Lunes, 25 Mayo 2020 11:46

Colombia: persistencia del conflicto y pandemia en territorios bajo estados de excepción

Escrito por Ricardo Vargas M.
Valora este artículo
(0 votos)
https://lavozdelcinaruco.com/18292-se-inicio-en-arauca-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-ilicitos#.XsF20kJ1h5Ehttps://lavozdelcinaruco.com/18292-se-inicio-en-arauca-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-ilicitos#.XsF20kJ1h5E

La crisis social, económica y política generada por la pandemia del codiv 19 en escenarios de alta conflictividad tanto rurales como urbanos, ha contribuido a revelar con más precisión el sentido de la pregunta sobre la persistencia del conflicto, el ejercicio del poder bajo la profundización de los estados de excepción y el poder soberano que lo sanciona, así como el escalamiento de las dificultades y desafíos frente a la construcción de una paz liberal.

 

Una alerta temprana de finales de abril sobre el agravamiento de situaciones de vulnerabilidad de las comunidades en el marco de las medidas sobre la pandemia por parte de la Defensoría del Pueblo, es un buen punto de partida para precisar los escenarios en donde se desarrollan acciones de violencia en contra de organizaciones sociales y sus líderes, así como contra personas en proceso de reincorporación de las antiguas Farc (1):

1. Brechas de presencia institucional en vastas zonas de la geografía nacional, particularmente de su oferta civil. Estas son especialmente tangibles en zonas extensas y selváticas, áreas de frontera, con poblaciones dispersas, precaria o inexistente infraestructura vial y limitadas posibilidades de comunicación.
2. Presencia real o tangible de recursos naturales con expectativas de explotación y que desatan el accionar de intereses privados legales e ilegales cuya posición de dominio o pretensión de ejercicio de una soberanía en esos territorios, abarca la instrumentalización del Estado, pero también el uso de fuerzas no estatales de ejercicio de la violencia. Tales expectativas se expresan en prospectivas para la implementación de megaproyectos económicos extractivos, energéticos, la gran agricultura comercial, infraestructuras viales, entre otros, de los cuales se puedan obtener posibles rentas “lícitas” o ilícitas.
3. Conflictos ambientales irresueltos y por los usos del suelo, así como la remoción de obstáculos a las pretensiones de intervención en ecosistemas para diferentes fines, mediante el ejercicio de la violencia.
4. Tensiones asociadas a la implementación del Acuerdo Final de Paz, particularmente en términos de la implementación simultánea de programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con las medidas de erradicación forzada y las demandas de implementación de la reforma rural integral.
5. Conservación (y protección) o el incremento de áreas de siembra de cultivos de uso ilícito en razón a existencia de incentivos o cálculos razonables de costo/beneficio en zonas donde la población tradicionalmente ha subsistido de ello. A diferencia de la Defensoría planteamos que la violencia se ejerce, no por la mera presencia del cultivo, sino como vehículo para garantizar el control de los mercados de Pasta Básica de Cocaína (PBC) u hoja de coca.
6. El modelo de seguridad del Estado colombiano que en diversas regiones criminaliza al cultivador de hoja de coca, marihuana o amapola y mantiene como principales indicadores de éxito de sus tareas la reducción de áreas.
7. Problemáticas fronterizas y migratorias, que potencian nichos de posibles conflictividades sociales y que exacerban condiciones de vulnerabilidad.
8. Continuidad del conflicto en razón a las confrontaciones por la disputa del control de territorios entre grupos armados, las comunidades que defienden su autonomía y/o atentados contra la infraestructura energética del país.
9. Acciones de fuerza disímiles pero que buscan estratégicamente la contención a la presión por el acceso a la tierra por parte de las comunidades excluidas. De un lado la fuerza legítima estatal pero que desarrolla prioritariamente prácticas de seguridad al servicio de intereses privados o de otro lado, estructuras criminales que prestan igualmente servicios de ejercicio de la fuerza a las elites locales y/o regionales.
10. En contextos urbanos, segregación geoespacial, especulación en el uso y tenencia del suelo.

