Viernes, 28 Abril 2017 15:32

Quien financió debe pagar

Escrito por EDWIN GUZMÁN
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Con la materialización del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, mientras la Justicia Transicional de Paz avanza, la preocupación de quienes promovieron la guerra crece. Décadas atrás suministraron recursos, equipos e información a paramilitares, hoy aparecen vinculados. Justifican su proceder diciendo que fueron víctimas de extorsión a lo que es un crimen conexo a los crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir agravado. Pero, ¿será que la Fiscalía bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez tomará la función acusadora para evitar que perviva la impunidad?

 

Con antecedentes en los años 70 del siglo XX, el paramilitarismo logra consolidarse en la década de los ochenta como actor armado con poder y presencia regional. Por aquellos años –además de accionar de manera militar– se presentan como actores políticos en el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá y Puerto Berrio. Urabá también está en su mira, para extender su dominio hacia Córdoba. Corrían los años 80 e inicio de los 90. Luego extienden su presencia a nivel nacional a través de la táctica de “tierra arrasada”.

 

Tanto en sus orígenes, como en medio de su anclaje territorial, logran su avance con la financiación voluntaria de terratenientes, comerciantes, políticos, industriales. Maridaje que unos y otros pretenden ocultar ahora, cuando intentan limpiar su pasado.

 

El listado

 

El escándalo nacional fue inmediato. Sucedió el año pasado, cuando el grupo de investigación “Estado, conflicto y paz” de la Universidad Javeriana dio a conocer la compilación del listado de las empresas que financiaron el paramilitarismo; listado estructurado a partir de las versiones suministradas por desmovilizados ante el Tribunal de Justicia y Paz. Al hacerse público el informe los empresarios no hicieron esperar su cuestionamiento, evidenciando su preocupación por lo que calificaron como “cacería de brujas”. Protesta reforzada, incluso, con el apoyo y defensa pública del exvicepresidente y hoy candidato presidencial. Pero para el Tribunal de Justicia y Paz en Medellín, es evidente que en Córdoba existió tal respaldo económico.

 

En el listado figuran 120 empresas y multinacionales, con más de 1.200 empresarios señalados, pertenecientes a los sectores de comercio, transporte, petróleo, electricidad, agroindustria, industria, agricultura y turismo; empresarios localizados en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Urabá, Santander, Meta, Vichada, Chocó, Tolima, Bolívar, Nariño y Magdalena. Empresas vinculadas a esta financiación, como Postobón, que según el excomandante paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra tienen responsabilidad en el acto denunciado, por lo que solicitó a la Fiscalía investigar. Otro caso, en Norte de Santander, relaciona a la Central Termoeléctrica de Tasajero –Termotasajero–, por la entrega a estas bandas criminales de 300 millones en mensualidades de cinco millones, así como 45.000 cartuchos para AK-47, fusiles M-16 y FAL. Uno más en la lista es Jorge Gnecco Cerchar, quien a mediados de los 90 era contrabandista de la multinacional del carbón Drummond, en el sector transporte de las minas del Cesar a Ciénaga Magdalena, y quien fuera amigo de Vicente Castaño.

 

Aparecen también implicados: el canal RCN televisión, por presentar a Carlos Castaño Gil como líder de la lucha contra la subversión. El terrateniente Carlos Lacouture Dangond, que como empresario bananero presionaba al sindicato Sintrainagro a través del Frente William Rivas del Bloque Norte; la Federación Nacional de Ganaderos, relacionada con Salvatore Mancuso y el Bloque Catatumbo. Otros vinculados con reconocimiento nacional: el expresidente de Avianca Edgar Lenis Garrido, las centrales eléctricas de Norte de Santander, Ecopetrol, el difunto Victor Carranza, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, Maderas del Darién, Cementos Diamante, Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Coltejer, Codensa, Cementos Argos, entre otros.

 

En el plan para combatir a la insurgencia se montó un rentable negocio para la represión, apropiación y despojo de tierra. Los recursos para mantener esos ejércitos de terror salían del cobro del gramaje a narcos, de cuotas fijas para las Convivir promovidas por Álvaro Uribe y procedentes de pagos realizados por todo aquel que ejerciera actividad económica, pero también de recursos aportados voluntariamente por parte de ganaderos, mineros, transportadores, comerciantes, arroceros, dueños de casa de cambio y demás empresarios.

 

La acusación

 

Un equipo de la Fiscalía 128, delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado solicitó, ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que la financiación de grupos paramilitares sea considerada como concierto para delinquir agravado y un delito de lesa humanidad, dado que Colombia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional donde son delitos imprescriptibles e imputables al individuo que los comete. Sin embargo, nuestro país no ha suscrito la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, lo que prolonga la real posibilidad de que la impunidad perviva.

 

Partamos del hecho de que la estructura paramilitar cometió genocidio, desplazamiento forzado, desaparición, tortura, homicidio, terrorismo, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y financiación o administración de recursos para el terrorismo, un delito conexo a los anteriores y que contribuyó para el ataque de forma sistemática y generalizada en contra de la población civil.

 

Urabá, el caso puntual

 

Este territorio, estratégico para el tráfico de armas, insumos químicos y drogas, comprende los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, e incluye el Valle del Sinú y el Rio Atrato; allí su población ha vivido en turbulencia constante y en permanente conflicto. Con la desmovilización del Epl, la violencia no mermó. La existencia de disidencias guerrilleras, los atentados a desmovilizados por parte del Quinto Frente de las Farc y el surgimiento de cinco grupos paramilitares –“Comandos Populares”– contando en sus filas con exmilitantes del Epl, prolongó y multiplicó allí el conflicto armado.

