Lunes, 25 Junio 2018 10:30

Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

Escrito por ALEXANDRA X. GÓMEZ.
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Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

El programa de sustitución de cultivos ilícitos avanza con dificultades en Puerto Asís-Putumayo, el tercer municipio en Colombia con áreas de coca cultivada. La presión de grupos armados ilegales, además de las amenazas a líderes comunales, el proyecto de ley para el tratamiento penal de los pequeños cultivadores, la erradicación forzosa anunciada por el Gobierno y otros factores ponen en vilo la eficaz implementación de la sustitución.

 

Puerto Asís, con 7.453 hectáreas de coca cultivada, es el municipio que más coca sembrada tiene en todo el Putumayo, según lo reporta el último censo de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado en julio de 2017. La oficina contra la Droga y el Delito señala que “el centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo”, y siguen consolidándose los núcleos de cultivos de coca asociados a zonas de frontera.

 

Puerto Vega, a tan sólo unos minutos del casco urbano de Puerto Asís, tiene conexiones al sur, por el río Putumayo, con Puerto Leguízamo –con salida al Perú, y en el suroccidente hacia el Ecuador por el rio San Miguel.

 

En Puerto Vega, al atravesar el río Putumayo del lado de Puerto Asís hacia el otro costado, hay un tramo por tierra que lleva al Ecuador. A 30 minutos por carretera, aproximadamente, se llega a la vereda La Pradera donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc. En esta zona el censo indica que “tiene la mayor presencia de coca en la región; a menos de 5 km se pasó de 251ha en 2015 a 385ha” registro del 2016 que puede variar porque es uno de los territorios donde inició la erradicación voluntaria.

 

Por este mismo corredor vial, a una hora de Puerto Asís, en la vereda Teteyé según la cuenta de twitter de la Sexta División del Ejército, el 20 de mayo el Batallón de Artillería N° 27 incautó 290 kilos de clorhidrato de cocaína que le asignan de propiedad a la disidencia de las Farc.

 

Los límites fronterizos de Puerto Asís, están convertidos en un territorio en disputa por los actores armados ilegales, como corredores para el tráfico de cocaína; en esa zona los campesinos sufren presión de parte de los armados para que desistan del Programa de sustitución.

 

Por ejemplo, una de las carreteras destapadas construidas por la empresa británica Amerisur Resources, a la cual le adjudicaron el bloque petrolero “Platanillo” que extrae de Colombia al Ecuador crudo con salida al Pacífico, allí “la Policía anda haciendo retenes y no dejando pasar nada de químicos para blanquear la coca, eso pone las cosas difíciles pero también con el tiempo los “duros” comienzan a negociar con ellos”, cuenta un mototaxista que transita recurrentemente por dicho tramo.

 

“Antes del Proceso de paz la cocaína estaba barata: a 1.300 el gramo (la primera etapa) y procesada (la base) hasta 1.200.000 o 2.100.000 un kilo, ahora está a 1.700.000 y 2.600.000 (…). Una tonelada de hoja de coca está valiendo 25.000 pesos”, menciona un habitante de Puerto Asís. Resulta ser “una puja entre los gobiernos, productores y narcotraficantes, en ultimas somos los campesinos los que estamos en medio”, considera Luis Olmedo, integrante de la Asociación Campesina Ascadis.

 

Un acuerdo a medias

 

Con el punto 4.1. del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), el cual es un componente de la Reforma Rural Integral y que contempla la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda).

 

Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo enfatiza en “la desarticulación entre la formulación de los Pisda y los planes de desarrollo territorial”, que apunta de nuevo hacia un programa de sustitución sin transformaciones reales.

