Martes, 17 Marzo 2020 17:04

El régimen político colombiano al desnudo, una vez más

Escrito por Carlos Gutiérrez M.
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Ómar Rivillas, sin título (Cortesía del autor)Ómar Rivillas, sin título (Cortesía del autor)

El establecimiento colombiano está resultando un mal hechicero pese a sus muy experimentadas habilidades, puestas a prueba durante décadas que son siglos. Tales habilidades han sido comprobadas en repetidas oportunidades, con hechizos en los que sabe mezclar sustancias enceguecedoras, asperjar conformismos –en no pocas ocasiones, validos del apoyo de las armas– y soplar alientos paralizantes. Es hechicería con efectos descontrolados, como permiten colegirlo los coletazos desprendidos de las declaraciones de la exsenadora Aída Merlano y del coronel Álvaro Amórtegui.


Química electoral. Es un conjuro con el que crean, mantienen y amplían su clientela. Para desatarlo con toda su potencia, deben contratar una base social que intermedie la búsqueda y la identificación de personas dispuestas a vender su voto, reunir cédulas, reclutar pregoneros y ayudar a mover dineros para pagar miles de votos en una u otra campaña, así como a dinamizar la estructura organizativa y logística que todo ello demanda. Es un conjuro usado por décadas y con efectos evidentes a lo largo de todo el país, pero que en los últimos años, ante el espacio ganado por nuevas tecnologías y formas de control social, ya no es tan enérgico, pese a lo cual y para variados sectores de la clase política no ha pasado al olvido.


En el conjuro de sus palabras mágicas –potenciadas por el riego de miles de millones acumulados en negocios mayormente impuros– y en la conjugación de energías e invocación de diferentes espíritus –con respaldo en instituciones estatales y privadas–, no está de más que aparezca alguna joven que a la vez les despierte apetitos sanos e insanos, con quien terminen mezclados el trabajo de pregonera, pagadora de votos y administradora de secretos, así como de cultivadora de satisfacciones y alegrías privadas, ganando con todo ello la confianza requerida para llegar a representar a un clan regional en el Congreso de la república. Una decisión, un ascenso de la base a la dirección del clan que terminó por romper su propia unidad.


Precisamente, esta práctica y las formas de proceder para el control político regional y del Estado en general saltó en esta ocasión por los aires luego del hechizo deshecho, producto del allanamiento de la “Casa Blanca” (1) en marzo de 2018, doce días después de las recientes elecciones legislativas y la posterior orden de detención preventiva que recayó sobre Aída Merlano por mandato de la Corte Suprema de Justicia el 19 de abril de 2019.


Con las paredes de su feudo al piso y la información de todos sus movimientos contables y de otro orden en manos de la Fiscalía, no le quedaba como protección sino el poder de quienes la habían llevado hasta el Senado, el mismo que para ese momento estaba neutralizado entre contradicciones intestinas de la clase política del Atlántico. En estas circunstancias, ¿qué hacer con esa aprendiz de hechicera? La fuga apareció como recurso óptimo para evitar que decidiera declarar ante la Corte y denunciar a sus protectores, opción de ‘arrepentida’ ante los 15 años de prisión a que fue condenada el pasado 13 de septiembre. ¿Por qué solamente yo? era seguramente un interrogante que acosaba a la detenida. Pero también como mecanismo expedito para que, una vez prófuga la inculpada, dejara de existir, como ella misma lo ha testimoniado. ¿Por qué siguió viviendo? es una pregunta sin respuesta clara y que tiende neblina sobre gran parte de su testimonio.


No cabe duda de que, entre gamonales y caciques, el temor a lo que pudiera salir de su boca ante un juez, en caso de arrepentimiento, no los dejaba tranquilos, sobre todo cuando las aspiraciones de algunos de ellos llegan, incluso, hasta la campaña presidencial de 2022. De por medio estaba, entonces, la supervivencia misma de varios clanes y su proyección como poder nacional, realidad que podían potenciar los contradictores, también con aspiraciones presidenciales, atizando las pugnas intestinas que desde años atrás libra la clase dominante colombiana con dos expresidentes a la cabeza, cada uno de ellos con visiones encontradas, por ejemplo, sobre la cuestión agraria, las formas de la guerra, o la cuestión internacional, entre algunos de los aspectos que los mantienen distantes.


