Sábado, 07 Diciembre 2019 15:58

Una oscura disyuntiva: o se evapora o se repliega

Escrito por Héctor-León Moncayo
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Sebastián Navarrete, fotografía (Cortesía del autor)Sebastián Navarrete, fotografía (Cortesía del autor)

De modo similar a lo ocurrido en otros países de América Latina, en Colombia, centenares de miles de personas, comienzan a manifestarse, de pronto, a todo lo largo y ancho del país. Y todavía lo hacen. No fue, en este caso, motivado por una medida económica del gobierno, sino como respuesta a una convocatoria de paro nacional; sin embargo, parece reproducir igualmente una reacción de hartazgo frente a la devastación social producida por las políticas neoliberales. Se asemeja al caso de Chile en que aquí tampoco ha habido un período de gobierno progresista o post-neoliberal, pero ¿cuáles son sus particularidades?

 

No había pasado un minuto después de que se anunciara la muerte del joven estudiante de secundaria Dilan Cruz, asesinado por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios, Esmad, cuando el comandante de la policía se apresuró a aclarar que, como resultado de los días de protestas, se completaban 375 de sus efectivos lesionados en mayor o menor grado. ¿Qué pretendía? ¿Justificar una cosa con otra? La verdad es que la figura de Dilan ya se había convertido en un potente símbolo, no sólo de la lucha emprendida, sino de la denuncia de la represión violenta por parte del Estado. La disolución del Esmad emergía como exigencia irrenunciable de la movilización.


Lo que estaba en juego, en el fondo, era la definición de responsabilidades frente a los hechos de violencia. Y así había sido desde el principio. El Gobierno, su Partido, los gremios de la empresa privada y de la propiedad territorial, y, sobre todo, los medios de comunicación, venían agitando, desde la convocatoria del Paro Nacional, un mes antes, el fantasma de la violencia, con referencias inocultables a lo sucedido en Chile. Sin embargo, ante las declaraciones en favor de una manifestación puramente pacífica por parte de los convocantes, comenzaron a construir la figura amenazante de los “vándalos”. Un riesgo que el Estado tenía la obligación de prevenir y conjurar. Y ese fue el argumento utilizado durante los cuatro días de multitudinarias protestas. Pero se había desgastado y el fallecimiento de Dilan inclinaba la balanza en contra suya.


Frente a este asesinato, que no fue el único pues la comisión de derechos humanos del Comité de Paro ha informado de tres más, se probaron otros manejos de la opinión pública. De una parte, se intentaba denigrar y enlodar la imagen de Dilan; en los días siguientes, circularon, en las redes sociales, varias denuncias según las cuales se trataba de un peligroso delincuente y se repetía, una y otra vez, que su madre se encontraba en la cárcel sin explicar, por supuesto, las circunstancias. Obviamente, se buscaba dar cuerpo a la imagen del “vándalo”, en una inconfesable pretensión de justificar el asesinato. Pero, de otra parte, existía la alternativa de mostrarlo como una víctima de los riesgos de semejantes expresiones abiertas e incontrolables de descontento, que bien podía aprovecharse para exhibir neutralidad y ponderar las virtudes de la “controversia democrática” en paz. El día viernes 29 de noviembre, a través de la radio colombiana, en la emisora W radio, se dio a conocer que un grupo de empresarios, cuyos nombres se ocultaban “por modestia”, había decidido regalar una casa a Denis Cruz, la hermana del desdichado joven. Ella se había destacado, desde el primer momento, por desautorizar cualquier reacción violenta y hacer un llamado a la paz y la reconciliación.


Más allá de cualquier referencia a los contenidos del que claramente aparecía como un levantamiento popular, la confrontación había quedado circunscrita a una disputa en el plano de las formas, a una batalla por el dominio sobre la opinión pública.


