Lunes, 12 Octubre 2020 09:40

La protesta social desafía la pandemia

Escrito por Philip Potdevin
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Hernán Ayala, fotografía (Cortesía del autor)Hernán Ayala, fotografía (Cortesía del autor)

Los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre, seguidos del paro nacional del 21S permiten decantar varias conclusiones sobre la inestable situación que atraviesa el país. La primera es que la protesta social es más fuerte que la pandemia. La represión ejercida durante seis meses a través del miedo, el confinamiento, el aislamiento, el distanciamiento social y la biopolítica se rompió en menos de cuarenta y ocho horas. El descontento social entró desplegando un amplio rango de formas de protesta, desde las más pacíficas como los velatones hasta la violencia desbordada.


Casi un año después de la movilización nacional del 21N las causas que le dieron origen siguen vigentes; la promesa de una gran “conversación nacional” se disipó y el país echó para atrás en todos sus indicadores económicos, sociales y democráticos. La estrategia del gobierno nacional y las autoridades locales –y de casi todas las naciones del mundo– de seguir el modelo adoptado chino de confinamiento-aislamiento-distanciamiento para desacelerar la propagación de la epidemia ha impactado en precarias economías desigualitarias como la colombiana. La decisión ha sido duramente cuestionada pues en lugar de fortalecer el sistema de salud multiplicando significativamente las uci y el personal para atenderlas, y de haber puesto el énfasis en la responsabilidad de cada ciudadano, se optó por la represión que conlleva el modelo “confinamiento-aislamiento-distanciamiento”. Esa decisión estratégica condujo al país a una crisis donde confluye recesión, desempleo, pobreza, estancamiento y exasperación social. Del otro lado, como en cualquier escenario de crisis, perduró el enriquecimiento del gran capital. Por ejemplo, el grupo Aval, el más poderoso del sector financiero del país, aseguró una inmensa utilidad durante los meses de pandemia (1).


El asesinato dentro de un CAI de un ciudadano a manos de dos policías ocurrido en la madrigada del 9S fue la chispa detonante en el polvorín. Lo ocurrido en la capital al día siguiente, con la ciudadanía saliendo a protestar contra la brutalidad policial fue el resultado natural de la fermentación del descontento social. En lo corrido del año en Bogotá, antes del 9S, iban casi 140 quejas sobre abuso policial (2) lo cual demuestra que el caso Ordoñez no fue un hecho aislado. Y, a pesar de los intentos de deslegitimizar la protesta social por parte del Estado, al poner el énfasis en los desmanes causados por quienes atacaron y quemaron varias estaciones de policía y algunos buses del Transmilenio, lo que sacó a la superficie fue una ciudadanía cada vez menos tolerante e indiferente ante la represión estatal.


A través de los años la protesta social ha sido el motor de grandes cambios sociales. Es un mecanismo legítimo protegido por las Naciones Unidas y por las constituciones de casi todos los países. Salir a las calles y expresar la inconformidad ante el irrespeto a los derechos humanos y exigirles a los gobernantes justicia, responsabilidad y cumplimiento de las promesas electorales se ha convertido en uno de los medios más eficaces para precipitar el cambio social. De allí el recelo que genera entre los gobernantes la manifestación popular, el movimiento social, la movilización colectiva, pues son conscientes del potencial desestabilizador que conllevan.


Otra conclusión es que la negativa a asumir las responsabilidades políticas al más alto nivel debilitan cada vez más la institucionalidad del país. Lo visto ha sido, por el contrario, la insistencia en fijar responsabilidades en los niveles más inferiores posibles, en este caso, en los agentes de policía que torturaron y asesinaron al ciudadano Ordoñez dentro del CAI, y a otros agentes de la policía y el Esmad que dispararon contra los ciudadanos ocasionando trece muertes y más de sesenta heridos a bala. Se trata de un hecho insólito y sin precedentes en la historia reciente del país. Ni en el paro de 1977 contra el “mandato caro” de López Michelsen se dio una represión tan brutal contra ciudadanos que hacían parte de una protesta social.


En un país que se precia de su Estado de Derecho sorprende que en los cuerpos armados del Estado como la Policía Nacional, donde el principio de autoridad y mando es vertical y férreo, y donde cada nivel y cada miembro actúa y obedece solo por órdenes de sus superiores se den hechos de esta naturaleza. Lo cierto es que las fuerzas del orden dispararon armas de fuego contra ciudadanos que ejercían la protesta social, así hubiera entre ellos individuos que atacaban bienes materiales y se enfrentaban a la policía. Hay múltiples medidas disuasorias autorizadas que no lesionan o siegan vidas. El desequilibrio y la desproporción de medios fue evidente. Por ello, es necesario ubicar, determinar y exigir responsabilidades en los niveles más altos posibles: en el comandante de la policía de Bogotá, en el secretario de seguridad de la alcaldía, y por supuesto en la misma alcaldesa quien responde, en últimas, por la administración y seguridad de la ciudad. Las recriminaciones mutuas entre administración y Policía Nacional, y la indiscutible desconexión entre esas autoridades agravan los hechos. Una fuerza policial que no obedece o desconoce a la legítima autoridad política es señal de una democracia endeble.


La posición de la Policía está comprometida: o bien las órdenes de disparar contra los manifestantes salieron de un nivel muy superior y por ello ese nivel debe asumir la responsabilidad política y penal, o bien los agentes actuaron de manera espontánea, lo cual indicaría que la línea de mando de las fuerzas de orden está quebrada y los rangos inferiores actúan de manera suelta, aleatoria e irresponsable. Por otra parte, si el secretario de seguridad de la ciudad y la alcaldesa son incapaces de coordinar la fuerza de policía que está a disposición de la administración de la ciudad, entonces también deben asumir las responsabilidad por su ineficacia administrativa. Pero nada de lo anterior se ha visto; lo cual deteriora aún más la institucionalidad democrática. Lo que siguió, el acto público liderado por la alcaldesa, con conciertos para pedir perdón y ofrecer una reconciliación express entre ciudadanía y autoridades al día siguiente de los hechos cayó en frío a la ciudadanía. La banalización del mal, como diría Arendt, ante la gravedad de los hechos ocurridos esa misma semana.