Este era el marco que rodeaba el embrujo deshecho, pese a la destreza de los hechiceros mayores, caciques y potentados regionales, a quienes algo les salió mal entre sus conjuros y convocatorias de energías superiores, toda vez que la fuga fue un éxito pero no así la vida oculta de quien no podría ser recapturada. ¿Mala decisión optar por Venezuela como territorio para permanecer oculta? ¿Por qué no fue valorado el posible interés del régimen vecino en contar a su haber con una ficha como esta, puesta a jugar en el tablero de la geopolítica regional y global?


En tales circunstancias, sucedido lo que no debía ocurrir, una vez Aída en manos de la autoridad venezolana, el frío volvió a recorrer la piel de los gamonales de los clanes Gerlein y Char, mucho más cuando el ventilador Merlano, como viento huracanado, optó por su pellejo sin importar el precio de su decisión. Y habló, haciendo realidad lo temido reiteradamente. Los vientos desprendidos por su ventilador golpearon por todo el país, aunque su impacto mayor tuviera como epicentro a Barranquilla, y en menor medida a Bogotá y otras ciudades.


Con las aspas del ventilador a todo dar, con energía controlada desde un lugar distante de la mano de los poderes criollos, la declarante no ahorró denuncias en contra de unos clanes que concentran de manera espuria el poder político, económico y de otros órdenes en Barranquilla y mucho más allá. Se trata de un poder ampliado con empresas de diverso orden, de la salud y el deporte, pero también con otras destinadas a la contratación pública, mecanismo para enriquecer a unos pocos y no para servir a la sociedad, y por su conducto mantener un círculo infernal de: compro votos, gano elecciones, controlo la cosa pública, gano licitaciones, amplío la base social, someto conciencias, compro votos, gano elecciones…


Un poder debilitado. En el intento por parar el ventilador y sus vientos huracanados, no resultaron suficientes los contraconjuros rezados desde distintas orillas del poder político del país, ni la solicitud de su Cancillería ante Juan Guaidó –“el presidente reconocido por cerca de sesenta países”, como dicen una y otra vez los medios de comunicación cuando a él se refieren– para que extradite a la detenida, prófuga de la justicia colombiana. Tampoco sirvió la intermediación de la OEA e instancias semejantes, no reconocidas por el país en el cual ahora está en prisión la denunciante, a la espera de ser declarada perseguida política y, por tal razón, no extraditable.


La diplomacia colombiana, es meridiano, ha sido ‘elevada’ al ridículo como efecto de un suceso que en otro momento sería un simple caso policivo y de trámite diplomático menor. Como están las cosas, es un asunto que a la vez extiende sus efectos sobre la diplomacia de los “cerca de sesenta países” que reconocen al “legítimo presidente de Venezuela”, ahora, una vez más, desnudo en su parafernalia.


El ventilador, en su batir de aspas, le recuerda a todo el país que hay sectores políticos y personas como Álvaro Uribe, Germán Lleras y el propio Iván Duque –un sector amplio del establecimiento que hoy tensa las riendas del poder en Colombia– que actúan a la sombra, sin ahorrarse procedimientos ilícitos para ahondar y prolongar el poder que acumulan personas y sectores políticos aliados de los clanes ahora en la picota pública.


Nada nuevo bajo el cielo podrá refutar el lector desprevenido, ya que es vox populi que el poder político en Colombia compra votos siempre, corrompe al elector intimidado violentamente, coopta el establecimiento, desangra las arcas del Estado, impone un modelo socioeconómico que lleva a millones a la pobreza, haciendo mofa de la democracia, incluso la formal, además de infiltrar y manipular las delegaciones de la Registraduría. “Quien escruta elige”, alcanzó a decir alguien a propósito de esta práctica; esto en el mejor de los casos, pues en otros no renunció al impulso, la configuración y el mantenimiento del paramilitarismo, y así, con la conjunción de todas las ‘formas de lucha’, controló en forma absoluta el poder en departamentos y municipios del país, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo mismo. Una real privatización del Estado, en medio de la cual quedó un río de cadáveres como testimonio de que los hechizos del poder desatan violencias descomunales que mantienen al país en duelo permanente.


Parte de esto quedó al desnudo en reciente declaración ante el poder judicial venezolano de la excongresista Aída Merlano, dolida por los malos tratos recibidos de sus otrora protectores, declaraciones ofrecidas una vez que comprendió que era una simple ficha dentro del juego de poderes del cual hizo parte, pero para el cual ahora es un estorbo.


El poder de la muerte. Este conjuro, de amplia y subrepticia utilización en la historia de la humanidad por todo tipo de poderes, que evidencia de modo inmediato su fuerte y desmoralizador impacto, no deja de ser puesto a prueba en Colombia en distintas etapas de su historia, corroborando una y otra vez su potencia aniquiladora de contradictores y enemigos, luego de lo cual, bajo alegatos de la defensa del “orden legalmente constituido”, sus pócimas son resguardadas en punto seguro.


