Domingo, 20 Septiembre 2020 12:31

Pandemia cultural

Escrito por Felipe Arango
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Felipe Arango, de la serie “Retratos” (Cortesía del autor)Felipe Arango, de la serie “Retratos” (Cortesía del autor)

En Colombia el sector artístico y cultural es uno de los más afectado por la pandemia en curso, con una caída del 37.1 por ciento en el segundo trimestre del 2020. Los recursos asignados para paliar la crisis provienen de asignaciones ya existentes, y dejan desfinanciado al sector para el futuro. Con las nuevas medidas, se refuerza la ‘economía naranja’ y sus reales beneficiados son las grandes enpresas multimedia internacionales. El proyecto de presupuesto para el 2021 prevé un ulterior recorte de la inversión en cultura. Son indispensables medidas que asignen nuevos recursos para la salvación de los artistas y la protección de las expresiones de la cultura nacional. 

Durante los últimos cinco meses, la vida nacional y mundial quedaron determinadas por la denominada pandemia del covid -19. Los estragos en la salud, la economía, la educación y el comercio son devastadores. La economía mundial está en picada y la recesión ya es un hecho. En Colombia los síntomas son verdaderamente catastróficos con una caída del PIB en el segundo trimestre del 15.7 por ciento, siendo el sector cultural y artístico el más afectado con una disminución del 37.1 por ciento. El desempleo aumentó al 20 por ciento, incluso de 30 o más para los jóvenes; hay una tercerización generalizada, crecimiento de la deuda a más del 50 por ciento del producto interno, cierre de escuelas y universidades, restaurantes, etcétera.

El sector cultural fue uno de los primeros y mayormente afectados por la urgencia del confinamiento, con el cierre de teatros, cines, museos, galerías, librerías, bibliotecas, escuelas de danza, música y de las artes, cancelación de festivales, verbenas, conciertos y de todos los espectáculos públicos y presentaciones artísticas. En un sector donde más del 66 por ciento del trabajo y los trabajadores son informales, los artistas quedaron abocados al hambre ante la imposibilidad de continuar con su labor creativa, única fuente de sustento para la absoluta mayoría de ellos y sus familias.

Una realidad compleja, a pesar de que tradicionalmente el sector de la cultura y las artes es tratado como la cenicienta del paseo, considerado solo como un entretenimiento banal al cual se recurre en tiempos de ocio o aburrimiento, un tratamiento que la ha despojado de su papel crítico y transformador de la sociedad, para convertirla, con modelos mercantilistas como la economía naranja, en una simple mercancía para el usufructo de unos pocos y algunas grandes empresas mundiales, que imponen sus criterios y sus contenidos. El principio constitucional de la cultura como derecho, que acarrea obligaciones al Estado, desaparece, sometiéndola a un tratamiento indigno que la despoja de su real espíritu y de su misión social.

La actual crisis, como enfatiza la Unidad Nacional de Artistas (UNA) y diversos sectores culturales, ha servido para proseguir en esta dirección, continuar con medidas lesivas, proponer baños de aguas tibias, desfinanciar el sector en el futuro y condenarlo a las más abyectas condiciones. Los fondos anunciados por el ministerio, $230.000 millones para enfrentar la crisis, provienen de asignaciones ya existentes y los recursos nuevos sólo suman 1.04 por ciento. Llueven a cántaros decretos de emergencia los cuales, en lo fundamental, proponen el endeudamiento masivo, la desviación de los pírricos recursos ya existentes para paliar la crisis y, aunque parezca absurdo, la entrega de gabelas de todo tipo a las multinacionales del espectáculo y de las comunicaciones, las cuales hacen su agosto pescando en rio revuelto.

