Martes, 27 Agosto 2019 11:34

La crisis humanitaria y la reinstalación de la guerra

Escrito por Alberto Yepes P.
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Fotografía: Luis Gutiérrez, "Que pensar"Fotografía: Luis Gutiérrez, "Que pensar"

Un porcentaje mayoritario de análisis y evaluación del primer año del gobierno de Iván Duque lo rajan. En materia de derechos humanos no es distinto: asesinatos, desplazamientos, amenazas, prácticas atemorizantes por parte de actores oficiales, incumplimiento de lo acordado con la insurgencia. El país parece regresar por escenarios vividos y no deseados.

 

El desarrollo del proceso de negociaciones de paz con las Farc desde el año 2012, y de diálogos con el Eln, tuvo efectos positivos en la situación de los derechos humanos, que repercurtieron en un nuevo ascenso de la movilización social, el resurgimiento de acciones de protesta que habían permanecido ahogadas durante los años del terror oficial del régimen de la Seguridad Democrática, y sobre todo, de la conformación de un vigoroso movimiento de víctimas que fue esencial para el desarrollo de los Acuerdos de Paz con las Farc. 

Los logros de estos procesos de diálogo, dieron frutos tempranos para la sociedad colombiana. Entre 2012 y 2017 el país tuvo una reducción continua en los índices de violencia general, expresado entre otros indicadores en una reducción persistente en la tasa de homicidios, que llevó a que Colombia experimentara en el 2017 la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, según datos de la Fiscalía General de la Nación (El Espectador, 21 de enero de 2018). En el primer semestre de 2018, el país tuvo las jornadas electorales más pacíficas en muchas décadas, alcanzando una participación electoral histórica superior al 53 por ciento (El Tiempo, 27 mayo 2018), en tanto el aumento en la confianza económica generada por el proceso propició que la inversión extranjera aumentara de manera continua entre 2012 y 2017 en más de un 100 por ciento y que la tasa de desempleo descendiera cerca de 3 puntos en 2017 con relación al nivel en que se encontraba en el año 2010 (Portafolio, 2 mayo 2018).

 

Inmovilismo de la paz y reinstalación de la guerra

 

Ha bastado un solo año del gobierno de Duque para que estos logros comiencen a derrumbarse. El mandato de los líderes de su grupo político de “hacer trizas los acuerdos”, a pesar de los esfuerzos por concretarlos desde el Gobierno, sectores del Congreso, el empeño del exfiscal general de la Nación N.H. Martínez, y los sectores de la extrema derecha tanto legal como ilegal, han llevado al inmovilismo el proceso de implementación de los acuerdos, aunque no han podido llevar, como ha sido su propósito, a descarrilar completamente algunos de los elementos esenciales acordados como los referidos a la independencia e integridad de los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de justicia transicional, y la participación en la vida política de cerca de 13.000 desmovilizados que dejaron la armas, conformaron un nuevo movimiento político y siguen desarrollando valiosas iniciativas económicas, sociales y comunitarias en vastas regiones del país. 

Sin embargo, ante las presiones sociales, de algunos sectores del Congreso y de distintas vertientes de la comunidad internacional, el Gobierno Duque ha adoptado una actitud de simulación con el cumplimiento de los compromisos con la paz, fingiendo respetar unos Acuerdos por los que no se esmera en obstaculizar y a los que el grupo político que representa pugna por llevar a la involución para retrotraer al país a la guerra, escenario en el que mejor pueden desarrollarse proyectos autoritarios de desarrollado basados en economías extractivas, connivencia no siempre bien disimulada con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, convivencia con el paramilitarismo y un vasto proyecto de control militar de los territorios basado en las denominadas Zonas Estratégicas Integrales de Intervención –Zeii–, las cuales al ser repudiadas masivamente como una burda reedición de las denominadas Zonas de Consolidación y Rehabilitación impuestas por Uribe en el 2002 y declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en virtud de las facultades excesivas a las fuerzas militares y restricción de libertades a los civiles, han pasado ahora a ser rebautizadas como “Zonas Futuro”1

