Domingo, 27 Octubre 2019 14:43

La guerra no para en el Catatumbo

Escrito por Edwin Guzmán
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La guerra no para en el Catatumbo

Catatumbo es una de las regiones más peligrosas para quienes trabajan en favor de las comunidades. La guerra que se vive no da tregua a una población civil que sufre desplazamientos, ejecuciones, desapariciones, secuestros, violencia sexual, reclutamiento infantil, minas antipersonales, amenazas, asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Los datos escalofriantes son resultado de una disputa por el control del territorio y sobre las comunidades.

 

La región del Catatumbo está en Norte de Santander y limita con Venezuela. La componen once municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Allí habitan 295.000 personas, de las cuales un cuarto vive en Ocaña, el municipio más grande y el más próspero. Pues en todos los demás, más del 45 por ciento de su población vive con necesidades básicas insatisfechas según los últimos datos de entidades gubernamentales. En el 92 por ciento de la región no existen títulos formales sobre la tierra, y numerosos campesinos trabajan en ellas sin titulación de propiedad. Entre una y dos personas de cada diez vive en condiciones de pobreza extrema, y la falta de carreteras adecuadas dificulta aún más la comercialización y venta de los productos campesinos.

El informe presentado por Human Rights Watch es resultado de más de 80 entrevistas a un amplio espectro de actores. La mayoría tuvieron lugar en la zona durante una visita realizada en abril del presente año. Recoge testimonios escritos y entrevistas con familiares de víctimas, testigos, funcionarios, autoridades religiosas y líderes sociales alrededor de 23 hechos violentos ocurridos entre diciembre de 2017 y abril de 2019, los mismos que involucran la muerte de 38 personas; según sostienen familiares y testigos todos eran civiles. Muchos de los entrevistados expresaron su temor a sufrir represalias y accedieron a dialogar manteniendo el anonimato.

En ocho casos analizados por Human Rights Watch, grupos armados mataron a civiles tras acusarlos de cooperar con otros grupos o con la fuerza pública, o por negarse a sumarse a sus filas. Según la información recopilada por la organización internacional, son frecuentes los secuestros de civiles para interrogarlos sobre su presunta cooperación con otros grupos armados, como la quema de pertenencias o cultivos después de negarse a cooperar con algún grupo. También tuvo acceso a testimonios sobre 14 casos de familias desplazadas, obligadas a ello porque un grupo armado presionaba a un miembro adulto para que se sumara a sus filas.

Las cifras

Las cifras sobre la crítica situación en el Catatumbo son contundentes. Indican que más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2017, la mayoría durante el 2018. Con 231 personas asesinadas en 2018, la tasa anual de homicidios en el Catatumbo supera en tres veces la nacional. Y los datos preliminares indican que entre enero a junio del presente año van 114 personas asesinadas. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la cantidad de personas desaparecidas aumentó de 11 en 2016 a 16 en 2017, y a 24 en 2018. La Unidad de Víctimas reportó siete desapariciones en 2017 vinculadas con el conflicto armado y otras seis en 2018. Por su parte la Fiscalía General de la Nación indica que desde 2017, hasta abril del presente año, van 17 procesos abiertos sobre reclutamiento de menores, a lo que se suma el grave problema del trabajo infantil en las grandes plantaciones de coca. Y la Fiscalía tiene a cargo 189 procesos en el mismo periodo, sobre presuntas “desapariciones forzadas” cometidas en la región. Desde enero de 2017 a mayo de 2019, se han reportado violaciones sexuales y otros actos de violencia sexual contra 37 víctimas.

En 2019 van en la región cuatro “desplazamientos masivos”, definidos por el derecho colombiano como aquellos que involucran 50 o más personas, o 10 o más familias en un solo incidente causado por violencia armada. Desplazamientos ocurridos en los municipios de Teorama, San Calixto, El Tarra, Hacarí y Playa de Belén, que afectaron a más de 800 personas. Según la fiscalía, dos miembros de grupos armados han sido imputados, pero no hay condenas y 483 procesos continúan pendientes.

En otro tópico del conflicto armado que cubre esta parte del país, desde 2017 cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales. La fuerza pública retiró al menos 92 dispositivos explosivos y destruyó al menos 55 minas terrestres entre octubre de 2018 y abril de 2019. Desde 2017 hasta abril del presente, van más de 770 procesos abiertos por homicidios cometidos en alguno de los municipios en cuestión. Sólo se han dictado 61 condenas. La tasa de homicidio mantiene su creciente, desde los 112 en 2015 –con el entonces cese al fuego decretado por las Farc–; en el año en curso se reportan 231. Grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos y líderes sociales desde 2017, según la Fiscalía.

