Domingo, 27 Octubre 2019 15:22

Cali y la ciudad invisible

Escrito por Equipo desdeabajo
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Cali y la ciudad invisible

La lucha por el derecho a la ciudad aún prosigue en Colombia, país que en pocos años ha visto como el 80 por ciento de su población pasó a concentrarse en los centros urbanos. La guerra y la pobreza continúan expulsando a los pobladores del campo. Una realidad que parece no tener límite inmediato y que en el caso de Cali reúne realidades impactantes.

 

“Cali tiene dos sectores que han crecido al 500 por ciento durante los últimos diez años: la Comuna 1, construida sobre la Cordillera Occidental, con barrios como El Ceibo, Patio Bonito, Palermo, Las Palmas, Montañuelas, y otros más; y la Comuna 15 en el Oriente de la ciudad, con barrios como Haití, El Valladito, Brisas del Caracol. Entre unos y otros congregan alrededor de 150.000 personas. Es así como tenemos ante nuestros ojos, aunque gran parte de quienes viven acá no se percaten de ello, una ciudad invisible, cuya foto cambia cada día”.

 

Con esa seguridad nos detalla Jeffersson Martínez, asesor del Alcalde para Protección de ecosistemas y asentamientos irregulares, la situación de la capital del Valle. Es una realidad compleja, dura para quienes la padecen, y grave para el futuro de la ciudad, pues no hay datos precisos o exactos sobre la gente que se asienta en estos barrios, de dónde proceden y de las condiciones en que salen de sus terruños, y por lo tanto las políticas públicas orientadas para facilitar sus vidas no son integrales ni dan cuenta de la totalidad de sus necesidades, son, más bien, como palos de ciego, en este caso soportadas por la buena voluntad o por el deseo de hacer un buen gobierno por parte del funcionario de turno.

Así es en el mejor de los casos. “Sabemos que quienes se asientan en la parte alta –Comuna 1– provienen de zonas montañeras de los departamentos del Cauca, Nariño y Caldas, y de manera preponderante son gente con raíz campesina e indígena, y quienes privilegian la zona oriental vienen de distintos municipios del Pacífico, bien Tumaco, Buenaventura y municipios del Pacífico nariñense, gente que busca partes bajas, humedales, calor, ríos, pues es gente anfibia. De lo que sí estamos seguros es que la situación es muy grave, que la mayoría son víctimas del conflicto e incluso victimarios, población desplazada o gente que sencillamente viene a invertir en Cali, porque les interesa más invertir acá que en sus terruños”.

“Toda esa gente –amplía Jeffersson– son desplazados por la violencia, amenazados, gente que prefiere vivir y no arriesgar la vida y la de su familia, a pesar de que dejan atrás todo o gran parte de lo que tenían; pero también son desplazados de la pobreza: gente que no tiene trabajo, que sus ingresos son mínimos, que padece hambre, y que valora que en esta ciudad puede mejorar su vida y la de los suyos”.


Esta es la situación particular de Cali, pero realidades similares –en cuanto a recepción de desplazados– también la viven desde años atrás ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, cada una recibiendo miles de familias procedentes de regiones rurales cercanas a estos centros urbanos. En todas ellas no dejan de aparecer cada cierto tiempo nuevos barrios, donde la pobreza se divisa desde lejos, barrios con una conflictividad por resolver, donde los indicadores de consumo de psicoactivos es alta, la violencia del poder armado de bandas no deja de aparecer cada día, pero también la ausencia total o parcial de servicios públicos. Barrios donde la vida se aruña cada día con la fuerza del tesón, y donde la esperanza de mejor vida no abandona el inconsciente individual y colectivo.

Este crecimiento acelerado de las ciudades colombianas sucede en unos casos desde hace algunos años, y por lo menos desde hace dos décadas o más en otras, y ocurre ahora como también fue visible en los años 60-80 del siglo XX, otra época donde miles de miles salieron del campo, en este caso no solo por la violencia sino por las políticas gubernamentales sugeridas por asesores de la banca multilateral como Lauchlin Currie, que recomendaron vaciar el campo para obtener mano de obra para impulsar la productividad nacional.

