Viernes, 27 Julio 2018 17:55

Entre muertos y desaparecidos

Escrito por EDWIN GUZMÁN
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Entre muertos y desaparecidos

Desde 2007 hasta la fecha han exhumado en el país 8.969 cuerpos en fosas oficiales y clandestinas. Estos restos humanos siguen anónimos porque los procesos de identificación y entrega a familiares reportan mínimas proporciones 5,8 por ciento y 1,4 respectivamente. La falta de coordinación institucional es constante a toda escala, así lo evidencia el informe presentado a comienzos de julio por una coalición de organizaciones y congresistas.

 

El pasado 8 de julio, el senador Iván Cepeda y el representante Alirio Uribe, en Audiencia Pública “La paz se construye con hechos: entrega digna de personas no identificadas” presentaron un diagnóstico sobre la situación de personas inhumadas no identificadas en cementerios y entierros clandestinos en Colombia. La elaboración del informe fue posible gracias a la coordinación de las Unidades del Trabajo Legislativo de estos congresistas, Cinep, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Claretiana Norman Pérez Bella, Corporación Vida-Paz, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Atención Psicosocial –Equitas, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice.

 

El informe, con el equívoco nombre “Resultados de la implementación de las medidas inmediatas humanitarias y la situación actual de los cementerios municipales”, indicaría la falta de claridad en política pública para la intervención de entidades en el manejo de los cementerios. Aunque menciona estas dificultades como parte del problema, no es su principal interés. Tiene mayor razón desde la necesidad conjunta expresada por Gobierno y Farc en La Habana, con el comunicado conjunto N° 62, para la búsqueda de desaparecidos por el conflicto y la creación de una unidad especial para ello. Sin unidad institucional, la responsabilidad de identificación de personas recae en la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la tarea de localización, identificación y entrega de cuerpos o restos oseós a familiares.

 

Este documento se elaboró con los insumos recibidos del conjunto de derechos de petición oficiados a todas las alcaldías municipales sobre cifras de cuerpos no identificados. Como es recurrente en nuestro país, no todas respondieron, de las 853 respuestas recibidas la mitad incluía una cifra de cuerpos inhumados. Otras excusaban desconocer cifras o no estar a cargo de los campos sacros.

 

 El llano en llamas

 

Existen 2.292 personas inhumadas como no identificadas en tan sólo cinco cementerios: Villavicencio, Vistahermosa, La Macarena, Granada y San José del Guaviare. En la sola capital llanera reposan 593 cuerpos. Por su parte, el Ministerios de Interior señala que el reporte de los cuerpos en Villavicencio asciende a 679, y en el cementerio de Granada hay otros 609 más. La Fiscalía, en respuesta sobre labores desarrolladas junto con el CTI y la Dijin, dice que han logrado identificar 899 cuerpos y sólo 186 restos han sido entregados a familiares. Por su parte Medicina Legal dice trabajar articuladamente y establece que el porcentaje de identificación de las exhumaciones llega apenas al 5.8 por ciento y el 1.4 en cuerpos entregados a familiares.

 

Entre la lista de anónimos, están los reportados por el Ejército Nacional como guerrilleros dados de baja en combate. Así lo demuestran las 1.421 actas de levantamiento de cadáver. Otras cifras señalan que el número de exhumación asciende a más de 2.304 casos, de los cuales, por reportes de las cinco unidades militares de combate del Meta indican 1.674 muertos en combate.

 

Que coordinen

 

Los convocantes instan tanto a Fiscalía como a Medicina Legal, a realizar un informe conjunto sobre su intervención en las exhumaciones. El reporte de cifras diferentes entre estas dos instituciones evidencia el alto nivel de descoordinación que mantienen en su labor de exhumación. En el mejor de los casos se presentaría una duplicidad de esfuerzos, pero se teme que ayude a la impunidad de violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de Estado. A nivel nacional los cuerpos identificados por Medicina Legal representan solo el 1 por ciento del total de cementerios reportados, evidencia clara del enorme retraso del propósito, con el agravante de tener la custodia de los cuerpos por varios años.

 

Por su parte, el Ministerio del Interior reportó un proyecto con el nombre de “Búsqueda de personas no identificadas en cementerios”, con una asignación de 9 mil millones de pesos. En respuesta al derecho de petición interpuesto utiliza cifras parciales y datos incompletos, para terminar justificándose, diciendo que el proyecto se circunscribe únicamente al diagnóstico de cementerios. Semejante respuesta, para toda una entidad ministerial. Y aún así también evidencia la ausencia de una política pública en cementerios para la custodia de cuerpos inhumados, no identificados o sin reclamar.

 

Los medios oficiosos de comunicación, con su escaza sensibilidad social y acrítica, contribuyen al olvido de los líderes sociales asesinados, de los muertos sin nombre, de los desparecidos. En este caso, las preguntas por los no identificados, pueden tener respuestas en los desaparecidos por efecto del conflicto. Cada caso de estos, que afecta por la ausencia de la persona, irradia en su familia el dolor y la angustia por la pérdida del ser querido y por su deseado retorno, proyectando intimidación en los procesos organizativos donde participaban, a la par que ocasiona miedo generalizado, y posible terror, en el sector social al que estaban vinculados.

 

Todas estas son las consecuencias que dejan los desaparecidos en cuerpos sin identificar. Todas estas son las consecuencias de una ola de violencia que no cesa y que el Estado ampara, o por lo menos demuestra su incapacidad para contener.

 


 

Recuadro

 

Unidad de víctimas cuestionada por la Contraloría

 

Al parecer, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (Uariv) ahora también es cuestionada por la propia Contraloría, por el hallazgo de irregularidades en el manejo de recursos que generaron un pasivo financiero de 1.5 billones de pesos. Entre los hechos están entregas de proyectos productivos por $2.000 millones sin resultados, indemnización a supuestas víctimas con documentos falsos, que favorecieron 90 pagos por 72 millones, y otras 95 indemnizaciones a personas muertas por 1.500 millones de pesos. Su directora, Yolanda Pinto –viuda de Guillermo Gaviria Correa, exgobernador de Antioquia asesinado en el 2003 por la Farc– se ha limitado a entregar un escueto comunicado y señalar que escaló las denuncias a las autoridades competentes. Entorno a los proyectos productivos, pueden tomar 20 años para obtener resultados, sin embargo tomará nota para hacer los correctivos.

 

Cuadro

 

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Información adicional

  • Antetítulo:CUERPOS EXHUMADOS Y PROCESOS DE IDENTIFICACIÓNEDWIN GUZMÁN
  • Autor:EDWIN GUZMÁN
  • Edición:248
  • Sección:Memoria
  • Fecha:Julio 18-Agosto 18/2018
Visto 128 vecesModificado por última vez en Sábado, 28 Julio 2018 15:55

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