiantes con promedios y puntajes bajos, pero al momento de facturar tienen costos similares que las demás ofertadas. Se paga igual pero con menor calidad, jugando con la incertidumbre del futuro laboral y profesional de su egresado. Eso si alcanzan a cumplir con los pagos, pues los reportes de deserción estudiantil son altos: en la primera década del milenio fue del 18.6 por ciento para el primer semestre, pero del 47 por ciento en décimo.

Pensar la misión de la Universidad debe llevar a que prevalezca la producción de conocimiento y formación integral, lo que durante mucho tiempo fue un factor esencial para la movilidad social y la estabilidad profesional. Pero las leyes del mercado llevan a que sean los intereses empresariales –mayores utilidades– los que lleven a la Universidad por un camino que desvirtúa su horizonte de sentido. En la política pública educativa ha primado la formación técnica y tecnológica. Apostándole a un modelo limitado a replicar lo producido por grandes centros de pensamiento e investigación. Sin una institucionalidad como la Superintendencia, con capacidad para el control y vigilancia que no puede asumir el Ministerio de Educación, los atropellos continuarán. Se propone una mesa de re-existencia universitaria para el 24 de junio en la Universidad Autónoma de Colombia para acciones de movilización y lobby para solicitar un proyecto de ley.

Caso Uniminuto

Esta Universidad graduó 37.486 personas en 20 años. Sus estudiantes provienen en un 72.3 por ciento de sectores de estratos uno y dos, y el 25 por ciento del tres. Su presencia institucional llega a 17 regiones nacionales. Ha pasado el tiempo desde que en 1992, en su sede principal del barrio Minuto de Dios, iniciara actividades con apenas 240 estudiantes. Terminada esa década aumentó a 1.507. Desde el 2010 la media de su crecimiento anual es de 7.422 estudiantes por año. Lograron reducir la deserción estudiantil a la mitad en estos últimos años. En 2014 ofrecieron 111 programas donde, de las 76.445 personas inscritas sólo el 39 por ciento estaban en la modalidad de formación presencial universitaria. Son significativas sus poblaciones en la sede principal pero también en las rectorías de Bello, Cundinamarca y Tolima-Huila. En los primeros cuatro años de esta segunda década su estado financiero no sólo es positivo sino próspero, hasta triplicar sus excedentes. Duplicó sus espacios físicos y dispone de cuatro veces más en condición de arriendo, comodato y convenio, con una inversión del orden de 188 mil millones de pesos, lo que representa el 29 por ciento de su gasto general.

Para el 2014 su planta profesoral alcanza a 4.592 personas, cuatro veces más de lo que contaba en el 2010. El 65 por ciento está bajo la modalidad de contrato laboral, el 21 por ciento a medio tiempo, el 48 por ciento de tiempo parcial y el 31 restante en tiempo completo. Las actividades de investigación, proyección social y gestión ocupan una tercera parte del tiempo contratado. Más de la mitad de ellos cuenta con posgrado, aunque en doctorado solo cuenta con el uno por ciento. De sus 30 grupos de investigación, 18 son reconocidos por Colciencias, que la clasifican en el puesto 45. El número de sus publicaciones llega a 305. Cuenta con una decena de programas acreditados, y otros tantos en proceso de autoevaluación, que le permitirán una acreditación institucional.

Pese a estos avances institucionales, su sistema de escalafones cuestionado, no es para menos: con el nuevo estatuto docente construido en 2014, los instructores –que son cargos iniciales– suman 907 colaboradores –como les llama– y tan sólo dos titulares como cargos más alto. Hoy, de 5.400 contratos suscritos 300 son indefinidos y sólo 180 profesores reciben algún auxilio de maestría. Esta precariedad laboral motivó la conformación de la organización sindical, la que presentó un pliego de peticiones, encontrando entre las directivas una actitud por no responder, tras las leguleyadas jurídicas esgrimidas por asesores encargados de eliminar sindicatos, actitud prepotente que impide algún tipo de diálogo frente al conflicto laboral. Maniobras reinantes a pesar de la actitud propositiva del sindicato; negativa constante refrendada con una pírrica propuesta, en una negociación simulada que no reconoce ningún punto del pliego. También denuncian los líderes del sindicato que hay persecución y acoso laboral contra personas afiliadas que terminan contrato, ante todo en Zipaquirá y Soacha.

El conflicto no es sólo laboral, entre los estudiantes crece una inconformidad conocida como “El silencio Uniminuto”, impulsada por las dificultades que tienen al recibir la educación por la que pagaron. En las reuniones con las directivas, el movimiento estudiantil padece la actitud de superioridad e intransigente que subestiman al interlocutor. Algunos inconformes, por miedo a perder becas y subsidios, no se atreven a denunciar y sumarse a la causa; así mismo, muchos docentes no reivindican sus derechos ante la promesa de prolongación del contrato. Si sus directivas reflexionarán por un minuto qué es negociar, en un país en negociaciones, reconocerían que hacen parte del conflicto capital-trabajo, y por un instante podrían ser conscientes de la condición de opresor de la cual deben liderarse, como nos escribió el maestro Freire.

Información adicional

  • Antetítulo:Calidad educativa y condiciones laborales
  • Autor:Edwin Guzmán
  • Edición:225
  • Sección:Universidad
  • Fecha:Junio 20 - Julio 20
Visto 2991 vecesModificado por última vez en Martes, 05 Julio 2016 10:28

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