Sólo la referencia de elementos del contexto da cuenta de la complejidad de situaciones en que se hace uso de la violencia. Si a ello se suma el tipo de cálculos, decisiones y movimientos de los actores implicados, algunos incluso jugando con distintas máscaras, el escenario se complejiza aún más. Adicionalmente, el control territorial es otra condición que demandan las expectativas de los intereses en juego, situación que desata alianzas, confrontaciones, amenazas, asesinatos selectivos de un lado y de otro, luchas de resistencia por parte de comunidades que oscilan entre acuerdos pragmáticos, construcción de gobierno propio y demandas al Estado que en teoría debería ser el factor principal de seguridad, ordenamiento y funcionalidad institucional.

Los modelos de interpretación de estos entramados sustentados en una supuesta línea divisoria entre legalidad e ilegalidad, donde la legalidad es la representación de lo estatal o el proceso hacia donde las cosas deben ir, resultan inocuos y erráticos. Tales análisis casi siempre terminan en recomendaciones normativas cuya realización no se lleva a cabo porque los intereses en juego desbordan las pretensiones de una racionalidad moderna, mientras se mantienen las expectativas en los habitantes que claman unos mínimos en la función del Estado.

Aún en procesos de negociación, como resultado de movimientos de protesta, se observa el incumplimiento reiterado de los acuerdos en que terminan esas demandas, generándose un fenómeno que se repite por décadas en zonas de alta conflictividad como el Cauca, Catatumbo, la Amazonía, por sólo mencionar algunas.

Intentar explicar este tipo de resultados demanda asumir la complejidad de los contextos, los actores en juego y sus intereses y el comportamiento del Estado. Nos limitamos en esta entrega a plantear elementos sobre algunos actores en juego y las implicaciones del tipo de discurso y prácticas estatales en materia de seguridad.

El Cauca: incumplimientos del alto Estado y militarización

En efecto, si tomamos como referencia el complejo caso del Cauca, las fuerzas de seguridad del Estado tienden a reducir el problema en términos de la relación amigo/enemigo y el principal obstáculo es la presencia de cultivos de hoja de coca y marihuana. La militarización se esgrime como la herramienta del Estado para resolver los factores determinantes de los problemas. Según se informa desde el Senado de la República, en el terreno el despliegue de las FFAA en ese departamento se distribuye así (2):

Cuadro Nº1: Pie de fuerza estatal en el Departamento del Cauca

Tipo de fuerza  Número
 Fuerzas terrestres 7.160
 Fuerza aérea 108
 Fuerza marítima  418
 TOTAL 7.686
Fuente: Informe Senador Feliciano Valencia en el Debate en la Comisión Segunda del senado el Cauca. Mayo 6 de 2020

Son 7.686 efectivos allí desplegados entre fuerzas de infantería, batallones de alta montaña, inteligencia, armada, aviación. A la anterior cifra se debe añadir la presencia de 2.575 policías en el departamento (3), sumando 10.261 efectivos de seguridad del Estado. En contraste, fenómenos como la letalidad de los grupos armados en contra de las comunidades y sus líderes continúa. Sólo en el año 2020 han sido asesinados 46 líderes sociales y familiares de los mismos. Por su parte, en este departamento y desde la firma de los acuerdos de paz han sido asesinados 37 exguerrilleros de las Farc (4). También avanzan sin dificultades las prácticas de transformación, y en general de incorporación de valor agregado de las economías ilegales por parte de estructuras criminales; la explotación minera, así como el movimiento mercantil de las sustancias psicoactivas hacia los principales mercados.

Mientras tanto, el accionar de las fuerzas armadas se estructura alrededor de lo que ellos denominan “Áreas Críticas” que a su vez se definen de manera exclusiva en relación con la incidencia de estructuras de las disidencias de las Farc, el Eln y los Pelusos.