Estas zonas terminan por subordinar y desestimar los procesos de concertación para implementar la transformación de los territorios más afectados por el conflicto, y que se concretaron tanto en los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, como aquellos donde se llevarían las estrategias del Plan Nacional de Intervención y Substitución Pnis. La estrategia ahora es militarizar los territorios, subordinar a las autoridades civiles y organizaciones sociales al poder militar, conceder facultades extraordinarias a la Fuerza Pública y otorgarles a los militares la coordinación de los planes de intervención determinados por el Consejo de Seguridad para implementar el “imperio de la ley” y la “estabilización” de un orden de privilegios y exclusión, todo lo contrario a los programas de transformación de los territorios acordados en los Pdet, los Pnis y los programas de Reforma Rural, que debían ser jalonados directamente por la participación de las comunidades.

 

La militarización y los abusos sin control 

 

La militarización intensa de los territorios se ha llevado a cabo principalmente a través de la activación de diferentes Fuerzas de Tarea Conjunta y el despliegue de las nuevas Fudras (Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido), como la creada recientemente en el Catatumbo. Las intenciones del Gobierno Duque de reinstalar prácticas represivas cuestionadas en el pasada, se previeron a partir de sus decisiones de postular para ascensos a mandos militares implicadas de manera directa o indirecta con casos de ejecuciones extrajudiciales en el pasado, y lo mismo cuando decidió conformar la nueva cúpula militar con otros 9 mandos cuestionados por este tipo de prácticas, hechos denunciados por algunas bancadas en el congreso y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Las consecuencias no se hicieron esperar. El asesinato del desmovilizado y líder social Dimar Torres en Convención (Catatumbo) por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el 22 de abril, puso de presente la reiteración de prácticas de “falsos positivos” y de desaparición forzada aun persistentes en las fuerzas militares. Después de ser objeto de seguimiento por varios días, detenido y torturado, lo asesinaron, pretendiendo desaparecer su cadáver, pues solo fue posible descubrirlo cuando la comunidad de la vereda Carrizal reunió a todos sus miembros para ingresar a la fuerza a una área militar donde les impedían el acceso, después de negarles que lo habían detenido, descubriendo que su cadáver recién asesinado estaba junto a una fosa en tierra en donde iba a ser enterrado y desaparecido. 

Otros casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las tropas en el Bajo Cauca, Tame o Tumaco han puesto de presente la continuidad de estos delitos. Las revelaciones de directivas secretas por parte del New York Times, en las que promueven bajas en operaciones militares, logradas a cualquier costo, incluso mediante alianzas con grupos paramilitares y con relajamiento de los niveles de certeza sobre si los civiles pueden ser los blancos de las operaciones militares, llevaron al Gobierno a negar la existencia de este tipo de órdenes y de prácticas, creando para ello una “Comisión de Excelencia Militar”, que se encargó de certificar, contra toda evidencia, que no ha habido bajo el nuevo gobierno nuevos casos de falsos positivos y que todas las normas sobre operaciones militares respetan plenamente los derechos humanos.

No deja de ser paradójico que las zonas más militarizadas coincidan con aquellas donde se expanden las economías ilegales y la presencia de actores ilegales, representados en el Eln, las llamadas disidencias de Farc y principalmente los grupos paramilitares. En estas regiones, quienes luchan por la implementación de los Acuerdos de Paz, y las salidas negociadas al conflicto armado, están siendo asesinados ante la ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado, la principal de las cuales es la ausencia de voluntad para implementar, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un plan para el desmonte del paramilitarismo, compromiso que denota el principal y notorio incumplimiento del Gobierno al Acuerdo de Paz. 

 

Crisis humanitaria 

 

La crisis humanitaria, y la intensificación de las distintas manifestaciones del conflicto armado se expande y se agudiza en distintas regiones del país, mientras el Gobierno Duque volvió a la tesis básica de la “política de seguridad democrática” de la negación del conflicto armado e imposición de una nueva narrativa de la memoria según la cual un solo actor, la guerrilla, ha vulnerado derechos en el pasado y, es el único actor que lo sigue haciendo hoy. 

