Martes, 19 Noviembre 2019 18:10

Elecciones territoriales, octubre 2019. Anomalías de la democracia regional en Colombia

Escrito por Libardo Sarmiento Anzola
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Elecciones territoriales, octubre 2019. Anomalías de la democracia regional en Colombia

El triunfo de candidaturas independientes o alternativas en varias de las principales ciudades del país, y la relevancia de coaliciones que desdicen de candidaturas partidistas, y aparentemente muestran la desaparición de los partidos tradicionales y la “personalización” de la política, anuncian, según algunos creadores de opinión, un cambio “histórico” en la cultura política y en la forma cómo funciona la democracia formal en Colombia. ¿Será cierta tal tendencia? A continuación un acercamiento crítico a esta realidad a partir de un comparativo histórico de las elecciones territoriales 2015 y 2019.

 

Amenazas de muerte, atentados homicidas, asesinato de candidatos, disputa a sangre y fuego por el control de territorios, compra de votos, campañas marcadas por la corrupción, ausencia de reportes financieros de numerosos candidatos a las autoridades, financiamiento de algunas campañas con recursos de origen delincuencial y criminal, trashumancia desenfrenada de cédulas, crisis de los partidos, clientelismo y feria de avales, fraude en el conteo, escrutinio y reconteo de los votos depositados por los colombianos…, estas y más son algunas de las históricas prácticas que realzan en el país durante sus periodos electorales, tendencia que en su totalidad no rompieron los comicios del pasado 27 de octubre. Cada período muestra, de manera constante, un bloqueo, deterioro o retroceso de la democracia, incluso formal, en las regiones. Los indicadores no lo niegan: “[…] 22 asesinatos, 27 atentados, 5 secuestros, 2 desapariciones forzadas” (1). Un reflejo crudo del poder real que tenemos en Colombia, soportado sobre la negación efectiva hasta de la democracia formal.


Es una realidad inocultable, acompañada de otros males, como inmoralidad, ilegalidad, clientelismo y corrupción, signos que tachan a un importante número de quienes aspiraban a ser electos para algún cargo de responsabilidad territorial. Es así como, un significativo porcentaje de los 117.822 candidatos inscritos para gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales y ediles locales, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, registran imputación de cargos criminales o cuentan con indicios de corrupción, parapolítica, narcotráfico o relaciones con fuerzas mafiosas e ilegales. En resumen, representan un peligro para la sociedad.


Esta es parte del cuerpo real de la democracia formal colombiana, en este caso la regional, que por fuerza de repetición y costumbre se convirtieron en normales y aceptadas por nuestra sociedad. Prácticas contra las cuales trata de zafarse un sector de la misma comunidad, bien a través del voto de opinión, procesos deliberativos, campañas programáticas y participación ciudadana ilustrada, con importante segmentos principalmente en Bogotá, Cali y Medellín, a la par de incipientes movimientos sociales de carácter regional. Proceso que resalta, entre los que aceptan lo electoral como un importante escenario de acción y construcción de alternativas, la ausencia de una aldaba que articule de manera flexible, dinámica, critica, lucha antisistémica y expresión electoral, utilizando está última para desnudar la democracia formal, desatar el contubernio entre poder económico, poder político y mafias, como democracia insuficiente, en realidad como expresión formalista que legitima las injusticias, hampa e inmoralidad del sistema socio-político que pretenden transformar.


El deformado cuerpo político que resume el Estado colombiano, en procura de corrección, así lo amerita. En efecto, la investigación adelantada por el “Monitor Ciudadano” identificó que de los 1.101 alcaldes, 12.061 concejales y 32 gobernadores electos para el periodo 2016-2019 el 52,4 por ciento estuvo investigado, sancionado y/o inhabilitado por hechos de corrupción. Los partidos políticos con más autoridades electas sancionadas, investigadas e inhabilitadas fueron: Partido Liberal (19%), Partido de la U (14%), Partido Conservador (14%) y Partido Cambio Radical (13%). Los departamentos con mayor número de autoridades electas sancionadas, investigadas e inhabilitadas fueron: Santander (22%), Quindío (10%), Tolima (10%), Córdoba (7,3 %) y Atlántico (6 %) (2).