El concepto de enemigo con que se estructura todo el dispositivo de seguridad de las FFAA se incorpora a partir de la presencia de estructuras de las disidencias de las Farc, del Eln y de los Pelusos. Es una extensión anacrónica de los idearios de la Guerra Fría. Como se observó, el Comando militar en el Cauca divide el departamento en esas zonas críticas que a su vez son tratadas a través de Operaciones Mayores cuyo blanco son esas estructuras. Ninguna de las zonas críticas alude al neo paramilitarismo y, por tanto, no hay Operaciones Mayores contra ellos, ni la medición de resultados implica el combate a este tipo de fuerzas.

La misma Defensoría del Pueblo reconoce que en el territorio nacional los grupos herederos del paramilitarismo se relacionan con el control de rentas ilegales provenientes de diferentes eslabones del narcotráfico, los préstamos gota a gota, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, la prostitución forzada, etcétera. Y ya desde el punto de vista político cumplen una función de obstaculizar los procesos de reclamación de tierras y reparación de víctimas, así como los reclamos y reivindicaciones de líderes/as sociales y personas defensoras de DD.HH imponiendo normas de conducta y sanciones a la población (5).

 


La percepción militar de los cultivos de uso ilícito: criminalización social y descoordinación institucional

Para el Comando militar del Cauca, los obstáculos que se priorizan en ese departamento son (6):

1. La presencia de 16.000 hectáreas de coca.
2. El acuerdo (de paz) “del anterior gobierno” con los cultivadores y que ha generado un ambiente donde sus soldados son hostigados con asonadas y secuestros “estando en cumplimiento de su misión constitucional”. Consecuente con esa percepción, el alto mando anuncia que se irán a erradicar los cultivos de uso ilícito en el cañón del Micay.
3. Señala que “toda esta gente que desarrolla economías ilícitas especialmente narcotráfico se asocia en la COCCAM” (7).
4. Finalmente, caracteriza como un “espectáculo” ver las luces por cultivos hidropónicos (sic) de marihuana. No podemos hacer nada pues esos cultivos están dentro de la jurisdicción de los resguardos indígenas. Denuncia que allí mismo se lleva a cabo el robo continuo de energía, por un valor de 24.000 millones de pesos, para atender los cultivos de marihuana.

Nótese el evidente contraste entre el fuerte entramado de los escenarios en que se desenvuelven las acciones de fuerza contra las comunidades y la necesidad de una mirada integral y compleja de la seguridad y, de otro lado, el esquema extremadamente simplificador de la (in)seguridad en los territorios por parte de los organismos de seguridad. Deteniéndonos en el tipo de lectura sobre el problema de los cultivos de uso ilícito, se infiere que:

1. Hay una lectura prejuiciosa de condena a los cultivos de uso ilícito y se genera un estigma criminalizante al asociarlos al narcotráfico. Para el Mayor General no hay un problema socioeconómico de base, no existe una situación de exclusión y marginalidad, temáticas que demandan la intervención integral del Estado, de la mano con nuevos conceptos de seguridad. En consecuencia, la tarea es y seguirá siendo erradicar forzosamente y se asume como un deber constitucional. Todo el contenido, implicaciones, compromisos del problema de los cultivos de uso ilícito, en el marco del Acuerdo para el fin del conflicto, es desconocido.
2. Según el alto mando militar, los acuerdos para el fin del conflicto generaron una patente para justificar esas acciones de obstrucción de las erradicaciones, en la medida en que las comunidades alegan la existencia de acuerdos y, en consecuencia, recurren a obstaculizar el desarrollo de las acciones de fuerza.
3. Se concluye, entonces, que las acciones de erradicación forzosa van por unas vías ya decididas en el marco de las operaciones militares y de otra, los compromisos estatales de ofrecer alternativas sociales y productivas van por otros carriles. De cualquier manera, es notoria la descoordinación institucional.
4. Se criminaliza la labor de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (Coccam).
5. Se condenan los cultivos de uso ilícito en el interior de los resguardos indígenas, ratificando la lectura sesgada que asocia narcotráfico y cultivos de coca, marihuana o amapola.