La cantidad total de abusos probablemente sea mayor, debido a que en muchos casos nunca se denuncian por temor a represalias. Además, los exiliados venezolanos enfrentan barreras específicas para denunciar. Inmigrantes que viven en todas las áreas urbanas más importantes del Catatumbo, como Tibú, Ocaña, El Tarra, Ábrego, Convención y Sardinata. En 2018, 19 venezolanos fueron asesinados en el Catatumbo, según información de la Policía, en 2017 el informe reportada 5 casos.

De acuerdo al informe, el Catatumbo es un escenario de guerra debido al enfrentamiento entre el Eln y Epl, con acciones armadas desde comienzos de 2018. Ahora reaparece la presencia de disidencias de las Farc.

El motor de la guerra es la coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2017 cerca de 28.200 hectáreas estaban destinadas a este cultivo. Por ejemplo, entre todos los municipios colombianos, Tibú presentaba la segunda mayor superficie destinada a cultivo de coca.

En la región, algunas de sus áreas también son fuente importante de producción petrolera, y en ellas el Eln ha perpetrado ataques.

Los actores armados

Según el informe, desde 1970 el Eln está con efectivos en esta región. El Frente de Guerra Nororiental actualmente tiene presencia en la zona con al menos 400 integrantes. Por su parte, el Epl mantiene dispersos cerca de 200 combatientes en todo el departamento del Norte de Santander.

Hasta el Acuerdo de paz, las principales unidades de las Farc que tenían presencia activa eran del Frente 33; a comienzos de 2018 un grupo de ex miembros pertenecientes en su mayoría a este frente crearon un nuevo grupo armado. Estas disidencias tienen presencia en diversos municipios como Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención, y sumarían al menos 70 miembros.

La momentánea desmovilización del frente 33 de las Farc dejó un vacío en la región, lo que propició la intensificaron de las tensiones por el control territorial y rutas de narcotráfico. Esta nueva realidd, motivó al Epl a desplazarse hacia zonas como El Carmen, Convención y Teorama, ocupadas por el Eln; la inexperiencia de los mandos que sucedieron a Megateo tras su muerte, tal vez explican tal decisión, como la misma incapacidad para aguantar los ataques del Eln, ante lo cual decidieron retirarse y evitar más combates. A comienzos de 2019 los enfrentamientos entre ambos grupos se redujeron de manera ostencible.

En octubre de 2018, el gobierno colombiano incorporó la “Fuerza de Despliegue Rápido No. 3” (Fudra) con el fin de llevar 5.600 militares más al Catatumbo. La nueva fuerza se sumó a la Trigésima Brigada del Ejército, el Batallón de Ingenieros No. 30 “José Alberto Salazar Arana” y a la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad militar especial que opera desde 2011 y cuenta con 4.000 miembros.

La presencia del ejército, ha implicado también violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, entre 2006 y 2008, soldados participaron en ejecuciones extrajudiciales. De hecho, el general Villegas, actual comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, enfrenta una investigación penal por “falsos positivos”. Con corte al mes de mayo de 2018, había aproximadamente 800 policías en el Catatumbo en áreas urbanas, donde suelen estar atrincherados en sus estaciones.

Precisamente fue en esta región, en concreto en el municipio de Convención, el 22 de abril de 2019, donde un miembro del Ejército mató a Dimar Torres, un miembro desmovilizado de las Farc, asesinato que se intentó encubrir con las declaraciones del mismo Ministro de Defensa.

La difícil situación de los nacionales que habitan esta parte del país, ahora también la sobrellevan gran cantidad de venezolanos que obligados por la situación económica de su país se han ubicado en ella con el propósito de lograr una mejor cotidianidad, nuevos pobladores que también quedan atrapados en las lógicas bèlicas. La incapacidad del Estado colombiano para la atención de las víctimas y la administración de justicia, propicia que la impunidad y la zozobra se impongan en una población silenciada por el miedo.

La guerra no se ha ido, se instala en regiones de nuestra basta geografía como la costa caucana, Arauca, Córdoba y el Catatumbo. Las balas seguirán cayendo sobre inocentes en esta indolente Colombia.

Información adicional

  • Antetítulo:Informe de Human Rights Watch sobre el noroeste de Colombia
  • Autor:Edwin Guzmán
  • Edición:Nº262
  • Sección:Derechos Humanos
  • Fecha:20 de octubre - 20 de noviembre de 2019
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