Lunes, 01 Marzo 2021 17:05

El lenguaje inclusivo de la guerra: ¿Secuestro o retención?

Escrito por César Alejandro Osorio Moreno
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El lenguaje inclusivo de la guerra: ¿Secuestro o retención?

Recientemente tomaron forma varias polémicas en el contexto político nacional, su eje: el uso de determinada terminología o el uso mismo del lenguaje. Algunas de estas discusiones parecen simplemente banales o reflejan ese afán de darle contenido a todo y a nada, desde un sentido eufemístico, como es el caso de la reciente decisión de la Corte Constitucional en Sentencia T-344 de 2020, en la que prácticamente expresa un rechazo al denominado lenguaje de género, al que alude en el cuerpo del fallo así: “en el texto de la sentencia se prescindirá de la doble mención del género por considerarse innecesaria”.

A la par, la diatriba entre masacres (que acuña el derecho internacional) y la de homicidios colectivos que prefirió acuñar el gobierno de turno, cuando al final todos los muertos cuentan y debería ser lo más importante en un declarado Estado Social y Democrático de Derecho.

En esta columna, a propóstio de estas polémicas, lo pretendido es centrar la opinión con relación a la reciente decisión de la JEP que abrió el caso 01 el 4 de julio de 2018, en el que priorizó el secuestro de personas por parte de las Farc-EP entre 1993 y 2012 e investiga más de 9 mil hechos ocurridos durante esos 19 años y por el que los magistrados de la sala de reconocimiento de dicha jurisdicción dieron a conocer el auto de determinación de los hechos y conductas en los que imputan a miembros de la cúpula de la mencionada organización guerrillera el hecho de haber calificado bajo la denominación de retención ilegal y no secuestro, como inicialmente fue nominado, lo que propició todo un debate jurídico en el que es necesario intervenir.

En efecto, un gran sector de derecha gritó porque no llamaron secuestro a lo sustentado por la JEP como “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, de manera que la resolución que implica una de las mayores decisiones de la JEP desde que se implementó no quedó exenta de la polémica, deslucida por los medios al no informar de manera adecuada sobre tan importante avance.

La confusión generada es tal que la misma JEP tuvo que salir a dar explicaciones ante el reclamo inusitado: “En el caso 01 se utiliza el término con el cual la Fiscalía designó su informe No.2: “Retención ilegal de personas por parte de las farc-ep”. Con ello la JEP busca evitar acusaciones de prejuzgamiento al calificar jurídicamente la conducta antes del momento indicado por la ley”**.

Lo aclarado por la JEP no fue gratuito. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia había expresado: “Si bien se incluye como delito de lesa humanidad, no me gusta el nombre. Fueron secuestros extorsivos, con los que las Farc hicieron más de $ 5 billones en recursos de las familias”.

Bien. Para este gran sector de derecha, con el nombre dado a la conducta se oculta otra realidad, pero bien sabemos que la senadora, así como otros congresistas, y en general políticos, tienen la mala costumbre de opinar desde su propio desconocimiento e incluso con la seguridad que sus opiniones dividen y desinforman más aún a la opinión, obteniendo así su objetivo de manipulación de un amplio sector social, para de paso colocar en condiciones criticas la credibilidad de la mancillada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La verdad es que ciertas discusiones desde la argumentación jurídica no pueden darse por si elegimos o no determinado término, no es tan básico como si se adopta el lenguaje inclusivo de género o no, en realidad es un asunto de profunda discusión y sustentación que amerita conocer categorías mínimas del derecho penal, pero también del derecho penal internacional, incluido el derecho internacional humanitario, eso si partimos de aceptar que estamos ante un conflicto armado interno y que algunas lógicas del derecho de guerra parecen no tener cabida en el mismo sino contextualizamos nuestra propia realidad a lo que implica un proceso de paz y las decisiones que debe tomar la jurisdicción especial creada para ello, un proceder a seguir para que no prevalezca la inconformidad con las decisiones tomadas por la JEP.

Ante las declaraciones de unas y otros debió salir la JEP a aclarar que la investigación de los crímenes allí no funciona del mismo modo que se haría en la jurisdicción penal ordinaria, que por lo tanto no pueden basar sus decisiones solo en el ámbito del derecho penal interno sino, por el contrario, deben hacer un amplio uso y apropiación del derecho penal internacional y dentro de éste es de obligatoria consideración el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en el que además se suman los más importantes tratados y convenios en la materia relativas al derecho de la guerra o de los conflictos internos armados como se ha declarado y aceptado en nuestro caso, de modo que la conducta penal que para nuestro derecho ordinario pueda denominarse secuestro para el derecho internacional se denomine toma de rehenes: “No existe el crimen de guerra de secuestro, se llama crimen de guerra de toma de rehenes”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso 01.

En efecto, para poder construir una opinión más fundamentada es necesario recordar al lector que dentro del proceso de paz y los acuerdos de La Habana, se aceptó que el conflicto colombiano vivido durante tantos años se enmarca dentro de lo que se conoce como conflicto armado interno, y que por lo tanto son aplicables las reglas y doctrina del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, o el derecho de la guerra como también se le conoce, ya que la guerra se puede predicar entre Estados, es decir, de manera externa, o una guerra interna, lo que se traduce en nuestro caso como el conflicto armado interno.

Es aceptado por tratadistas en la materia que las normas aplicables al conflicto interno colombiano son, el artículo 3°, común a los convenios de Ginebra de 1949, y el Protocolo Adicional II de 1977, por tratarse de un conflicto armado de carácter no internacional.

