Sábado, 27 Mayo 2017 10:27

“En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”

Escrito por HÉCTOR ARENAS
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“En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”

Uno de los principales aspectos de la coyuntura que atravesamos hoy en Colombia radica en la concreción del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc. La manera como el Congreso de la República está desarrollando cada una de las leyes a que obliga el Acuerdo deja mucho que desear, tanto que “Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido”, afirma Alirio Uribe, Representante a la Cámara.

 

Llego a la Feria del Libro para entrevistar a Alirio Uribe Muñoz luego de un acto cultural al cual está convocado; al ingresar a Corferias procuro no sentir el malestar suscitado por un evento que se supone de libertad e intercambio de ideas y sueños –parte del espíritu de los libros aquí encadenados; Feria a la que es obligatorio pagar varios miles de pesos para poder ingresar y donde, además, lo cobrado para poder exhibir la oferta editorial obstaculiza la presencia de las editoriales que funcionan como iniciativas culturales y no como empresas comerciales.

 

Acudo rápido al salón donde debe estar Alirio, a la hora justa señalada en la invitación. Al llegar me encuentro con la novedad que ya no es ahí. Tomo el camino hacia el nuevo salón, el auditorio está lleno. Me sorprende porque el diseño del evento parece concebido para que no llegue nadie.

 

Escucho las palabras de Alirio. En su voz se revela el dolor por tantos jóvenes sacrificados en la larga y antigua batalla brindada en nuestro territorio por el derecho a vivir una vida digna. Sus palabras traen a mi pensamiento las diversas geografías del campo colombiano –Sumapaz, Fusagasuga, el Magdalena Medio–, donde Gaitán forjó el movimiento por la restauración moral y democrática de la república. Los años han pasado y la mentalidad que se niega a democratizar el país aún se mantiene. Ayer respondieron con el magnicidio al clamor de un pueblo por la tierra y por vida digna. Respondieron con la represión y el exterminio. Abrazaron como su soporte ideológico y bandera guía, el anticomunismo y la doctrina del enemigo interior instaurada por el gobierno de los Estados Unidos. Con estos pilares desataron, potenciaron y prologaron durante décadas una confrontación que terminó engendrando una tenaza internacional, la misma que aún se sirve del conflicto para lucrarse y para mantener un feroz control social.

 

Al finalizar el evento, buscamos un lugar donde tomar un café y poder conversar sobre lo que está aconteciendo con el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz.

 

Entre dilaciones y cambio de sentido

 

El Congreso de la República, me dice, tiene dos caras o tiene diferentes momentos: uno es el momento de la refrendación de los acuerdos, en el que hubo un apoyo total al proceso. Un 85 por ciento de sus integrantes respaldó los acuerdos. Pero otro es el actual, en el que la autonomía legislativa que debe comportar esta columna del poder liberal es utilizado por algunos sectores para seguir “renegociando” los acuerdos. Hay ejemplos que así permiten afirmarlo:

 

En el caso del Sistema de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición, quedó legalizado como Acto Legislativo Nº 01/17, con el cual se eleva a rango constitucional la Comisión de Verdad, la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas y todo lo concerniente a la Justicia Especial de Paz (JEP). Con base en ese acto legislativo el Presidente expidió los decretos leyes el 5 de abril de este año, que crean el comité de escogencia de los miembros del sistema de justicia y paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la comisión de la verdad, convivencia y no repetición.

 

¿Por qué los expiden como decretos legislativos? Porque el Congreso está en una actitud hostil al fast track, actitud adversa agudizada a pocos meses de su aprobación. Entonces, solamente lo que requiera reforma constitucional o leyes estatutarias pasará por este recinto. Y todo lo demás saldrá como decreto presidencial con fuerza de ley, pasando luego a revisión de la Corte Constitucional.

 

El problema con lo aprobado es que el ministerio de Defensa le metió redacción tratando siempre de eliminar la responsabilidad de mando de los militares, elevando su impunidad, para morigerar la responsabilidad de los empresarios y financiadores de la guerra. Y eso se notó en los temas incorporados por el ministerio de Defensa, manipulación de lo acordado que también se notó en los decretos reglamentarios que brindan la libertad a los militares; interés y énfasis que contrasta con las demoras para darle paso a lo ordenado por la ley de amnistía, con los indultos, con las salidas de los guerrilleros presos en las cárceles. (Ver recuadro, “El doble rasero”).