En medio de la crisis, pescando en río revuelto, emiten el Decreto 516, con la pretensión de acabar con la cuota de pantalla nacional en los horarios triple A, el que por fortuna fue tumbado. Pero las políticas antinacionales y anticulturales continúan vigentes, valga una muestra:

1. El Decreto 475 que reduce la presentación de cortos nacionales en las salas de cine (¡que se encuentran cerradas!) y prevé una drástica reducción de los Fondos Fílmicos Colombia, FDC, dineros indispensables para la producción audiovisual nacional y cuyos recursos pasaron de $38 a S14 mil millones.
2. Desvío de las ayudas específicas de la Ley de Espectáculo Público, de la Estampilla Pro-Cultura y otros, supuestamente para enfrentar la crisis, desfinanciando aún más el futuro de la cultura, sin que el Estado haga nuevas inversiones directas para su salvamento en la actual crisis (decreto 475);
3. Con el mismo malhadado decreto se acaba con nuestro reclamo por el derecho constitucional a las pensiones para los artistas, al incluirlos en el sistema asistencial de Beneficios Económicos Periódicos –BEP–, remedo asistencialista que cambia un derecho por una limosna que no garantiza ni la subsistencia.
4. El decreto 561 traspasa el pírrico recurso destinado a la cultura proveniente del impuesto a la telefonía celular, concentrándolo en los artistas que demuestren su “vulnerabilidad”, “beneficiándolos” con un mísero ingreso solidario de $160.000 mensuales (pero de paso excluye a los que hagan parte de Familias en acción, Adulto mayor, BEP, Jóvenes en acción, o compensación del impuesto sobre el IVA, es decir a todos los “vulnerables”).
5. La resolución 0630, agrega a los pensionados dentro de los excluidos para el acceso a los llamados “beneficios” y limita a tres cuotas el ingreso solidario de $160.000.
6. El Decreto 474, que crea los Certificados de Inversión Audiovisuales, mediante el cual le dan más recursos a los productores “no nacionales” y les rebajan un 35 por ciento a los productores que no sean declarantes de impuesto a la renta; gabelas adicionales a las previstas en la Ley 1556 de 2012.
7. Los decretos 692 y 697, que potencian la economía naranja y uno de sus engendros, las Áreas de Desarrollo Naranja, para estimular la especulación urbana y enajenar el patrimonio material e inmaterial y, prácticamente, despojar al Ministerio de Cultura de cualquier papel relevante, entregando su manejo al viceministerio de economía naranja.

Todas estas medidas desvían recursos ya existentes o abren líneas de crédito para un mayor endeudamiento del sector, mientras lo dejan desfinanciado hacia el futuro. No destinan nuevos recursos de emergencia, ni tasando a los grandes emporios mundiales del entretenimiento y las comunicaciones, ni contemplan el uso de los especulativos bonos naranja o desviar los recursos destinados a la misma.


Con el planteamiento de la economía naranja como modelo cultural, despojan a nuestra sociedad del principio constitucional de la cultura como derecho, lo que obligaría al Estado a financiarla y garantizar su desarrollo y su defensa. La negación de este derecho y su implementación ha engendrado leyes como la denominada “Modernización de las TIC”, mediante la cual se entrega el espectro electromagnético a manos de las grandes transnacionales de las telecomunicaciones; como dice Ómar Rincón: “MinCultura es el hijo bobo de Mintic. MinCultura desapareció la comunicación como cultura y con ello se fueron los medios, el periodismo, las radios comunitarias y el apoyo a colectivos y el enfoque étnico”.


Mientras así proceden, en la subasta del espectro, un fondo de inversión, Partners, ofreció $1.7 billones para, luego, retractarse y decir que fue un “error de digitación”. ¡De esta manera, le entregan lo digital a un fondo de inversión! El dominio .CO lo vendieron a otro fondo de inversión y en 24 horas el ganador lo vende a Go-Daddy. Adicionalmente, inventaron una cobertura para las empresas denominada “obligaciones de hacer” que le cuestan al Estado más de $2.2 billones sin control ni interventoría. (Ómar Rincón; “El errorismo en Mintic”, El Tiempo, 20/04/20).


