Lunes, 22 Julio 2019 09:23

A propósito del Bicentenario: Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República

Escrito por Philip Potdevin*
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Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

A las peculiaridades más notorias del espíritu humano pertenece…
junto a tanto egoísmo en lo particular, una falta de envidia
general de todo presente respecto de su futuro”.
R.H. Lotze, citado por Walter Benjamin en la
 segunda de las “tesis sobre el concepto de Historia”



Las breves y profundísimas diecinueve tesis sobre la Historia de Benjamin son tan agudas –y a veces, tan enigmáticas– que pueden leerse en clave de la historia de la nación colombiana con sorprendentes resultados. Cualquiera que se acerque a ellas, bien para releerlas o conocerlas por primera vez, constatará cómo explican la visión de Historia desde la perspectiva de lo acontecido en el país. Entre las más citadas, la novena, habla del “ángel de la historia”, quien, con ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas, su rostro se vuelve hacia atrás para contemplar el pasado del que quiere escapar. “Lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar”. El ángel está a punto de ser devastado por un huracán “que sopla desde el paraíso” y “se arremolina en sus alas”. Un huracán tan fuerte que no le permite al maltrecho ángel plegar sus alas. Benjamin afirma, con perspicaz ironía, que ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso.


¿Para qué celebrar el Bicentenario? Examinar los primeros siglos de la historia del país, con visión de grandes períodos, como lo sugiere Braudel, sirve para aclarar qué se requiere de cara a una Segunda República. Los doscientos años de la Primera República estuvieron marcados por fuerzas heredadas de la Colonia que, transformadas, adaptadas o renovadas, están arraigadas en el presente de Colombia: dominio económico, político y social de las élites criollas; el reparto y la rapiña de la cosa pública entre políticos tradicionales; el señorío del cacicazgo o gamonalismo en la provincia; la desigualdad social; la concentración de la tierra en poquísimos; la ilegalidad a lo largo y ancho, hacia arriba y hacia abajo; el contrabando en doble vía; la falta de presencia del Estado en la periferia; el uso de la violencia para definir diferencias políticas sociales o económicas, en otras palabras, la incapacidad para vivir en paz; la criminalización de la protesta social; la aculturación y despojo de tierras de las poblaciones originarias; el predominio de la Iglesia y de las ideas religiosas y morales en la vida cotidiana; la injerencia de las potencias extranjeras en los designios locales; el monopolio de los grupos económicos, principalmente, pero no exclusivamente, extranjeros en las actividades esenciales del país; la ausencia o precariedad de industria nacional sólida, acompañada de un desarrollo propio científico y tecnológico precario o inexistente; el saqueo sistemático de los recursos del país; la dependencia económica en pocas fuentes, según la época, como el tabaco, la quina, el café, el carbón y petróleo, una sociedad con una clase media inexistente o apenas incipiente, una educación dominada en gran parte por intereses confesionales y económicos, una país que no hace responsables a sus líderes y gobernantes de sus acciones, la impunidad generalizada desde la menor contravención hasta delitos de lesa humanidad, la corrupción rampante; una cultura ciudadana donde predomina lo informal, la avivatada (herencia de la irónica máxima colonial “se obedece pero no se cumple”), la malicia y el desprecio por la norma y la correspondiente incapacidad de hacerla cumplir; una enorme dependencia en lo foráneo, desde lo material hasta lo inmaterial y, para no alargar la lista, la progresiva pérdida de soberanía sobre el territorio original de la Gran Colombia. La lista parece no agotarse y el panorama no puede ser más desolador.


Todo lo anterior suele enmascararse o minimizarse bajo el atenuante de cuánto el país ha “progresado” –ese huracán que amenaza con arrasar al “ángel de la historia”– en dos siglos de vida y en todos los órdenes. Allí están las cifras e indicadores que citan orgullosamente quienes se benefician de ellos, en educación, en salubridad pública, en infraestructura, en bancarización, en institucionalidad, en acceso a las Tic, en urbanización, en movilidad social, en reconocimiento internacional en el deporte y la cultura y hasta en los llamados indicadores de felicidad donde el país aparece, sospechosamente, en los puestos más altos del mundo. Pero lo cierto es que el lastre que se arrastra desde la Colonia se ha exacerbado, cuando no llegado a un límite insostenible, que amerita cerrar la página de la Primera República y abrirle la puerta a una Segunda República.