Origen y desarrollo del movimiento


Aunque el carácter multitudinario e imprevisto, dada su amplitud, riqueza y continuidad, puede hacer pensar en una reacción popular puramente espontánea –y no han faltado quienes lo ven como contagio de la enfermedad chilena- la verdad es que la movilización tuvo un origen preciso. El 30 de octubre una gran reunión en Bogotá del Comando Nacional Unitario de las centrales obreras y de pensionados con otras organizaciones sociales y políticas decidió convocar, para el 21 de noviembre, un paro nacional contra las políticas y medidas, principalmente laborales, tomadas o previstas en el conocido como “paquetazo” de Duque, atribuible, entre otras cosas, a los compromisos con el FMI y la Ocde, pero también por la paz y la vida, en clara alusión al incumplimiento de los Acuerdos de Paz y los centenares de asesinatos de líderes y liderezas sociales. En la resolución aprobada, y esto es significativo, se destaca el carácter político del paro**.


A primera vista, la decisión no revestía mayor novedad. En innumerables ocasiones, año tras año, las organizaciones sociales, como eco del famoso Paro Cívico nacional de 1977, habían convocado otros paros sin que, la mayoría de les veces, aparte de una jornada de protestas, se hicieran efectivos. Las circunstancias, sin embargo, le propiciaron esta vez un éxito inusitado. Seguramente, el hartazgo frente a la política neoliberal que de manera arrogante el gobierno actual, en representación directa de los gremios patronales, especialmente la cúpula del capital financiero, se disponía a profundizar, debió cumplir el papel de la gota que rebosa el vaso. Dos procesos acumulativos de los últimos diez años debieron igualmente confluir en el estallido social. De una parte, como antecedente, los grandes paros agrarios, así como las significativas mingas indígenas, y, de otra, suministrando la experiencia y ejemplo, así como los amplios contingentes juveniles, las extraordinarias movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2018. Sin embargo, es claro que lo ocurrido en estas casi dos semanas de agitación social no tiene antecedentes en la historia del país.


Sería demasiado extenso, y además innecesario porque ya otros lo están haciendo, intentar describir la riqueza de las expresiones de descontento, rabia y participación social registradas por etsos días. Vale la pena, eso sí, destacar que, en medio de la multiplicidad y diversidad, existen unos ejes claros de impugnación y de aspiración que coinciden, y no por instrucciones deliberadas, con lo planteado por el Comité Nacional de paro en su convocatoria. Es cierto que son diversos los sujetos sociales que se han expresado, y que no hay organizaciones visiblemente responsables, pero, contrariamente a lo que supone la imagen, ampliamente difundida, de las masas que se levantan espontáneamente, existe un hilo conductor. Para sorpresa de algunos, es evidente que, sin direcciones autoproclamadas, los miles y miles de individuos que se lanzaron a las calles asumieron claramente el carácter político de la acción. Carácter que difícilmente pueden comprender quienes preguntan siempre por las demandas específicas, por el pliego de peticiones. Hay momentos en los cuales el objetivo, la meta, es algo secundario. Se odia a Duque y se quisiera decirle chao, como repiten las consignas, pero no se piensa en su reemplazo. Es por eso que la resolución tendría que ser igualmente política. Un quiebre fundamental del rumbo neoliberal y represivo del régimen.


El terrorismo de Estado sigue vigente


La respuesta del régimen ha sido, como era previsible, la represión. Eso ha ocurrido también en otros países. No obstante, una de las particularidades en el caso de Colombia consiste en que esta represión, que alcanza las cotas más altas de violencia, viene de muchos años atrás y no se ha detenido ni siquiera con la firma del esperanzador Acuerdo de Paz que puso fin a la insurgencia de las Farc. Como se señaló antes, justamente uno de los puntos levantados por el Comité de Paro y, en general, por toda la población en marcha, fue la defensa de la vida, junto con el cumplimiento del Acuerdo de Paz. No obstante, es también la atmósfera creada por el mencionado Acuerdo la mayor fuente de confusiones. Contrariamente a lo que suele decirse, Colombia no ha entrado a una nueva etapa histórica caracterizada por la vigencia de las instituciones democráticas y el espíritu de reconciliación. Es esta atmósfera, en cambio, lo que ha facilitado reducir la confrontación a una disputa sobre los responsables de la violencia.


