Miércoles, 14 Octubre 2020 07:30

Gruñen y…

Escrito por Carlos Gutiérrez M.
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Fabio Mejía, “Al encuentro”, fotografía (Cortesía del autor)Fabio Mejía, “Al encuentro”, fotografía (Cortesía del autor)

“En Bogotá, la violencia policial se siente por toda la ciudad: hay persecuciones, allanamientos ilegales, robo, intimidaciones a jóvenes”. Así lo testimonia el concejal capitalino Diego Cancino, que con vehemencia denunció esta realidad en la audiencia pública “Violencia policial y las voces de las víctimas: ¿Es hora de que la fuerza pública sea reformada?, celebrada por congresistas el 17 de septiembre de 2020 (1).


En sus incriminaciones, además, como es común comentario en ciudades y barrios, no deja pasar que los uniformados mantienen una turbia relación con quienes controlan, por ejemplo, la ‘olla’ del sector, así como con otros personajes que delinquen en determinados perímetros. Entre ambos violan los Derechos Humanos de quienes habitan el territorio. Es una relación no casual sino consciente, como lo evidencia la historia de la delincuencia en diversidad de países (2), fuente de soplones para los organismos de violencia institucional, así como de control territorial, lo que reafirma que la delincuencia es funcional al poder realmente existente, instrumentalizable para potenciar el miedo, desunir, violentar, intimidar, ‘invitar’ al encierro de quienes se sientan en riesgo de ser asaltados, y, cuando la protesta social toma forma, esa ecléctica relación “seguridad-delincuencia” despeja caminos para que los ‘pillos’ actúen a manga ancha contra los sectores inconformes. La conformación y la actuación del MAS, así como del paramilitarismo y de bandas que imponen a sangre y fuego sus intereses mineros y agrarios, reconfirman su instrumentalización en nuestra experiencia nacional.


En su testimonio, el concejal dejó claro cómo la violencia a cargo de la Policía en Bogotá, hasta septiembre del 2020, revela niveles superiores a la registrada en la ciudad durante los últimos 15 años. Resalta, además, la triplicación de las denuncias por detenciones arbitrarias durante los meses de pandemia. Ocho son las radicadas por violencia y acoso sexual, y que acusan a los agentes policiales.


Por su parte, y en desarrollo de la misma audiencia, la congresista María José Pizarro dejó testimonio de actos de violencia en contra de tres mujeres detenidas, las que son llevadas a un CAI y acosadas sexualmente. De igual manera, retoma lo padecido por una periodista detenida cuando realizaba un fotorreportaje, trasladada a un CAI, desnudada y obligada a realizar cuclillas. A todas ellas les decomisaron el celular y les borraron lo grabado, anulando así, en caso de denuncia, el material probatorio.


Otras evidencias presentadas durante la audiencia dan cuenta de una política consciente de tortura aplicada sobre los detenidos, ejercida una vez que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses certifica que no han sido violentados. Así sucede al regresarlos al calabozo, donde proceden con toda sevicia: descargas con pistolas taser, patadas, golpes, aplicación de gas pimienta, tortura como la sufrida por un joven, incluso delante de su padre, también detenido y previamente esposado. Este caso, testimonio de Cristian Camilo Rodríguez, ocurrió el primer día de septiembre del año en curso. Las amenazas de represalia, en caso de denuncia, las reciben todas las personas afectadas.


Son acciones de violación de los Derechos Humanos, de regreso a prácticas típicas de los años 70 y 80 del siglo pasado, tiempo durante el que la tortura era la constante que padecían los prisioneros políticos. La Fundación Temblores denunció en igual evento que, durante las protestas del 21N, 14 personas perdieron al menos uno de sus ojos como producto de disparos de perdigones por parte del Esmad. Asimismo, referenció el asesinato de siete personas y 30 más heridas durante los operativos realizados por la fuerza pública en concreción de la erradicación forzada de cultivos ilícitos.


Estos son antecedentes retomados como un pequeño lunar de los característicos procedimientos policiales, con afectación especial sobre jóvenes que frecuentan parques, tal vez para tomar licor o fumar marihuana, así como los desheredados, más conocidos de manera eufemística como “habitantes de calle”. Esa constante permite preguntar: ¿Será extraño que exista inconformidad social con este cuerpo armado? ¿Será incomprensible que unas y otros deseen confrontarlo?