En Cali, nos recuerda nuestro entrevistado, “La ciudad fue muy atractiva también en los años 80 del siglo XX, cuando los hermanos Rodríguez lideraban en el país uno de los carteles de la droga, y entonces acá llegaban cientos buscando trabajo en sus bandas, seguros de pelechar en pocos años como ‘gatilleros’ u oficios similares y así resolver de una vez y por todas la falta de techo, buscaban y en algunos casos encontraban ‘trabajo’ e ingresos seguros. Así como el cartel sirvió de imán, así mismo la ciudad, por su cercanía con zonas de siembra de coca y marihuana, también mantiene su atractivo: la gente siembra en el Cauca, en el Pacífico o en Nariño y construye sus viviendas acá, al tiempo que le aseguran estudio a sus hijos”.

 

El negocio

 

Cuando se detallan los mapas de Cali, comparando los de hace pocos años con los de hoy, se comprueba que el goteo humano es permanente (Ver mapas), y que el borde de la ciudad, el institucional, está totalmente superado, desbordado es la palabra exacta, muestra palpable de que las políticas urbanas al frente de nuestras urbes no dan cuenta de la real reconfiguración poblacional que vive el país. Hoy tenemos ese crecimiento, incluso al 500 por ciento. Otra época donde la ciudad creció de manera notoria fue con motivo de los Juegos Panamericanos –años 70– cuando lo hizo al 8 por ciento, “compare y no hay parangón”, enfatiza Jeffersson con clara emotividad en su rostro.

Son miles que buscan un terreno para construir su casa, y encuentran en la ciudad una mafia de usurpadores del suelo público, pues Cali tiene la particularidad de ser la capital ejidal de Latinoamérica (Ver recuadro ¿Qué son los ejidos?). “Nuestra ciudad, nos indica Jefferson, se extiende a lo largo de 56.000 hectáreas, de las cuales el 70 por ciento es zona rural, y son precisamente tales terrenos –toda la montaña que está al occidente y toda su zona rural– los que particulares, integrados como mafias, se fueron robando desde la segunda mitad del siglo XX, pero de una manera más sistemática desde hace algunas décadas” (Ver recuadro “38 años en defensa…”).

En el robo de estos ejidos han participado desde familias de apellidos encumbrados hasta sectores populares, “los primeros se hacen a decenas de miles de metros cuadrados, en ocasiones de manera legal, y los segundos a cientos”, reconoce con ironía nuestro entrevistado.

 

 

 

En particular, en los últimos años este robo está a la orden de mafias de la tierra conocidas como “tierreros”, que en no pocas ocasiones funcionan apoyados por funcionarios públicos, políticos, contratistas, es decir, están aliados a una parainstitución, con bufetes de abogados que les facilitan la defensa de sus acciones y la misma legalización de lo usurpado.

Es un negocio que engorda el bolsillo de unos cuantos, y lo engorda bajo coartadas múltiples, así como bajo la misma amenaza. Y así sucede, nos cuenta quien está como asesor al lado del Alcalde en estos temas, porque “Quienes controlan los territorios donde van ganando espacio a los humedales y lagunas, desecándolos con escombros, cobran por dejar entrar tales escombros, y luego de secado el terreno venden el metro cuadrado a razón de 500 mil y hasta 2 millones de pesos. El negocio es tal que al día pueden recibir hasta 5 millones solo por el tema de escombros. Así sucede en barrios como el conocido como Haití, controlado por una banda del mismo nombre”.

Hay que resaltar que ese predio es del municipio y está alquilado a Incauca para la siembra de caña, pero allí, de manera sorprendente, la gente avanza en una invasión y construye en materiales fuertes, resistentes, lo que indica que llegan para quedarse. No construyen en bareque ni material endeble, lo hacen en ladrillo, barrilla, cemento, y así existen más de 1.000 unidades de vivienda. Mientras así avanzan, queman y hurtan la caña que siembra el ingenio, el cual reporta pérdidas al municipio, al cual también pone a perder.

