Viernes, 28 Abril 2017 17:25

Mocoa: hundida más que en lodo

Escrito por ANDREA ÁLVAREZ OME Y ALEJANDRA CORREA B. ENVIADAS ESPECIALES
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Mocoa: hundida más que en lodo

El desastre que vive Mocoa, más allá de la avalancha que afectó a su población el pasado 31 de marzo, es el producto de la histórica y desordenada colonización, de la deforestación resultado de la ganadería extensiva, de la explotación de los recursos naturales y de las condiciones socio-políticas de la ruralidad colombiana. Además, la falta de ejecución de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial y un Plan de Gestión del Riesgo refleja la inoperancia de las instituciones gubernamentales y corporaciones ambientales.

 

Jueves 30 de marzo: Mocoa, municipio capital del departamento del Putumayo, un pueblo más, sumido en el olvido y la indiferencia social del Estado centralista. Sábado 1 de abril: Los medios de comunicación inician su agenda matutina de noticias con la tragedia que casi borra del mapa a Mocoa y su población. Domingo 2 de abril: El Estado colombiano deja entrever su incapacidad económica ante el mundo –producto de la voraz corrupción que lo carcome– al solicitar donaciones para “restaurar” esta ciudad, arrasada por una conjunción creciente de aguas. Lunes 10 de abril: Los muertos son más de 300, los damnificados superan las 3.000 personas y los desaparecidos... no se sabe. Las y los mocoanos, por ahora, están bajo la lente de las cámaras y la especulación mediática fruto de la tragedia. Miércoles 12 de abril: Los miles que allí habitan, además de las pérdidas materiales y humanas, a pesar de la reiterada presencia de Juan Manuel Santos para ‘coordinar’ las operaciones de restauración de la ciudad, permanecen bajo la incertidumbre de lo que será su bienestar, meses después.

 

Mocoa y su población

 

Ante la angustia de lo arrasado por la avalancha se llevó y dejó a su paso, sus pobladores, en su mayoría, dedican las horas de cada día a averiguar por familiares o conocidos cercanos, a tratar de salvar algo de sus bienes, a reparar su vivienda –cuando algo de ella quedó en pie– o, con vista preocupada, a meditar sobre lo sucedido y el porvenir.

 

Son miles los sometidos a esta cotidianidad. Según un censo realizado el presente año, allí habitan 43.731 personas –80 mil según el decir de su alcalde en entrevistas radiales–, miles de los cuales son colonos, o población desplazada por el conflicto armado, pero también indígenas Inga y Cämentsá Biyá cuyos 10 mil integrantes viven dispersos por todo el departamento1.

 

Precisamente, ellos, los indígenas asentados en Mocoa fueron las más afectados por esta avalancha, al estar establecidas en la vereda San Antonio y el barrio San Agustín, lugares totalmente arrasados y sin posibilidades de ser habitados de nuevo, según lo afirmó en diálogo con desdeabajo el Taita Marino Peña (Ver recuadro...)

 

¿Desastre natural u ocasionado?

 

En entrevista con El País de Cali, Sorrel Aroca, gobernadora del Putumayo, explicó lo sucedido como “[...] un desastre que no podía ser previsto”, de ahí que para ella lo más grave de la situación sea soportar los señalamientos que buscan un culpable ante algo que fue un desastre natural.

 

Nada más alejado de la realidad. El Putumayo es un departamento empobrecido por la explotación de recursos que en nada han o muy poco han contribuido al bienestar de sus pobladores. En el caso de la capital, el desastre sirve cómo prueba de los intereses del Estado y la negligencia de la Gobernación y la Alcaldía ¿Por qué? Porque es evidente la falta de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial–Pbot2 efectivo que estudie e identifique el tema de la tierra, su uso y propiedad, así como el estado de los recursos hídricos, minerales y petrolíferos de la zona.