 

 

¿Qué falta por expedir y/o reglamentar en este tema del Acuerdo? Falta una ley estatutaria que es la que va a desarrollar la JEP. Esto es por Constitución, pues la justicia se reglamenta mediante leyes estatutarias; el Presidente no puede hacerlo de manera directa. Supongo que tendremos una ley estatutaria muy breve, que reglamenta la JEP, y después un decreto ley que reglamenta todo lo demás, lo fino, los detalles. Si tramitaran todo esto en el Congreso, vendría un nuevo recorte de lo acordado.

 

En este punto también tenemos varios temas que competen a las víctimas, que para su implementación requieren una reforma de la ley de víctimas, del marco legal vigente. El que también saldrá por decreto ley, para así evitar más recortes.

 

Para la oposición

 

Sucede similar con el Estatuto de oposición, que fue aprobado incorporando el noventa por ciento de las propuestas presentadas por los pequeños partidos. Pero la reforma política, de fondo, deja la incertidumbre, hasta ahora: ¿será aprobada? ¿En qué condiciones?

 

¿Por qué esta incertidumbre? Porque la Misión Electoral elaboró una propuesta muy buena, pero no hay ambiente en el Congreso para aprobarla. Se presentó una reforma al artículo 108 sobre adquisición progresiva de derechos políticos, y hay que reconocer que fuimos escuchados y que el articulado fue mejorado en la ponencia que está en debate. Se crean tres categorías de participación: ciudadanos, movimientos políticos y partidos políticos.

 

Todo parece ir bien, pero cabe la crítica al ítem de la participación ciudadana, la fundamental por promover, pero afectada por cargas que pretenden derrumbarla. Su propósito es que a partir del 2019 los movimientos ciudadanos no puedan poner candidatos presidenciales. Hoy pueden hacerlo. Un evidente retroceso. A partir del 2019 los ciudadanos solo pueden postular candidatos a nivel municipal y departamental. Si quieren hacerlo a nivel presidencial deben convertirse en un movimiento político. Deben tener aparato, afiliados, requisitos..., y si alcanzan el umbral del 3 por ciento o más, pues ya es un partido, con todos los derechos. La parte critica de esta concepción es que privilegia la representatividad por sobre la participación. La participación hoy se da con la organización ciudadana, pero la reforma privilegia el partido político.

 

Enfatizo. La reforma era tan buena que fue imposible. Afectaba a todos los poderes: al Consejo de Estado, a la Procuraduría, al poder electoral... Sustraía al Consejo de Estado las funciones electorales. El Consejo de Estado maneja las pérdidas de investidura y define si una sanción de estas se tramita en seis meses o en cuatro años. Si le quitas esa prerrogativa al Consejo de Estado le quitas poder político. El Procurador puede destituir funcionarios de elección popular. El Registrador Nacional, una persona puesta por los partidos políticos y por el jefe de Estado, define quién es el Presidente, los gobernadores, los 1.200 alcaldes, los 100 senadores, los 160 representantes. El Registrador es quien entrega las fichas y dice: mire, usted ganó. Es el que cuenta los votos, los anula, o los aprueba. La reforma que presentaron suprimía el Consejo Nacional Electoral.

 

Todas las minorías felicitamos a la Comisión que presentó la reforma. Y bueno, comenzamos a negociar. Propusimos aprobar al menos ciertas partes para que empezaran a funcionar, no ahora, sino para dentro de cuatro años. Dejar intacto el Consejo de Estado y aprobar la reforma de los aspectos más problemáticos. El Consejo de Estado organizó una jornada de examen de la reforma y propuso sustraer funciones del poder electoral y entregarlas al judicial.

 

Como minorías, laboramos con la idea de “abramos un poco la puerta”, porque si nos colocamos en la posición de todo o nada, no obtenemos nada. Avancemos un poco, y más adelante miramos cómo avanzamos más. Avanzamos, por ejemplo, en el tema de financiación estatal.

 

Seguimos, en esta lógica, a la expectativa de qué sucederá con la reforma política. Entregamos una carta al Presidente pidiendo los temas de transición para nosotros, como minorías: voto electrónico, coaliciones, umbral, financiación estatal de la campaña, mecanismos de transparencia, de censo electoral... La pregunta es: ¿se van a modificar, o no, los aparatos de poder que afectan la democracia?

 

Todo este proceso nos permite comprender la complejidad de adelantar un movimiento de democratización. Cada institución procura de modo inercial conservar y elevar sus poderes. Hay necesidad de avanzar paso a paso.