 

Una lectura institucional arraigada con decisiones costosas

 

A pesar de la orden de confinamiento por la emergencia de salud, las acciones de erradicación forzosa avanzan en el nivel nacional generando enfrentamientos con comunidades y situaciones de riesgo por el covid 19.

Para el 2020, la meta de erradicación forzada fijada por el gobierno nacional fue de 130 mil hectáreas. De acuerdo con el informe de Naciones Unidas de 2018, en Colombia fueron detectadas 169.000 hectáreas sembradas con cultivos de coca. Según la Coccam, la ONG Christian Aid y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, son más de 230.000 familias campesinas, indígenas y afrocolombianas las que dependen del cultivo de coca como principal medio de sustento económico. Las autoridades priorizaron los departamentos de Nariño con 41.903 hectáreas de hoja de coca; Norte de Santander con 33.598, Putumayo, con 6.408 y Cauca donde se reportan 17.117 hectáreas (8).

La decisión del alto gobierno de avanzar sin tregua en las erradicaciones forzosas, potencian choques violentos que arrojan como resultado muertes como la del joven Alejandro Carvajal el pasado 26 de marzo, quien según denunciaron organizaciones sociales fue asesinado por el Ejército en la región del Catatumbo durante una protesta contra los procedimientos de las FFAA en la zona (9).

En otros escenarios, se continúa reiterando el procedimiento y sus consecuencias. El domingo 19 de abril las comunidades campesinas y Awá de la zona aledaña al resguardo Inda Sabaleta, en Tumaco, denunciaron que personal de la Policía Antinarcóticos y erradicadores civiles llegaban a la zona a arrancarles sus matas de coca, aun en medio del confinamiento. Se repetía la escena producida en el Catatumbo, el sur de Córdoba, el Bajo Putumayo o el Caquetá: la Fuerza Pública avanzando en la erradicación de los sembradíos y las comunidades a defender su único sustento. En ese contexto el indígena Awá Ángel Nastacuas murió el 22 de abril como consecuencia de disparos accionados por la Policía Antinarcóticos. Mientras tanto, grupos armados han amenazado al gobernador del resguardo por intentar impedir la presencia del cultivo en su jurisdicción (10).

De otro lado, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) denunció que el 10 de mayo se presentó un nuevo choque entre población civil y miembros de la fuerza pública como consecuencia de la erradicación forzosa de cultivos de coca que adelanta la fuerza pública en zona rural de Montelíbano. De acuerdo con Ascsucor, al menos 300 campesinos de la vereda La Barra, de ese municipio, retuvieron momentáneamente a tres miembros de la Policía que realizaban las labores de destrucción de las matas de coca (11). Estos son sólo algunos ejemplos de lo que caracteriza hoy a una gran proporción de los territorios cocaleros.

 

Una lectura crítica

 

En primer lugar, la lectura del problema a partir de la construcción de la relación bipolar amigo/enemigo, en donde éste se asocia a grupos armados organizados que se nutren de la economía ilegal de las drogas, produce la percepción de que los cultivadores son sus aliados terminando situados como parte de las fuerzas que se oponen a la vigencia de la legalidad.

No obstante, siguiendo un balance internacional de Ekaterina Stepanova en la caracterización clásica de los actores armados en contexto de conflicto, se observa que el oportunismo político de los grupos de crimen organizado se refleja en que tales grupos están listos a involucrarse en formas de cooperación ilegal con agentes corruptos del Estado, o con agentes gubernamentales que se alinean con actores armados en el marco de la presencia de fuerzas insurgentes (12). Esto explica parcialmente porqué incluso en zonas de conflicto donde son observables las relaciones entre insurgencia y grupos criminales –como en Afganistán y partes de África o zonas de conflicto de la región andina en Latinoamérica–, los insurgentes no son los únicos actores envueltos en criminalidad o cooperan con grupos criminales. De hecho, grupos criminales en sus fases más avanzadas, establecen simbiosis con el Estado y con la economía legal (13).

