Sábado, 13 Abril 2019 16:00

El camino al infierno…

Escrito por Carlos Gutiérrez M.
Valora este artículo
(0 votos)
Víctor Hugo Ruiz, sin título (Cortesía del autor)Víctor Hugo Ruiz, sin título (Cortesía del autor)

 Un sueño hecho realidad. Con “La política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad” (1) del gobierno Duque, entregada al país el pasado 6 de febrero, estamos ante el anhelo institucional de una política de defensa y seguridad que implica y cubre al conjunto social en todas sus variables. Como pretensión de todo gobierno que se dice democrático, dista de tal propósito (2). No es posible la democracia directa, radical y no sólo participativa, donde el Estado, con fines de seguridad, lo cubre todo. La sospecha y el control se extienden por doquier, de lo cual únicamente puede surgir un Estado policivo, en nuestro caso, además, producto de la historia pasada y reciente, una sociedad sometida al miedo.


Esto es así a pesar de la máxima proclamada por esta Política de que “la seguridad no es una cuestión ideológica, ni de derecha ni de izquierda; es un presupuesto de la convivencia pacífica y del ejercicio de los derechos ciudadanos”. Tal presupuesto parece más propaganda que realidad, pues, si bien la seguridad es un bien común, cualquier persona reconoce que el Estado no garantiza tal derecho de manera igualitaria, de lo cual da cuenta el saber popular desde tiempos inmemoriales con el dicho “La ley es para los de ruana”, realidad de Perogrullo que también se expresa en decires como que “no se persigue a los delincuentes de cuello blanco”, ratificada esta realidad cuando las cárceles mantienen lugares especiales –cómodos, saludables y con otras prebendas– precisamente para los pocos delincuentes de cuello blanco que terminan en ellas. En la calle, como la padecemos por estos días, la “seguridad” es para aplicarles el tristemente famoso Código de Policía precisamente a los de “ruana” (Ver, “Un espíritu fétido”, p. 3).


De acuerdo al criterio oficial, a pesar de que el Estado y la sociedad colombiana desarticularon en la primera década del siglo XXI las principales amenazas armadas que enfrentaba el país –las Auc y las Farc–, subsisten graves amenazas para la seguridad nacional, más aún al registrarse la pérdida de la iniciativa estratégica del Estado en la lucha contra los fenómenos criminales, la misma que debe recuperarse. De ahí la necesidad de una nueva visión de seguridad, sustentada en el documento de marras y cuyo eje central se puede sintetizar con el siguiente aparte: “Es indispensable superar la tradicional estrategia de control militar del territorio basada, con pocas excepciones, en el despliegue de unidades militares y de policía, sin el acompañamiento estratégico de las entidades públicas y privadas, y las organizaciones de la sociedad civil”. Es este un “enfoque multidimensional de la seguridad [que] requiere una aproximación multisectorial e interagencial […]”. Además, “esta nueva visión parte de reconocer que la Defensa, la Seguridad y la Legalidad van de la mano y son interdependientes” […]. “En este orden, la legalidad, el emprendimiento y la equidad, pilares del gobierno nacional, tienen como base la defensa y la seguridad, concebidas más allá del despliegue operacional de Fuerzas Militares y de Policía”.


La visión allí desbrozada le anuncia al país una política de paz que no lo es, pues levanta como precondición para todo posible diálogo “[…] que conduzca a la disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley […] la concentración de individuos en armas en espacios geográficos delimitados, con observación internacional y garantizando el fin de toda actividad criminal”. El traspié de la negociación en curso meses atrás con el Eln –organización guerrillera que ahora desconocen en su carácter y pasan a denominar “Grupo Armado Organizado” (GAO)– encuentra acá el soporte de la maniobra duquista. Seguramente el llamado Clan del Golfo, que también es enlistado en tal categoría, al recibir ese mandato desistió en su pretensión de desarme tantas veces anunciado durante el gobierno Santos.


Es aquella una “política de paz” que mira las fronteras con total sospecha, explicando, entre líneas, de igual manera la estrategia seguida ante Venezuela, la prioridad dada a la Otan, la alianza cada vez más estrecha –sometida– con los Estados Unidos –tanto en relación al ataque contra Venezuela como en la llamada “guerra contra las drogas”–, así como posibles conflictos con Nicaragua y la tensión latente con Cuba. Para proceder de tal modo, enuncia que “a nivel internacional las amenazas a la seguridad se han agudizado para Colombia. Entre ellas están […] los regímenes no democráticos, las crisis humanitarias y la migración masiva irregular, la injerencia de potencias ajenas al hemisferio, el patrocinio y [la] tolerancia estatal con organizaciones terroristas y de narcotráfico en la región, y la pretensión de despojar al país del territorio […]”. Pero también enumera lo que denomina “nuevas amenazas”, algunas de ellas relacionadas con el cambio climático, otras con el ciberespacio –sobre lo cual no cuestiona la dependencia en ciencia y tecnología que padece el país, lo que impide que en algún momento se pueda contar con un programa confiable y de punta en este terreno– y, por último, una que parte de valorar las cualidades que tiene Colombia, como “potencia mundial en biodiversidad y agua, además de ser uno de los países privilegiados que comparte la selva Orinoco-Amazónica. Tales riquezas constituyen un activo estratégico de la nación y deben ser objeto de protección especial y protección activa”.


