Martes, 30 Julio 2019 08:41

La municipalización y el reconocimiento de territorios indígenas

Escrito por Lady Rodríguez*
Valora este artículo
(1 Voto)
La municipalización y el reconocimiento de territorios indígenas

La expedición del Decreto 632 de 2018, sancionado por el gobierno Santos, germinó la posibilidad para la conformación de Territorios indígenas en el país. Estos territorios tomarían forma en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, en donde por la ausencia de una figura político administrativa, junto con las condiciones de localización geográfica, la amplia extensión de territorios resguardados (26 millones de hectáreas) con baja densidad poblacional, así como la pervivencia de la identidad cultural y lingüística, y el carácter pluriétnico de los Resguardos Indígenas que allí se asientan, han puesto en jaque la operatividad y la eficiencia en la ejecución de recursos públicos destinados a los Resguardos Indígenas legalmente constituidos (particularmente la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones –Aesgpri–).

Así y ante este panorama, fue necesaria una estructura administrativa que jurídicamente encaje con el ordenamiento territorial y que, a su vez, se conjugue con la autonomía y la gobernabilidad de los pueblos indígenas.



Territorios indígenas: Una apuesta por la autonomía y el autogobierno



Puntualmente, el Decreto 632 estableció las normas transitorias para la puesta en funcionamiento de los Territorios indígenas en estas áreas del país, en principio, desde la concepción de una organización fiscal y una estructura administrativa al interior del Resguardo indígena, hasta ahora ejercida por las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (Aati), como un híbrido entre las formas de gobierno propio, y las que se mencionan en el marco jurídico en materia fiscal para los Resguardos indígenas, que es tan difuso e incipiente.

El cambio cualitativo con la puesta en funcionamiento de estos Territorios es que estos se reconocen como las estructuras institucionales al interior de los Resguardos, quienes son los beneficiarios de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, generando la infraestructura institucional que posibilite en el corto plazo que estos Resguardos se certifiquen para la administración directa de los recursos de la Aesgpri, a ultranza de que este reconocimiento jurídico permita optimizar la toma de decisiones sobre el uso de estos recursos destinados a la financiación de proyectos de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas. En el largo plazo, con miras a que los Territorios indígenas recojan competencias como la prestación del servicio de educación y salud a través del Sistema Educativo Indígena Propio –Seip– y el Sistema Indígena de Salud Propia –Sispi–.

Ahora bien, superado el “lapo” político del Gobierno antecesor desde quienes vieron con recelo esta iniciativa, sobre la que vale la pena resaltar, se realizó con proceso de consulta previa y con la participación de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), lo que le sigue a esta apuesta normativa es su implementación en un contexto histórico y en un período de Gobierno distintos. El mismo Decreto estableció los tiempos y la articulación del trabajo interinstitucional que deberán adelantar el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadísticas –Dane–, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para el reconocimiento formal de los Consejos indígenas como institución de gobierno, la demarcación geográfica y la georreferenciación de la población que hará parte de los Territorios en cuesión, por lo que solo resta esperar por la eficiencia y la voluntad en el avance de estos trabajos que terminen por materializar su puesta en funcionamiento.

Todo lo anterior, con la convicción de que esta puesta normativa representa un avance para reestructurar la distribución del poder local en zonas geográficas de ocupación indígena, como un mecanismo para ganar gobernabilidad y soberanía, posible solo en áreas no municipalizadas, lo cual apacigua el vitoreo entorno a esta convicción. Esto teniendo en cuenta que, a la par que se trabajaba en la implementación de los Territorios, se sancionaba el Decreto 1454 de 2018 que dio visto bueno a la municipalización de las áreas de Barrancominas y San Felipe en el departamento de Guainía, donde se asientan siete (7) los Resguardos beneficiados por la nueva normativa.


La municipalización: la otra cara de la moneda



En una iniciativa adelantada y presentada por la Asamblea Departamental del Guainía. Con ella se optó por el control institucional del 60 por ciento del territorio del Departamento, a través de la municipalización y no de los Territorios indígenas, a pesar de que el 99 por ciento del territorio y el 92 por ciento de la población en estas áreas, respectivamente, es indígena; desconociendo el contexto socio-demográfico, y los derechos a la autonomía y la gobernabilidad que ya habían ganado espacio con el Decreto 632, y que permiten cuestionar las razones de una institucionalidad político-administrativa municipal en un territorio de asentamiento netamente indígena.

Precisamente, fueron estos los argumentos presentados en tutela de las comunidades indígenas Sikuani y Piapoco, quienes reclamaron al Departamento el respeto a sus derechos fundamentales en el marco de la autodeterminación, así como su preocupación por el traslape de los títulos colectivos constituidos en Resguardos indígenas en caso que se diera la municipalización, la cual, luego de la consulta previa adelantada por el Ministerio del Interior el pasado mes de marzo, tuvo éxito solo en el área de Barrancominas, mientras que para San Felipe la iniciativa no pudo ser materializada.

La deuda en materia de ordenamiento territorial indígena.

Este panorama jurídico en materia de indígenas, que devela la disputa entre las Entidades Territoriales y los Resguardos por el dominio institucional de las áreas donde aún no se había definido la manera de ordenar el territorio, también refleja que siguen siendo cortos e incipientes los avances en materia normativa para el ordenamiento y la integración de los Resguardos a la estructura político administrativa del país, ante el limbo jurídico en el que han permanecido.

Realidad aunada al problema de su  incapacidad jurídica para contratar, que se ha vuelto lastre para la ejecución de recursos públicos en proyectos de inversión que estén en línea con su cosmogonía, usos y costumbres que tengan impacto real; y adicional a la deuda histórica y social con sus comunidades, dada el constante incumplimiento de los compromisos del Estado con las mismas, no solo en garantía de sus derechos a la autonomía y la gobernabilidad  que abandera toda iniciativa política para los indígenas y que parece ser suficiente, sino en garantía de sus demás derechos fundamentales con enfoque diferencial.

Aun así, frente a estas disyuntivas en materia jurídica y social con las comunidades indígenas, y muy a pesar de los adelantos en esta materia por parte del gobierno nacional anterior con la conformación de los Territorios indígenas, no solo tratando de dar un tinte de formalidad a los Resguardos, al menos en materia fiscal,  sino también tratando de ordenar la región de la Amazonía que representa aproximadamente el 40 por ciento del territorio nacional; esta disputa por el control institucional del territorio de asentamiento indígena sigue reclamando una política de Estado, eso a lo que también ha llamado la Corte Constitucional, en alguna de sus intervenciones en las comunidades indígenas “EXHORTAR al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que regulen lo concerniente a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 329 de la Carta Política”,  una exhortación vigente 28 años después de aprobada la Carta del 91.

Pese a ello y paradójicamente, mientras que el asunto del ordenamiento territorial indígena pareciera no estar aún dentro de la agenda política,  la superposición de  más estructuras político administrativas sobre los municipios y los departamentos sí que ha estado en primer renglón, a propósito de la reciente Ley de Regiones como última novedad en materia de ordenamiento territorial. De manera que ahora tenemos municipios, departamentos, la puerta abierta para las regiones, pero nada de entidades territoriales indígenas, con todas las implicaciones fiscales,  programáticas y de desarrollo que conlleva el ordenamiento territorial sobre las comunidades que de ellas hacen parte.

 

Información adicional

  • Antetítulo:Una disputa entre el control institucional y el autogobierno
  • Autor:Lady Rodríguez
  • Edición:259
  • Sección:Territorio
  • Fecha:Julio 20 - agosto 20 de 2019
Visto 1146 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.