Miércoles, 22 Julio 2020 09:11

Los derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos extractivistas

Escrito por Pensamiento y Acción Social
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El río Calenturitas es uno de los lugares más emblemáticos de El Hatillo. La mayoría de sus habitantes coinciden en que es donde más se ha evidenciado el impacto de la minería, pues fue contaminado y desviado de su cauce. La comunidad tiene una relación muy fuerte con este lugar. Allí se pescaba, en las orillas del río se lavaba la ropa, era un punto de encuentro para reunirse, para bañarse y pasar los domingos con familia y amigos. Como consecuencia de la grave contaminación eso se acabó, aunque a veces los niños se meten al agua, pero bajo el riesgo de que muy seguramente les saldrán brotes en la piel.El río Calenturitas es uno de los lugares más emblemáticos de El Hatillo. La mayoría de sus habitantes coinciden en que es donde más se ha evidenciado el impacto de la minería, pues fue contaminado y desviado de su cauce. La comunidad tiene una relación muy fuerte con este lugar. Allí se pescaba, en las orillas del río se lavaba la ropa, era un punto de encuentro para reunirse, para bañarse y pasar los domingos con familia y amigos. Como consecuencia de la grave contaminación eso se acabó, aunque a veces los niños se meten al agua, pero bajo el riesgo de que muy seguramente les saldrán brotes en la piel.

En noviembre de 1991 mediante ley 12, Colombia aprobó la Convención de los derechos del niño, tres décadas después el extractivismo evidencia que en este país aún falta mucho para reconocer que esta población es sujeto de derechos.

El año pasado por el mes de noviembre, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, se celebraba el trigésimo aniversario de uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos que más apoyo ha concitado en el mundo, por tanto, uno de los más importantes. La mayoría de los países parte del sistema ONU, firmaban y ratificaban en un corto periodo de tiempo la Convención de los derechos del niño que sólo un año después de quedar abierta para la firma entró en vigor. Actualmente sólo Estados Unidos no ha ratificado este importante instrumento que reconoce que las niñas, niños y adolescentes son sujetos activos de derechos.

La organización Pensamiento y Acción Social –PAS–, en alianza con Tierra de Hombres Colombia, preparó recientemente un informe sobre la situación de niños/niñas y adolescentes en los ejes mineros del carbón del Cesar y la Guajira. Ocasión sin igual, para verificar el grado de cumplimiento de lo contenido en la Convención del Niño, en regiones destinadas a las actividades extractivistas.

En estos departamentos, se adelanta desde hace más de 40 años una de las explotaciones de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Según cifras del Sistema de información minero colombiano –Simco–, del Ministerio de minas y energía, en el año 2011, sólo en La Jagua de Ibirico y El Paso, en el departamento del Cesar, se extrajeron de las entrañas de la tierra 26.391.288 millones de toneladas de carbón térmico. El aporte a la producción nacional de los municipios de Barrancas, Hatonuevo y Albania en el departamento de La Guajira, se estimó para el mismo año en 33.355.610 millones de toneladas. ¿Qué afectaciones se deriva de ello para las niñas, niños y adolescentes?

Una observación preliminar que se deriva del informe, es que se asiste a una masiva y sistemática violación de los derechos contenidos en la Convención y que ese instrumento debe pensarse en contextos extractivistas, para dar cabal cumplimiento a los propósitos que animaron su constitución. Las condiciones de vida que impone la explotación de carbón a gran escala a niños, niñas, jóvenes y adolescentes son desde el punto de vista de lo contenido en ese instrumento, desproporcionadas y violatorias de sus más básicos derechos. El discurso desarrollista con el que se adelanta el modelo extractivista, encubre ese hecho.

El documento titulado “Minería transnacional de carbón y vulneraciones de derechos humanos en niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, se centra básicamente en los principios que fundamentan la Convención y en el artículo 30, que cobra especial interés para esta población, habida cuenta que la afectación de derechos, se predica de comunidades afro-guajiras e indígenas de los departamentos del Cesar y La Guajira.

Los principios de no discriminación, del interés superior del niño, así como el derecho a ser escuchados y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, son –si se quiere– el suelo nutricio del cuerpo de la Convención, sin cuya aplicación y observancia no es posible la garantía y promoción de lo contenido en ese instrumento.

 

 

Analizados a la luz de la experiencia de los niños, niñas y adolescentes que habitan los ejes mineros del carbón, la autora concluye que esta población ha sido discriminada, no han sido escuchados y por tanto, tampoco se les ha garantizado sus derechos a la participación y la información; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo se les ha limitado1 y, ni el Estado colombiano ni las empresas han garantizado el interés superior del niño, que supone que en todas las políticas y acciones de gobierno que puedan afectar sus intereses, ellos y ellas sean tenidos en cuenta, en términos reales, es decir, con su activa participación.

Por otra parte, y siempre en el marco de las observaciones generales del comité de expertos de la convención, el informe señala, que el derecho a tener una vida cultural propia no se entiende sin el reconocimiento de la importancia que tiene para las comunidades, la tierra y los territorios que habitan y han sido construidos durante años por esas comunidades.

La autora es enfática al señalar que el principio de extraterritorialidad contemplado en las observaciones generales del comité, abre posibilidades de acción e incidencia, pues bajo este principio las empresas y los Estados de origen de las mismas, son responsables de la observancia y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, sobre todo, en contextos en los que la debilidad institucional del Estado receptor entorpece su debida aplicación.

Crisis social y ausencia de Estado

Hablar con las y los jóvenes de estas comunidades es darle cuerpo y memoria a lo contenido en la Convención, contextualizar lo que en el papel es un derecho de ineludible aplicación.