Para las elecciones territoriales de octubre de 2019, según el panorama de alerta anunciado por el procurador general Fernando Carrillo, el 30 por ciento del país se encontró en alerta roja, por prácticas corruptas o violación de las reglas democráticas. En paralelo, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de riesgo electoral sobre 418 municipios, concentrados en 16 subregiones; es decir, 40 por ciento de los municipios del país; además, según el Defensor del Pueblo, las regiones de mayor violencia política son Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca. Adicionalmente, la Misión de Observación Electoral –MOE– identificó a 152 municipios (13,6% del total), en donde confluyeron factores de riesgo por violencia y por indicativos de fraude electoral.


Colombia, elecciones territoriales 2015 y 2019


Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, 36.602.752 colombianos estuvieron habilitados para votar el pasado 27 de octubre en la jornada electoral que eligió las autoridades locales en 32 departamentos y 1.122 municipios para el período 2020-2023. El departamento con mayor número de personas habilitadas para votar fue Antioquia con 4.867.105, seguido del Valle del Cauca con 3.580.773, Cundinamarca con 1.973.207 y Atlántico con 1.932.068 personas. En la capital del país 5.846.423 sumaron los habilitados para sufragar: 3.110.668 mujeres y 2.735.755 hombres.

 


El cuadro 1 muestra el comportamiento estadístico de las dos más recientes elecciones territoriales en Colombia: 2015 y 2019. La media y mediana de participación efectiva, esto es, los votos válidos respecto al potencial electoral son cercanas al 57 por ciento en los dos comicios. Se mantiene la constante histórica de que la abstención es menor en los comicios regionales que en los de carácter nacional. La desviación estándar es inferior a 6,5, esto es, la dispersión de los datos es baja; además, el rango de participación efectiva bajó de 30,7 a 28; por tanto, la expresión electoral de las distintas entidades territoriales tiende hacia el valor medio. El mínimo de participación política pasó de 44,6 en 2015 a 45,3 y el máximo disminuye de 75,3 a 73,3. En 2019, la máxima participación efectiva de votantes respecto al potencial electoral correspondió al departamento de Casanare (73,3%) y el mínimo a Quindío (45,3%). En Bogotá, Distrito Capital, la participación efectiva en las dos más recientes elecciones fue de 51,1 por ciento en 2015 y de 51,3 en 2019. El comportamiento de la participación efectiva por departamento y el Distrito Capital, en los comicios de 2015 y 2019, se presentan en el gráfico 1.

 


El grado de hegemonía de los candidatos elegidos al cargo de Gobernador, medido como porcentaje de los votos obtenidos por el ganador respecto al total de sufragios válidos por candidatos, según departamentos, Distrito Capital y promedio nacional, 2015 y 2019, se presenta en el cuadro 1 y el gráfico 2. La media y la mediana del porcentaje obtenido de votos válidos por el candidato ganador aumentó de 44 a 47 por ciento, lo que muestra una mayor concentración de los votos en el candidato elegido y una menor pluralidad. Sin embargo, la dispersión de los comportamientos aumentó; la desviación estándar registra un valor de 9,4 en 2015 y de 10,5 en 2019. En este último año, el valor mínimo fue de 28,5 por ciento (Vaupés) y el máximo de 68,6 por ciento (Guaviare). En resumen, los candidatos elegidos representan, en promedio y de manera directa, a tan solo una cuarta parte del total potencial de sufragantes de su territorio (47% de los votos respecto al 57% que participa en las elecciones).