Si bien tradicionalmente se establecía otra diferencia entre los dos tipos de grupos a partir del uso de sus recursos, en donde actores político militares estarían más cerca de un uso de sus finanzas para mantener o incrementar su potencial militar o en casos excepcionales satisfacer las necesidades sociales de la población con miras a legitimar su “gobierno” en los territorios bajo su control, de otro lado los grupos criminales tenderían más a invertir en la expansión de sus negocios o usar sus beneficios en propósitos improductivos –como la compra de grandes propiedades o el juego.

Estas distinciones no excluyen –sobre todo en el momento actual– la posibilidad de la degradación de los actores político-militares en grupos puramente criminales o la creación de vínculos con estos últimos que van más allá de relaciones pragmáticas o alrededor de negocios específicos. La distinción entre actores políticos-militares y criminales puede llegar a ser menos relevante en zonas de conflicto en donde el Estado es precario, disfuncional y/o con un alto grado de fragmentación en el uso de la violencia, traduciéndose en la expansión de milicias de diferente tipo y la emergencia de señores de la guerra, como en el caso de Afganistán (14). En tal ambiente de fragmentación, es a menudo imposible diferenciar las organizaciones armadas con una orientación más política de los grupos con un mayor dominio criminal del complejo entramado de violencia localizada.

Hoy en día los organismos de seguridad estatal son señalados constantemente como beneficiarios de las economías ilegales a través de acuerdos de omisión en el control de las vías de acceso a las zonas productoras por parte de grupos criminales, la prestación de servicios de seguridad a las estructuras criminales, con lo cual se borra tajantemente la frontera e la legalidad e ilegalidad, generando un ambiente de búsqueda de protección para las comunidades donde las mismas estructuras criminales resultan beneficiadas.

En general, en el escenario del pos acuerdo, se planteó reiteradamente un modelo de copamiento por parte del Estado de los territorios controlados por las antiguas Farc. Sin embargo, esta consigna fue ideal y normativa incluso pasando por encima de la realidad del conflicto en las zonas afectadas. Los grupos armados incluidas las antiguas Farc ingresaron a escenarios comunitarios haciendo daño a las estructuras de gobierno, a la cultura, a la organización y a los referentes de identidad y cohesión tanto de comunidades negras como indígenas.

Plantear así un “ingreso de las fuerzas estatales” sin hacerse preguntas por el restablecimiento de derechos de las comunidades fue también un contrasentido. Lo que el Estado debió propiciar fue el empoderamiento de las comunidades y no la militarización a lo cual se añade la presencia de una institucionalidad mediada por corrupción y clientelismo, con lo cual el modelo de seguridad necesitaba de pasos intermedios en donde debió prevalecer el reconocimiento de derechos y del gobierno propio. Estos vacíos aún siguen vigentes, pero con escenarios aún más complejos, luego de tres años largos de la firma del Acuerdo para el fin del conflicto.

En estos momentos, los estados de excepción decretados y controlados por el alto gobierno y por los diversos grupos armados a raíz de la pandemia, cobran un costo alto en DDHH, incluyendo la vida de miembros de las comunidades. Así se imponen cargas de disciplinamiento y control armado. Una mirada panorámica a nivel de algunas regiones da cuenta del fenómeno. Según la Silla Vacía:

El caso que más ha disparado las alarmas de la Defensoría es el de Buenos Aires, en Cauca, donde la disidencia Jaime Martínez de las Farc había sacado un panfleto advirtiendo que nadie podía andar en billares o tiendas y el 26 de abril, presuntamente ellos lanzaron una granada a un billar que estaba abierto y dejaron cuatro heridos y tres muertos. O en Bolívar, también en Cauca, a principios de mes, hombres del Eln llegaron a una tienda y dispararon para asustar a los que estaban tomando, pero mataron a un señor. En Argelia, el grupo Carlos Patiño hizo un retén cerca de la entrada de la cabecera del pueblo y quemó varias motos. Lo mismo en Caloto, donde la Dagoberto Ramos puso un retén y quemó una moto por estar violando la cuarentena15.