Con el Plan Nacional de Desarrollo siguen implementando está política en detrimento de la soberanía cultural y reforzando el modelo empresarial para la misma. Se entrega el patrimonio material e inmaterial al abrir las puertas a su enajenación e implementar para su manejo las Alianzas Público-Privadas, APP. Se promueve la inversión extranjera para la Economía Naranja y la especulación financiera al convertir “a Colombia como destino de inversión de fondos de capital extranjero para el financiamiento del sector”. Crean la Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) “en donde confluyan la inversión privada nacional e internacional en espacios para los negocios creativos” y para estimular la especulación urbana. Unifican la oferta y la demanda de contenidos creativos para “monetizar las obras” y con los Mercados Integrados de Contenidos Originales –Micos– (¡jamás un nombre ha sido más adecuado!), establecen ejes para la “internacionalización creativa” y la “atracción de inversión extranjera directa”. Continúan promoviendo la cultura como coto de caza de los especuladores financieros, expidiendo Bonos Naranja, inicialmente por 400.000 millones, adicionados en alrededor de un billón de pesos.


El resultado de estas políticas ha sido reforzar un modelo que pretende acabar con la soberanía cultural y entregar el control definitivo del sector a las grandes empresas transnacionales del entretenimiento y las telecomunicaciones, tal y como está acordado con los nefastos Tratados de Libre Comercio, TLC. A los artistas, y a toda la cadena productiva de la cultura, los invita a endeudarse para sobrevivir o les ofrecen medidas asistencialistas de ínfima cobertura y cuya ejecución y aplicación son imposibles de rastrear. ¡Se pretende que ellos y sus familias sobrevivan con un ingreso solidario de $160.000, que ni siquiera llega a una inmensa mayoría de artistas, al no cumplir con algunos “requisitos” o porque no están censados y no aparecen en las listas existentes ni del Ministerio ni de las instituciones territoriales encargadas. O los ponen a competir por programas de “fomento”, unas pocas becas o estímulos de ínfima cobertura y montos, llenos de requisitos que impiden que la inmensa mayoría pueda participar, lo que implica, inevitablemente, que las mismas, así como algunos estímulos sean adjudicados a aquellos con más músculo financiero, capacidad de endeudamiento y trayectoria.


Al contrario de países como Alemania (claro que entendemos las diferencias con el nuestro), donde como plan de contingencia para enfrentar la crisis se erogan inicialmente 50.000 millones de euros y se declara la cultura bien de primera necesidad, en Colombia no se invierte un centavo nuevo para su salvación ni para garantizar la vida y creación de los artistas. Y, como lo habíamos predicho, el ya pírrico presupuesto continuó recortándose: pasamos de $419.000 millones en 2019 a $333.000 en 2020 y un proyecto de $286.000 para el próximo año. Pasa de ser un 0.16 a un insignificante 0.11 por ciento del Presupuesto General de la Nación.


En estos tiempos de pandemia, donde están en juego la sobrevivencia del arte, la vida de los artistas y la soberanía cultural nacional, las instituciones tienen que destinar ingentes recursos nuevos para garantizar su subsistencia. En adelante, el presupuesto del Ministerio e instituciones culturales deberían gozar un incremento consistente, y sus políticas superar la entrega de pocos estímulos, concertaciones o becas, cuya cobertura es ínfima y con dudosos criterios para su adjudicación. En este marco, es prioritario implantar la Renta Básica Universal, equivalente al menos al salario mínimo mensual legal, para la sobrevivencia de los artistas y todos los miembros de la cadena productiva de la cultura, como bien lo plantea el pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro, CNP.
La cultura es un derecho, un bien de primera necesidad, y para su existencia son necesarios artistas y no indigentes.

* Presidente Unidad Nacional de Artistas, UNA.

 

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Información adicional

  • Autor:Felipe Arango
  • Edición:203
  • Fecha:Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº203, septiembre 2020
Visto 317 vecesModificado por última vez en Domingo, 20 Septiembre 2020 13:54

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