 

A marzo del 2018, un comunicado de la Alta Consejería para el Posconflicto reporta que en Putumayo “a la fecha están suscritos los acuerdos de sustitución con 11.385 familias, de las cuales 6.779 son cultivadores, 3.614 no cultivadores y 792 son recolectores”. Ha transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz, fuentes consultadas en Puerto Asís mencionan que el Programa avanza en la fase de vinculación, suscripción de acuerdos colectivos e individuales para iniciar el Plan de Atención Inmediata donde las familias recibirán el pago de un millón de pesos mensuales, mientras inicia un proyecto productivo. “El programa avanza lento, con mucha desconfianza de parte y parte, todos hemos manifestado nuestra voluntad” asegura Olmedo.

 

La hoja de coca y sus derivados ilícitos regulan la economía de Puerto Asís: “aquí, por lo menos cuando el precio de la coca baja, se pone malo hasta para los taxistas, los que venden comidita ahí en la calle… todo es como una cadena”, cuenta Jani Silva integrante de la Zona de Reserva Campesina ZRC de la Perla Amazónica, ubicada en Putumayo.

 

El 18 de febrero de 2017, después de dos años de negociaciones entre el gobierno nacional, la Mesa regional de organizaciones sociales y autoridades regionales, se avanzó en la construcción conjunta de un Plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo y se firmó un preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del Programa.

 

El actual Programa es otro intento de los campesinos por la sustitución, el Plan Colombia, el programa “Raíz por raíz”, familias guardabosques, han dejado experiencias amargas: “aquí han llegado proyectos de escritorio, muchos dicen metansen con esto que es ¡buenísimo! y está garantizado el comercio. Primero fue la cúrcuma, luego el palmito, el açai, la pimienta, el sacha inchi, cacao… No se trata de sólo reemplazar un cultivo, todo el tema se va en la comercialización y en el transporte, algunos les toca por trocha o río para sacar su cosecha. Que nos den semillas es fácil, que nos pongan la carretera o el bote quién sabe”, reflexiona Jani.

 

Otro de los retos de la sustitución en Puerto Asís obedece a las características propias de la tierra, que implica pensar en cultivos rotativos y biodiversos, que en las prácticas de cultivo de la hoja de coca ha sido todo lo contrario: monocultivo de una planta que logra adaptarse a una capa de materia orgánica que llega como máximo a 20 cms de profundidad y luego aparecen las areniscas que constituyen un terreno poco fértil. “Con el boom del cacao, mientras la primera cosecha bien, pero de ahí en adelante la raíz coge esa greda y ya el cacao se apesta!, relata Jani.

 

Entre menos coca sembrada es delito

 

Con el numeral 4 del Acuerdo de Paz el Gobierno expresa su compromiso de tramitar los ajustes normativos para renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores, y el Decreto por el cual se crea el Pnis define el tratamiento penal diferencial que se reglamentará “a la legislación que se expida sobre la materia en desarrollo del Acuerdo Final”; es por ello que el 20 de marzo pasado el Ministerio de Justicia radicó una nueva versión de la ley.

 

En el borrador para la discusión contempla que quienes tengan cultivos de 1.8 hectáreas de coca y derivados podrán ser judicializados; la primera versión mencionaba hasta 3.8 hectáreas, “Al parecer esto se le salió de las manos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, que se supone debería presentar el proyecto de ley; desde quienes participamos del Programa se habían construido unos acuerdos”, expresa Anzueta.

 

Para muchos campesinos esto genera desconfianza en el Programa, porque firmaron los pactos colectivos de sustitución sin la reglamentación clara al respecto. “Al entrar al programa ellos dan una información, pero con ésta ahora podrían ser perjudicados”, advierte Anzueta.
“La cifra de 1.8 es preocupante. Hay personas que tienen más de esa cantidad, con la que sustentan a varias familias, uno no puede decir que esa persona que tenga más de las 6 hectáreas es rica ¡no! Tendrán la comodidad de tener un motor, una casita mejor, tener dos hijos estudiando afuera del pueblo. Esas serán las diferencias económicas que existan entre el que tiene una hectárea al que tiene más”, señala Jani.