 

 


Contrario a la constante que comportó el país a lo largo de casi dos siglos, para las elecciones territoriales de 2015 hicieron presencia una alta heterogeneidad de partidos y movimientos políticos, tendencia creciente desde el fin del Frente Nacional (1958-1974) que sólo admitía a los candidatos del bipartidismo. En el 2015, los comicios regionales se realizaron bajo el ambiente de alta polarización socio-política en torno a los procesos de negociación del conflicto armado Estado-insurgencia. De acuerdo con los resultados, el Partido Liberal consiguió 181 alcaldías, cuatro gobernaciones propias y 10 en coalición; Cambio Radical concentró 155 alcaldías, cinco gobernaciones propias y ocho en alianza; el Partido de la U se apropió de las alcaldías en 258 municipios; además de dos gobernaciones propias y seis en sociedad. El uribismo, con su recién inaugurado “Partido Centro Democrático”, alcanzó 151 alcaldías, una gobernación propia y otra en alianza, pero también se convirtió en el partido con mayor número de concejales, con 595. Por fuera de los partidos del establecimiento, solo en dos gobiernos departamentales triunfaron movimientos alternativos: Nariño (Movimiento Somos Nariño apoyado por el partido Alianza Verde) y Guaviare (Movimiento autoridades indígenas de Colombia) , aunque el gobernador de este último departamento por segunda vez, Echeverry Cadavid, un risaraldense que había llegado al departamento desde hacía 50 años atrás, se vio envuelto en problemas de alianzas con narcotraficantes y paramilitares, a la vez que invadió al suelo del departamento con palma y ganado, provocando una grave destrucción ambiental en la Amazonía (ver mapa 1).

 

 


Cuatro años después, las elecciones de 2019 registran un punto de divergencia en la historia política del país (ver mapa 2). En las principales ciudades el movimiento ciudadano logró imponerse sobre los clanes familiares tradicionales, las maquinarias institucionales y las organizaciones mafiosas y paramilitares de la política; la pluralidad política, el acto consciente de la opción tomada, los candidatos outsiders y el voto programático, honraron la democracia formal. No obstante, la violencia política, el financiamiento criminal de las campañas, la intromisión maniquea y manipuladora de los movimientos cristianos y evangélicos y las prácticas fraudulentas de compra de votos se desbordaron en la mayoría de las entidades territoriales. La cantidad de ‘coaliciones’ –a menudo sin consistencia ideológica y por intereses tácticos– permitió que muchos caciques regionales y clanes familiares tradicionales se declararan vencedores. De hecho, un importante segmento de las “nuevas agrupaciones políticas” y los ‘nuevos e independientes’ candidatos estaban unidos de tiempo atrás a viejas estructuras políticas clientelistas y corruptas (la coalición en el departamento del Cauca entre los partidos “Colombia renaciente”, de las comunidades negras, y “Cambio radical” es un caso emblemático de estas non sanctas alianzas). También es incierto si estos “nuevos” movimientos políticos muestran vocación de permanencia y son sostenibles.


Una constante histórica con la cual el poder institucional puso en marcha su demoledora “maquinaria” democrática para imponer sus candidatos de preferencia, tal como sucedió en el Valle, Cundinamarca y Atlántico. Los clanes políticos familiares mostraron su poder determinando los resultados, principalmente en los departamentos y municipios de la Región Caribe. La hegemonía paramilitar, en triple alianza con terratenientes, sectas evangélicas y clanes familiares se evidenció en territorios periféricos, zonas de economía extractiva y en departamentos de las regiones Central, Caribe, Orinoquía y Amazonia.


Ante la amenaza de los nuevos movimientos sociales y organizaciones políticas alternativas, los partidos hegemónicos de extrema y centro derecha formaron coaliciones estratégicas haciendo recular el país a las épocas oscuras y violentas del bipartidismo excluyente; maniobra que les permitió reconquistar la mayoría de gobernaciones, entre ellas el departamento de Nariño que completaba 20 años bajo administración de mandatarios del ala alternativa. Lo más significativo en esta coyuntura fue la expresión de cansancio que registró la sociedad frente a la guerra y las polarizaciones ideológicas de extrema derecha o izquierda, situación que se materializó en la preferencia por las alianzas de centro derecha o de izquierda, un indicador que desde ya señala parte de la dinámica que comportarán las elecciones presidenciales de 2022. Un nuevo saldo de reacomodo y camuflaje pese al cual el gran derrotado de esta jornada fue el partido del Presidente en ejercicio, el Centro Democrático, con lo cual pierde aún más gobernabilidad y legitimidad el Gobierno Nacional.