En medio de esta disputa, algunas de las familias que compran allí un pedazo de tierra y construyen sobre la misma, comienzan a padecer el cobro semanal de vacunas, amenazas, y padecen un nuevo desplazamiento –un doble desplazamiento, incluso se denuncia casos de familias desplazadas hasta en cinco ocasiones–. La gente se endeuda para pagar los lotes, y así lo va haciendo a intereses que no son cómodos, por lo cual termina cancelando mucho más de lo que aparenta o del cobro que le ejecuta el tierrero.

Lo que tenemos por tanto en Cali, como en otras muchas urbes colombianas, es una ciudad del conflicto, receptora de éxodos, donde miles de familias buscan tranquilidad y un mejor futuro, es un anhelo justo de la gente, de los de abajo, que son los que han construido nuestras ciudades, así parezca que las mismas son fruto de la planeación ordenada del territorio, lo cual no es la imagen real de lo sufrido y conocido por la mayoría de quienes las habitan.

Tenemos, por tanto, un reto para los gobiernos que tomarán las riendas de nuestras urbes en enero del año 2020, pero también para el conjunto de quienes las habitan: construir ciudades donde la justicia y la vida digna no sea un sueño sino una realidad. Reto inmenso pero que es hora de proyectarlo a partir de construir planes de ordenamiento territorial populares, que sí recojan la foto real de lo que es hoy el 80 por ciento de Colombia.

 


 

¿Qué son los ejidos?

 

Es tierra, de propiedad común o colectiva. Antes de ser conocidos como tal, eran los baldios de la nación. La ley 32 de 1929 prohibe expresamente la ocupación de los ejidos por la clase pudiente, pues debe destinarse a los pobres.

A su vez, la ley 41 de 1948 los declara como bienes de uso público por lo cual son imprescriptibles, inenajenables e innembargables (Art. 53 de la C.N.), ley que para el caso que nos ocupa ha sido totalmente burlada.

De igual manera, para el caso de Cali, en 1938 estas tierras fueron declaradas como reserva forestal protectora. En parte de su extensión se encuentran las hoyas hidrográficas del río Cali, Aguacatal, Meléndez, Pance, Cañaveralejo, Lilí. Así mismo los farallones de Cali, riqueza ecológica con bosques, fuentes hidrícas de donde se surte la ciudad del vital líquido y bosques de niebla. Podra entenderse, por este solo hecho, la importancia de las mismas, y el reto fundamental de que se mantengan como bien público.

Tierra, el origen y base del conflicto que sobrelleva Colombia desde tiempo préterito, la que ha sido amasada por miles de hectáreas por pocas familias en nuestro país, cumple su regla también en Cali, donde las familias que ostentan los apellidos de alcurnia se apoderaron de gran parte de los ejidos.

Entre estas familias figuran las de apellido Escarpeta (Óscar), quien amasa 72 millones 800 mil m2; Lloreda, con 43 millones de m2; Borrero; Guerrero Velasco.

Para sorpresa de propios y extraños, el Club Campestre (donde los ricos se reúnen a conspirar y hacer negocios, al tiempo que juegan golf y gozar de otras delicias para el cuerpo y la mente), la Hacienda Meñéndez (donde los ricos se casan), son terrenos ejidales. De igual manera lo son fincas de recreo de las cuales gozan estas y otras familias en sitios como El Saladito, Las Nieves, Altos de los Farallones de Cali, Los Andes, La Buitrera, Villa Carmelo.

Producto del proceder ilegal de unos y otros, así como de negociantes “menores” de la tierra urbana y rural de Cali, la ciudad ha perdido un total 232 millones de m2.

En este proceso de disputa por la tierra, en unos casos para especular con ella y gozar de sus delicias, a la vez que acumular poder, y en otros en el afán por tener un techo donde guarecerse, 186 barrios de Cali, donde habitan no menos de 40 mil familias, están construidos sobre tierras ejidales; barrios en donde viven miles de familias que no ostentan título de propiedad y la cual, haciendo honor al sentido último de los ejidos –que sean destinadas para usufructo de los sectores desposeídos, para el común de gentes, en este caso para construir vivienda, la alcaldía debería proceder a entregar tales títulos sin costo alguno y así legalizar una realidad de hecho con la cual se hace justicia.