Es aquella una valoración de las bondades naturales con que cuenta el país y que enfatiza en la visión predominante en el mundo actual, donde agua, bosques, minerales y demás sujetos y cuerpos que componen o integran la madre tierra son una mercancía más, y de ahí que aludan a la biodiversidad y el agua como activos. Es de suponer, por tanto, que la preocupación esencial del establecimiento, al brindar esa “protección especial y activa”, no es para preservarla y así garantizar los derechos de todas las especies que allí habitan o lo hacen en su entorno –como favorecer con ello a la humanidad entera al mantener vivos importantes pulmones que con su acción menguan en algo o retrasan el incesante incremento del cambio climático– sino para mercantilizarla en las mejores condiciones posibles al mejor postor, uno que no sea ‘ilegal’ o ‘informal’ sino que provenga de alguna multinacional.


Este es el panorama de una realidad biodiversa y que, si de verdad se pretendiera proteger, debiera llevar al establecimiento, además, a preguntarse por el modelo de desarrollo dominante, examinando todas sus falencias y consecuencias, para sacar conclusiones lógicas que impacten de manera positiva todo aquello que en letra se postula como propósito loable. Pregunta por el modelo de desarrollo que entre los muchos aspectos que implica debiera enfatizar, de igual manera, en el tema de la tierra en nuestro país, y la necesaria y siempre negada reforma agraria, vía idónea para impedir que la frontera agrícola prosiga su incesante avance, creando con ello las condiciones óptimas para proteger parte de la ahora reivindicada biodiversidad y las fuentes hídricas del país, las cuales tienen en los llamados parques nacionales naturales, territorios desde hace mucho en el ojo de la motosierra y las palas mecánicas, los epicentros de su existencia.


No es exagerado pensar que un manejo comunitario de la naturaleza que habitamos y somos –posible desde el acceso a la tierra por quienes carecen de ella– ofrezca mejores condiciones para evitar o neutralizar la acción depredadora de mineros, mercaderes de madera y fauna de todo tipo, narcotraficantes y otros, que abordarlo simplemente como parte de una estrategia de seguridad y defensa, así la misma esté pensando en incluir en su concreción a toda la sociedad. ¿Qué sentido de pertenencia e interés en ser incluido en acciones de control puede tener quien siempre ha sido negado de todo, y sólo es visto como subversivo, raspachín, vago o, en otras palabras, delincuente? ¿Qué resultado positivo puede tener una acción de control cuando lo militar mantiene un peso sustancial en ello, acción que, a la luz de la llamada “guerra contra las drogas”, muestra sin contemplación alguna sus límites y sus imposibilidades?


Todo esto constituye un límite y una realidad ya considerados, incluso por los diseñadores de esta política de seguridad y defensa, para quienes la equidad es un propósito por lograr. Pretensión loable, más aún en una sociedad de honda desigualdad social como la nuestra, donde tierra, empresas y capital en general están concentrados en una minoría, a tal punto que el país no alcanza a salir de los vergonzosos primeros sitios reportados por todo tipo de estudios que sobre el particular se llevan a cabo. La desigualdad y la concentración de riqueza impide la movilidad social a tal punto que, para una familia pobre, su ascenso a clase media –estable, no simplemente como efecto de una política de subsidios que se quiebra ante el más leve devenir de la coyuntura económica global– exige que sus integrantes vivan doce generaciones, es decir, ¡300 años! Es esta una realidad imposible de romper por el simple control de la ilegalidad, como se dice en el documento (“La ilegalidad es la principal enemiga de la equidad”), pues, si bien ello contribuye a esta realidad, allí no reposa lo fundamental. El principal enemigo de la equidad es la concentración de la riqueza, propiciada por un modelo económico y político excluyente, violento e injusto, y al servicio de unos pocos.


Dicen que no hay peor ciego que quien no quiere ver, y así lo reafirman los agentes del establecimiento cuando, al seguir observando el tema de la equidad, concluyen que se accede a la misma “[…] si se logran las condiciones para que la economía de mercado funcione […]“. Paradoja, precisamente entre nosotros y desde siempre la economía de mercado ha sido la reina, posicionándose en ésta –como dice el catecismo neoliberal– el “más inteligente”, el “más astuto”. Tal vez es necesario recordar que precisamente en la economía de mercado la redistribución equitativa y voluntaria no existe, en virtud de la dinámica misma de la estructura económica.