 

Para el caso de Mocoa, un municipio con alta población indígena, ésta no participa en la estructuración del Pbot, de manera que viven en territorios desintonizados de su cosmovisión. Además, no cuentan con un Plan de Gestión de Riesgos que dé cuenta de las condiciones meteorológicas e hidrológicas del municipio. Ante la carencia de estos dos planes, se asume como responsable de lo acontecido al Estado nacional, a la Gobernación del departamento, a la alcaldía de Mocoa y Corpoamazonia, instituciones que ante el riesgo inminente de crecientes y estancamiento de aguas no ejecutaron acciones preventivas, negligencia y falta de gobierno más evidente cuando existen diversidad de alertas tempranas, emitidas incluso desde el año 1989 y hasta el 2015, además de la realidad geográfica del municipio, de sus particularidades climatológicas y geográficas por estar ubicado en el piedemonte amazónico, todas las cuales ameritan acciones de prevención y control, que por lo menos, ante un hecho de tal magnitud como el acaecido no acabara con la vida de tantas personas.

 

Alertas tempranas

 

En 1993 fue creada la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –Corpoamazonia–, institución responsable de asesorar a los municipios de su jurisdicción en el proceso de planificación ambiental. Un apoyo fuerte para su acción radica en el Plan de Acción para la Gestión de la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus Efectos (Papaeme), básico para la gestión territorial en lo referente a las amenazas ambientales, generando mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión y cumplimiento de los planes. Dentro de las acciones de Corpoamazonia también está ejecutar los programas y actuaciones consignados en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (ver anexo tabla 1).

 

Lo que más llama la atención del caso de Mocoa, es que como ciudad de piedemonte amazónico, cuenta con diversos estudios que hablan de la inestabilidad climática y del subsuelo. Uno de estos, es el realizado por los investigadores de la Universidad Nacional Kim Robertson y Miguel A. Castiblanco Amenazas fluviales en el piedemonte amazónico colombiano, en el que abordan un análisis geomorfológico regional donde identificaron 3 factores o sucesos ambientales graves en la región: erupciones volcánicas, terremotos fuertes y lluvias torrenciales (ver mapa 1). Identifican que Mocoa es una de las ciudades que tiene precipitaciones que superan los 4.000 milímetros anuales, con altas probabilidades de precipitaciones extremas que pueden superar los 200 milímetros en 24 horas. ¿Dónde fue a parar este estudio?

 

En esta misma senda el profesor José Daniel Pabón Caicedo, meteorólogo y docente del departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, afirmó en entrevista con desdeabajo (ver recuadro), que el piedemonte amazónico y Mocoa cuentan con una serie de estudios, tal como se evidencia. Sin embargo, eso no es suficiente para prevenir, hay que ejecutarlos. Tener archivados los análisis y estudios, que en últimas pueden ofrecer un mejor bienestar a las poblaciones, es una evidencia de negligencia y desgobierno.

 

El Pbot de Mocoa

 

Ante el desconcierto de sus habitantes, tras la pérdida de familiares y amigos, de sus casas y locales comerciales derrumbados y averiados, las continuas preguntas de la comunidad son, ¿por qué sucedió todo esto? ¿por qué nadie avisó que podía ocurrir? ¿por qué no se tomaron medidas preventivas?

 

Según la gobernadora del Putumayo, el POT de Mocoa debe cambiar a partir de la tragedia. Pero, ¿En qué argumentos se basa para esta afirmación? ¿A qué se refiere exactamente? Esto es necesario preguntarlo pues en el –Pbot– vigente de Mocoa, elaborado en el año 2008 y con vencimiento en el 2019, se reconoce la permanente amenaza de deslizamientos sobre los cauces de los ríos que pueden ocasionar avenidas torrenciales, y recomienda manejar de manera adecuada los sistemas de alerta, así como también desestimular la construcción de viviendas sobre zonas de riesgos y la reubicación de las familias que viven allí.

 

El Plan es enfático en que las políticas para esta reubicación deben atender a la población “dando prioridad a las familias que se encuentran en alto riesgo por amenazas de inundación, deslizamientos, desbordamientos y otro tipo de riesgos. Atendiendo a las familias que se les debe construir obras de mitigación que eviten los riesgos ya mencionados y readecuación y restitución de las zonas que hayan sido desalojadas por las reubicaciones realizadas”.

