Lunes, 26 Septiembre 2016 13:49

¿Qué está pasando en el Centro de Bogotá?

Escrito por MARÍA DEL PILAR SUÁREZ
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¿Qué está pasando en el Centro de Bogotá?
En conversación con un exalcalde de la localidad Santafe de Bogotá, saltan a la vista los vacíos e improvisaciones en materia de política pública, las estrategias fallidas de lucha contra las ollas y el microtráfico en la capital del país, la falta de una política clara en materia de salud para “habitantes de calle”, así como los apetitos inmobiliarios presentes en las áreas intervenidas

 

 

En entrevista con Carlos Alberto Garzón (CAG)*, experto en temas de habitabilidad en calle, intentamos responder a la pregunta que anima este escrito, a partir de una retrospectiva que da cuenta de las similitudes y diferencias con lo que fue la intervención en El Cartucho a finales de los años 90.

 

Del Cartucho al Bronx.
Diferencias y similitudes

 

CAG: La similitud más evidente quizá, es el marcado deterioro urbano en lo que se conocía como El Cartucho, que al igual que en El Bronx se caracterizaba por la presencia de actividades delincuenciales como el expendio de drogas, la ocurrencia de hurtos, presencia de prostitución y reducidores de cosas robados, en medio de un cuadro social marcado por los “habitantes de calle”.

 

En cuanto a las diferencias, y sin asumir la defensa de lo que fue la intervención en El Cartucho –porque también hizo metástasis en la ciudad–, hubo allí un proceso de planeación y ejecución ordenada. La inversión cercana a los 100 mil millones de pesos se destinó en buena parte a la caracterización y la atención social de la población que habitaba en el barrio Santa Inés, hecho que marca un cambio fundamental entre lo que fue la intervención en El Cartucho y el operativo en El Bronx.

 

Todas las actividades previstas en el marco de la intervención fueron planeadas con antelación bajo la primera administración de Mockus (1995/1998). Ejecutadas en la administración Peñalosa (1998-2002), se tradujeron en un censo poblacional tanto de “habitantes de calle” como de residentes en la zona, que permitió proyectar acciones de política pública reduciendo el impacto que una intervención de esa naturaleza tendría para la ciudad. Las familias fueron cobijadas con subsidios para pago de arriendo e incluso algunas tuvieron acceso a subsidios para adquisición de vivienda, y se ideó una estrategia de arriendo protegido.

 

En materia de productividad, se identificaron todas las actividades económico-productivas desarrolladas en El Cartucho. Papeleros, ropavejeros, recicladores, cartoneros, herramienteros, sobanderos, vivanderas (venta de productos perecederos en pequeña escala), a todos ellos les ofrecieron alternativas desde la parte productiva. Particularmente, a cartoneros y recicladores, les brindaron la oportunidad de articularse en una cadena productiva a través de un proceso de tecnificación del reciclaje.

 

Con el censo se supo de la existencia de más de 9.000 personas en condición de habitabilidad en calle, para las cuales se amplió la oferta de los hogares de paso e hicieron esfuerzos en atención terapéutica. En El Bronx, no se hizo nada de lo adelantado en El Cartucho.

 

Según Garzón, la posibilidad de realizar un censo antes del operativo en El Bronx era nula. El asesinato de Javier Molina –facilitador de Integración Social” a finales de septiembre de 2013, “liquidó toda posibilidad de adelantar un censo de habitantes de calle. El Bronx estaba bajo el absoluto control de los Sayayines”. “Esa muerte, entre otras cosas, fue producto de la improvisación de la pasada administración que pretendió tomarse El Bronx para combatir el microtráfico, a través de la política de atención a los habitantes de calle”.

 

El Bronx, violencia desquiciada

 

Entre tanto, la violencia en El Bronx alcanzó niveles alarmantes. Las casas de pique, secuestros, homicidios, prostitución de niñ@s y adolescentes, tortura, desaparición, tráfico de armas y estupefacientes, llevó a las autoridades a acabar con eso. “Pero, uno podría decir que la contundencia de la intervención policial-militar en El Bronx es totalmente desproporcionada frente a la intervención social que es ninguna”. Esta intervención no le ha costado un peso a la administración. En su componente social la inversión ha sido nula.

