Imprimir esta página
Martes, 24 Marzo 2020 12:16

Desmilitarizar la Policía para implementar la paz

Escrito por Sebastián Navarrete Aldana
Valora este artículo
(0 votos)
Desmilitarizar la Policía para implementar la paz

Los informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre Colombia, presentados el pasado 4 de marzo, recomiendan, en síntesis, que el Estado cumpla con sus normas constitucionales, entre ellas que la Policía esté bajo control de un organismo civil, como lo dice la carta magna.

 

La reacción es típica del poder, autoritario, que no aguanta cuestionamiento alguno: “Es una intromisión a la soberanía del país”. La reacción de Iván Duque el pasado 27 de febrero fue automática, reactiva, como la que desata quien sufre una fuerte pisada, en este caso al conocerse el informe de Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y en el cual llamaba la atención sobre el exceso de violencia por parte del Esmad al momento de enfrentar las protestas sociales, al tiempo que recomendaba separar la Policía de la estructura de las Fuerzas Militares. El incumplimiento con los Acuerdos de Paz también estaba en el llamado de atención.

Días después, el 4 de marzo, el informe fue entregado en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta ocasión no solo un informe sino dos, uno a cargo del Relator Especial de la ONU, Michel Forst y otro el informe ya aludido de la Oacnudh.

Las críticas del gobierno nacional al ojo observador de las Naciones Unidas, queriendo desdecir una evidencia de perogrullo, despertó una tensión entre las partes, la cual trató de minimizar el gobierno Duque al solicitar al organismo multilateral la firma de un nuevo tratado de cooperación para profundizar apartes comprometidos con el Acuerdo de Paz, en este caso, los programas de desarrollo con enfoque territorial y, en otro campo, la atención a población migrante.

 

Una propuesta políticamente in-viable


La criticada “intromisión a la soberanía del país” que el presidente Duque le manifestó a la ONU, fue producto de la siguiente recomendación realizada por la Oacnudh: “Insta al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior”.
Una observación y una sugerencia que desde tiempo atrás han realizado investigadores y estudiosos de la relación Policía-Fuerzas Armadas-sociedad civil en Colombia, así como de las medidas que en el campo de la seguridad ciudadana deben implementarse para aclimatar la paz en el país, una de las cuales tiene que ver precisamente con desmilitarizar la Policía.

Uno de los estudiosos que ha incursionado en esta temática es Edwin Cruz Rodríguez, politólogo e integrante del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional, quien resumió su visión sobre el particular en el libro Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia*, donde se adentra a profundidad en el cómo sería la reestructuración a nivel institucional, operativa y doctrinaria para ejecutar una reforma al organismo policial.

Con él conversamos sobre la tensión gobierno nacional-Naciones Unidas, y le pedimos luz sobre la viabilidad que tiene transferir la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior, como es la norma en la mayoría de países. Con seguridad y sin dilaciones Edwin nos aclaró de la viabilidad de tal recomendación, pero, también nos enfatizó, “por resolver un problema se corre el riesgo de crear problemas potencialmente más graves. Esa es una recomendación que se viene haciendo desde 1993. Colombia es de los pocos países en la región en donde la Policía depende del Ministerio de Defensa”.

Explicación que con curiosidad nos lleva a preguntarle, Edwin, ¿Cuáles serían esos riesgos potenciales? Y sin rodeos amplía: “El problema de la militarización de la Policía, con todo lo que acarrea, pasándola al Ministerio del Interior se la puede terminar partidizando. El Mininterior es encargado de las relaciones políticas del gobierno, con el Congreso y, por tanto, con los partidos. A cambio de apoyo para los proyectos de ley, reformas, etcétera, que propone el Ejecutivo, se dan recursos para las regiones de los Congresistas y cargos. Luego, primero, pondría en un lugar peligroso a la Policía, puesto que abriría la puerta para que, por ejemplo, altos oficiales cabildearan y tomaran partido de manera más abierta que ahora para conseguir apoyo del Congreso y los partidos para ascensos y cosas de ese tipo. Segundo, podría llevar a un uso político de la Policía por parte del gobierno de turno. Un Departamento Administrativo de Policía resolvería parcialmente el problema. Parcialmente, porque no evitaría que el gobierno lo usara políticamente, como ocurrió con el DAS.

Aunque no es algo nuevo, otro tema que molestó al gobierno colombiano fue el de Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad. Dice el informe que el acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia, como sucede con la Fiscalía General de la Nación, que solamente tiene presencia en la mitad de los municipios del país. El informe resaltó que la respuesta de las autoridades a la violencia de género continuó siendo insuficiente. La Oacnudh observó que algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían el protocolo de la Fiscalía General de la Nación para responder a los casos de violencia sexual.