 

También orienta al fortalecimiento del Comité local de atención y prevención de desastres, a la articulación con Corpoamazonia y la oficina de Prevención y atención de desastres de la Presidencia, para consolidar un equipo técnico que oriente al Comité local “[...] a fin de evitar al máximo el impacto sobre la población y la infraestructura del municipio a través de análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos”.

 

Ante esto, cabe preguntarse ¿Qué hicieron las administraciones de Mocoa y el Putumayo al respecto? ¿Qué acciones emprendió este Comité local para desarrollar las tareas que orientó desde hace casi una década el Pbot? ¿Por qué no se activó un sistema de alerta para evitar las pérdidas humanas y materiales arrojadas ahora por esta tragedia? La población de Mocoa exige justicia. La muerte de más de 300 personas, y un indeterminado número de desaparecidos no puede quedar impune; los responsables de esta tragedia tienen nombre y apellido. No fue un hecho fortuito, es una tragedia anunciada.

 

Es más. El Pbot reconoce la explotación de balastreras en los ríos Mocoa, Sangoyaco, y la quebrada Taruca, sin estudiar a profundidad su incidencia en la tragedia, pues esta actividad requiere remoción del suelo para extraer arena, arcilla y yeso, lo cual puede provocar gran cantidad de material de arrastre, pudo agravar lo sucedido en Mocoa, pues la avenida torrencial se caracterizó por la absurda cantidad de lodo y piedras de gran tamaño arrastradas por el caudal, las mismas que también ocasionaron numerosas muertes, así como la destrucción de casas de los más pobres de la ciudad.

 

Con el fin de revisar las zonas destinadas para la expansión urbana, suburbana y rural, y determinar la efectividad de las políticas de planeación territorial en Mocoa, el Plan menciona el tema, sin embargo, la información es muy confusa e incompleta, no están los mapas y planos que la complementan, expone los polígonos que delimitan las zonas pero no específica la metodología usada y, por tanto, no presenta un sistema de coordenadas geográficas para espacializar los puntos, información, en estas condiciones, imposible de entender por parte de los expertos y mucho menos por parte de la ciudadanía.

 

Está información bien explicada sobre el particular, de manera sencilla, clara y verificable, debe reposar en las páginas de internet de los entes territoriales para que la población colombiana, en general, haga uso de la misma.

 

El Plan tampoco presenta un análisis de la distribución de la tierra en el municipio, para poder así determinar las acciones por emprender con quienes están asentados en sitios de riesgo –reubicación en las zonas de expansión urbana autorizadas–, y el desarrollo social, productivo y ambiental de las zonas rurales. No es comprensible como puede ordenarse el territorio sin partir de reconocer la distribución de la tierra.

 

Por ello, ante los hechos comentados, debería aprovecharse para actualizar el Pbot del municipio y garantizar la debida reparación de las familias que lo perdieron todo durante la noche del último día de marzo y el amanecer del primer día de abril.


Desplazamiento y concentración de la tierra

 

Problemática que no es casual, pues en Colombia, con un modelo de desarrollo rural excluyente, la concentración de la tierra explica porqué la población más pobre y desplazada fue la que más sufrió con esta tragedia. Los barrios cercanos a los ríos fueron levantados por población que llegó a Mocoa principalmente por desplazamiento forzado. Según el Informe de Desarrollo Humano del Pnud 2011, el Putumayo es el segundo departamento con mayor despojo de tierras en Colombia. Solo en 10 años (1998-2008) Mocoa recibió 20.520 personas desplazadas.

 

Aunque la expansión urbana de la capital empieza en los años setenta del siglo pasado, es a principios de los años ochenta que la bonanza coquera3 incide en su crecimiento, evidente con la inversión en locales comerciales, viviendas, negocios –entre los años 1985-1993 la población de Mocoa creció el 70 por ciento–. El aumento de los conflictos en las zonas rurales (el asesinato de campesinos, colonos, dirigentes sociales, atribuidos al paramilitarismo y al Estado, así como a los enfrentamientos entre ejército y guerrilla) provoca el desplazamiento forzado, incrementándolo de la población rural hacia la ciudad. Desplazados que llegan a barrios como Las Américas, San Agustín, La independencia, El Progreso, La Esmeralda, todos ellos azotados por la avalancha la noche del 31 de marzo. Destrucción también vivida por la vereda San Antonio, donde todo el cabildo Musurunakuna quedó destruido y la comunidad no quiere volver al territorio.