¿Mejorar a Colombia o refundarla? ¿Continuidad o discontinuidad?


Desde distintos espacios se clama por un cambio profundo. Es urgente, dicen algunos, “reparar el futuro”. La pregunta es cómo hacerlo: ¿a través de continuidades o discontinuidades?, como preguntaría Foucault. Un ejemplo, sólido y sensato, desde las continuidades, lo establece el investigador Mauricio García Villegas, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia, quien publicó en el 2018, precedido de una introducción propia, la compilación de 25 “ideas para reparar el futuro”. Allí recoge opiniones de igual números de personajes de la vida nacional que señalan cómo es posible “mejorar” el país. Del análisis comparativo de las propuestas, García sintetiza siete ideas básicas:


1. Consolidar la paz con las guerrillas y pasar la página amarga de la violencia política;
2. Proteger el medio ambiente;
3. Mejorar el talante moral de la sociedad colombiana; es decir darle la importancia que se merece a la cultura, a los valores éticos y a los sentimientos morales;
4. Colmar el territorio nacional con un Estado legitimo y con capacidad para controlar a los actores armados, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la participación política;
5. Adoptar una política económica centrada en la igualdad social y la ampliación de la clase media;
6. Fortalecer la educación pública;
7. Rescatar la memoria de tal manera que ella nos ayude a superar el pasado y a enfrentar el futuro.


La sabiduría existente sobre desarrollo de los países, anota García, coincide en tres ideas de cómo mejorar los países: crecimiento económico acompañado de igualdad social y aumento de clase media; diseños institucionales que sean vistos como legítimos y respaldados por acuerdos básicos entre las fuerzas sociales y políticas, y, por último, cohesión ciudadana que tenga la capacidad de controlar a las élites en el poder y de difundir una cultura de cumplimiento de reglas, todo ello en medio de un contexto social de paz. No sorprende ni son novedosas las siete conclusiones y tres recomendaciones. Son de sentido común; todo esto, como admite García Villegas, “parece ridículamente elemental, como sacado de un manual de autoayuda para países. Pero a veces las verdades que requieren las naciones para empezar a reparar su futuro son de una simpleza pasmosa”.


Lo que debe resaltarse es que estas ideas atraviesan el espacio común de la cultura que un país tiene o debe tener. El concepto de cultura es inmanente a todo intento de formular una alternativa a la Primera República. Pufendorf, en el siglo XVII afirmaba que cultura es todo lo que se opone al status naturalis o barbaries. Luego, los iluministas franceses Turgot, Montesquieu y Voltaire constataron que la cultura no es solo la formación humana sino, por el contrario, algo esencialmente objetivo sometido a sus propias leyes. Por su parte, los alemanes Herder, Jenisch y Burckhardt le dieron la forma final al concepto de cultura, tanto en el sentido subjetivo, el de la cultura de un pueblo, como el objetivo, la de la humanidad. Herder considera que la cultura de un pueblo es el “florecimiento de la existencia, con la que él se manifiesta de manera grata, pero frágil”.


Sin embargo, para regresar a la opinión de veinticinco sabios, este aspecto no es suficiente para movilizar a un país en la dirección correcta, así ellos demuestren un alto grado de sensatez. Es necesario algo más profundo, una discontinuidad que busque, más allá de mejorar lo existente, una refundación de la nación colombiana. Dicho en palabras de Benjamin en su tesis decimocuarta: “la historia es objeto de construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno de ‘tiempo del ahora’. Así para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de ‘tiempo del ahora’, que él hacía saltar del continuum de la historia”. Y luego, de manera más explícita, en la tesis decimoquinta: “La conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción”.