Camilo*2, joven de 17 años, que vive en la vereda El Hatillo-municipio de El Paso, del centro del departamento del Cesar, señala que ante las problemáticas vividas, por ejemplo en el tema de salud, los gobiernos del nivel departamental y municipal “brillan por su ausencia” y que “de cuando en cuando, en convenio con la alcaldía municipal, las multinacionales adelantan campañas de salud”, pero que ello sucede sobre todo en época preelectoral, pasada la cual nadie hace seguimiento a las condiciones de salud de las comunidades.

Él y su familia han padecido la desidia de los entes territoriales; sufren una afección visual que fue diagnosticada en una de esas campañas, les prometieron seguimiento, pero nada ha sucedido. Las comunidades desconocen si las enfermedades que sufren las adquirieron con ocasión de la explotación de carbón.

En el año 2010, después de varios años de explotación, el gobierno colombiano reconoció que las comunidades de El Boquerón, El Hatillo y Plan Bonito, en el Cesar debían ser reasentadas por las afectaciones que pudieran sufrir en su salud con ocasión de la explotación de carbón, pero ni en ese entonces ni ahora, se cuenta con estudios que permitan dar cuenta de las condiciones de salud/enfermedad de esas comunidades. Igual suerte corrieron las comunidades afro-guajiras e indígenas del departamento de La Guajira.

Esta situación se repite en todas las dimensiones de la vida colectiva de estas poblaciones, objeto de reasentamiento3. Las autoridades del nivel departamental y municipal indican que no hacen inversión social alguna porque las comunidades serán reasentadas en un futuro no muy lejano. Las empresas, por su parte, señalan que la inversión social es una obligación del Estado. “Se tiran la pelotita unos a otros” dice Camilo, que ha podido evidenciar cómo las comunidades de Tabaco y Roche en La Guajira, han sufrido por años la misma situación.

“Si no fuera por las alianzas entre la gobernación y las empresas mineras, la gobernación ni siquiera se molestaría por hacer presencia”, indica Camilo. Y así es también para actividades tan importantes para el desarrollo social, emocional, moral, psíquico y motor de las niñas, niños y adolescentes. “Dos veces por semana llega un profesor, pero eso era antes de la pandemia”, la cultura, las artes y el deporte dependen enteramente de las alianzas establecidas entre las empresas y las autoridades del nivel departamental y municipal.

En qué medida los embarazos tempranos –que afectan a la madre y el niño– y por tanto, tienen consecuencias intergeneracionales, así como problemas de delincuencia juvenil y consumo y distribución de psicoactivos se deben a esta desidia, queda por establecerse, pero pareciera haber evidentemente una correlación entre las afectaciones y la falta de oferta institucional.

 

 

El día que el calenturitas se secó

“Eso fue como en el 2012 o 2013 –dice Camilo–, yo todavía era un niño y eso quede asustado, yo nunca había visto el río secarse, toda la comunidad de El Hatillo quedó asustada”, pero no fue sólo el Calenturitas el que se secó, también el arroyo El Joval, fuente hídrica que a su vez alimentaba el Calenturitas, vital para las poblaciones de El Paso y El Hatillo. Su desecamiento significó una fractura cultural para las comunidades que frecuentaban el arroyo El Joval, señala Camilo. “murió el río y murió la cultura porque las antiguas tradiciones se perdieron”. Las empresas obtuvieron los respectivos permisos de uso y desviación, del Ministerio de Medio Ambiente, en su momento.

Sin embargo, de manera paradójica, Camilo señala que ha sido el apoyo del operador Socya, a cargo de las acciones de transición para el reasentamiento, financiado por las empresas, lo que le ha permitido “abrirse a las actividades comunales”, conocer más sobre la historia de la población.

Al preguntarle si se ha apropiado de los derechos que tiene como adolescente y si sabe que tiene derecho a la paz, indica que ha escuchado sobre la Convención y los derechos del niño, pero que no sabe qué tipo de herramientas le brinda para hacer efectivos sus derechos.

Sobre la paz como un derecho dice en tono desparpajado: “ahí sí me corchaste. Yo sé que los niños, niñas y adolescentes tenemos unos derechos y unas responsabilidades pero no sé cómo contextualizarlo, no sé cómo emplear ese derecho”. No es extraño que así suceda, ya que los niños, niñas y adolescentes aprenden haciendo y observando, viviendo, experimentando, vivenciando. En contextos extractivistas las violencias se ensañan contra las comunidades y la presencia de actores armados de viejo y nuevo cuño son el pan de cada día.

“Yo sé que tenemos ese derecho, pero no tengo un ejemplo, una conexión sociocultural para poder guiarme y explicarme qué es el derecho a la paz”.

 

1 En el año 2010, a través de la resolución 970, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, les señala a las empresas mineras Prodeco, Colombian Natural Resources, Drummond, la obligación de adelantar procesos de reasentamiento de las poblaciones de El Hatillo, El Boquerón y Plan Bonito, por las afectaciones causadas en la salud de los pobladores.
2 A petición del entrevistado se omite su verdadero nombre.
3 Varias veces aplazado el reasentamiento, indica el joven que el nuevo plazo se ha proyectado para el 2025.
Fotografias: https://memoriasdetierra.com/#projects

 

 

 

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Información adicional

  • Autor:Pensamiento y Acción Social
  • Edición:270
  • Fecha:Periódico desdeabajo Nº270, julio 20 - agosto 20 de 2020
Visto 246 vecesModificado por última vez en Miércoles, 22 Julio 2020 09:12

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