 

Conflicto también alimentado por la fumigación aérea con glifosato, iniciada en el 2000, la que impacta no sólo los cultivos de coca sino en la selva, cultivos de pancoger, plantas medicinales, tanques piscícolas, generando problemas de salud, provocando miedo en cientos de colonos y con ello la salida hacia el casco urbano.

 

Por su parte, la expulsión de sus tierras de miles de campesinos e indígenas en el departamento explica los altos índices de concentración de la propiedad: para el año 2000 el 82,18 por ciento del área estaba en manos del 36,76 por ciento de propietarios y tan sólo el 17,81 del área estaba en manos del 63,23 por ciento de propietarios, en forma de microfundio, minifundio y pequeña propiedad. Pero en 2009 las cifras cambiaron, el 76,16 del área estaba en manos del 26,62 por ciento de propietarios y el 23,23 de la propiedad estaba en manos de 73,98 por ciento de propietarios. Como se ve, en nueve años aumentaron los propietarios de microfundios, minifundios y pequeña propiedad y disminuyeron los propietarios de la mediana y gran propiedad en el Putumayo (Ver gráfica 1)4.

 

El índice de Gini de tierras es alto en el departamento, 0.738 pero alcanza valores de 0.799 (más cercano a 0 indica equidad en distribución de la propiedad y más cercano a uno indica desigualdad) en municipios como Mocoa, Puerto Caicedo, Colón y Valle del Guamez (Ver mapa 2).


La evidencia de la alta concentración de la propiedad en Mocoa explica la única alternativa que tienen las familias y comunidades desplazadas: ocupar áreas cercanas a los ríos, zonas inundables y de riesgo, lugares de alto riesgo para sus viviendas y calidad de vida.

 

Es por ello que lo sucedido en Mocoa, una vez más, revive el debate sobre la necesidad, inaplazable, de la reforma agraria en Colombia, pues sin distribución equitativa de la propiedad de la tierra no será posible frenar este tipo de asentamientos humanos ni prevenir los riesgos.

 

Deforestación

 

Ante tanta tierra en tan pocas manos, miles de miles de campesinos e indígenas tienen que seguir buscando el preciado tesoro selva adentro. Tumbar monte es parte de su misión para sobrevivir, y el desastre para el país.


A esto también contribuyen otros actores, y no en menor medida. Sin duda una de las causas de la avalancha que afectó a Mocoa radica en la deforestación5. La contención de unos pocos árboles evitó que la tragedia fuera mucho mayor, pues contuvo la fuerza de las aguas, y con ello la caída de algunas casas, así como el paso de la avalancha por barrios enteros. Una deforestación fruto de la explotación petrolera, la apertura de vías, la minería, el comercio de madera, la expansión ganadera y coquera en la región.

 

Las cifras de deforestación son alarmantes: el Instituto Amazónico de Investigación Científicas –Sinchi– revela en un estudio que la pérdida de bosques en Putumayo durante los años 2007-2012 fue de 62.812 hectáreas, una tasa media anual de 12.562 hectáreas/año. En Mocoa se registra la pérdida de 596,38 hectáreas en ese mismo periodo y una tasa media anual de 119,28 hectáreas.


La variante San Francisco–Mocoa

 

Precisamente sobre este particular, uno de los conflictos territoriales que aporta con el desmonte de bosques es la construcción de la variante San Francisco-Mocoa (ver mapa 3), la cual pasa cerca a la quebrada Taruca, una de las zonas del desastre. Variante que hace parte del proyecto Iirsa –Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana–, la cual comunicará Belém do Pará en Brasil con Tumaco, con el fin de facilitar la salida de mercaderías de Brasil hacia el Pacífico. Reducir el tiempo del recorrido de 3 horas y media a 1 hora es parte del cometido. El trayecto está dividido en cinco tramos, dos de los cuales atraviesan la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Los indígenas Kamentsá e Inga se oponen a la carretera porque destruirá territorios ancestrales6.