La regulación de la guerra se constituye en uno de los pilares normativos de obligada consulta para la JEP, cuando precisamente debe juzgar conductas cometidas por los actores del declarado conflicto armado interno, en tanto tales regulaciones tuvieron un origen posterior a la misma guerra como lo fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, y otros conflictos armados particularmente conocidos.

Entre los antecedentes normativos internacionales en la materia, contamos con el Tratado de Versalles, que fue un acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 al concluir la Primera Guerra Mundial entre Alemania y las potencias aliadas vencedoras, hasta llegar al antecedente internacional más importante y propio de estos tiempos modernos que es el Estatuto de Roma que permitió la creación, con el concurso de las Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional (CPI), estatuto aprobado durante la Conferencia 183/2 del 14 de abril de 1998 de las Naciones Unidas en Roma, Italia, y que luego el 11 de abril de 2002 el Estatuto de Roma recibiera las 60 ratificaciones necesarias para que pudiera entrar en vigor –el 1° de julio de 2002– la Corte Penal Internacional y así poder ejercer competencia sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, lo que lo constituye en la actualidad en más importante tribunal penal internacional, y al que, precisamente, debería evitarse la llegada de los crímenes cometidos por los actores del conflicto interno armado colombiano, siempre y cuando el tribunal establecido para el efecto, es decir, la JEP, logre su cometido.

Por lo anotado dejamos en claro que los análisis no pueden ser ni descontextualizados ni apasionados, pero sobre todo mal intencionados, pues sería un imposible lógico que la JEP no acudiera a la normativa del derecho penal internacional para calificar las conductas que debe juzgar, pues como hemos insistido en este escrito al conflicto colombiano le aplican las reglas del derecho de guerra (conflicto armado interno) y por lo tanto si las mismas se actualizan conforme al derecho penal internacional estaría evitando que tales conductas y autores fueran nuevamente juzgados por la CPI, en la medida que sus conductas no hubieran sido cobijadas por dichas reglas.

Valga anotar que en un sentido amplio, y para ir aclarando la postura, para los actores del conflicto es mejor estar cobijados por las reglas del derecho penal internacional, así sus delitos sean calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, que por categorías (secuestro) del orden interno penal que podrían dejar abierta la posibilidad a un nuevo juicio en el ámbito internacional.

De acuerdo a ello, como lo explicó la JEP, el mandato de la Sala de Reconocimiento es identificar todos estos hechos y conductas que fueron tipificados en el derecho penal nacional –como secuestros, toma de rehenes, secuestro extorsivo y secuestro simple– cuáles eran no amnistiables y en relación con la calificación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra del Derecho Penal Internacional.

Ahora bien, en la Convención Internacional contra la toma de rehenes se define como el hecho de apoderarse de otra persona (rehén) o detenerla, y amenazarla con matarla, herirla o mantenerla detenida para obligar a un tercero a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, y en los elementos de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional se utiliza un concepto similar.

Si bien es cierto que en el IV Convenio de Ginebra está prohibida la toma de rehenes, la misma se relaciona precisamente con la retención de personas civiles como rehenes. Y el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Estatuto de la CPI y la Convención Internacional contra la toma de rehenes no limitan el alcance de la infracción a la toma de rehenes civiles, sino que la aplican a cualquier persona, incluso en los elementos de los crímenes del Estatuto de la CPI establecen que el crimen se aplica a toda persona, por lo que consideramos más que valida la denominación que adopta la JEP en este sentido en aplicación de las normas del derecho penal internacional en consideración a que resuelven un crimen cometido con ocasión del conflicto armado interno colombiano*.

Es de anotar también, que en el Código Penal colombiano bajo el Título II, se tipifican los “delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario” y en el artículo 148 se encuentra el delito de “toma de rehenes”, coincidiendo con la estructura propia del delito penal internacional.

Con todo lo expresado, queremos significar que es una exigencia para los medios masivos de comunicación y para quienes permanentemente ‘encienden’ en el debate político, formar con criterio estructurado a la opinión pública sobre los fundamentos del derecho penal nacional e internacional, pero no sobre la banalización de los conceptos “secuestro” o “retención”, ya que en la mayoría de los casos, con la deformación o confusión intencional que producen en la opinión generan un ataque inmerecido contra la JEP, institución que está tratando de producir resultados positivos en un ambiente lo suficientemente enrarecido, de cara al posconflicto.

Hablar de retenciones, de tomas de rehenes, es lo que corresponde al lenguaje inclusivo de la guerra, esa, la misma en la que hemos estado inmersos por más de cincuenta años y en la que estamos tratando de cerrar muchas heridas a pesar de nuestros desencuentros, pero que los mismos no sean por falta de conocimiento y sí por un afán de mantener dividida la opinión pública.

* La definición de toma de rehenes como crimen de guerra puede observarse en: Estatuto de la CPI, art. 8, párr. 2, apdo. a), inciso viii) y art. 8, párr. 2, apdo. c), inciso iii.
** Disponible en: https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/01.html (consulta 7/02/21).

 

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Información adicional

  • Autor:César Alejandro Osorio Moreno
  • Edición:276
  • Fecha:Periódico desdeabajo Nº276, febrero 20 - marzo 20 de 2021
Visto 141 vecesModificado por última vez en Miércoles, 31 Marzo 2021 20:57

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