La memoria y los resortes para su control y su utilización son transmitidos intergeneracionalmente por quienes detentan el poder, que se forman en los rituales para su uso, el recurso de los sicarios o la acción de agentes secretos de organismos de espionaje al servicio del Estado, sabiendo –y así se lo explican– que su uso puede desmovilizar y desmoralizar, pero también desatar cóleras incontrolables, todo dependiendo de la correlación de fuerzas y el eficiente manejo tanto de los legalismos en que se ampara la clase dominante para su control y operatividad del Estado, como de los medios de comunicación.


Miles de miles son los muertos que este recurso de hechicería estatal ha dejado en el país, pero, para conseguir ese reguero de cadáveres, desde hace unos años se ha acudido al asesinato aleve de personas indefensas por parte del ejército nacional –verdaderos crímenes de Estado–, muchas de ellas llevadas a su tumba con engaños de falsos trabajos o promesas de mejor vida, y presentadas a la sociedad como ‘enemigos’ –guerrilleros– “muertos en combate”.


Así lo dejó claro el teniente coronel Álvaro Amórtegui el pasado 19 de febrero en denuncias contra el general Mario Montoya, otrora comandante de la Cuarta Brigada y luego comandante del Ejército, recordando con sus declaraciones lo que otros oficiales también han testimoniado a lo largo de varios años (2): que ese cuerpo uniformado, constituido supuestamente para cuidar las fronteras nacionales, está transformado en una máquina de guerra contra su propio pueblo. Es esta una demencial transformación en la cual, de la mano de terratenientes, empresarios y comerciantes, la fuerza pública perdió toda referencia ética y moral, derivando por tanto en un ejército de ocupación, enemigo de aquel a quien debiera proteger.


¿Qué sucedió aquí con los hechiceros que, desde su refugio en la Casa de Nariño y otros lugares de acción con que cuentan a lo largo y ancho del país, manipulan sustancias y rezan trabalenguas que conjuran la muerte? ¿Cómo actuaron para que sus rezos produjeran ese tipo de monstruo humano, encarnado en miles de oficiales y soldados que, amparados en una ideología anticomunista, y fanatizados en una causa que consideran cruzada contra el mal, llegan al extremo incluso de liquidar la vida de quien saben y son conscientes que nada tiene que ver con el enemigo que pretenden vencer?


Precisamente, la actuación de este tipo de oficiales, con órdenes sobre sus subordinados, desangrando al país que debieran proteger para que en tales tierras germinaran siempre la justicia y la paz, a la par de la clase política que ha privatizado el Estado en todos sus niveles e instancias, dibuja al régimen político que ha tomado forma en Colombia desde las décadas finales del siglo XX y comienzos del XXI: policivo-militarizado y por tanto autoritario, soporte de su carácter excluyente, neoliberal en lo político-económico y social, un régimen, por consiguiente, de minorías y para minorías.


Esta desavenencia de sus hechizos es una realidad que seguramente tiene cavilando, con signos de angustia, a los brujos mayores en su refugio gubernamental, batiendo inciensos y rezando conjuros, concitando energías y reclamando el apoyo de sus antecesores ya difuntos y de quienes aprendieron y heredaron sus malas artes de dominio, buscando con todo ello que aquellos a quienes mantienen bajo su potestad no se zafen. Todas sus potencias actúan y contienen energías que braman bajo el piso y en sus alrededores, con furia y con pasión, pues cada vez es más evidente que quienes controlan el Estado colombiano están carcomidos por todos los males de quien gobierna de espaldas a su pueblo: la violencia, el terror, la injusticia, los privilegios, la corrupción, la privatización de lo público, la manipulación, el engaño…

1. Así era conocida la base de operaciones que coordinaba Aída Merlano.
2. Entre los militares que han dejado tal testimonio ante la JEP figuran: “[…] Gabriel de Jesús Rincón Amado, Santiago Herrera Fajardo, Álvaro Tamayo Hoyos, Paulino Coronado Gámez, Sandro Mauricio Pérez Contreras, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Rubén Darío Castro, Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Alexander Valencia y Henry William Torres Escalante. https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/mario-montoya-se-reservo-su-derecho-a-guardar-silencio-ante-la-jep-461560.

 

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Información adicional

  • Autor:Carlos Gutiérrez M.
  • Edición:197
  • Sección:Editorial
  • Fecha:Marzo 2020
Visto 454 vecesModificado por última vez en Martes, 17 Marzo 2020 17:04

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