Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:42

De la anticorrupción a la gobernabilidad

Escrito por Héctor-León Moncayo S.
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De la anticorrupción a la gobernabilidad

Con la consulta anticorrupción y sus resultados, producto de lo cual se instaló una Comisión Técnica para negociar las leyes por redactar y tramitar en el Congreso, desde el poder ofrecen un cambio que todo parece indicar que no será. Como en toda la historia nacional, un recurrido galimatías logra lo contrario de lo que anuncia.

 

“En mis cuatro años en el Senado propusimos más de ocho veces los proyectos y siempre los negaron o no les dieron trámite. […] Por eso digo que ante la negativa del Congreso de autorreformarse y cerrar la vena rota de la corrupción, apelamos a los ciudadanos para que fueran ellos, en las urnas, quienes decidieran y ordenaran al Congreso aprobar esos mandatos en, máximo, un año” afirmaba Claudia López, refiriéndose a la necesidad de la Consulta, el pasado 22 de julio. Y agregaba, con su acostumbrada contundencia: “Si se aprueba la consulta no nos pueden hacer conejo”1. Como quien dice: el destinatario siempre fue el Congreso, lo que ha estado en juego es la naturaleza del mandato que pudiera obligarlo.

 

Hoy en día, un mes y tres semanas después, el escenario parece similar. La consulta se hizo. Con significativa votación pero sin llegar al umbral de 12.140.342, que se exigía para que fuera vinculante, en términos jurídicos. Desde entonces han argumentado, en consecuencia, que se trata, de todas maneras, de un vigoroso mandato político. Y así parecen haberlo tomado todas las vertientes políticas parlamentarias y el propio gobierno de Iván Duque, quien, inmediatamente tomó la iniciativa de convocar una espectacular “Cumbre Política” llevada a cabo tres días después de la Consulta.

 

Espectacular no sólo por la publicidad sino por el éxito de la convocatoria; no faltó ninguno, ni siquiera el odiado partido Farc; “una cumbre sin antecedentes que va a cambiar muchas cosas” tituló la prensa; la primera expresión del “pacto nacional” ofrecido por Duque, celebraron no pocos comentaristas. Allí se aprobó por unanimidad, bajo el nombre de “estrategia anticorrupción”, la creación de una “mesa técnica”, integrada por delegados de todos los partidos y presidida por la Ministra del Interior, encargada de reelaborar los siete puntos de la consulta, los cuatro proyectos que ya había presentado la Presidencia y algunos otros que estaban enredados entre las curules, para llegar, después de arduas negociaciones, a un conjunto de proyectos de ley, que, apoyados en tan amplio consenso, el Gobierno presentaría al Congreso de la República.

 

La propuesta de la Consulta Popular no fue cosa de improvisación. Era la primera de carácter nacional pero tenía el antecedente de las Consultas Populares municipales llevadas a cabo en todo el país, principalmente para rechazar los proyectos minero-energéticos y el de las Consultas Previas que, por centenares, se han adelantado con las comunidades étnicas, por obligación constitucional pero casi siempre por idénticos motivos. La misma figura de democracia participativa que ahora, simultáneamente, se intenta reglamentar –léase recortar y desnaturalizar– en favor del “desarrollo” y la “seguridad jurídica” a partir de un proyecto de ley presentado por Cambio Radical. Tenía además una larga historia. El Comité promotor se conformó en enero de 2017. Seis meses más tarde se presentaron a la Registraduría más de cuatro millones de firmas, aunque sólo al final del año se obtuvo la validación con lo cual se le daba vía libre –no sin antes pasar por el Consejo Nacional Electoral– al procedimiento que culminó el pasado junio con la aprobación por el Congreso, en plena campaña electoral. Un tortuoso procedimiento. Sin embargo, visto el desenlace, da la impresión que el Gobierno ha recuperado la iniciativa política.

 

Fuego amigo

 

El carácter jurídico vinculante de los resultados de la consulta fue objeto de numerosas disquisiciones. Para sus escasos enemigos públicos, incapaces por supuesto de rechazarla abiertamente, el contenido de las siete preguntas era redundante o inocuo. Para algunos, incluso entre sus partidarios, inconveniente. Considerado el más prestigioso jurista del campo democrático, Rodrigo Uprimny señaló el carácter inconstitucional de las preguntas sobre la remuneración de los Congresistas y la limitación del número de periodos, que son, por cierto, las más populares y de mayor aceptación en la opinión pública.