 

Marco legal para las Farc, y otros actores

 

En la reforma política también se avanzó con una reforma constitucional para darle paso a la reincorporación política de las Farc; esta es la norma que establece que como partido tendrá cinco senados y cinco cámaras por ocho años, precisando en detalle las reglas para la reincorporación.

 

También viene el proyecto de acto legislativo que crea las circunscripciones especiales territoriales de paz: las diez y seis curules Cámaras que corresponden a los territorios en los que la gente nunca ha tenido participación. Por ejemplo, Catatumbo es una zona especial, se vuelve una circunscripción de paz, se elige un Representante y no puede ser postulado por partidos políticos, sino que debe ser postulado por organizaciones sociales, gente que lleve viviendo, por lo menos, tres años en la región, gente que no haya participado en ningún partido tradicional. Esto ya está casi listo.

 

También está en preparación una ley sobre participación ciudadana, donde se diferencia el accionar de los movimientos sociales ya establecidos como tales, de los ocasionales, así como de la participación ciudadana en general, enfatizando sobre el respeto a la vida de los dirigentes sociales; también la financiación de estos actores, etcétera. Para elaborar esta propuesta se llevó a cabo una amplia consulta por todo el país.

 

Avanza, de igual manera, una reforma al artículo 108 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la adquisición progresiva de los derechos para los partidos políticos, lo que nos ha consumido una cantidad enorme de tiempo. ¿Cuál es la dificultad? Quieres hacer una reforma política democrática derivada de un acuerdo de paz, y debes lograr el consenso del gobierno, el de las Farc, y después debes acudir a un Congreso en el que las minorías políticas tienen el 10 por ciento y las mayorías el 90 restante.

 

A marchas forzadas

 

El tiempo que tenemos para que esto proceda es poco, ya que el 16 de junio vencen las facultades extraordinarias del Presidente para expedir decretos legislativos que desarrollen los acuerdos de paz. Como las cosas en el Congreso no están avanzando con la disciplina y con la celeridad requerida, me imagino que el Presidente sacará ochenta decretos a las diez de la noche de aquel día. Dudo que tales decretos sean consultados en el mecanismo de coordinación que tiene el Gobierno con las Farc, y más dudas de que sean consultados con las organizaciones ciudadanas que resultan afectadas en cada tema de los acuerdos. Entonces, en esos decretos puede salir de todo, bueno y malo, concertado e impuesto. Además, todo pasará a la Corte Constitucional para su revisión, y no será extraño que más de un decreto caiga.

 

Hay un antecedente que brinda pistas sobre lo que puede venir: La Corte Constitucional envió un mensaje resaltando que los desarrollos de los acuerdos deben ser vía Congreso, como vía principal, y excepcionalmente por medio de decretos. Esta decisión nos inquieta porque, por ejemplo, la traumática aprobación del paquete de medidas de la JEP exigió que muchos temas fueran desarrollados vía decreto presidencial. Y esto, entonces, estaría en riesgo. La consecuencia final, final, de todo esto, es que los acuerdos van quedando en el limbo en cuanto a su cumplimiento. Un riesgo real, del cual veremos en pocos meses sus consecuencias.

 

Así vamos. Después del 20 de junio quedamos a órdenes del Congreso, porque será el único órgano que podrá desarrollar los acuerdos durante el segundo semestre. Y tendría que ocuparse de todo lo que esté pendiente, de lo que la Corte eventualmente tumbase, y no veo ningún ánimo en este Congreso para hacerlo, y menos con las elecciones del 2018 en ciernes.

 

Una paz maltrecha. Nosotros continuamos participando y generando los espacios de participación, en tierras, victimas... pero las cosas realmente van muy lentas. En tierras lo que quiere hacer el gobierno es sacar adelante su agenda agroindustrial neoliberal. Su visión de Zidres, de derecho de superficie, su visión de ciervos de la gleba, con un campesinado proletarizado al servicio de las multinacionales. Desconocimiento de la economía campesina, indígena, afrocolombiana. Si el gobierno, con las corporaciones y los gremios detrás, quiere revivir una reforma rural regresiva vía fast track, las Farc la rechazará y nuestras bancadas tampoco la aprobarán. Quedaremos en la bancada del Centro Democrático: votando no. Hoy estamos defendiendo la ley 160.

 

Insisto: una paz maltrecha. Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido.

