Sábado, 28 Julio 2018 08:49

Bonett, otro militar que muere en total impunidad

Escrito por DIEGO FAJARDO CELY
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Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Información adicional

  • Autor:DIEGO FAJARDO CELY
  • Edición:248
  • Sección:Derechos Humanos
  • Fecha:Julio 18-Agosto 18/2018
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