Lunes, 28 Enero 2019 10:56

El presente no perdona: el gobierno Duque y los movimientos sociales

Escrito por EDWIN CRUZ
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El presente no perdona: el gobierno Duque y los movimientos sociales

El primer semestre del gobierno Duque ha tenido a la protesta social como uno de sus protagonistas, en gran medida aunque no exclusivamente debido al paro universitario, que tras más de dos meses de movilización consiguió un acuerdo para mitigar la crisis de financiamiento de la educación superior pública. Los organizadores de esta protesta presentaron el acuerdo como una victoria. En efecto, este desenlace parcial es contraintuitivo si se tiene en cuenta el sesgo antiprotesta del gobierno, que se ha manifestado en iniciativas tendientes a “regular” este derecho y, sobre todo, en la exagerada criminalización y represión.

 

En el auge de la protesta convergen factores estructurantes del escenario político incluso desde el anterior gobierno, como el cierre del sistema político institucional y de la política electoral, cada vez percibidos como más corruptos, menos representativos e insuficientes para dar trámite a las demandas de distintos sectores sociales, aplazadas por décadas debido al conflicto armado pero ubicadas con fuerza en la agenda pública durante las negociaciones de paz. Sin embargo, quizás el principal elemento explicativo del ascenso de la protesta es la frustración de las reivindicaciones de transformación social y política, presentes tanto entre los votantes de Duque como entre los de sus opositores.

 

Los problemas del gobierno Duque no se explican principalmente por su falta de liderazgo o experiencia, como han advertido algunos analistas, sino por su carácter anacrónico: se trata de un gobierno que ha calcado sus marcos cognitivos y estrategias de lo que fueron los dos gobiernos de Uribe en un contexto radicalmente distinto.

 

La dominación por el espectáculo

 

En primer lugar, la dominación por el espectáculo: un modo de gobierno que apuesta por resolver los problemas reales del país a partir de cortinas de humo, para tapar un escándalo con otro, y de una estrategia de comunicación política que se esfuerza por vender una imagen popular del presidente. La frivolidad de Duque, quien ha tenido más tiempo para departir con personajes de la farándula, jugar pelota o cantar, que para dialogar con los estudiantes en paro o apoyar la agenda legislativa producto de la consulta anticorrupción, no es para nada accidental. Muy probablemente, si a Uribe se le hubiera dado hacer “cabecitas” con el balón o trovar, no lo recordaríamos tomando tinto encima de un caballo o nadando en un río.

 

La estrategia ha resultado ineficaz, no solo porque es una segunda parte mala, comedia más que tragedia, sino porque desde que se implementó a principios del gobierno Uribe el panorama ha cambiado: el expresidente se reeligió con mayorías y nunca tuvo una oposición con más de ocho millones de votos, lo que muestra que su liderazgo ha ido sufriendo un lento pero real descenso y que el actual gobierno no cuenta con el mismo respaldo.

 

Además, si bien el uribismo, y a su lado los sectores más retardatarios de las élites políticas y económicas, conservan el dominio de los medios de comunicación, fuentes alternativas casi inexistentes hace tres lustros, como las redes sociales virtuales, funcionan como un contrapeso muy relevante. La movilización social, el creciente descontento no son un asunto mediático: el panorama se ha transformado mucho desde cuando Uribe envió a cada uno de sus potenciales votantes una carta con los 100 puntos de gobierno, en 2002.

 

Aunque en general las redes funcionan como un terreno en disputa como cualquier otro, no es menos cierto que en muchos casos determinan la agenda informativa hasta el punto de que los medios de comunicación convencionales y tradicionales se ven obligados a replicar lo que sucede en las ellas. Medios de comunicación como RCN, anteriormente volcado totalmente a acompañar el gobierno Uribe, hoy experimenta su peor crisis. En fin, a juzgar por las encuestas, el fracaso de esta estrategia no solo ha dado por resultado un récord en lo que a la (im)popularidad de Duque se refiere sino que ha minado la del expresidente mentor.

 

Contrainsurgencia en tiempos de paz

 

Un segundo aspecto anacrónico del actual gobierno es su apuesta contrainsurgente, pues no solo es totalmente contraria a la implementación de los acuerdos de paz que la mayoría de la sociedad reclama, sino que le ha impedido hacer una lectura objetiva de la transformación experimentada en el escenario político después del acuerdo de paz.