En el acumulado histórico de este proceder violento resaltan las 34 personas que a partir de la conformación del Esmad, como cuerpo de choque y dispersión de protestas en 1999 y hasta el presente año, entre cuyas víctimas figuran hasta menores de edad como Nicolás Neira (15 años, 1 de Mayo de 2005) y Dilan Cruz (23 de noviembre de 2019). Pero también registran varios jóvenes asesinados por agentes policiales por el simple hecho de estar pintando un mural: Diego Felipe Becerra (19 de agosto de 2011) o por intentar colarse en un bus de la flota Transmilenio: Andrés Camilo Ortiz Jiménez (15 de junio de 2018). En todos estos casos, a pesar de algunos fallos judiciales, sobresale el espíritu de cuerpo para encubrir lo sucedido, dilatar las investigaciones, manipular, amenazar buscando el silencio de los denunciantes.


En las regiones


Es una actuación prolongada y presente de manera continua en otras partes del país. De ello dio cuenta el senador indígena Feliciano Valencia, para quien lo vivido en Bogotá “[…] apenas alcanza al 50 por ciento de las barbaridades que comete ese cuerpo armado cuando los indígenas llevan a cabo mingas para reclamar al Estado por el incumplimiento de compromisos contraídos. Con voz firme, fue narrando tal realidad: “[…] Miren cómo dejaron desfigurado el rostro de un niño en Putumayo (cuando campesinos salieron a protestar contra la erradicación forzada de los cultivos ilícitos)”. “Miren no más como en las mingas […] cogen a los indígenas, los amarran a los postes y les cortan los dedos frente a la población. Miren no más los asesinatos que ha cometido el Esmad en varias mingas”.


“Lo que tenemos en las regiones y ahora se reproduce en Bogotá es represión, uso excesivo y violento de la fuerza para contrarrestar la protesta social, asesinatos –porque hay asesinatos con disparos de las armas del Estado […], torturando a la gente cuando la retienen. Nos ha tocado ver cuando capturan a los indígenas: los meten a las tanquetas, les estallan granadas de gas ahí adentro, los patean, se orinan encima de ellos, les abren la boca y les meten tierra. Esto es brutal”.


Y continúa Valencia: “Cuando llegan los indígenas heridos a los hospitales se presenta la fuerza pública inmediatamente a identificarlos, a señalarlos y torturarlos. Estando en las camillas, a veces ni siquiera le permiten entrar al médico para atenderlos de primera mano […]. Cuando a un compañero del norte del Cauca con una recalzada le dañaron uno de sus ojos, llegó a un hospital del municipio de Caloto y lo primero que le dice la fuerza pública que estaba custodiando ya ese hospital (uno de ellos le cogió el pulgar y se lo metió en el ojo y le dijo): ‘Eso le pasa por meterse con la fuerza pública’. Eso es inhumano”.


Y agrega: “Lo que está pasando en Bogotá abre la discusión sobre la misionalidad de la fuerza pública. Lo que sucede es demasiado grave. Claro que hay crímenes de lesa humanidad, eso ya no lo pueden negar porque es demasiado evidente lo que está pasando”.


Es un testimonio valiente el del congresista, que además avanzó en una interpretación de la razón profunda de todo ello: “Estamos ante una política de ablandamiento (tortura, asesinatos), calculada acción represiva que deja viudas, huérfanos…”.


¿Rabia acumulada o conspiración?


Para un observador desprevenido, la inconformidad social reunida alrededor de los CAI el 9 y el 10 de septiembre en sus primeros momentos, como plantones de dignidad que denuncian el asesinato de un ciudadano indefenso y piden justicia, es la proyección de rabia contenida. Por ello es incomprensible que la policía respondiera de la manera como lo hizo.