 

Factores que recrudecieron aún más el conflicto. En la región el propio Fidel Castaño aportó dotación, y con sus hermanos prepararon a siete mil hombres bajo el mando de alias “Doble cero”. También Yair Klein entrenó a escuadrones paramilitares en las fincas bananeras, tales como Honduras, La Negra, Punta de Coquitos del corregimiento de La Nueva Colonia, en el municipio de Turbo.

 

Según el sistema de información de Justicia y Paz, entre 1995-2004 el grupo paramilitar Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá cometió los siguientes crímenes:

 

Es allí donde Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro bonito”, se convertiría en el hombre fuerte de los hermanos Castaño. Empresario bananero, vio en esta circunstancia la oportunidad de lucrase con el despojo de tierras, para lo cual conformó el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, obteniendo entre los años 1996–2004 apoyo como Convivir.

 

Como empresario con asiento en Urabá sabía cuánto cobrar. Tras una reunión consentida con empresarios y comerciantes estos aceptaron de manera voluntaria entregar tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, así como cancelar entre 8.000 a 12.000 pesos por cada hectárea vigilada. Periodo de violencia desenfrenada contra dirigentes y activistas sindicales. Por ejemplo, entre los años 1991–2007 Sintrainagro registró 590 asesinatos entre sus afiliados.

 

Con la llegada de los Castaño, que ya tenían negocios en narcotráfico y esmeraldas, el proyecto paramilitar toma más forma en Urabá. Conforman el grupo paramilitar Los Tangueros en 1988, y convocan a los empresario para las primeras masacres en las fincas Honduras y La Negra, del sector de Punta Coquitos, corregimiento Nueva Colonia, ocultando su operatividad a través de la Asociación Convivir Papagayo, la cual entre 1998-2003 recibió más de siete mil millones de pesos; la misma organización que después de su “desmovilización” se convierte en la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, a través de la cual recibirían otros 600 millones más. Fueron cerca de 194 empresarios los que entre los años 2001–2004 aportaron más de mil seiscientos millones de pesos.

 

Un caso sonado entre estos empresarios fue el de Banadex, Filial de Chiquita Brands, que incluso llevaba la contabilidad de lo que entregaban y por lo cual una Corte Federal de la justicia norteamericana le impuso en 1997 una multa de US$2.5 millones de dólares. Empresa que también permitió que a la terminal de carga del puerto de Urabá llegaran 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65. Una vez más se confirma que las Convivir fueron el motor del paramilitarismo, con 414 grupos en 24 departamentos, y con cerca de 120.000 personas vinculadas.

 

¿Impunidad?

 

Avanzar en esta investigación no será fácil, pues algunas empresas fueron adquiridas por otras, lo que dificulta la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, Chiquita Brands se fusionó con la empresa irlandesa Fyftes; Coltejer fue comprada en un 60 por ciento por Kaltex, textilera mexicana; Cadenalco fue comprada por Almacenes Éxito; Termotasajero comprada por inversionistas extranjeros; Cementos Diamante comprado por Cemex México.

 

De igual manera, la impunidad toma forma por la demora en los procesos judiciales, un ejemplo de lo cual es el ganadero Rubé-n Darío Obando, implicado directamente con las Convivir, por lo cual tiene cinco investigaciones en la Fiscalía sin que ninguna avance. Otra joya es la que protagoniza Disney Rolando Negrete Polo, quien creó un grupo armado pese a lo cual recibió por parte del Consejo de Estado una millonaria indemnización por una incursión de la guerrilla.

 

Como se ve, mucha tela por cortar. ¿Se sabrá algún día la verdad? Con la llegada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez la respuesta está en veremos.

Información adicional

  • Antetítulo:FINANCIACIÓN DE PARAMILITARISMO: CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
  • Autor:EDWIN GUZMÁN
  • Edición:234
  • Sección:Justicia
  • Fecha:Abril20-Mayo20
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2 comentarios

  • Enlace al ComentarioEdwin Guzmán MolinaMartes, 07 Mayo 2019 06:11publicado por Edwin Guzmán Molina

    Yasmin Ortiz no es irresponsable ni calumnia cuando el señor Disney Rolando Negrete Polo aparece en sentencia del Tribunal de Justicia y Paz que dice “no solo tuvo su propio grupo armado, sino que le entregó 3 personas al bloque Córdoba para que fueran asesinadas y luego arrojadas al río Sinú”. Y que en la megasentencia de mayo del 2015 contra el bloque Córdoba, liderado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el juez compulsó copias para que se investigue a más de 20 personas por “la financiación, colaboración, complicidad o apoyo al bloque Córdoba” donde aparece su representado. Entonces como verá este artículo se escribió en el 2017, si usted tiene evidencias que la investigación lo exonere con mucho gusto las puede hacer llegar. Feliz día

  • Enlace al ComentarioAbg. Yasmin OrtizJueves, 02 Mayo 2019 08:44publicado por Abg. Yasmin Ortiz

    Es irresponsable por decir lo menos, cuando en realidad es una calumnia por su parte escribir: "Otra joya es la que protagoniza Disney Rolando Negrete Polo, quien creó un grupo armado" cuando no hay una sentencia. Ni posee evidencia que lo respalde. Pues nunca ocurrió tal hecho.
    Cómo puede dar bases a una afirmación semejante sin mostrar las pruebas que así lo demuestre?
    Eso no puede más que señalarse como un chisme mal intensionado, por lo cual de manera amable solicito que se retracte publicamente y borre este texto. Pues atenta contra los derechos fundamentales del buen nombre y la honra de mi representado.

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