Bases para la fundación de una Segunda república. El Acuerdo Final



Otra fuente para usar como hoja de ruta para fundar la Segunda República, a diferencia de las ideas anteriores que, a pesar de lo juiciosas que son, no pasan de ser opiniones de un sector de la intelectualidad del país, es una que tiene el sustento jurídico de la legalidad, un Acto Legislativo incorporado a la Constitución de Colombia: el Tratado Final de Paz firmado en el 24 de noviembre de 2016 en el teatro Colón de Bogotá. Más allá de los ataques que ha sufrido el Acuerdo por sus opositores, y su mismo rechazo en el referendo convocado para su refrendación, principalmente en el gobierno Duque y su partido el Centro Democrático, es preciso resaltar que tiene fuerza de ley y que desconocerlo es equivalente a violar la Constitución Política del país.


No más revisarlo es encontrar cómo están dadas allí las bases para una Segunda República. Hay un aire, un vientecillo fresco, que permea, sin nombrarlo, todo el Acuerdo de Paz: la necesidad de abrirle las puertas al país de una visión intercultural. Esta implica, según Fornet-Betancourt, creador de la filosofía intercultural –una de las vertientes más importantes de la filosofía latinoamericana–, varios aspectos: en primer lugar, crear las condiciones para que los pueblos hablen con voz propia; segundo, fundar una nueva dinámica de inclusión del otro, con el reconocimiento, respeto y solidaridad; tercero, pasar de un modelo de «totalidad» y que fija cierta «verdad» a una verdad como proceso, no como condición ni situación, y cuarto, uno de carácter epistemológico, como es crear las condiciones tanto para la comprensibilidad, como para el discernimiento de lo que es culturalmente extraño. En otras palabras, el pensamiento intercultural es uno que huye de lo hegemónico, de lo etnocéntrico, del desconocimiento del otro y va a contrapelo de lo que ha sido el pensamiento filosófico occidental tradicional, aquél que se retroalimenta a sí mismo sobre las bases de una filosofía antigua griega, primero, y luego centroeuropea, principalmente alemana, francesa e inglesa.


La interculturalidad, como su nombre lo indica parte del contraste y diálogo entre culturas, de buscar espacios de encuentro donde se pueda permitir la convivencia, no solo de ideas sino de seres humanos. Por ello, en el Tratado de Paz se insiste, una y otra vez, que es necesario un país que se abra a nuevas culturas que permitan cerrar para siempre lo que caracterizó a la Colonia y la Primera República: la intolerancia a la diferencia y la violencia como medio de expresar esa intolerancia.


Universales y principios para una Segunda República


De los Diálogos de Paz emergen «universales» no solo en forma de Principios rectores de cada uno de los puntos del Acuerdo Final, sino también, en la decisión de ir «modelando» nuevas «culturas» en el país, culturas entendidas en el sentido que sostiene Bastide, que lo cultural no puede estudiarse aisladamente de lo social. Las relaciones culturales deben ser estudiadas, «en el interior de los diferentes marcos de relaciones sociales, que pueden favorecer relaciones de integración, de competencia, de conflicto, etc».


En este sentido, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, nombrada por la mesa de La Habana, resalta en su informe (2015) de qué manera en Colombia ha imperado una cultura de violencia en su sociedad desde hace más de cincuenta años; una cultura de violencia acompañada de otra cultura de intolerancia por la diferencia política (liberal-conservador; derecha-izquierda); una cultura de estigmatización por las inclinaciones políticos de los adversarios; y en simultánea, una cultura de autoritarismo por parte de grupos y opositores, incluyendo el mismo Estado, una cultura de fuerza, del uso de las armas para hacerse justicia, una cultura de privatización de la seguridad particular, pero también una cultura de no participación política, por indiferencia o por miedo, una cultura de represión a la expresión de la protesta social y popular, y una cultura de irrespeto por los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, por sólo mencionar algunas de estas «culturas» que han imperado, prosperado y se han enquistado en el país.


De allí que el Acuerdo Final insista en la necesidad de cambiar esas «culturas» y hacer emerger unas nuevas, sustitutivas de las ya mencionadas. Es decir, la sociedad colombiana que emerge de los Diálogos de Paz, debe asegurar, entre muchos aspectos, la ampliación democrática, el fortalecer el pluralismo, el tener más representación de las diferentes visiones políticas, el promover la convivencia, la tolerancia, la no estigmatización, el proveer de garantías para ejercer la oposición y para que los movimientos sociales de protesta tengan también las garantías necesarias.


