Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:15

Otra peñalosada: ahora contra la infancia y la alimentación

Escrito por Edwin Guzman
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Otra peñalosada: ahora contra la infancia y la alimentación

Como el cangrejo. En Bogotá operan en la actualidad 124 comedores comunitarios que benefician a cerca de 35.700 personas, una cifra que ha disminuido entre los años 2016 y 2018 en un 17.24 por ciento, según lo reconoce la Personería. Los jardines y casas vecinales también presentan retroceso. La administración, con excusas, señala la presente como una coyuntura traumática, sin dejar de excusarase en la supuesta intensión oscura que prevalece en los procesos de contratación. ¿A qué juegan las instituciones y qué esperan las comunidades?

 

En Bogotá, desde el comienzo de la administración Peñalosa disminuyó la atención de jardines y comedores a los sectores populares. En efecto, entre marzo de 2017 y junio de 2018 se dejaron de entregar cerca de medio millón de raciones de alimentos a personas de escasos recursos. Así lo confirmó Carmen Teresa Castañeda, personera distrital. Realidad que confirma, una vez más, que una cosa es la campaña electoral y otra el gobierno.

 

Es una decisión con continuidad. Entre los meses de junio y julio de 2018 sólo estaban operando el 23.6 por ciento de todos los comedores de la ciudad, pues en estos meses fueron cerrados 90 de estos, dejando sin atención a 28.000 personas. Otra “decisión técnica” de Kike que por incompetencia dejó terminar los contratos de 110 comedores, excusándose en que perdieron la noción de la vigencia de la ley de garantías.

 

A todo esto debe sumarse que algunos comedores incluso llevan cuatro meses inoperantes, y 20 comedores no volverán a abrirse. Las localidades más afectadas son Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe y Usaquén. La culpa administrativa recae también en las alcaldías locales que tenían modalidades de contratación directa.

 

Los efectos del “receso obligado” también afectaron a 68 jardines, en especial los cofinanciados, los que representan el 15 por ciento de los cupos de la ciudad. Incluso con cierres a establecimientos para población especial, como los tres Centros Avanzar que desde comienzo de año y hasta agosto afectaron a 230 niños con discapacidades múltiples que quedaron sin la atención requerida. Cierres que se concretaron sin socialización previa con la población afectada. Es decir, estamos ante hechos consumados, ante un gobierno que impone y no discute ni concreta, mucho menos educa.

 

Qué dice la administración

 

La Secretaria Distrital de Integración Social (Sdis), a través de Juan Carlos Peña –director de nutrición y abastecimiento de la entidad–, explicó que la causa principal de la finalización de los contratos y los cambios de operador se dieron por el giro en el modelo de contratación del decreto 777 de 1992 al 092 de 2017, que rige actualmente. Pero 90 comedores vivieron esta situación de manera transitoria, 20 de manera definitiva, por condiciones inadecuadas para su manejo. Se ofertaron 114 en junio de los cuales 71 se declararon desiertos, por lo que se abrió otra licitación donde solo cinco quedaron por fuera. La medida técnica de urgencia fue suplir con la entrega de paquete alimentario o bono canjeable por alimentos.

 

Llama la atención que por medio de esta estrategia están excluyendo a las organizaciones sociales en los procesos de contratación para la prestación de estos servicios. La Administración Central alega que las condiciones locativas que ofrecen estas organizaciones no son óptimas, olvidando así que el lugar de muchos comedores no es el adecuado, precisamente porque en las zonas periféricas las infraestructuras son deficientes, y los arriendos que se logran no permiten modificar las casas de manera estructural.

 

Pese a esta realidad, la Administración insiste con estándares altos en lo referente a planta física a la hora del llamado para ofertar. Además, pide comprometer recursos en dinero para la ejecución en actividades en una proporción no inferior al 30 por ciento del valor total del convenio.

 

A su vez, los anexos técnicos elevan los estándares, haciendo que los operadores tengan que invertir sumas de dinero que sobrepasan su capacidad de endeudamiento. Las supervisiones de interventorías son estrictas en aspectos como salubridad, pero no tienen en cuenta otros aspectos, como son las actividades de inclusión y participación.