La falta de articulación entre autoridades es evidente, pero ¿Qué más ventajas tendría la desmilitarización de la Policía, Edwin? La mirada tranquila que había mantenido nuestro interlocutor ahora parece inquietarse, sus ojos buscan la respuesta a su interior, mueve también sus manos y nos indica: “Una estructura de mando vertical, copiada del Ejército, como la que todavía tiene la Policía, muchas veces obstaculiza la coordinación con las autoridades civiles municipales y departamentales. Por ejemplo, cuando la orden del Alcalde choca contra la orden del oficial superior, ¿a quién debe obedecer el subalterno? Un soldado es alguien que debe cumplir unas órdenes muy precisas en el marco de sus actividades. Un policía tiene que interactuar con la ciudadanía y eso supone cierta flexibilidad”.

Edwin, pero todos sabemos que la Policía antes era un cuerpo dependiente de los municipios, y eso facilitó, con lo acontecido a finales de los años 40 del siglo XX su militarización, situación que terminó por normalizarse con el paso de los años, una fuerza militarizada y que abusa de su poder. Pese a esa realidad que terminó haciéndose norma, ¿Por qué la Policía como un cuerpo de naturaleza civil, no militar, está amparada por el Ministerio de Defensa?

“No debe estar subordinada a otras fuerzas ni debe estar amparada, por ejemplo, por el fuero militar, nos aclara Edwin con toda determinación. Pero su salida del Ministerio de Defensa debe estar comprendida en una reforma estructural profunda, que incluso apunte a la desmilitarización de la institución en términos de su doctrina, su estructura jerárquica (de mandos) y sus formas de operación. Un Departamento Administrativo podría ser mejor alternativa, siempre y cuando se tengan en cuenta aspectos que, aunque se ha intentado implementar nunca han funcionado, como los sistemas de veeduría ciudadana con instancias y cargos específicos”.

Lo aludido por el profesor e investigador nos lleva a recordar que una experiencia similar ya tuvimos en Colombia con el antiguo DAS, la cual no fue nada buena para los defensores de derechos humanos, que terminaron siendo objeto de persecución y asesinatos, con la complicidad de la antigua institución, instrumentalizada desde el alto gobierno, además de comprada por bandas criminales. Teniendo esto claro, sin dejar de mirar a quien estamos seguros tiene una opción para ello, abrimos un nuevo interrogante, ¿Qué ventajas traería para el país separar la Policía del Ministerio de Defensa? Y él no nos defrauda, “La principal ventaja es desmilitarizar la Institución en términos de su estructura, su doctrina y sus formas de operación. Eso implicaría repensar la Policía en el contexto del posacuerdo de paz y las tareas que debe enfrentar. Por ejemplo, implica modificar los esquemas mentales y las estrategias para gestionar la protesta social”.


ONU admite que muerte de Dilan Cruz fue una ejecución

 

Uno de los temas que despertó polémica y debate, y le dio la razón a investigadores y parte de la opinión pública, fue el punto de derecho a la reunión pacífica, a propósito del cual resalta el informe: “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. La Oacnudh documentó una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del Esmad armado con un rifle de calibre 12 cargado con munición del tipo ‘beanbag’”. Aparte del informe que, claramente, hace referencia al asesinato del estudiante Dilan Cruz el pasado 23 de noviembre en Bogotá, durante las jornadas de protesta.

Con enfoques desde diferentes ángulos, las tomas realizadas por diferentes personas, comprobaron que el agente del Esmad que disparó contra Dilan no implementó los protocolos de dispersión de protesta que el Escuadrón tiene, sin embargo el Gobierno calló. Es una realidad que nos permite continuar la conversación con Edwin: ¿Cómo modificar los esquemas mentales y estrategias para gestionar la protesta social? le preguntamos. Y el hilo de la conversación es retomado sin demora: “En la gestión que desarrolla el Esmad, están patentes todos los problemas que acarrea la militarización sobre la función policial. Producto de la doctrina contrainsurgente, al manifestante se lo ve como un potencial ‘subversivo’, como parte del ‘enemigo interno’ a enfrentar y no como un ciudadano ejerciendo un derecho. De ahí que se privilegie un modelo de gestión basado en la represión y que en cada coyuntura de grandes movilizaciones el despliegue de fuerza es totalmente desproporcional”, contestó el politólogo.

“El espíritu corporativo de la Policía –continúa Edwin con su respuesta–, puede apreciarse muy claramente en el reciente asesinato del joven manifestante Dilan Cruz: la reacción fue en bloque y toda crítica se interpretó como un antagonismo con la Policía. Recientemente, la investigación del caso pasó a manos de la Justicia Penal Militar, gracias al fuero que cobija a la Policía. Eso es algo muy particular de este país: la Policía no tiene por qué estar comprendida en el fuero militar porque interactúa con ciudadanos de la misma comunidad política, no con adversarios de guerra. Pero una vez se tiene el fuero va a ser muy difícil quitárselo”.