 

El argumento, de impecable exquisitez jurídica, a tono con nuestra tradición formalista y positivista que nos viene desde la Independencia, es innegable por evidente. Es claro que, tanto la remuneración como los periodos, se encuentran establecidos en la Constitución. Pero también es evidente –y cualquier ciudadano podría advertirlo– que la decisión final está en el Congreso: obteniéndose un sólido mandato jurídico y sobre todo político, no habría razón para que un Congreso se abstuviera de aprobar una reforma Constitucional en éste o en cualquier otro tema. Por supuesto que ya no tiene sentido planteárselo; el problema con estas disquisiciones, y se ve muy claro ahora, cuando nos colocamos en un escenario en el que sólo hay un mandato político y todo ha quedado sometido a las elaboraciones y negociaciones de los congresistas, consiste en que se les brindan a éstos, de manera gratuita, abundantes municiones para la justificación y legitimación de unas posibles leyes amañadas que serían, una vez más, inútiles.

 

Como si fuera poco Uprimny, ya verificada la Consulta y siendo innecesaria cualquier recomendación, reitera sus argumentaciones ahora en la forma de propuestas. Además de la sugerencia de reemplazar el umbral de participación por uno de aprobación lo cual admite discusión, propone someter cualquier iniciativa de consulta nacional a un control de constitucionalidad. ¡Como si ya no fuese tortuoso el camino! “Si la mayoría aprueba esas preguntas y el umbral es superado, estaríamos en un difícil dilema jurídico por cuanto la consulta no es un mecanismo de reforma de la Constitución, pero el pueblo habría ordenado que esa reforma se hiciera [...] Un control judicial previo como el que existe para las consultas territoriales, soluciona ese impasse, pues el tribunal competente verificaría, antes del pronunciamiento popular, si la pregunta es o no inconstitucional. Si es inconstitucional, no podría haber consulta sobre ese punto…”2. Excelente terreno de discusión para las mencionadas propuestas de Vargas Lleras encaminadas a la “reglamentación”. Recuérdese al respecto que el argumento en contra de las consultas municipales antiextractivistas ha sido que, constitucionalmente, los “recursos del subsuelo” pertenecen al Estado y por tanto la ciudadanía no puede opinar sobre tal materia.


El debate

 

Con todo, las discusiones jurídicas han sido, hasta cierto punto, lo menos importante; lo que cuenta es el significado político que ha de atribuírsele a esos 11.670.000 votos. Para muchos comentaristas se trata de un verdadero acontecimiento histórico, una pacífica insurgencia ciudadana, comparable solamente a la “séptima papeleta”, nunca escrutada, que le habría dado impulso a la realización de la Asamblea Constituyente de 1991. Una expresión de las “ciudadanías libres”, un tanto análoga a la votación por Gustavo Petro, dirían otros. Los dos principales diarios del país saludaron y valoraron también, en sus editoriales, los resultados de la consulta. Desde luego, complementándolos con la celebración de los nuevos vientos de “diálogo constructivo” que supuestamente aparecieron, con la Cumbre, después de “los aciagos años de la polarización”. En el colmo de la euforia, pontificaba El Espectador: “Por primera vez en un buen tiempo hay motivos para creer que sí es posible un cambio positivo en la política colombiana”.

 

No obstante, hay razones para dudar de este diagnóstico que pondera el resultado como avance y profundización de una renovada conciencia política de cambio. Carolina Sanín, refiriéndose no todavía a los resultados de la consulta sino a la campaña, sostenía en su columna de Vice que se trataba simplemente de un elemental expediente moralista –infalible, por lo demás– de llamar a la lucha contra la corrupción, típico del “centrismo” que ha venido predicando la “eliminación de las diferencias”. La corrupción, al convertirse en encarnación del mal, distrae y hace desaparecer del imaginario los problemas estructurales de la injusticia social.

 

Todo ello con una implicación de extrema gravedad para el quehacer político: “Uno de los problemas del furor anticorrupción es a quién se pone en el papel de ese enemigo. Los enemigos no son ya las multinacionales con sus desafueros, ni los explotadores de los trabajadores, ni los destructores del medio ambiente, ni quienes quieren continuar la guerra para que la tierra siga concentrándose en pocas manos, ni los alcaldes ineptos, ni quienes impiden el acceso de los colombianos a la salud, ni quienes entorpecen las garantías sociales, ni quienes se oponen a las libertades individuales. La ciudadanía se identifica como el conjunto de los no corruptos, los no ladrones, los no perversos: como víctimas de los otros. ¿Y quiénes son esos “otros”? Potencialmente, todo el que se encuentre en el poder (pues el enemigo inmediato de quien se siente impotente es quien ejerce un poder). Los políticos elegidos se convierten todos, merced a una consigna, en enemigos de su electorado”.3

 

Semejantes afirmaciones tenían que levantar ampolla. En una crónica celebratoria, al día siguiente de la Consulta, Camilo González, presidente de la organización Indepaz, escribía: “Carolina Sanín acepta la concepción de la corrupción como un asunto moral de individuos y en lugar de considerar la realidad actual de las instituciones de elección popular se sitúa en la abstracción del diseño liberal de la democracia representativa. […] La profesora Sanín cae en un sofisma de diversión que consiste en evitar la política concreta para hacer malabares abstractos”4.