Por tanto, para ese observador no tiene asidero lo afirmado por Rafael Guarín Cotrino, alto consejero para la Seguridad Nacional, para quien “lo que pasó el 9 de septiembre es un punto de inflexión de la violencia callejera y del terrorismo de baja intensidad”. Lo concreta así: “Estructuras urbanas del Eln y de las disidencias de las Farc buscan escalar la violencia urbana y encuentran en el nuevo contexto condiciones propicias. Los cambios en la sociedad y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la desinformación les facilita promover la violencia” (3). Es decir, estamos ante un complot, una extensa y profunda infiltración de comandos guerrilleros urbanos, con una atención aguda sobre los sucesos urbanos y tal capacidad de reacción que generaron en tiempo récord el caos ya conocido; un despliegue guerrillero con amplio control territorial que les permitiría desencadenar en poco tiempo una insurrección urbana. ¿La ideología puede generar tal desajuste en el análisis? ¿Es tan pobre la inteligencia militar del establecimiento que no logró detectar semejante crecimiento insurgente?


En contra de su teoría conspirativa, lo que muestran los registros telefónicos que trasmiten en tiempo real lo que estaba sucediendo es la fuerza oficial que actúa de acuerdo a su mentalidad como cuerpo defensor de privilegios, certificando así lo concluido por teóricos como Michel Foucault, para quien “la función histórica de la policía nunca ha sido la de proveer seguridad”, y sí la concreción de “[…] la gubernamentalidad directa del soberano como tal” (4).


En la referida audiencia transmitieron una de esas grabaciones (barrio Verbenal) y lo que allí se ve es resumible así: los tiros suenan, no es uno ni son dos; son muchos, salen de varias armas, y quienes las accionan son policías. Es un proceder consciente para atemorizar, para infundir miedo, para romper la protesta social, para ablandar, como dijo el senador Feliciano Valencia. La gente grita de terror, de miedo; está asustada y todo ello por el accionar policivo que apunta con sus armas a los pobladores del lugar; disparan sobre sus casas, en especial sobre aquellas donde hay gente grabando los sucesos; quiebran vidrios, hieren habitantes y les arrebatan la vida a tres jóvenes pobladores del sector. Es una reacción violenta de los uniformados que se repitió por toda Bogotá y que arrojó como efecto directo nueve ciudadanos asesinados y 305 heridos, con distintos grados de gravedad, 75 de ellos por arma de fuego, como lo informó la alcaldesa de Bogotá; tres más padecen el final violento en Soacha.


La estela de dolor da paso a un tremendo interrogante: ¿Cómo regular la protesta ciudadana? Con respuestas que siempre transitan sobre lugares comunes: sin que se tapen el rostro, sin ‘vándalos’, con grafitis sobre tableros especialmente ubicados para ello, sin…, sin… Falta poco para que digan que protesta sí, pero sin protesta.


En realidad, la problemática es inversa y alude a la violencia con que el Estado contiene e impide el avance de la protesta social, y cuya resolución en verdad invita es a interrogantes como ¿qué hacer con la Policía? Incluso, ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas como totalidad, (ya que en Colombia no están replegadas a las fronteras y sí atendiendo el orden público)? Si como humanidad asistimos a una crisis sistémica de impredecible desenlace, ¿no será el momento de replantear la existencia del Estado como forma suprema de organización de las naciones y los pueblos? Es este un cuestionamiento que, como es obvio, interroga por el monopolio de la violencia. ¿Será el momento de despojar a un ente central de tal prerrogativa y recuperar como totalidad esa función? (Ver Carlos Maldonado, pág. 8). Los interrogantes pueden ser muchos y de difícil resolución, ya que la crisis agota la institucionalidad burguesa, aún dominante, pero, tras cinco siglos de predominio, la multiplicidad de sus goteras invita a derrumbar la casa y no a reformarla.

1. https://www.facebook.com/494796217322155/videos/411839319798925.
2. Genet, Jean, Diario del Ladrón, Seix Barral,1988; Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Ediciones Siglo XXI, 1978.
3. “9-S, punto de inflexión de la violencia callejera y el terrorismo”: Guarín, El Nuevo Siglo, 26 de septiembre de 2020. https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-25-2020-9-s-punto-de-inflexion-de-la-violencia-callejera-y-el-terrorismo-de-baja.
4. Foucault, Michel, https://foucaultencastellano.tumblr.com/post/179935788429/la-polic%C3%ADa-es-la-gubernamentalidad-directa-del/amp

 

 

 

 

 

 

 

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Información adicional

  • Autor:Carlos Gutiérrez M.
  • Edición:Nº204
  • Fecha:Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº204, octubre 2020
Visto 91 vecesModificado por última vez en Miércoles, 14 Octubre 2020 07:34

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