 

El oro brilla, también otros metales preciosos

 

Los intereses estratégicos en esta región son muchos: primero fue el petróleo y ahora es la minería. La población sabe que existe exploración minera en el departamento, comentan que hay exploración de cobre y que puede haber intereses en abrir a la producción la que sería la segunda mina de cobre más grande del mundo.

 

A comienzos de este año la Agencia Nacional Minera emitió un informe sobre esta actividad en el departamento: existen allí 47 títulos mineros, 39 están en explotación, 1 en exploración y 7 en construcción y montaje; 38 son de materiales de construcción, 1 de oro y metales preciosos, 1 de oro, metales preciosos y materiales de construcción, 5 de oro, metales preciosos y otros minerales, y 2 de otros minerales. En Mocoa, Sibundoy y Puerto Leguízamo, se concentra la producción de oro y plata, y en Puerto Caicedo, Orito y Mocoa la producción de materiales de construcción. No menciona el informe las empresas que realizan estas actividades.

 

Sin embargo, el informe de 2014 sobre minería en Colombia realizado por la Contraloría General de la República, presenta conflictos mineros por oro en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, San Francisco, Puerto Guzmán, Orito. Conflictos por coltán en Puerto Asís y San Miguel y conflictos por oro, mármol, cobre y uranio en el municipio de San Francisco.

 

También menciona el conflicto ocasionado por el Proyecto La Vega–Mocoa (Cauca y Putumayo) de la Anglo Gold Ashanti para la explotación de oro, cobre y molibdeno, por las exploraciones realizadas por esta multinacional en la región, proyecto que no se encuentra en explotación.

 

Como quedó anotado antes, y como lo enfatizamos en este punto, la situación que hoy enfrenta el municipio no es un hecho fortuito, viene desde su fundación, agravada por la concentración de la tierra, la explotación de recursos naturales y las condiciones socio-políticas de la ruralidad colombiana.

 

1 Según el libro La ciudad-refugio. Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia, entre los años 1985 y 2009, en el país han sido desterradas alrededor de 4,9 millones de personas. De esa cifra, algunos miles, llegaron al departamento del Putumayo y su capital. A su vez, 9 departamentos, entre ellos Putumayo, eran expulsores de un aproximado de 97.973 –188.565 personas.
2 La ley 338 de 1997, definió tres tipos de Planes de Ordenamiento Territorial, se clasifican de acuerdo a la población que tenga el municipio. Mocoa, tiene un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot) porque tiene una población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Hay municipios que tienen menos de 30.000 y deben construir un Esquema de Ordenamiento Territorial (Eot), los municipios con más de 100.000 habitantes tienen un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) su población no supera los 100.000 habitantes.
3 Para el año 1999, Putumayo 57.297 hectáreas, en el 2000, 66.022 en 2001, 47.120 en 2002, 13.725 en 2003, 7.559; según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el 2014 eran 13.609 y para el 2015 sumaban 20.068 hectáreas.
4 El Igac explica que así pudo precisarse por la actualización catastral realizada en este periodo. Las cifras, alarmantes, resaltan el alto nivel de concentración de la propiedad, como de minifundización, lo cual es una constante en todo el país.
5 La economía del ahora departamento incorporó la ganadería a gran escala a partir del 1910, con la llegada de los misioneros capuchinos –quienes, tras los intentos fallidos de sus pares jesuitas y franciscanos, toman el control de los territorios y de las comunidades indígenas para su evangelización (léase sometimiento y control)–. Esta actividad, como es conocido, promueve la deforestación, razón principal de la avalancha ocurrida la noche del 31 de marzo.
6 Dicen estos pueblos que el equilibrio del territorio –para ellos sagrado– se verá afectado por la construcción de la vía, de ahí la aparición de desastres y otros sucesos, los cuales serán más recurrentes. Además de destruir la cultura indígena, por la transformación económica, ambiental y social que sufrirá la región, el miedo y la preocupación los embarga.