 

Para González no es poca cosa señalar a los partidos colombianos como lo que son, como “máquinas al servicio del crimen contra lo público”; el argumento es sólido, aparte del calificativo de “ilustrada supercrítica” que le endilga a quien llama la “profesora Sanín” (trasnochado recurso polémico que hicieran popular los leninistas del siglo pasado), sin embargo, sugiere un interrogante: ¿Es Carolina Sanín quien lo reduce todo al moralismo, o es la propia campaña? La respuesta es un asunto de “política concreta”. Mejor no engañarse. Es innegable que la retórica de la “antipolítica” es bastante rentable para quien la utiliza, pero precisamente porque permanece en su abstracción. O si no ¿qué otra cosa significaba la frase que repetían alborozadas las principales promotoras: “una causa que nos permitió unirnos como país”? Por eso hasta los ladrones cerraron filas contra la corrupción. En verdad, no refleja una profundización de la conciencia política de la ciudadanía como pretende González. Sería una ingenuidad afirmar que en el imaginario social se han visibilizado las múltiples conexiones entre la maquinaria política y el funcionamiento del sistema económico y social.

 

Los datos de la consulta, tomados geográficamente, deberían llamar a la reflexión. Además de que el porcentaje global, aunque cerca del umbral, no es tampoco gran cosa, la verdad es que nuevamente Bogotá, con casi 46 por ciento para más de dos millones seiscientos mil votos es la que garantiza los resultados. Basta añadirle las grandes ciudades aunque en la mayoría, por cierto, no se llegó ni al 30 por ciento de participación. Y algunos de los departamentos más poblados como Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander, Nariño, Tolima, en la mayoría de los cuales tampoco se superó el umbral. El socorrido argumento de lo urbano vs. lo rural no es convincente. E insuficiente el de la falta de publicidad. Y resulta un tanto indigno culpabilizar de los resultados de Antioquia y de la Costa Caribe a la falta de compromiso de Fajardo y Petro respectivamente. Llama la atención la escasa participación en las regiones más afectadas por la violencia. ¿Se trata, como en el caso del pasado triunfo del uribismo, de una combinación de clientelismo y terror? O será que el pueblo colombiano odia tanto la política que no acepta votar ni siquiera contra la política.

 

¿Un punto de partida?

 

De todas maneras, parece de consenso reconocer que existe un fenómeno ciudadano, o por lo menos electoral, bastante novedoso, que algunos identifican con la “irrupción de la juventud”. Pero no parece muy claro el contenido de la novedad. Como todos los consensos termina siendo sesgado. Poco a poco los grandes medios de comunicación –y las redes sociales– han venido instalando la idea de la “superación de la polarización”, que no es la que parecería obvia, la del conflicto armado, sino la existente entre el uribismo y el santismo. Una reconciliación muy útil para el porvenir neoliberal. La verdad es que, por lo pronto, no parece tener otro contenido que el odio a la corrupción con lo cual se convierte sencillamente en un coto de caza electoral. Así se deduce de las almibaradas frases de El Tiempo que no sólo es el grupo de comunicación más poderoso sino el vocero del hegemónico capital financiero, en cabeza de Sarmiento Angulo. “No sobra anotar que este evento extraordinario (la cumbre) fue, a su vez, fruto de otro también extraordinario: los más de 11 millones y medio de colombianos que hoy hace ocho días expresaron en las urnas su rechazo a la corrupción y su deseo de que se pongan en marcha acciones efectivas para combatirla”5.

 

La famosa Comisión Técnica ya entregó un resultado parcial. Se acordó reducir la remuneración de los congresistas a 25 salarios mínimos legales; a partir de las próximas elecciones a Congreso dentro de cuatro años, claro está. Y limitar el número de periodos a tres, desde luego también a partir del próximo periodo. Lo demás, continúa en discusión. Ofrecen entregar resultados definitivos el 17 de septiembre. Sin embargo todo quedará luego en manos del actual Congreso que se ha dado un plazo hasta mediados de diciembre para aprobar los proyectos.

 

Para muchos es una gran oportunidad de autorreforma que no va a desperdiciar, pero también puede suceder que todo termine en unas leyes engañosas conforme a lo que ha sido la tradición colombiana. Es la disyuntiva. Un paso adelante en la lucha contra la corrupción o una hazaña más del gatopardo.

 

1 El Espectador, domingo 22 de julio de 2018
2 El Espectador, domingo 2 de septiembre de 2018
3 www.vice.com/es_mx/article/3kywvk/la-vacuna-anticorrupcion-consulta-carolina-sanin?utm_source=vicolinst
4 Mandato contra el régimen corrupto, Camilo González Posso, Presidente de Indepaz, Bogotá D.C. 27 de agosto de 2018
5 El Tiempo, domingo 2 de septiembre de 2018

Información adicional

  • Autor:Héctor-León Moncayo S.
  • Edición:250
  • Sección:Política
  • Fecha:Sept 20-Oct 20/2018
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