En efecto, como resultado de lo que podría denominarse un chantaje político, los movimientos sociales se han colocado a la defensiva, en una situación en la que siempre se ven obligados a demostrar su disposición pacífica. Siempre bajo sospecha. En el lenguaje jurídico se denominaría la “inversión de la carga de la prueba”. La violencia, ciertamente, ha perdido legitimidad, pero sólo la que podría provenir de los grupos sociales subordinados; en cambio se mantiene la que proviene del Estado, o del para-Estado, como es habitual en Colombia. Al fin y al cabo, como reza la doctrina jurídica liberal, es el Estado el que detenta la legitimidad en el uso de la fuerza. He ahí la explicación de la importancia adquirida por la disputa, en el plano de las formas y el control de la opinión pública, y que se ha desarrollado a propósito de la más importante explosión social de ira, enteramente justificada, registrada en la historia del país.


El desenlace


El amplio movimiento social no pudo menos que resentirse por la gran campaña de medios que había escenificado, ante la opinión, la tramposa disyuntiva entre pacifismo y violencia, deslizando, una y otra vez, el manto de la sospecha sobre los manifestantes. La confirmación del asesinato de Dilan marcó, pues, un punto de inflexión en el curso del movimiento. Poco a poco, las persistentes expresiones públicas de protesta, incluida la nuevamente exitosa jornada de paro del jueves, comenzaron a dar énfasis, con una mayoritaria participación de la juventud estudiantil, a los aspectos más artísticos o lúdicos, en un afán de remarcar el carácter pacífico y por lo tanto “legítimo y legal” de la protesta.


Si bien la contundencia de los mensajes continúa en la radicalidad y el vigor de las consignas ya consagradas, al mismo tiempo no deja de respirarse una atmósfera de negociación. Una evidente paradoja. Aunque el espíritu que se manifiesta en las diferentes formas de protesta no permitiría interpretar una voluntad reivindicativa inmediata, el amplio abanico de los protagonistas sensatos termina imponiendo un derrotero que consiste en confeccionar el pliego de peticiones definitivo para buscar de inmediato la negociación. Porque si no, ¿cómo concluir el episodio? El Gobierno acepta, en principio, la danza, pero pone, unilateralmente, las condiciones. Argumentando el carácter confuso de las demandas y la ausencia de interlocutores, dispone una “Conversación social”, dirigida a la “sociedad civil”, la cual se desarrollaría, temática y territorialmente, hasta marzo del próximo año. Entre tanto el Gobierno “seguiría gobernando”, es decir, imponiendo el odiado “paquetazo”.


La leyenda de la confusión de los objetivos y la falta de representación es, sin embargo, generalizada, y la superación de esta circunstancia pareció ser el paso previo indispensable. Después de una tenaz insistencia por parte de numerosas y diversas organizaciones, que venían insistiendo en que el Comité de Paro debía ampliarse para recoger las voces y representaciones de todo el torrente popular que no se hallaba representado en las vocerías oficiales, finalmente, el jueves 28 de noviembre, una nueva coalición dio a conocer, como resultado de sus deliberaciones y acuerdos, una carta dirigida al presidente de la república. Esto ocurría al día siguiente del segundo “paro” y simultáneamente con el anuncio de un nuevo paro, programado para el 4 de diciembre. La carta era una propuesta y, a su vez, una respuesta a las iniciativas de “diálogo” tomadas por el Presidente, y consagraba esta nueva coalición como una representación si no oficial por lo menos autorizada del movimiento.

“Que se conforme una Mesa Nacional de Diálogo, plural y diversa, con representantes de los diferentes sectores sociales articulados en el Comité Nacional del Paro, el movimiento Defendamos la Paz, la Bancada por la Paz, las asambleas y cabildos ciudadanos, las expresiones culturales y los otros sectores de la ciudadanía que se han movilizado, garantizando la participación amplia y efectiva de las y los jóvenes y de los movimientos indígena, afrocolombiano y de mujeres. Cada sector intervendrá en la Mesa de Diálogo en el tema específico de la agenda que corresponda a sus reivindicaciones. En esta Mesa se deberán acordar las reglas, los mecanismos, la agenda, el cronograma y las expresiones territoriales y sectoriales de este proceso”.