 

En medio de esta crisis, durante el primer año de este gobierno se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país2, cuya responsabilidad en la inmensa mayoría de los casos no pudo ser determinada, lo que devela una estrategia de las empresas criminales de estos crímenes sistemáticos por ocultar o desviar hacia otros indeterminados la responsabilidad detrás de estos planes de exterminio, que no se detiene por más que el Gobierno mienta sobre que ha reducido los asesinatos en un 35 por ciento3, o que la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60 por ciento de los casos4. El mismo patrón se repite para el asesinato de desmovilizados de las Farc en el cual, según cifras de Indepaz, 55 de ellos han sido asesinados en el primer año de gobierno Duque, con lo cual ya son 140 los asesinados, más 11 desaparecidos, 17 tentativas de asesinato y 34 familiares asesinados, mientras el Gobierno se jacta de que les está cumpliendo a las bases de las Farc que se mantienen en la legalidad. El exterminio se extiende también a los pueblos indígenas que han padecido el asesinato de 96 de sus integrantes5 bajo el gobierno de la “paz con legalidad”.

 

El Acuerdo de Paz contempla una ruta de compromisos para la superación de la grave situación de derechos humanos y de garantías para la labor de defensa en los territorios, que si hubiera voluntad de cumplirla, debería haber dado cuenta ya por lo menos de la implementación de planes muy avanzados para el sometimiento voluntario y/o el sometimiento forzado de las estructuras paramilitares y la separación del servicio de los integrantes de la Fuerza Pública que no muestran resultados con este compromiso. El incumplimiento de estas obligaciones es la causa principal de la expansión del paramilitarismo, de los atropellos desbordados de la militarización y de la agudización de la crisis humanitaria. 

 

Mientras tanto, la situación de derechos humanos sigue deteriorándose al punto que la tasa de homicidios vuelve a incrementarse: el año pasado, después de 7 años continuos de descensos, las desapariciones forzadas alcanzaron una cifra de una víctima cada 4 días; comunidades indígenas y afro descendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses, sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, el Comité Internacional de la Cruz Roja –en su último informe– denuncia la grave crisis humanitaria y la expansión de 5 nuevos tipos de conflicto armado; el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90 por ciento6, y en cada vez más regiones de nuevo la gente siente miedo7

 

1El Espectador (8 agosto 2018). Gobierno lanza programa Zonas Futuro en las regiones más afectadas por la violencia. En: https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-lanza-programa-zonas-futuro-en-las-regiones-mas-afectadas-por-la-violencia-articulo-875161

2Nodal (7 agosto 2019). En el primer año de gobierno de Duque fueron asesinados 226 líderes sociales. En: https://www.nodal.am/2019/08/mas-de-200-lideres-sociales-asesinados-en-el-primer-ano-de-gobierno-de-duque/

3Uprimny, R. (agosto 2019). “Cifras Mortales”. En: https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/

4 Colombia 2020. (27 julio 2019). “La Fiscalía manipula cifras de crímenes contra líderes”: directora Asociación Minga. En: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fiscalia-manipula-cifras-de-crimenes-contra-lideres-directora-asociacion-minga-articulo-873114

5ONIC (10 agosto 2019). SOS Norte del Cauca: ONIC denuncia y rechaza el vil ataque y asesinato de dos guardias indígena, y cinco heridos. En: https://www.onic.org.co/70-noticias/destacadas/3109-sos-norte-del-cauca-onic-denuncia-y-rechaza-el-vil-ataque-y-asesinato-de-dos-guardias-indigena-y-cinco-heridos

6 CICR. https://twitter.com/CICR_co/status/1105259646544158721

7 Colprensa (28 marzo 2019). “La gente vuelve a tener miedo y el conflicto aumenta”: informe del CICR. En: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-gente-vuelve-a-tener-miedo-y-el-conflicto-aumenta-informe-del-cicr-2844992

*Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos

 

Información adicional

  • Autor:Alberto Yepes P.
  • Edición:260
  • Sección:Derechos humanos
  • Fecha:Agosto 20 - septiembre 20 de 2019
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