 

Colombia, con el mayor índice de asesinatos de defensores de DD.HH en América Latina

 

El otro informe, el del Relator Especial de la ONU, Michel Forst, está antecedido de una visita oficial que el Relator realizó a Colombia del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 por invitación del Gobierno, y con el propósito de determinar si en nuestro país las personas defensoras están seguras y empoderadas para promover y defender los derechos humanos, y si el Gobierno garantiza el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Como su visita fue al inicio del mandato Duque, decidió volver a finales de 2019 para observar avances, momento en el cual el Gobierno dilató su visita e impidió su entrada, como el mismo Michel Forst confirmó en medios de comunicación.

Un clase dirigente que siempre ha estado emparentada con las Fuerzas Armadas para su beneficio; por ejemplo, el informe del Relator recogió su preocupación por la aparente conexión entre la compañía americana Frontera Energy y la Fiscalía, el Ejército y la Policía, para que estas autoridades protegieran su actividad ¿Por qué la clase dirigente colombiana es reacia a desmilitarizar la Policía, Edwin?  “Hay resistencias de lado y lado. Es decir, tanto de la clase dirigente como de la propia Policía, que ha desarrollado un fuerte espíritu corporativo. La militarización de la Policía viene desde el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957). Desde que se estableció el Frente Nacional (1958) la clase política ha sido reacia a meterse con las FF.AA., incluso luego de las reformas de principios de los años noventa. Claramente, el problema está ligado a la persistencia del conflicto armado, en la medida en que la Policía se convirtió en un blanco de la insurgencia. Pero la razón de fondo es que ese tipo de reforma altera una de las columnas del sistema político”, precisa con claridad nuestro interlocutor.

En su informe Forst comentó que desde 2016 y hasta el 30 de junio de 2019, Colombia se mantiene como el país con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina. Agregó que históricamente la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras está situada en torno al 95 por ciento, frente a la tasa de impunidad de los casos de homicidios dolosos conocidos por las autoridades, situados entre el 86 y el 94 por ciento.

El Relator recomendó al Gobierno nacional que: “Reafirme el compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorice su implementación, dotándolo de los recursos necesarios para ello, y en particular de los mecanismos de protección de las personas defensoras”. Recomendación que la Canciller Claudia Blum objetó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificándola como que: “no refleja objetividad ni integridad”.

Un avance hacia la paz real, difícil de lograr sin desmilitarizar la Policía, para lo cual es necesario retomar la esencia constitucional de este cuerpo de carácter civil, potenciándolo como un reconstructor de los derechos humanos. Para proyectar luz sobre este particular, abrimos un nuevo interrogante, Edwin ¿Por qué es fundamental que la fuerza pública tenga que pasar por una reforma para una efectiva implementación del Acuerdo de Paz?,  y su respuesta llega de inmediato, “Los Acuerdos de Paz, en la región, los de Centroamérica, por ejemplo, incluyeron reformas de las FF.AA. Acá ese aspecto no se tocó, tanto por el cuidado que tiene la clase política en afectar esa columna del sistema político como por la posición de ventaja que tuvo el Estado. No obstante, construir la paz hace necesaria una reforma de las FF.AA. Claramente, un contexto de posacuerdo requiere una reconciliación y eso es imposible si una parte de la sociedad, los reinsertados, los manifestantes, los críticos, la izquierda, siguen viéndose como potenciales “enemigos internos”, concluyó nuestro interlocutor.

En la rueda de prensa brindada por Duque después de reunirse con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, el presidente colombiano enfatizó que las relaciones con el organismo “atraviesan por un muy buen momento”.

Es la voz de la diplomacia, la misma que debería tener efectos reales en la política de paz del gobierno nacional, en la implementación de medidas que ciertamente lleven a la concreción de los derechos humanos, y demás recomendaciones que contienen los informes de la ONU acá retomados. Ese es el deber del gobierno Duque, lo que sí confirmaría que las relaciones con el organismo multilateral no han sufrido deterioro alguno.

En apariencia el Gobierno da un paso hacia delante, al firmar un nuevo tratado de cooperación con la ONU en pro de aspectos implícitos en los Acuerdos de Paz ¿Simple formalidad? ¿Engavetará este nuevo tratado de cooperación el Gobierno Duque? ¿Lo aplicará, sin que ello le implique un giro sustancial en la política global que sobre el particular ha comportado su administración. Sea uno u otro su comportamiento, no toca esperar hasta comienzos del 2021 para que la ONU nos brinde la respuesta con su próximo informe.

* Edwin Cruz Rodríguez, ediciones desdeabajo, 2016.

 

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Información adicional

  • Autor:Sebastián Navarrete Aldana
  • Edición:266
  • Sección:Sociedad y conflicto
  • Fecha:Marzo 20 - abril 20 de 2020
Visto 503 vecesModificado por última vez en Miércoles, 25 Marzo 2020 11:11

Artículos relacionados (por etiqueta)