Precisamente, con fallos favorables de los jueces, por acciones populares interpuestas por Claudio Borrero, fueron restituidos a favor de la ciudad, todos los terrenos donde están localizadas las Comunas 18 y 19, que suman 4 millones sesenta mil 82 m2, las mismas que tienen un valor comercial superior al medio billón de pesos.

Asimismo, el Consejo de Estado falló de manera favorable por el reintegro para la ciudad de todo el territorio de montaña que integra los Farallones de Cali (150 millones de m2 más 200 metros), y también la reserva ambiental protectora (88 millones 800 mil m2).

Conociendo toda esta lucha, que le ha significado 4 décadas de indeclinable labor, no es extraño que quien asumió este reto como proyecto de vida algunos le digan; “apóstol de los ejidos”, y otros aludan a él como: “defensor del patrimonio público”.

Claudio Borrero, consciente de la labor en que está empeñado, insiste, sin alardes de protagonismo, que para que la misma tenga éxito le corresponde a la ciudadanía como un todo luchar y reclamar lo que les pertenece. Sin ese factor, el irrespeto de las decisiones de los jueces será la norma.

 


 

Ingeniero Claudio Borrero Quijano:
38 años en defensa de los “Bienes de uso público ejidales del municipio”

 

Ser consecuente con sus principios de vida y dentro de ellos luchar sin descanso por lo que es de todos, le ha valido tres atentados contra su vida, dos a bala y uno a cuchillo impregnado de cianuro, este último un intento por degollarlo llevado a cabo el 24 de febrero de 2010 mientras rezaba al interior de la Catedral de Cali, atentado del cual salió vivo al ser trasladado de manera oportuna al hospital San Juan de Dios por dos policías, donde los galenos hicieron lo que correspondía.

Es Claudio Borrero Quijano, quien en noviembre 1 de 1978, como presidente del Concejo de Cali, a nombre del Partido Liberal del cual era parte en ese entonces, se comprometió con realizar Control Fiscal de los “Bienes de Uso Público Ejidales del Municipio”, usurpados por raigambres encopetadas de tradición caleñísima.

Hoy, avanzando el 2019, casi cuatro décadas de lucha irrenunciable por lo que es del conjunto caleño, denunciando no solamente a los traficantes de tierra con raíz popular, integrados en mafias que no dudan del uso de la fuerza para hacerse “con lo suyo”, sino también a “pulcros” de cuna de oro –que no pierden oportunidad para hacerse con parte de los ejidos– (ver “¿Qué son los ejidos?”). Una lucha desigual pues, en tanto existen múltiples intereses entrecruzados todos prefieren que el silencio predomine y que el denunciante pase por “loco”.

Treinta y ocho años de acción consecuente e ininterrumpida en los cuales ha logrado fallos favorables del Consejo de Estado, como el emitido por unanimidad el 26 de junio de 2015, reconociendo la usurpación de 23.800 hectáreas de terrenos municipales, ocupados ilícitamente por 30.794 particulares en las montañas del área rural (13 corregimientos). Fallo sin eco en la alcaldía municipal que no ha hecho nada al respecto. (presunto prevaricato).

El 20 de abril de 2015, de igual manera, con Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, la ciudad fue beneficiada con una decisión sobre dos ejidos urbanos que suman 4.060.082 m2. De parte de la administración municipal: silencio y manos amarradas. Presunto Desacato de la Actual Administración Municipal de Cali.

Desde febrero de 2005 con denuncia penal, puso en conocimiento de los jueces una compra de “cosa propia”, en este caso unos ejidos localizados en el Parque Nacional de los Farallones de Cali (finca El Rubí, con extensión de 310 ha.). En este caso operó el tapen-tapen, tan típico en nuestro país, con un Concejo municipal en componendas de servidores públicos que apadrinaban a los funcionarios responsables del desfalco al erario. Un tapen-tapen que también sirve para ocultar la mediocridad de unos gobierno municipales –y nacionales– que no han tenido la imaginación ni la voluntad para diseñar y poner en marcha verdaderos planes urbanísticos en los cuales la vivienda esté integrada como un derecho fundamental de las gentes, viviendas construidas y administradas desde entes públicos, regulando de manera clara y perentoria el negocio que desde siempre se ha hecho con la misma, convertida en moneda para la especulación y el enriquecimiento de propietarios individuales pero, en lo fundamental, de entidades bancarias y similares.