 

Respecto de problemas como la protesta social, las garantías para la oposición y la implementación de los acuerdos de paz, el gobierno parece leer la realidad política en los mismos términos en que lo hacía la retórica justificatoria de la “seguridad democrática”: reactivando un imaginario contrainsurgente, la creencia en que existe un “enemigo interno” conspirando contra el orden social. Este imaginario tomó fuerza durante la campaña presidencial, cuando incluso líderes alternativos replicaron el discurso uribista en contra del “castrochavismo” representado por el candidato Gustavo Petro, y en la práctica significó una estigmatización a cualquier propuesta de cambio, especialmente si viene de la izquierda.

 

Ese hecho es comprensible si se tiene en cuenta que el uribismo debe su legitimidad a la guerra y, en consecuencia, necesita con urgencia reemplazar el enemigo absoluto que representó la guerrilla de las Farc. De ahí el retorno de una política antidrogas centrada en la represión, las amenazas tácitas y explícitas de guerra con Venezuela, el hecho de que más que programas para la construcción de la paz existan ambiciosos planes e inversiones militares y el sesgo anti-protesta.

 

Desde el comienzo del gobierno, tanto los discursos del Presidente como los del ministro de defensa se mostraron explícitamente contrarios a la protesta, reduciendo el ejercicio de un derecho constitucional a la generación de odio y desorden, a la afectación de terceros y acusando a las organizaciones de recibir financiación de “grupos armados”. De esa manera, el gobierno erigió la protesta en uno de esos enemigos con los que intenta usufructuar algo de legitimidad. En esta perspectiva debe entenderse el llamado a “regular” la protesta social, la exagerada represión que sufrió el paro universitario e incluso el hecho de que los asesinatos de líderes sociales (más de 30 en lo que va del gobierno) aun no se reconozcan como un problema “sistemático”.

 

Pedir una mayor “regulación” del derecho a la protesta en un contexto en donde repertorios de acción básicos como el bloqueo de vías están catalogados como conductas punibles, con altas penas y un amplio margen de interpretación que beneficia a las autoridades, solo puede catalogarse de absurdo. Esa misma consideración merece el argumento de que las protestas benefician a minorías en detrimento de los derechos de las mayorías, porque desconoce que cuando la protesta tiene lugar es debido a que determinados sectores sociales no tienen más recurso para hacerse oír, pero además está basado en una idea antiliberal de la democracia que no favorece los derechos de las minorías. Si se aceptara ese argumento, habría que prohibir o “regular” también los gremios que cabildean en función de sus intereses particulares. Pero el gobierno es consciente de que lo único que escapa a aquello que garantiza su gobernabilidad, la “mermelada”, es la protesta social y por eso hará todo lo que esté a su alcance para deslegitimarla y restringirla.

 

La escalada represiva

 

La guerra funcionó como un obstáculo insalvable para la representación de diversas reivindicaciones de resolución de los problemas estructurales que la desencadenaron –redistribución de la tierra, participación política, etc.-. Es lógico que una vez mermada la confrontación esas reivindicaciones emerjan y que lo hagan de la única manera que pueden hacerlo en un contexto de cierre del sistema político institucional: la protesta. Construir o consolidar la paz pasa necesariamente por garantizar el derecho a la protesta social, precisamente como una vía para la resolución de dichos problemas estructurales que estuvieron en la raíz de la guerra. Por esa razón, un tercer anacronismo del gobierno Duque es la descomunal represión que ha demostrado frente a la protesta, en particular frente al paro universitario.

 

Las marchas estudiantiles fueron tratadas como si fueran actos de guerra y como si sus participantes fueran insurgentes, más que ciudadanos ejerciendo un derecho. No solo fueron contrarrestadas con todo el poder de fuego del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dejó una cantidad no determinada de heridos, entre ellos tres estudiantes que perdieron uno de sus ojos cada uno por causa de lo que solo puede calificarse de sevicia en el uso de las armas “de letalidad reducida”, sino que incluso fueron infiltradas por agentes de la Policía no uniformados, como si en realidad representaran una amenaza para la seguridad del Estado y el orden social. Si bien es cierto que el Esmad ya antes ha demostrado que no es un cuerpo para garantizar derechos sino para conculcarlos a la fuerza, en esta coyuntura la represión está totalmente articulada a la estigmatización de la protesta y al retorno del discurso contrainsurgente en el alto gobierno.