 

Bibliografía

 

Agencia Nacional de Minería. (2017). Caracterización de la actividad minera departamental. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/bullets_putumayo_23-01-2017.pdf
Contraloría General de la República. (2014). Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto.
Consejo municipal de Mocoa. (2008). Acuerdo 028 Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Consorcio Ambiental San Francisco–Mocoa. Disponible en: http://www.varianteinterventoria.com/descripcion.php#esquema
Igac. (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia.
Murcia, U., Rodríguez, J. M., Castellanos, H., Medina, R., Herrera, E y. Hernández, A. (2013). Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana, a escala 1:100.000. Cambios multitemporales en el período 2007 al 2012. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Bogotá, D.C
Observatorio para la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia. Disponible en: http://observatorioadpi.org/inga
Pnud. (2011). Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia Rural razones para la esperanza.
Robertson, K. y M. Castiblanco. (2011). Amenazas fluviales en el piedemonde amazónico colombiano. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v20n2/v20n2a10.pdf
Sánchez. L. (2012). La ciudad-refugio. Migración forzada y reconfiguración territorial urbana en Colombia. El caso de Mocoa.

 


 

Recuadro 1


En diálogo con desdeabajo el Taita Marino Peña, del cabildo Musurunakuna, manifestó que su comunidad fue víctima del desplazamiento forzado en el costado oriental de los Andes colombianos. Por esta razón, y por la negligencia del Estado que no se responsabilizó de su reubicación, llegaron a la vereda San Antonio de Mocoa, donde adquirieron, con recursos propios, un terreno para asentarse, cerca de la quebrada La Taruca. A la fecha, con su terruño arrasado, no tienen un lugar fijo y seguro dónde vivir, por lo que se albergan en la Asociación de Mujeres Indígenas (Asomi).

 


 

Recuadro 2


“En el caso de Mocoa, hay algunos aspectos que debemos considerar, del por qué ese conocimiento de los estudios y análisis no se incorporó en el Plan de Ordenamiento Territorial y en la gestión de riesgo; además, que hemos avanzado mucho a nivel mundial en Sistemas de Alerta Temprana. Lo que sucede es que las gobernaciones y las alcaldías compran estaciones automáticas de alertas tempranas, pero estos pronósticos no llegan a la gente. Hay que poner al tanto del estado ambiental de los territorios a las poblaciones y, claramente, ejecutar planes de evacuación y prevención del riesgo”.
Daniel Pabón Caicedo, meteorólogo y docente de la UNAL sede Bogotá.

 


 

Recuadro 3


La avalancha sume a la comunidad en la incertidumbre, pues temen que el Estado no cumpla con las reubicaciones de sus casas, que las entidades territoriales se embolsillen la plata y no se reconstruya el municipio, que las oportunidades de vida en este lugar se agoten y deban salir de la ciudad que tanto quieren. Pero también temen que no se tomen las acciones necesarias para establecer responsables en lo sucedido, y que todo quede en la impunidad.

 

A tal posibilidad los enfrenta el desgobierno que vive nuestro país, manifestación de lo cual es la corrupción que galopa a rienda suelta, las prioridades dadas al capital privado en todas las inversiones, la demagogia politiquera que pulula en todos los tiempos pero que en los electorales –los que ahora se avecinan– toma más cuerpo, tiempos que favorecen el accionar particular de los funcionarios públicos, entre ellos alcaldes, gobernadores, senadores y representantes a la Cámara. En esta constante del poder político y oligárquico en Colombia, la investigación por irregularidades en contratación y detrimento patrimonial que tuvo la gobernadora Sorrel Aroca no auguran un buen futuro para Mocoa.

Información adicional

  • Autor:ANDREA ÁLVAREZ OME Y ALEJANDRA CORREA B. ENVIADAS ESPECIALES
  • Edición:234
  • Sección:Región
  • Fecha:Abril20-Mayo20
Visto 1988 vecesModificado por última vez en Viernes, 28 Abril 2017 17:33

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