 


 

Recuadro 1


El doble rasero

 

Hasta los primeros días de mayo han salido más o menos 300 presos de las Farc, de un total de 1.500 que deben salir. Esta coyuntura política y jurídica la aprovechan miles de presos para solicitar su excarcelación, lo cual puede congestionar los juzgados destinados para este fin. Se estima en 10.000 las solicitudes que pueden estar actualmente en revisión, solicitudes de presos por porte ilegal de armas y similares. Como es obvio, al final solo se otorgan beneficios a quienes estén en las listas del Gobierno. Para completar, los Jueces de Ejecución de Penas aprovecharon la urgencia del Acuerdo y como tenían un pliego de peticiones viejo, hicieron como hacen las bancadas en el Congreso, usan su poder. Los jueces hicieron paro y pasó entonces otro mes sin tramitar los indultos.

 

Hay otro grupo de prisioneros de las Farc que no tienen indulto, sino excarcelación, porque van a ser juzgados en el marco de la Justicia Especial. A ellos habría que llevarlos con vigilancia a las zonas veredales, aún en construcción, y el Inpec dice que no tiene dinero para llevarlos, o que no tiene guardianes para colocarlos en el terreno para que los cuiden. Aparece el Estado como un elefante que no puede cumplir con lo fijado en el Acuerdo.

 

Esto contrasta con la celeridad del Ministerio de Defensa para sacar de la cárcel a 1.200 militares, sentándose con el Fiscal y con el Gobierno para que expida un decreto especial que permita que el Fiscal General dé la salida a los militares.

 


 

Recuadro 2

 

Entre la norma y la realidad

 

La intención de las Farc, antes del 2 de octubre, era que los acuerdos integraran la Constitución; como tal opción se perdió con el No, fueron redactadas normas de salvaguarda. Una de ellas, ya aprobada como reforma constitucional, consistió en señalar que los acuerdos fuesen el parámetro de implementación, de interpretación, de legislar, de emisión de fallos judiciales. Se redactó una norma constitucional de salvaguarda en el sentido de que todo lo que se haga para desarrollar los acuerdos debe hacerse respetando de buena fe el espíritu y el texto de los acuerdos. Esto parece procedente, pero lo que uno siente es que gobierno, gremios, corporaciones, no les interesa el desarrollo de los acuerdos. Sabemos también que así los acuerdos estuvieran en la Constitución, o así los desarrollos legislativos de los acuerdos fueran perfectos, fueran armónicos, una cosa es tener la ley y otra la realidad. Entonces, en términos políticos, la lucha continúa.

 


 

Recuadro 3

 

Mirando hacia el 2018

 

El proceso de unidad de las fuerzas sociales y políticas en favor de los acuerdos sigue avanzando. Para el Polo va mal, porque la salida de Clara –si bien debilita a unos y fortalece a otros– genera alguna confusión dentro de la sociedad sobre la vigencia de este partido.

 

Más allá de ello, en el mediano plazo, y de manera más amplia, se continúa pensando y trabajando en función de las convergencias. Y así se trabaja sobre la reforma política. Se habla con todos los sectores y personalidades de fuerzas afines, se busca candidata o candidato que venga de estos sectores, por ello se continúa hablando con Petro, Fajardo, Robledo, Claudia, Navarro, con la ASI, los Verdes, con Marcha Patriótica, con Maíz, la Unión Patriótica, con las Farc sobre reforma política, se acompaña el proceso con el Eln. Falta una decisión que diga: vamos a hacer algo conjunto. Pero hay un diálogo que puede ir por bloques más o menos afines, a lo cual ayuda el ejercicio de reforma política vivido durante más de seis meses, el cual generó un ambiente de confianza con los liderazgos que podrían caber en un proceso de unidad. Desde el punto de vista legal, lo importante acá es lograr un marco favorable tal, una reforma que rija a partir de 2018, con lo cual los diálogos tendientes a la unidad podrían agilizarse.

 

También hay que tener claro que los políticos decentes, que existen al interior de los partidos tradicionales, también padecen el sistema. El presidente del Partido Conservador, por ejemplo, se queja de que un Senado está costando entre cinco y diez mil millones de pesos. La política así, se ha convertido en un mercado.

 

Un ambiente crítico y de cambio que podemos aprovechar. Creo que para todas las izquierdas hay un escenario de oportunidad por la gran corrupción y desprestigio de los políticos tradicionales y de sus partidos, tanto de Uribe como de Santos.

Información adicional

  • Antetítulo:ALIRIO URIBE, REPRESENTANTE A LA CÁMARA
  • Autor:HÉCTOR ARENAS
  • Edición:235
  • Sección:Entrevista
  • Fecha:Mayo 20 - Junio 20
Visto 757 vecesModificado por última vez en Sábado, 27 Mayo 2017 11:42

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