En conclusión, las elecciones territoriales de 2019 mostraron un reacomodamiento táctico de las estructuras políticas regionales, reencauche de los partidos tradicionales mediante coaliciones tácticas, camuflaje de políticos tradicionales bajo el disfraz de independientes o el ropaje de “nuevos” movimientos ciudadanos, reedición de alianzas entre los clanes familiares que tradicionalmente controlan las elecciones territoriales, contubernio entre los poderes político, económico y de los grandes medios de comunicación, consolidación del poder territorial paramilitar e innovación de estrategias por parte de las variopintas organizaciones criminales y corruptas, con el fin de reproducir las hegemonías conquistadas y ejercitadas por generaciones y de mantener la apropiación de la institucionalidad local y regional.


De estas manera, el exceso de coaliciones durante estas elecciones regionales, principalmente de los partidos políticos del establecimiento, le permitió a los sectores de derecha, extrema o centro, quedarse con tres cuartas partes de las 32 gobernaciones en que está dividido administrativamente el territorio nacional. Las coaliciones de izquierda y centro político alcanzaron el triunfo en cuatro administraciones departamentales (incluido Bogotá, Distrito Capital). Los partidos tradicionales solo se quedaron con el poder propio e independiente en cinco gobernaciones: Liberal (2), Centro Democrático (2) y Conservador (1).


Este reacomodamiento obedece a la amenaza que representan las nuevas generaciones más educadas, ilustradas, independientes y conscientes de inéditos problemas sociales que reclaman creativas soluciones, como también los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos que animan la lucha política desde las imparables e incontrolables TICs (redes sociales, principalmente). Las opciones de izquierda y socialdemocracia aprenden que solo organizándose y luchando en todos los ámbitos de la sociedad, en unidad programática, bajo banderas de democracia radical, plural y directa, pueden tener opción de ser poder en las gestas de la democracia formal colombiana.


Asimismo, las anomalías de la democracia regional dejan un camino alternativo y disruptivo hacia el inmediato futuro de la historia política nacional: sucumbir ante las tendencias entrópicas, degradantes, deshumanizantes y antidemocráticas que genera la evidente lumpenización del poder tradicional hegemónico, las más recientes organizaciones delictivas y criminales, más la intromisión política de los movimientos cristianos y evangélicos retardatarios e intolerantes, o trascender la democracia formal, llenándola de contenidos reales, radicales, plurales y de participación directa de la sociedad. Colombia necesita reales partidos y organizaciones que enaltezcan la política, la democracia radical y cuenten con bases sociales comprometidas y militancias conscientes, virtuosas, respetuosas de la dignidad humana e ilustradas. Una democracia tal y una praxis ciudadana activa que esté a la altura de las puertas y retos abiertos por la cuarta revolución industrial, el reconocimiento de derechos humanos universales y las transformaciones políticas, culturales, sociales y ambientales que implica.

 


 

El valor de la democracia

 

La democracia trasciende las elecciones y la libertad de votación. Desde la antigüedad, en todas las civilizaciones y culturas, existe una extensa historia de cultivo de la tolerancia y el pluralismo, así como del fomento del debate público. En el siglo XX la democracia se reconoció como un sistema universalmente válido. La democracia y la libertad política son valores universales en sí mismos. El valor de la democracia incluye su importancia intrínseca en la vida de todos los seres humanos, su papel instrumental para generar iniciativas de políticas públicas y su función constructiva en la formación de valores y en la comprensión de la fuerza de las reivindicaciones de las necesidades humanas, de los derechos humanos y obligaciones, así como de su viabilidad, sostenibilidad y responsabilidades (1).