En este particular, luego de años de litigio, y cuando el caso estaba en Casación en la Corte Suprema de Justicia –año 2014– desapareció el expediente entre el piso 8 y el 1, durante traslado al Juzgado Primero de Ejecución de Penas.

Así mismo, y pese a silencios y desacatos, fue denunciante del negociado del Dagma del 27 de diciembre de 2004, Casación inadmitida por la Corte Suprema el 4 de abril de 2014.

Así como estos, ha estado al frente de 19 denuncias adicionales, algunas falladas de manera favorable, pero como en los ya comentados, sin acatamiento por las administraciones que han estado al frente de la ciudad a lo largo de estos años.

Como parte de estos otros 19 casos, resalta la denuncia en contra del municipio de Cali por compra de cinco fincas a particulares que suman un área de 10.800.000 m2, negociado que representó erogación de $7.824 millones de pesos desde el año 2000, a la fecha los valores indexados con intereses representan una lesión económica enorme superior a los $20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos).

También hace parte del esfuerzo por proteger los bienes de la ciudad, la denuncia de los negociados del Dagma durante las alcaldías de Ricardo Cobo Lloreda (cuatro fincas) y Apolinar Salcedo (una finca). El Tribunal Contencioso del Valle del Cauca se pronunció en su momento (2006) en contra y hasta la fecha todo sigue como si no hubiera fallo judicial.

Otros tres procesos ejidales por negociaciones ilícitas de la Secretaria de Vivienda, Radicado 0916 Fiscalía 67, Radicado 812769 Fiscalía 98, Acción Popular 2009-0248 de agosto 31 de 2009 - Ejidos de Meléndez Sur (Navarro) - Área 10.551.000 m2 -Vocación 150.000 VIS –prioritarias para estratos 1, 2 y 3. –Proceso Penal 01476 Fiscal 48 Seccional Cali (Ever Marino López Guerrero) –Juez Primero Penal del Circuito de Conocimiento Flover Ortiz Monguí –Radicado 76001600000020120047600.

En los Indivisos Ejidales de “San Joaquín” y “La Buitrera”, le propuso al actual alcalde de Cali formalizar los procesos judiciales.

Son, sin duda, cientos de miles de hectáreas, los que la ciudad ha perdido, por falta de una política activa en varios frentes, entre ellos: delimitación de áreas para conservación forestal y ambiental, pero también como espacios para recreación pasiva o activa; proyección de planes de vivienda, de los ahora llamados como de “interés social” como parte de un proyecto de construcción de ciudad claramente delimitada, equilibrada, integradora, participativa, donde los “especuladores de la tierra” no encontraran espacio. Y así podrían ser otros los usos y destinos de los ejidos, reserva fundamental para un equilibro y sostenimiento ambiental de la ciudad.

Tras estas décadas de lucha, queda por preguntar, ante el desacato de lo fallado por los jueces, y la ausencia de un proyecto de ciudad de largo plazo: ¿existe o no real interés por construir una ciudad para todos y todas?

 


 

Invasiones a granel

 

En la actualidad, y de acuerdo a datos oficiales, Cali cuenta con 221 invasiones o “Asentamientos humanos precarios”, construidos a lo largo de 2.000 hectáreas, y en los cuales habita un total de 500 mil personas. Es decir, la cuarta parte de la población vive en condiciones precarias, sin techo digno, en su mayoría concentrada en el rebusque diario. Precariedad de miles de personas sin tomar en cuenta otras realidades, como ingresos, acceso real o no a derechos fundamentales, etcétera. En el Valle del Cauca habitan 3 millones 789.874 personas, y cerca del cincuenta por ciento de la misma (1,9 millones) está concentrada en la capital del departamento.

Información adicional

  • Autor:Equipo desdeabajo
  • Edición:Nº262
  • Sección:Territorio
  • Fecha:20 de octubre - 20 de noviembre de 2019
Visto 170 vecesModificado por última vez en Domingo, 27 Octubre 2019 15:45

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