 

Modelo de contratación

 

El decreto que llevó a esta desatención con los sectores populares, el 092 de enero de 2017, fue firmado por el exministro de hacienda Mauricio Cárdenas Santa María y por Simón Gaviria, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. En su reglamentación sobre la contratación estatal con entidades privadas sin ánimo de lucro, obliga a que ahora todas pasen por la Agencia Nacional de Contratación Pública. En su articulado señala sobre la idoneidad y el proceso competitivo de selección, que se expresa en exigir estándares inalcanzables para las organizaciones sociales. Las organizaciones operadoras se quejan por su inexperiencia para el manejo del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y que no existió un acompañamiento real para manejar la plataforma y subir las propuestas.

 

Entonces, la competencia es desigual frente a operadores con mayor margen de maniobra financiera. Los requerimientos técnicos implican un dinero que no tienen las organizaciones sociales. No pueden disponer de espacios físicos para adecuarlos a los criterios exigidos por la Administración, renuente a invertir como coparte. Debe recordarse que algunos de las organizaciones sociales funcionan en los mismos salones comunales de barrios periféricas, donde la gente ha construido sus barrios a puro pulso, y por lo tanto cuenta con infraestructuras deficientes. Además, los anexos técnicos complicaron tanto las cosas que ahogaron gradualmente a las organizaciones al incrementar las exigencias para poder contratar.

 

Sus voces

 

Para Elsa Melo, representante de la Asociación de Vecinos Solidarios (Avesol) que lleva 35 años de existencia y que tenía a cargo el comedor comunitario del barrio Atenas desde el comienzo del programa de comedores comunitarios, esto parece de ficción y señala “Los cambios se han venido agudizando, actualmente se le pide a la organización poner en dinero efectivo sobre el valor total del convenio. Algunos hemos tratado de argumentar que los espacios y la gente también son recursos que ponemos, pues una organización social no tiene un superávit financiero. No existieron procesos de formación sobre el manejo del Secop. Y las contingencias siempre fueron corriendo los tiempos. Lo curioso es que este cambio de contratación no comenzó con Peñalosa sino bajo la administración de Gustavo Petro que puso a todas las organizaciones a licitar”.

 

La contradicción con la misma administración progresista también encierra una paradoja sobre la política pública de estos gobiernos cuando están al frente de la ciudad, y sobre el empoderamiento de la gente beneficiaria de las agendas comunitarias. La historia nos cuenta que fue Bogotá sin Indiferencia quien implementó a gran escala una política para contener el hambre y la desnutrición en la ciudad. Los comedores superaban por decenas en algunas localidades.

 

En aquel momento, los anexos expresaban unos requerimientos no solo en la administración de alimentos sino para las actividades de inclusión. Se desarrollaron actividades para la formación y participación, pero siempre de manera confusa y tímida, sin mayor claridad sobre temas y metodologías. A pesar de algunos contratistas y personas del comedor, no existió en la Administración la voluntad de empoderar a las comunidades. Los requerimientos técnicos del nivel central, siempre con nuevas versiones y cambios de orientación, no contribuyeron a la construcción de un lineamiento claro sobre el quehacer en los comedores. Ni siquiera se aprovechó para esto la coyuntura presentada en el 2009, cuando se prohibió el aporte diario de los $500 por parte de los beneficiarios, exigiéndoles a los operadores consignar lo recaudado para que la comunidad definiera qué hacer con los recursos. Complicado fue reunir el dinero completo en la cuenta pues algunos operadores se enredaron con este cambio de política, más enredados aún con el proceso para poner de acuerdo a toda esa gente con el qué hacer con esa plata. Fue así como no se logró la participación y organización de la comunidad, y los proyectos de gestión e iniciativas productivas no pudieron sostenerse, e incluso en algunos casos generó conflictos entre integrantes.

 

Por su parte, Luis enrique Buitrago de la Escuela Popular de Artes y Oficios (Epao), que también operaron comedores, identifica una política que desdeñó el proceso de inclusión social. “Lo político supeditó a lo técnico, nunca fue importante la organización ni priorizar lo social. Tampoco existió una formación política, ni siquiera para los profesionales de inclusión. Cuando la gente solo va a comer sin formación ni intencionalidad de organización social las cosas se naturalizan. Para la comunidad puede que sea impopular cerrar el comedor, pero la gente normaliza que no llegue el almuerzo a cambio del bono”.

De ser así, el futuro de los cierres de los comedores será naturalizado. Pero eso no quiere decir que la desnutrición y el hambre se hallan superado. La lección aprendida es que desde el asistencialismo no se fomenta la organización ni la autonomía de las gentes.

Información adicional

  • Autor:Edwin Guzman
  • Edición:250
  • Sección:Bogotá
  • Fecha:Sept 20-Oct 20/2018
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