Sin equidad posible en nuestra actual sociedad, se rompe el “círculo virtuoso de la seguridad” que se propone esta política y que además incluye emprendimiento, legalidad y seguridad. La transformación estratégica, propósito de tal círculo, por tanto, no podrá alcanzarse. Imposible, más allá de los buenos deseos y a pesar de los 861.808 activos ciudadanos integrados en la “Red de participación cívica” por la seguridad, según el anuncio de febrero pasado del ministro de defensa Guillermo Botero (3), red proyectada para incorporar hasta dos millones de integrantes, para unir a la alianza alcanzada con los más de doscientos mil integrantes de las empresas de vigilancia privada. Con estas redes y alianzas se avanza en la concreción de la pretendida acción multisectorial y multidimensional de la política de seguridad y defensa, pero que no garantizan el desarrollo del “círculo virtuoso de la seguridad”, el mismo que va más allá del emprendimiento, es decir, de la iniciativa individual, que sirve para crear falsas ilusiones –el “yo puedo” neoliberal– pero no para romper la lógica dominante en la economía de mercado.


Precisamente, una condición fundamental para quebrar la inseguridad prevaleciente en amplios sectores del país radica en la solidaridad, producto de la acción común, de la redistribución equitativa y justa de la riqueza social, y contraria al reclamado ‘emprendimiento’, que, por excelencia, es individual –además de imposible si no se cuenta con capital de trabajo–. Es decir, no es viable propiciar una vía de desarrollo basada en la agresión a la naturaleza y el irrespeto de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, y llamar a esas mismas mayorías a que actúen, en unión con el Estado, en pos de la seguridad. O tal vez la gente lo hace si por ello recibe algún reconocimiento económico.


En estas circunstancias, por tanto, lo que vendrá como producto de esta política de seguridad y defensa es una mayor militarización del país, producto lógico de la propia acción multisectorial e interagencial que reclaman para el éxito de la misma, queriendo evitar así que, en la lucha contra todo tipo de actores armados y delincuencia a lo largo y ancho del país, todo descanse en el aparato amado, que en nuestro caso implica a la Policía, ya que, como se sabe, ésta funciona con lógica militar, además de estar militarizada.


Este propósito parece nuevo pero no lo es. Siempre se ha pretendido, como lo recuerda la llamada “acción cívico-militar” de los años 60, 70 y más, activada para neutralizar a la insurgencia, hasta los planes de contrainsurgencia desplegados en territorios en disputa con aquella, en que el mando militar termina suplantando la autoridad civil y relegándola a las necesidades del aparato armado, y a la lógica del secreto militar, como lo ha vivido el país en territorios en guerra a lo largo de este siglo. Tal vez falte decir que en esta acción integrada no se reconoce la presencia de todo aquello que es reconocido con el prefijo “para”, encargado en unos casos de recoger inteligencia de combate, en otras de intimidar, y en no pocas ocasiones de desplazar y masacrar. De acuerdo a la historia nacional, en todos estos casos quien termina afectada es la población civil, lo que la inhibe para actuar de la mano con el actor armado.


Estamos, entonces, ante unos propósitos inscritos en una lógica ya conocida, preñados de “buenas intenciones” pero condenados al fracaso, en todo o en parte, lo cual implicará que la sociedad, sobre todo la conformada por los eternamente negados, sienta el peso de un aparato cada vez más cohesionado y mejor dotado en todos los niveles, que le caerá como yunque pretendiendo garantizar la reiterada por este gobierno prevalencia de la “legalidad” y la “seguridad”, en todo caso no como resultado de vida digna y justicia sino como imposición del poder en defensa de la sociedad realmente existente, la excluyente e inequitativa, que no es posible superar como efecto de simple deseo.


Lo que sin duda logrará esta política es que las Fuerzas Armadas y de Policía mejoren la venta de su experiencia por doquier, aprovechando cada vez más el reconocimiento internacional de su alta experiencia en combate de jungla y similares, función en la cual ya reemplaza a la pésimamente recordada “Escuela de las Américas”. Y de su mano, la “diplomacia para la Defensa […]”, que llevará a nuestro país a comprometerse en la geopolítica de lo que llaman “[…] potencias aliadas con las cuales existen intereses comunes, en el marco de un modelo de seguridad cooperativo que preserve los intereses nacionales”.


Buenos deseos, sí, soportados sobre una base errónea, sí, con lo cual su resultado general, en el mejor de los casos, será limitado. Pero proseguirá la guerra, ahora también con aire internacional.

1. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190206-Palabras-Presidente-Ivan-Duque-presentacion-Politica-Defensa-Seguridad-para-Legalidad-Emprendimiento-Equidad.aspx.
2. Esta política, distribuida en seis capítulos, parte de las debilidades actuales del Estado colombiano en este campo, como antesala de las Amenazas, para adentrarse en lo que pudiéramos llamar su “soporte o base” –Legalidad, Emprendimiento, Equidad–, y desbrozar a continuación los Ejes de transformación estratégica, los Principios de la Política, los Propósitos de la Política, para cerrar con los Objetivos estratégicos y Líneas de Política.
3. https://www.rcnradio.com/judicial/red-de-participacion-civica-ya-cuenta-con-mas-de-800000-personas.

Información adicional

  • Autor:Carlos Gutiérrez M.
  • Edición:187
  • Sección:Editorial
  • Fecha:Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº187, abril de 2019
Visto 24 vecesModificado por última vez en Sábado, 13 Abril 2019 16:06
Más en esta categoría:Un espíritu fétido »

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.