Se limita, en cierta forma, a una corrección de la propuesta gubernamental. El punto de discrepancia parece ubicarse en el número y naturaleza de los participantes en el diálogo. Especialmente en la condición que se exige de ser participantes activos en el movimiento, subrayada por los autores de la carta. Obviamente, porque, como cualquiera lo entiende, una negociación se hace con quienes están exigiendo algo. En pocas palabras, negociación y no conversación. No obstante, le permiten una salida:

“Esto no obsta por supuesto, para que el Gobierno nacional mantenga conversaciones con los partidos y movimientos políticos representados en el Congreso, los gremios, los empresarios, la comunidad internacional y otros sectores de la sociedad civil que no han estado involucrados en las movilizaciones y que pueden contribuir al desarrollo de la agenda”.

La carta no anticipa nada sobre mecanismos concretos y plazos, en el entendido que será la propia Mesa la encargada de hacerlo. Sin embargo, tal como está planteado, es de suponer una explosión de reivindicaciones, grandes y pequeñas, de diferente naturaleza, inmediatas y de largo plazo, locales o regionales, gremiales o genéricas. Como si la gran movilización popular, sin precedentes históricos en Colombia, que para algunos llegó a representar una oportunidad decisiva de transformación, pudiera reducirse, en cambio, a un excelente telón de fondo para que cada quien aprovechase para satisfacer su propio y específico interés. Se confirma, en este último acto, la incapacidad de la cultura colombiana para incorporar el sentido de lo político. De hecho, es seguro que muchas organizaciones van a denunciar haber sido excluidas de la nueva coalición.


La política, sin embargo, sí ha comenzado a aparecer, pero lamentablemente en su sentido convencional e institucional. Es muy poco probable que aquella explosión de peticiones conduzca a un programa consistente de medidas de política pública como parece ser el sueño de muchos. En cambio, en los grandes ejes, de carácter global, descritos en la carta, se observa un nuevo balance que corresponde obviamente a las corrientes que se incorporaron a la coalición, es decir, los congresistas de la bancada alternativa por la paz y el movimiento “defendamos la paz”. Balance en el que sobresale, a nombre de la lucha contra la corrupción –que es la bandera que identifica a un partido político–, la propuesta de una reforma político-electoral.


El protagonismo, recién conquistado, de los partidos políticos, cambia el carácter de la coyuntura. El gran movimiento popular, que finalmente ha sido aceptado y legitimado, e incluso celebrado por su carácter pacífico, tiende a reducirse a un reclamo de “participación democrática” ya que, según ya se está diciendo, si salieron a las calles fue a falta de otros canales de expresión. Participación entendida, pues, en el sentido partidista, al gusto no sólo de los integrantes de la Bancada por la Paz sino de los partidos Liberal y Conservador, del partido de la U y de Cambio Radical, es decir como cuotas de representación en el gobierno y en general en el aparato de Estado. Ese sería el cambio de rumbo del gobierno de Duque, supuestamente exigido por los millares de colombianos que salieron a las calles y carreteras.


En este último acto se cambia completamente de escenario. Es más, se cambia de protagonistas. La confrontación da lugar a una negociación pero en un plano completamente diferente. Todo depende de la actitud del movimiento popular que por lo pronto se encuentra a la expectativa. Es posible, aunque no probable, que se sostenga en su fuerza y radicalidad, obligando a un desenlace distinto. Ello significaría cruzar intacto el puente de las fiestas decembrinas. Sin embargo, la disyuntiva más probable se refiere a si es capaz o no de conservar sus fuerzas, a través de un periodo más o menos largo, en que las luchas parciales vayan acompañadas de una reflexión que signifique cualificación, a la espera de una nueva coyuntura promisoria. Así, se podría decir, sin lugar a dudas, que este gran movimiento de 2019 fue apenas un Ensayo General.

 

** Ver Informativo de la CUT, Noviembre de 2019, Nº 135.

* Economista e investigador social. Integrante del Consejo de Redacción Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

 

Información adicional

  • Autor:Héctor-León Moncayo
  • Edición:195
  • Fecha:Diciembre de 2019
Visto 212 vecesModificado por última vez en Viernes, 13 Diciembre 2019 10:36

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