 

Erradicación forzada

 

Cabe recordar que para el año 2016 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que militares de la Brigada 27 de Selva, que cuidaban la plataforma 9 de la petrolera Amerisur, “erradicaron forzosamente dos hectáreas de cultivos de coca en la ZRC, sin mediar palabra”, mientras se avanzaba en la concertación entre el Gobierno y los campesinos sobre el plan de sustitución voluntaria. El 3 de enero de 2018 militares ingresaron de manera irregular al caserío Comandante-Puerto Asís para erradicación forzada cuando aún en el municipio no se ha notificado esta acción.

 

En marzo, con la publicación del reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a insinuarse en la opinión pública que el Putumayo sería priorizado para la erradicación forzada. Aunque operaciones de éstas no se han generado en los últimos meses, en Puerto Asís crece la incertidumbre entre los campesinos. “Nuestra gente ha considerado que el programa deber ser manual, gradual y concertado y siempre ha manifestado su intención de sustitución pero por un cultivo que sea sostenible y que en realidad cubra las necesidades básicas que tienen las familias”, precisa Jani.

 

Se le suma a esto también la duda sobre los resultados operacionales de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en cuanto al decomiso de cocaína: “la gente en sus casas hacen un proceso de mínima transformación, la hoja la convierten en pasta base –eso no es un secreto para nadie– el Gobierno ha querido mostrar esto como los grandes hallazgos de laboratorios, pero eso no son los grandes laboratorios […] es el afán de mostrar algunos resultados”, afirma Anzueta.

 

El acuerdo regional pone en riesgo a los líderes

 

El Acuerdo regional para la implementación del Pnis, estableció que fueran los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes, mediante asambleas, socializaran las acciones del Programa, y para la preinscripción de los beneficiarios sean quienes registraran el número de hectáreas sembradas por familia. En una rueda de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señaló que esto ha causado que “muchos líderes comunitarios estén amenazados y hostigados”, lo cual no es extraño pues estamos “En un departamento donde confluyen tanto grupos paramilitares como grupos residuales pos desmovilización de las Farc, y hace poco recibimos denuncias de presencia del ELN”, menciona un representante de la Coccam.

 

Tras las amenazas a líderes campesinos de la ZRC, la Comisión Intereclesial menciona en un informe de abril que “al interior de los territorios apareció un grupo armado que se identifica como Frente 1 de las Farc y está ofreciendo 2 millones de pesos por vinculación”.

 

En diciembre del año pasado el Ministro del Interior llevó a cabo una reunión con líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria y defensores de derechos humanos, para adelantar medidas de protección, las mismas que “no han sido atendidas”, afirma Anzueta.

 

Pese a que la Procuraduría, a través de la directiva 002 de 2017, indica priorizar las medidas de seguridad y protección de los defensores, en relación a los homicidios ocurridos en su contra, “desafortunadamente en el tema investigativo no se han dado resultados. Hay investigaciones abiertas pero no tenemos mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales,aunque se señala algunos autores materiales, esto sigue en la impunidad”, afirma un dirigente de la Coccam.

 

Las demoras en la implementación del Pnis desarticulado de un desarrollo rural integral en marcha, es repetir en el municipio la ejecución de un programa asistencial más. Por otro lado, las disputas territoriales de los grupos armados que vienen ejerciendo hostigamiento a líderes comunales y campesinos para que sigan en la siembra de hoja de coca, genera que este nuevo intento por la sustitución fracase y el conflicto armado se intensifique en la región por la posición geoestratégica para el narcotráfico.

 


 

Recuadro


La sustitución en vilo


Hace más de un año, buscando estrategias que tranquilizaran al gobierno estadounidense, Juan Manuel Santos trazó una meta para la disminución de los cultivos de coca en el país; 50.000 hectáreas iban a ser erradicadas forzosamente por la fuerza pública, mientras que otras 50.000 serían sustituidas voluntariamente a través de la vinculación de las familias productoras y recolectoras de hoja de coca al Programa Nacional Integral de Sustitución – Pnis. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, declaró que la meta de sustitución no sería cumplida debido a dificultades en materia de seguridad y acceso a ciertas zonas del país.

