Jueves, 20 Noviembre 2008 20:14

El Escuadrón que es necesario disolver

Escrito por Equipo desde abajo
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El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía Nacional, unidad especializada en ‘tratar’ asuntos de orden público, está en el ojo del huracán, cuestionado por su irrespeto continuo a los derechos humanos. Y no como simple reflejo de sus procedimientos al momento de desplegarse para neutralizar las protestas de los estudiantes. Así quedó establecido una vez más, por cuenta de sus técnicas, maniobras, acciones, silencios, complicidades, abusos, al ‘tratar’ las protestas de los pueblos indígenas el pasado octubre.

Para amedrentar


Los comentarios sobre los excesos del Esmad no son nuevos. Creado el 24 de febrero de 1999 como unidad especial de la Policía Nacional, desde entonces ha despertado pronunciamientos negativos sobre su razón de ser y sus procedimientos. Comentarios derivados, bien por el aparataje con que está revestido cada uniformado –del cual se puede desprender un descomunal poder ofensivo y no solo defensivo–; bien por la contundencia con que responden a cada manifestación o protesta, la cual culmina sin excepción con heridos, contusos, intoxicados por la desmedida cantidad de gases y bombas de estruendos disparados al ‘contener’ las protestas; bien por la mentalidad con que son formados sus integrantes, que al parecer no ven sino enemigos al frente, lo cual los lleva a denotar odio en sus procedimientos contra quienes proceden.


¿Mentalidad antipopular?


El sector social que más ha padecido los excesos de este aparato violento del Estado son los jóvenes, en particular los estudiantes. Por los procedimientos desmedidos de sus unidades, han caído asesinados Nicolás Neira, en plena manifestación del 1º de mayo de 2005; Johny Silva, en protestas adelantadas en la Universidad del Valle el 22 de septiembre de 2005, y Óscar Salas, estudiante de la Universidad Distrital, muerto en los predios de la Universidad Nacional y quien perdió su vida a manos de estas unidades el 8 de marzo de 2006. Un analista desprevenido podría decir, quizá, que los miembros del Esmad son escogidos entre gente conservadora y resentida, fustigados y presionados por sus mandos antes de cada operación callejera, para que se desfoguen con los ‘enemigos del país’ y así se reequilibren emocionalmente.

Luego de los operativos contra los estudiantes, los heridos son innumerables, pero precisan en los centros administrativos de las universidades que los estudiantes prefieren ser atendidos en centros médicos privados, a quedar registrados en las unidades de salud oficiales. No es guapura ni capricho sino miedo. Los estudiantes temen ser judicializados.

Cuerpo ilegal. Pues, bien, aunque parezca increíble, sólo a partir del asesinato del joven Nicolás Neira la Dirección de la Policía Nacional se preocupó por expedir una norma, la 0255, con la cual legaliza la existencia de este escuadrón. Pero incluso, hasta octubre de 2008, se desconoce el Manual de Funciones, que establece y delimita sus procedimientos. Es decir, cada uno de sus integrantes actúa de acuerdo a como le corra su adrenalina por el cuerpo.

Rabia y odio sin límite utilizado por el capital privado al poner a su servicio este cuerpo policivo que fundado para el control de protestas callejeras, pero usado también en operativos de desalojo de deudores del sistema financiero, como quedó establecido en los desalojados de las Upac o las UVR, operativos donde esa fuerza –protegida y al servicio del Estado y sus controladores-– termina lesionando a jóvenes y adultos que defienden su vivienda.

 


Odio racista


“Nosotros a ustedes los queremos muertos. Este país va a salir adelante cuando todos ustedes estén muertos”. La amenaza proviene de un miembro del Esmad y fue proferida contra los indígenas el pasado 15 de octubre en el Cauca, en plena Minga por la Resistencia. La amenaza quedó grabada en un video que registra el nivel de violencia que utiliza el Esmad contra el pueblo movilizado en demanda de sus derechos. De acuerdo con numerosos testimonios, estas palabras y acciones de la fuerza pública no son casuales. No. Es la forma tradicional como son tratados los indígenas por este cuerpo de seguridad estatal.

Confirmación de violencia y racismo. Los indígenas, más que cualquier otro sector del pueblo colombiano, han sentido al Esmad en todo su rigor y poder. No sólo en las manifestaciones de octubre pasado; también en años anteriores, en los desalojos de las haciendas La Emperatriz y El Japio, donde los muertos y contusos de todo tipo son numerosos. Así lo evidencia el caso de Belisario Camayo Guetoto, asesinado el 10 de noviembre de 2005 con tiro de fusil en la hacienda El Japio, al igual que Lorenzo Largo Dagua, gravemente lesionado el 29 de noviembre de 2007 por tiros de fusil en La Emperatriz. Lorenzo, a pesar de 16 días de hospitalización, no pudo reponerse de las heridas que le ocasionaron los disparos de este cuerpo policial.

Pero también decenas de heridos causados por el Esmad, bien por tiros de armas de fuego convencionales, bien por tiros de munición recalzada con balines, tuercas, pedazos de alambre, como lo muestran los indígenas en sus videos, pero sobre todo en sus humanidades. Producto de este proceder, pero también de garroteadas o macheteadas, cargan en su cuerpo las heridas no menos de 100 indígenas. La cifra se multiplicó en los desalojos de hace dos años en el resguardo La María, de Piendamó, cuando el Esmad, en unión con el Ejército, penetró en las instalaciones indígenas construidas en ese resguardo y destruyó todo lo que encontró a su paso, además de herir a decenas de los naturales de esa región.


Este procedimiento se repitió con alevosía en los días 14 y 15 de octubre pasado, cuando las acciones del Esmad arrojaron un muerto y 150 heridos, siete de ellos con pérdida de órganos vitales como la vista, 17 heridos por efecto del disparo de cápsulas recalzadas y 21 por golpes de machete. No sólo allí; también en el municipio de Villarica, cuando su intervención produjo la muerte de Jesús Antonio Nene y Elver Brito, además de cinco heridos por disparos de armas convencionales. Heridos que se multiplican. En esas mismas fechas fueron lesionados 26 indígenas en otras acciones de protesta en el Valle del Cauca, y 14 en el departamento de Risaralda.

Violencia, rabia, racismo, odio, que tienen un límite. Por ello las comunidades indígenas, los estudiantes, los defensores de los derechos humanos, además de otros sectores sociales, demandan que este cuerpo policivo, con capacidad de contención y destrucción más allá de lo proyectado por los manuales de control social, sea desmontado. Llegó la hora y el clamor crece. El derecho a la protesta social no se puede tratar como un asunto de guerra.
Visto 8206 vecesModificado por última vez en Viernes, 21 Noviembre 2008 09:56

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