 

La seguridad o el interés inmobiliario

 

Ante ese panorama, “uno podría pensar que la preocupación fundamental del Alcalde fue la seguridad, pero ese tema ahora está terrible”. “El interés de Peñalosa es inmobiliario. Ahí hay unas dinámicas perversas en torno al tema del suelo y es que los procesos de deterioro de las ciudades en sus centralidades, esa degradación, afecta el precio del suelo, que baja a cero”.

 

En Santa Inés, por ejemplo, se expropió a 300 mil pesos metro cuadrado. 20 años después de la intervención en El Cartucho, en San Victorino el derecho a usar un espacio de 1.20 x 60 cm, el sólo hecho de utilizar esos espacios los días miércoles y sábados durante un año, puede costarle a un expositor 100 millones de pesos. En el Gran Sam el metro cuadrado está a 100 o 120 millones de pesos. Es una dinámica de especulación inmobiliaria impresionante. Ahora en el Bronx ya se expropió, a través de la figura de extinción de dominio, una serie de predios y van a seguir expropiando. Garzón estima que el precio al que les pagarán a los propietarios no superará los 500.000 mil pesos, o en todo caso ese valor no llegará al millón de pesos. Una vez concluidas las obras, ¿cuál será el precio del suelo en esta parte de la ciudad?

 

La dinámica especulativa es expulsora

 

La tendencia en el centro es la promoción de inversiones inmobiliarias para sectores económicos de mayor capital, en detrimento del comercio mayorista de corte popular que ha existido allí históricamente. Un comercio que abastece amplios sectores sociales, no sólo de la ciudad y municipios aledaños, sino también a municipios de otros departamentos cercanos a Cundinamarca. “Todo ese mercado se desnaturaliza a favor de un modelo económico y mobiliario para sectores que pueden aportar mayor capital”. Igual suerte sufrirán los residentes de esta zona de la ciudad, porque la renovación urbana puesta en marcha es expulsora. Habrá un recambio poblacional de proporciones importantes.

 

Es esta estrategia especulativa que ha tenido como punta de lanza los “habitantes de calle”, que al día de hoy sufren ya una crisis humanitaria. La violencia en forma de “limpieza social” está latente. Las pérdidas económicas de los comerciantes son importantes, y en materia de salud muchos residentes han sufrido afectaciones respiratorias por los gases lacrimógenos, además de experimentar un deterioro sensible en su salud mental y emocional.

 

Para Garzón, el hecho que la renovación se adelante a través de la Empresa de Renovación Urbana –ERU–, que es una empresa de economía mixta del Estado, le permite a Peñalosa pagar los favores recibidos en campaña por parte de importantes sectores de la construcción. “Las decisiones de política pública que deberían tomarse en interés de la ciudad, de la colectividad, quedan presas de los intereses de los privados que solo quieren construir y construir”.

 

¿Cuál es el costo social y humano que debe pagar la sociedad por una ciudad construida a la medida de los grandes intereses económicos? Un costo altísimo en vidas humanas que por el momento asume el eslabón más débil de la cadena “los mal llamados “habitantes de calle”-, pero que recae también en la “gente de bien”, que repentinamente tiene que hacer frente a un fenómeno que les era ajeno y, aunque se sabía que existía en Bogotá, estaba contenido en unas pocas calles de la ciudad.

 

La desidia y el olvido, la exclusión social y la marginalidad de la que no nos ocupamos como sociedad, de la que no se ocuparon por décadas, y con eficacia las autoridades, que es la descarnada expresión de la corrupción y del mal gobierno, nos están pasando la cuenta.

 

Tras revisar la gestión de los últimos gobiernos bogotanos, queda claro que las políticas públicas, más que instrumentos coherentes y de larga proyección, cambian de administración en administración; los representantes de la ciudadanía se hacen eco con facilidad de discursos políticos que en realidad encubren los intereses privados de gobernantes-empresarios, y sobre los ciudadanos recae el costo económico y social de una “deliberada improvisación”.

 

* Carlos Alberto Garzón, ex Alcalde de la Localidad de Santafé en el momento en que El Cartucho fue intervenido. Ex Subdirector de Adultez de la Secretaría de integración Social.

Información adicional

  • Autor:MARÍA DEL PILAR SUÁREZ
  • Edición:228
  • Sección:Reorganización urbanística
  • Fecha:Septiembre 20 - Octubre 20
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