 

Este incumplimiento no es ni la única, ni la mayor problemática que existe alrededor del Pnis, programa que surge con el punto 4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. La implementación de la sustitución, que al comienzo sonaba esperanzadora para aquellas familias que por años se dedicaron a cultivar y trabajar la coca debido al progresivo abandono estatal, es ahora una ilusión que se ve cada vez más lejana y se conjuga con el encarecimiento de la vida en las zonas cocaleras y la amenaza latente a la integridad de los líderes que impulsan la sustitución.

 

Pese a ello, hay que reconocer la importancia de la creación de un programa de sustitución en Colombia, ya que la política antidrogas que se viene aplicando en el país es hija de la guerra contra las drogas que nació en los Estados Unidos a finales de la década de los sesentas durante el gobierno de Richard Nixon, la cual desde su origen se enfocó en la criminalización de la producción y el consumo. Es por esto que el Punto 4 del acuerdo de paz resulta tan innovador, pues reconoce la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: cultivadores y consumidores, y le apuesta a un trato diferencial para atacar de forma integral este flagelo.

 

No obstante, a pesar de este avance y de la voluntad de sustituir que han demostrado reiterativamente los cultivadores y trabajadores de la coca, el gobierno no renuncia a la estrategia militar de lucha contra las drogas y anuncia, entre otras cosas, futuras fumigaciones con drones, incremento de las erradicaciones manuales y la posibilidad de que regrese la fumigación aérea. A todo esto se suman las dificultades que ha tenido la institucionalidad para hacer presencia en los territorios en donde se siembra coca, que van desde inconvenientes en el acceso a las zonas, graves situaciones de orden público, hasta serios problemas de articulación institucional que han desembocado en una sensación generalizada de incertidumbre entre las familias que trabajan la mata.

 

En la ruta de implementación del Pnis se establece que después de firmado el acuerdo colectivo de sustitución, cada familia se inscribe individualmente al programa e inmediatamente empieza a recibir un subsidio de un millón de pesos mensuales durante un año, que está condicionado a la erradicación de la totalidad del cultivo y va de la mano de la implementación del Plan de Atención Inmediata y la Asistencia Técnica Integral, que buscan cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades. Los datos que presenta la Fundación Ideas para la Paz en su informe trimestral “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”, denotan que este proceso no está funcionando de la manera esperada.

 

Si bien el Pnis ha logrado acuerdos colectivos en 90 municipios, que incluyen un total de 123.225 familias, solo en 43 municipios se han firmado acuerdos individuales, es decir, hay 62.181 familias que poseen un total de 22.025 hectáreas de coca comprometidas con la sustitución. Sin embargo, solo 32.010 familias han recibido el primer pago del millón de pesos, 7.009 familias cuentan con asistencia técnica y nada más en 9 municipios se está empezando a formular el Plan de Atención Inmediata; cabe entonces preguntarse ¿qué está pasando con el resto de familias? Todo esto pareciera indicar que el afán de la Agencia Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es comprometer a los cultivadores y trabajadores de la mata de coca con el programa, antes de garantizar el cumplimiento de los componentes que garantizarían la reconversión económica hacia actividades legales.

 

Pero si el problema fuera solamente que el gobierno no cumple lo que firma no sería tan grave la situación. Hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo anunció que son los líderes que impulsan la sustitución quienes más amenazados se encuentran, y esto es algo que debe alertar a la sociedad en general, pues desde la firma de los acuerdos con las Farc han asesinado impunemente más de 200 líderes y lideresas sociales, y el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo para todas aquellas personas que desde sus territorios trabajan para darle vida a la sustitución.

Información adicional

  • Autor:ALEXANDRA X. GÓMEZ.
  • Edición:247
  • Sección:Territorio
  • Fecha:20 junio-20 julio 2018
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