La siguiente conclusión es que gran parte de la ciudadanía, a pesar de salir a las calles y manifestarse el 10S y luego el 21S, aún parece aletargada ante la gravedad de los hechos que sacuden al país. Las masacres contra jóvenes se repiten semana a semana en distintos lugares de la geografía nacional; el desempleo, con 6 millones de puestos destruidos durante la pandemia, alcanzó el 26 por ciento en Bogotá y 21 por ciento en el país; la recesión –la economía ahora está en el punto más bajo que se tenga noticia. El gobierno nacional sigue ajeno a los grandes temas de la realidad nacional que ameritan una inmediata y total dedicación.


Pese a la crisis, y a las circunstancias de un poder histórico desgastado y que no brinda alternativas a lo requerido por quienes habitan este país, queda el interrogante, ¿Dónde encontrar las causas para la ausencia de una reacción mayor de la ciudadanía? Son muchas y complejas, entre otras la indiferencia ante el descrédito de la clase política y empresarial; el excesivo individualismo con el que cada cual solo busca satisfacer las propias e inmediatas necesidades; la falta de una oposición sólida y vehemente; la indolencia ante el sistemático aniquilamiento y diezmado de líderes sociales en el país; el limitado impacto e influencia de las centrales sindicales; la histórica fragmentación de la izquierda para presentar una opción viable y atractiva a la hegemonía política y empresarial del país; la estigmatización a la movilización a través del miedo al contagio y los mecanismos de distanciamiento y aislamiento que debilitan la voluntad colectiva. Más allá de todas estas causas sociológicas, la pregunta clave gira en torno a cómo sostener el esfuerzo de la protesta social que desde el 21N comienza a encontrar su lugar en el país.


Es sabido que los movimientos sociales, aquellos que desde abajo abren camino hacia otros mundos posibles, no obedecen a leyes exactas, ni están determinados por causas históricas o económicas. El movimientos social, en su enorme complejidad, logra su eficiencia en cinco principios: intereses comunes, identidad común, poder de movilización, acciones colectivas por fuera de las instituciones del Estado y buscan cambiar la sociedad (3). La apuesta de muchos es que principalmente a través de ellos y con la ayuda y articulación de ellos, se puedan lograr cambios profundos en una sociedad anclada en viejas prácticas de corrupción, gamonalismo, narcotráfico y ausencia de Estado. Los movimientos sociales son los que pueden determinar el avance hacia una Segunda República tras dos siglos de existencia de la primera. Los inconformes, como los llamaba Ignacio Torres Giraldo, siguen siendo mayoría.


Es necesario, por supuesto, tener una visión más allá de solo el contexto nacional. Ante la innegable crisis civilizatoria a la que se enfrenta el mundo, donde los grandes relatos de democracia, representatividad, prosperidad, justicia social quedan expuestos en su fragilidad, la búsqueda de nuevos horizontes es cada vez más urgente. Los cambios estructurales en la sociedad occidental, latinoamericana y colombiana parecen no dar más espera. En el caso específico de este país, la salud, la educación, la policía, el combate a la corrupción, la presencia del Estado en todo el territorio, la protección a líderes sociales, la generación de empleo, el sustraerse de la órbita de los Estados Unidos, el control y sometimiento de las bandas criminales y disidencias que no se acogieron al proceso de paz y persisten en el contubernio con el narcotráfico, son puntos urgentes de una agenda política y social que no da espera.


En este marco, la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena frenar el abuso social a la protesta y prohíbe el uso de armas como escopetas calibre 12 (4), es una buena señal de cómo los organismos de control del Estado pueden y deben ejercer el contrapeso a los excesos de autoridad del poder ejecutivo. Ahora bien, es necesario advertir que las altas cortes avalaron la mayoría de decretos de emergencia económica, incluyendo los que vulneraron las libertades sociales e individuales suspendidas desde el inicio de la pandemia, así como los que precarizaron aun más el empleo, como el controvertido Decreto 1174, lo cual demuestra que el Estado es insuficiente para reformarse y controlarse a sí mismo.


De allí que sean las fuerzas sociales, progresistas y críticas de este país las que pueden aprovechar la coyuntura histórica que brinda el entrecruzamiento del comienzo del ocaso de la pandemia con las manifestaciones y protestas sociales que reaparecen para presentarle al país un camino.

 

1. Nuevo Siglo, agosto 29 de 2020. “Grupo Aval obtuvo utilidades de 1,02 billones a junio”. En https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2020-grupo-aval-obtuvo-utilidades-de-102-billones-junio
2. https://www.kienyke.com/bogota/claudia-lopez-reporta-137-denuncias-de-presunto-abuso-policial-en-bogota
3. Diaz Muñoz, G, Luengo G., E, Los movimientos sociales: hacia otros mundos posibles, Ediciones dede abajo, Bogotá, 2016.
4. El Espectador, 23 de septiembre 2020, p. 4.

* Escritor. Integrante del consejo de redacción , Le Monde diplomatique, edición Colombia

 

 

 

 

 

 

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Información adicional

  • Autor:Philip Potdevin
  • Edición:Nº204
  • Fecha:Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº204, octubre 2020
Visto 96 vecesModificado por última vez en Lunes, 12 Octubre 2020 09:46

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