La creación intencional de un estado de inseguridad y de guerra permanente (técnicamente no declarada pero discursivamente esgrimida) deviene en una de las prácticas esenciales de los poderes conservadores contemporáneos, fortalecidos por su capacidad de saqueo de recursos públicos, su cercanía a la narco-criminalidad y el desarrollo de prácticas mafiosas desde el aparato de Estado. El estado de guerra permanente produce un umbral óptimo de indeterminación entre legalidad e ilegalidad, generando un campo de acciones que se nutren de la evasión de la ley, la impunidad, las transacciones con la criminalidad manteniendo en alto el propósito estratégico del control territorial. Es una nueva economía de poder que pretende garantizar la pervivencia del status quo (16).


Por su parte, en la horizontalidad de la vida en los territorios, emergen distintas formas y grupos de ejercicio de la violencia con ribetes muy pronunciados de simbiosis con criminalidad y el ejercicio de formas letales de control territorial. Todo dirigido a transformar órdenes locales que impidan el ejercicio de la democracia en las comunidades, vacío que posibilita, bajo la necesidad de un orden, que se sobreimpongan dispositivos autoritarios de ejercicio del poder y de disciplinamiento social.

En el ámbito de la desconfianza generalizada que se propicia, las fuerzas en ejercicio de la violencia construyen un discurso de “protección” o “representación de hecho de esas comunidades” frente a las amenazas del alto poder. Esa protección llega a estados esquizofrénicos donde el “grupo protector” asesina –muy al estilo del caso de Filipinas– a quien incumpla la orden de confinamiento del alto gobierno por la pandemia del covid-19. Se supone que la víctima hacía parte de quienes eran objeto de la protección.

Ambas cargas de violencia (la estatal y de grupos armados no estatales) se desenvuelven sobre las comunidades, generando niveles insoportables de letalidad y miedo. La destrucción de sus formas organizativas, sus relaciones de confianza, sus hábitos y construcción de identidades son el foco de uno y otro ejercicio del poder. Es una guerra contra las comunidades, tanto desde un Estado que en la práctica borra la línea que define la esfera de lo legal e ilegal, como de unas formas criminales de ejercicio de la violencia por parte de los diferentes grupos no estatales. El accionar de los grupos armados, bien con un perfil criminal o con pretensiones de lucha política, tienen en común la destrucción de los órdenes sociales existentes en los territorios violentando su autonomía.

En diversos territorios, la representación de lo estatal usa vasos comunicantes para coordinar sus pretensiones estratégicas con la criminalidad en armas: despeje de territorios para afianzar concesiones mineras, instauración de cultivos comerciales o la obtención de beneficios privados para el funcionamiento y circulación del capitalismo salvaje agenciado por el narcotráfico. En el mismo sentido se observa el uso de políticas como la guerra contra las drogas, focalizada en los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito.

La guerra continúa, y el costo social y de otros órdenes sigue recayendo sobre las comunidades y sus territorios.