Aspectos que, a propósito, identifican los principios de la filosofía intercultural. En primer lugar, las partes reconocen, en una manifestación de convergencia y respeto intercultural, que «la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz», cuya construcción «es un asunto de la sociedad» que en su conjunto requiere de la participación de todos sin distinción, «y por eso es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz».


Se dice en el punto 2.1.1. del Acuerdo Final que «el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales». Luego se establecen garantías para la oposición en su legítimo derecho de disenso.


Las partes acuerdan así la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como «parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales» (2.1.6). Y a continuación viene la enunciación de la «nueva cultura»:


«Este nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición» (8.12.2013:3).


Por ello, se declara, a nivel de principios o de «universales»:


«Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, acordamos que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social» (2.2.1).


En un nuevo despliegue de interculturalidad, la partes acuerdan reconocer «que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica».


Y, con el objetivo de garantizar el ejercicio de estos derechos, las partes acuerdan que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en unos criterios; entre los que se destacan:


- garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades;
- garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos;
- garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta;
- garantías para la revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social;
- garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general;
- garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta incluyendo la revisión del marco normativo (2.1.2.2)

Acompañamiento del Ministerio Público en las movilizaciones y protestas como garante del respeto de las libertades democráticas, cuando sea pertinente o a solicitud de quienes protestan o de quienes se vean afectados o afectadas. (2.2.2)
Más adelante se insiste sobre la nueva cultura que debe imperar en el país: «En un escenario de fin del conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.» (2.2.4) Y en cuanto a la participación ciudadana en política, se dice también:

«Con el fin de promover una cultura política democrática y participativa, que fomente el tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia como método de acción política, acordamos que se pondrán en marcha las siguientes medidas: promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de comunicación y talleres de capacitación; fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles de enseñanza; promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de organizaciones sociales; y un programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política» (2.3.5).


El tema de género tampoco queda por fuera en el punto de Participación Policía y en ese sentido se establece que «se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer» (2.3.7).


También se asegura que «los procesos de democratización política y social, apuntalados en la mayor participación social y popular, tenderán a la transformación estructural de la cultura política y promoverán la recuperación del valor de la política» (2.2.2).


Y en cuanto a los medios de comunicación «deberán contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana en los medios de comunicación contribuye además a la construcción de una cultura democrática basada en los principios de libertad, dignidad, y pertenencia, y a fortalecer las comunidades con los lazos de vecindad o colaboración mutuos» (2.2.3). Y luego insiste, en el mismo acápite, en que «adicionalmente, en un escenario de fin de conflicto, los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán al desarrollo y promoción de una cultura de participación, convivencia pacífica, paz con justicia social y reconciliación». De nuevo en la sección 2.2.4, titulada: “Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad”, se establece que «en un escenario de fin de conflicto, todos, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social…» (2.2.4).


Se acuerda, también la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, que establece entre otros mecanismos y acciones la «creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz» .


Dentro del punto 2.3 Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, se establece un acápite (2.3.5) dedicado a la Promoción de una cultura política democrática y participativa en la que se sostiene que «avanzar hacia una cultura política democrática y participativa implica promover y garantizar el valor y el significado de la política como vehículo para el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Una cultura política democrática y participativa debe contribuir a la mayor integración de los sectores sociales más vulnerables, así como de los campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes y la población LGBTI» (2.3.5).

Búsqueda de una nueva cultura y trabas de sus adversarios


Es claro que del Acuerdo Final y de sus documentos preparatorios surge la búsqueda de una nueva cultura en el país, que se aleje de la violencia, de la estigmatización, de la no tolerancia al disenso y se remplace, con el apoyo colaborativo de todos, en una sociedad que a través de una transformación estructural (como lo exige la filosofía intercultural) que evidencia una cultura (o unas culturas), plural, tolerante, democrática, de reconciliación, participativa, de convivencia pacífica, de paz con justicia social, de solidaridad.