 

La desproporción con la que se trató la movilización universitaria no habría sido notoria de no ser por la apuesta explícita de las organizaciones estudiantiles por las manifestaciones sin violencia y los repertorios de acción lúdicos y expresivos. Inicialmente, se retomaron repertorios exitosos en la movilización de 2011 como los abrazos y la entrega de flores a los policías, apostando por evitar así la represión. El 24 de octubre de 2011 el abrazo espontáneo de policías por parte de estudiantes en una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, sorprendió tanto a la Policía como a los medios de comunicación, hasta el punto de que la revista Semana incluyó como su portada una fotografía del suceso, y contribuyó a afincar la legitimidad y el respaldo social al movimiento estudiantil.

 

En contraste, lo que demuestra la represión en 2018 es que tanto la policía como los medios aprendieron la lección: una vez que fracasó la treta de negociar con los rectores, con la que el gobierno pretendió desactivar la movilización, se incrementó notablemente la represión y en los medios predominó el “vandalismo” y los “disturbios”, que por lo demás son ocasionados por la intervención violenta de la fuerza pública, en lugar de la información de fondo sobre las protestas y sus reivindicaciones. De manera que, si se pudiera extraer una lección para los movimientos sociales sería la necesidad de innovar en los repertorios de acción para hacer frente a la represión, cosa que no es nada fácil pues muchas veces –incluyendo el abrazo a los policías- resulta más de la espontaneidad que de la planeación estratégica.

 

Horizontes despejados

 

A corto plazo los costos para la protesta social en términos de represión no se van a reducir. Sin embargo, no es muy probable que las movilizaciones disminuyan. Paradójicamente, su disminución está en función de la capacidad que tenga el gobierno Duque para regresar al presente y reconocer los aspectos estructurantes del contexto político posterior al acuerdo de paz.

 

En la medida en que el gobierno insista, como lo ha hecho, en “volver trizas” los acuerdos de paz y en ese empeño cuente con el respaldo de la mayoría de la clase política, dejará como única alternativa para escuchar la voz de los excluidos a la protesta. Lo más probable es que la moderación de Duque llegue por la vía de la desarticulación de su coalición inicial, debido al carácter escaso de la “mermelada” con que está pegada. Pero en ese caso abriría oportunidades políticas para los movimientos sociales, que tendrían más posibilidades de encontrar aliados en el terreno social o en el político.

 

En el auge de la protesta social confluyen vectores estructurales que tarde o temprano requerirán una respuesta más allá de la represión. En el terreno sociopolítico, han salido a flote, para no sumergirse nuevamente, demandas bloqueadas durante medio siglo a causa de la guerra y que no se limitan a la implementación de los acuerdos, aunque eso puede en última instancia articularlas. La creciente desigualdad, que ubica al país en los primeros lugares del ranking hemisférico, no va a resolverse a punta de “economía naranja” o reformas tributarias regresivas. Los conflictos socioambientales tampoco se van a resolver restringiendo los mecanismos de participación y consulta a las comunidades afectadas.


Pero sobre todo existe una población mayoritariamente joven que ha empezado a experimentar una frustración ante la falta de alternativas vitales. En efecto, el 68,3 por ciento de la población del país se ubica en el rango de edades entre 15 y 64 años. Como ocurre en el campo de los movimientos sociales, la franja más joven intenta tomar el relevo generacional en los distintos ámbitos, pero se encuentran con bloqueos de distinto tipo y falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades. Para no ir más lejos, Duque hizo campaña ofreciendo un relevo generacional que no se ve por ningún lado. Tampoco es casual que en esta coyuntura la mayor fortaleza la haya demostrado el movimiento universitario.

 

El desafío para los movimientos será armonizar el descontento social que producen esos vectores estructurales con la esfera política. Como es bien sabido, las organizaciones de los movimientos sociales tienen fuertes vínculos con organizaciones políticas y partidos de izquierda. Por esa razón, las competencias electorales y la división de los actores políticos que conllevan siempre se han traducido en la desarticulación de los movimientos sociales. El escenario ideal sería una articulación de los esfuerzos en los dos ámbitos, el social y el político propiamente dicho, pero incluso evitar que los movimientos sociales se desestructuren en función de las disputas partidistas y electorales puede crear los espacios y los incentivos para que los problemas sociales mencionados se expresen por vía de la protesta.

 

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