En Colombia, el Dane desarrolla desde el año 2007 la Encuesta de Cultura Política con el fin de identificar los factores asociados a la participación ciudadana en el país; caracterizar los factores que determinan la participación política y la abstención electoral y, conocer el nivel de apoyo social a la democracia realmente existente. Las percepciones y prácticas que sobre el entorno político tienen las personas de 18 años y más de edad, de acuerdo con el sondeo de 2017, dieron como resultado: i) El 28,7 por ciento afirmó no haber votado en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2015; las principales razones por las cuales no votaron son porque considera que los políticos son corruptos (46,2%), porque los candidatos prometen y no cumplen (44,6%) y por desinterés (43,3%). ii) Con relación a la posición ideológica, les solicitaron a los encuestados ubicarse en una escala ideológica de 1 a 10, de izquierda a derecha; agrupando la escala, el 12,0 por ciento de las personas afirma ser de izquierda (1-4), el 42,6 de centro (5-6) y el 20,7 de derecha (7-10); iii) Al preguntarle a las personas qué tan democrático consideran que es Colombia, el 29,3 por ciento considera que Colombia es un país democrático; medianamente democrático el 55,6 y no democrático el 15,1 por ciento; iv) Al indagar por la satisfacción con la forma en que la democracia funciona en el país, el 11,5 por ciento de las personas afirma estar muy satisfecho y el 49,9 muy insatisfecho.


El nivel de apoyo de los connacionales a la democracia no es ajeno a lo que ocurre en Latinoamérica. De acuerdo con el más reciente informe de Barómetro de las Américas, cae el apoyo a la democracia en América Latina y el Caribe. Los resultados del informe 2018-2019 muestran que solo 57,7 por ciento de los ciudadanos de la región apoya la democracia como la mejor forma de gobierno, lo que presenta una disminución frente al 58,2 por ciento en 2017 y el 66,4 en 2014. La encuesta que sirve de base estadística al informe, coordinada por la Universidad de Vanderbilt y el centro de excelencia en encuestas de investigación internacionales Lapop, también afirma que la satisfacción ciudadana frente a la democracia como forma de gobierno también disminuye, pues solo el 39,6 por ciento de los ciudadanos manifiestan satisfacción, el índice más bajo desde que se realiza la encuesta (2004). Sumado a esto, la confianza en los partidos políticos disminuyó a 28,2 por ciento, al igual que la confianza en el Congreso Nacional que alcanzó 39,4; la confianza en el Ejecutivo, con 42,8, y la confianza en las elecciones que disminuyó a 45,5 por ciento de la población (2).


En el caso de Colombia, este informe señala que el apoyo a la democracia se ubica en 60,2 por ciento; sin embargo, la satisfacción nacional con la democracia del país se ubica en 29,3 por ciento. En general, los resultados del estudio señalan un haz de posibles causas de la disminución del apoyo a la democracia en la región: inseguridad, violencia, violación de los derechos humanos, corrupción, vulnerabilidad económica, precariedad del trabajo, desigualdad y exclusión social, deficientes y costosos servicios públicos.

1. Sen, Amartya. (2006). El valor de la democracia, Ediciones El Viejo Topo, España, p. 90.
2. Informe disponible en: AmericasBarometer Regional Report: https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2018.php

 

1. Las víctimas fueron registradas entre octubre 2018-octubre 2019, periodo comprendido como de calendario electoral. http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/colombia/2019/10/16/22-candidatos-asesinados-171-amenazados_e8ff146c-7fba-48d7-b5c9-124cbea0953b.html
2. Corporación Transparencia por Colombia. (Mayo de 2019). Así se mueve la corrupción Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018. Bogotá, p. 52.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Información adicional

  • Autor:Libardo Sarmiento Anzola
  • Edición:Nº194
  • Fecha:Noviembre 20 de 2019
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