Tras este análisis, no sorprende cierta convergencia que existe entre las citadas veinticinco ideas para reparar el futuro compiladas y analizadas por García Villegas y la esencia de lo planteado el Acuerdo Final (incluso con las modificaciones que sufrió tras el revés sufrido con el No, en el plebiscito de octubre del 2016). Tras las revisiones que sufrió el Acuerdo, el énfasis en lo cultural quedó intacto.


 El cumplimiento del Acuerdo Final, que es integral a la Constitución Política de Colombia puede ser (y lo está siendo), atacado, ignorado y desestimado, pero no por ello deja de ser de obligatorio cumplimiento para los gobiernos de turno, la sociedad colombiana y las instituciones del Estado colombiano, así como de los tres poderes que lo conforman.


A casi tres años de su firma, puede parecer desalentador para muchos, que creyeron en él desde un comienzo y que vieron con ilusión la firma como el umbral del camino para alcanzar finalmente el fin de la guerra, ver que poco o nada ha cambiado gracias al Acuerdo y comprobar cada día como surgen nuevas trabas mientras la violencia regresa, se recrudece y los lideres sociales siguen siendo asesinados en muchos lugares la geografía nacional, especialmente en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño y como, incluso una de las partes firmantes, las Farc, se ha fracturado y en muchos casos ha dado la espalda al Acuerdo tan arduamente trabajado. El Acuerdo de Paz ha estado bajo ataque desde su misma gestación en el año 2012, y con certeza seguirá siendo objeto de hostigamiento con miras de hacerlo inoperante.


De nuevo, Benjamin, en su tesis octava, nos recuerda, como si desde su lugar en la eternidad tuviera puesto un ojo en la realidad nacional, que:


“La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que ahora vivimos es en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Promover el estado de excepción se nos presentará como tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La oportunidad que este tiene está, en parte no insignificante, en que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como norma histórica. El asombro ante el hecho de que las cosas que vivimos sean “aun” posibles […] no tiene nada de filosófico…”


Sin embargo, dicha tarea no parece tan fácil. Se requiere de una inmensa voluntad política y de la ciudadanía en general, para que recoja las bases establecidas en el Acuerdo y lo use para fundar la Segunda República, aquella que todo el país, que al menos admite que quiere, en verdad la paz, así haya divergencias de la manera en lograrla, puede emprender el camino de ese profundo cambio cultural que se requiere para erigir un nuevo país, después de doscientos años de tropiezos, errores, caídas. No porque en la Constitución se haya dicho (a través del Acuerdo Final incorporado a ella) que el país requiere nuevas culturas estas aparecen ya consolidadas de la noche a la mañana, sobre todo cuando las culturas a renovar son proactivas inveteradas que provienen desde épocas de la Colonia, como soporte y liento de un poder autoritario y excluyente. Es grande el esfuerzo requeerido para echar a andar esas nuevas culturas, y por lo visto, el Gobierno actual tiene poco o ningún interés de liderar esas banderas.


Pese a todo ello, una ventana queda abierta: debe venir un proyecto político de largo aliento, con aires de renovación que provea el “impulso de articulación o unidad” entre fuerzas progresistas como el que defiende, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, que lejos de tratar de alcanzar el poder en corto plazo (para perderlo al poco tiempo como sucedió con la mayoría de los gobiernos progresistas latinoamericanos de comienzo del siglo) aspira a sentar unas bases sociales para que verdaderamente pueda calar el llamado a establecer en el país la Segunda República. Benjamin cita a su maestro Nietzsche, en el epígrafe de la tesis decimosegunda, aquella donde nos recuerda que el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida: “Necesitamos de la historia, pero de otra manera de como la necesita el ocioso exquisito en los jardines del saber”. No necesitanos recreaciones históricas de batallas y cabalgatas de las rutas libertadoras, ni listados inocuos de las 200 mejores canciones, novelas o personalidades del bicentenario. La labor es más grandiosa. No todos los días se funda una república.

Información adicional

  • Antetítulo:El ángel de la historia en Colombia
  • Autor:Philip Potdevin
  • Edición:190
  • Sección:Bicentenario: De la Primera a la Segunda República
  • Fecha:Julio 2019
Visto 238 vecesModificado por última vez en Lunes, 22 Julio 2019 09:35

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