1 Defensoría del Pueblo, ALERTA TEMPRANA N° 018-2020, DE INMINENCIA, justificada por la situación de riesgo que afrontan los territorios con presencia y accionar de actores armados no estatales y grupos armados de delincuencia organizada por cuenta de los efectos y las medidas adoptadas para afrontar la emergencia sanitaria derivada por la pandemia covid-19. Hemos seleccionado los que en nuestro modo de ver tienen mayor pertinencia, y hemos complementado aquello que consideramos un vacío en la alerta de la Defensoría.
2 Hemos tomado como referencia por su actualidad, la información que se suministró en el Debate sobre el Cauca en la Comisión Segunda del Senado el 6 de Mayo de 2020.
3 Policía Nacional de Colombia Región de Policía No.4, Rendición de cuentas Departamento de Policía Cauca. Coronel Arnulfo Rosemberg Comandante Departamento Policía Cauca, Informe Ejecutivo, abril 8 de 2020. Novoafile:///C:/informe_rendicion_de_cuentas_decau_0.pdf
4 Colombia Informa. “Cauca: el asesinato de líderes sociales en medio de la pandemia”. Mayo 8 de 2020. https://www.colombiainforma.info/cauca-el-asesinato-de-lideres-sociales-en-medio-de-la-pandemia/
5 Defensoría del Pueblo, Ibidem.
6 Intervención del Mayor General Wilson Chávez en el debate sobre el Cauca en la Comisión Segunda del Senado, 6 de mayo de 2020.
7 Mayor General Wilson Chávez en el Debate en la Comisión Segunda del Senado, Cauca, mayo 6 de 2020.
8 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/coronavirus-continuan-las-labores-de-erradicacion-de-coca-en-colombia-487318
9 https://www.elheraldo.co/colombia/erradicacion-forzada-de-cultivos-de-coca-la-tension-creciente-en-medio-de-la-pandemia. Antes de que empezaran estos nuevos operativos de erradicación en la región, Alejandro Carvajal, de 22 años, venía impulsando en su vereda un proceso de sustitución de cultivos de coca por caña panelera, a través de la Asociación de Cañicultores Paneleros de Sardinata (Asocapasar). Habían logrado ya un préstamo del banco para el proyecto. Alejandro era también el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda donde vivía. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-campesino-que-murio-por-un-disparo-del-ejercito-en-el-catatumbo-articulo-912869
10 Colombia 2020, “La erradicación forzada de coca le arrebató una vida al pueblo Awá”, El Espectador, Mayo 2 de 2020. https://www.elespectador.com/colombia2020/la-erradicacion-forzada-de-coca-le-arrebato-una-vida-al-pueblo-awa-articulo-917512
11 El Tiempo, “Pulso entre campesinos y autoridades por erradicación de hoja de coca”, Mayo 11 de 2020. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/pulso-entre-campesinos-de-cordoba-y-autoridades-por-erradicacion-de-hoja-de-coca-494204
12 Ekaterina Stepanova, “Armed conflict, crime and criminal violence”, SIPRI Yearbook 2010: Armaments, Disarmament and International Security SIPRI 2010 Sweden.
13 Ekaterina Stepanova, op. cit. P 42.
14 Así se configura un escenario de explosión e mandos luchando por la extensión del poder y la apropiación de recursos buscando explotar las oportunidades ofrecidas por el contexto de inseguridad y el dominio de la guerra económica.
15 https://lasillavacia.com/los-armados-ahora-tambien-juegan-autoridad-sanitaria-76482 El ELN hace circular un video similar al que promueven los grupos criminales mexicanos como la hija del Chapo Guzmán con sus “chapodespensas” repartiendo mercados en el confinamiento. https://twitter.com/saveriovivas2/status/1260821006194741249?s=12 El populismo armado y la búsqueda de legitimidad en los territorios es una tarea que se desarrolla hoy tanto por grupos que se reclaman políticos y por la criminalidad organizada.
16 José M. Atiles-Osoria, Sobre la vioencia Schmitt, Benjamin, Agamben, University of Puerto Rico, Mayaguez Campus.

 

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

 

Información adicional

  • Autor:Ricardo Vargas M.
  • Edición:268
  • Fecha:Mayo 20 - junio 20 de 2020
Visto 276 vecesModificado por última vez en Domingo, 31 Mayo 2020 10:53

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.