Viernes, 26 Marzo 2021 10:55

A ponerse la ruana

Escrito por Yesica Romero
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A ponerse la ruana

El pasado 23 de noviembre se inscribió ante la Registraduría el Comité Promotor del Referendo Campesino. Su intención es recoger más de dos millones de firmas para cambiar siete artículos de la Constitución y adicionar uno nuevo. Una iniciativa que busca el reconocimiento y la dignificación del campesinado colombiano.

La pobreza rural siempre ha marcado la realidad de sus pobladores, una situación que no ha cambiado. El censo del 2018 radiografía la cruda verdad de la población campesina, cada vez más reducida y cada vez más pobre.

De acuerdo con este censo, las zonas con mayor pobreza multidimensional son Uribia (Guajira), Cumaribo (Vichada) y el Alto Baudó (Chocó). Pero en general la pobreza rural es 2 o 3 veces superior a la vivida en las ciudades. Por ejemplo, la pobreza monetaria indica que un pobre del campo gana la mitad que uno de la ciudad capital. En 2019 se estimó como pobre monetario al 47,5 por ciento de las familias producto de su baja participación en el mercado laboral, como a la alta informalidad que llega incluso al 87,9 por ciento. Los salarios rurales incluso oscilan entre 340.000 a 400.000 pesos. Es inconcebible que el 16.8 por ciento de la población no sepa leer ni escribir, que solo el 9.9 por ciento asista al bachillerato y que sólo el 2 por ciento llegue a la universidad.

En el caso del acompañamiento a su labor, según datos de la FAO, solo el 4.4 por ciento de los agricultores del territorio nacional recibe asistencia técnica, lo que demuestra el lugar que tiene el campo para quienes desde siempre han dirigido el país.

Es por estas múltiples razones que desde el Comité Promotor del Referendo Campesino, conformado principalmente por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc–, el senador Jorge Londoño –Partido Verde– y facultades de diversas universidades, con académicas como Julia Alba Ángel –exdecana de Ciencias Agrarias y vicerrectora de la Unad–, insisten en la importancia de apoyar el referendo dado que Colombia es un país rural.

La profesora Julia Alba se pregunta, ¿Qué pasaría si el campo se queda sin campesinos? ¿Cómo afectaría esto a las ciudades? Para ella estamos ante una alerta inminente sobre el futuro de la soberanía alimentaria. E indica: “los que estamos en la ciudad nos alimentamos en más de un 70 por ciento de las pequeñas economías familiares campesinas”. Recuerda que Colombia se está volviendo un país importador de alimentos, lo que de mantenerse y volver a vivir confinamientos como los conocidos en meses recientes podríamos dejarnos expuestos a la reducción de la oferta alimentaria, al incremento del costo de los productos del campo –hasta alejarlos de la mesa de los sectores populares–. Todo esto evidencia la importancia del campo y de los campesinos.

Por su parte, para el senador Jorge Londoño la protección de la producción nacional implica una revisión de los Tratados de Libre Comercio, para que en el país se produzca aquello que consume, así se garantizaría, además de la calidad de los alimentos, que los ciudadanos sean conscientes de lo que consumen. La diputada Ángela Velandia, de la misma colectividad, toma como ejemplo al departamento de Boyacá, donde alrededor del 40 por ciento de la población vive en la ruralidad, pero donde cada vez es más notable la emigración de gran cantidad de población hacia las ciudades. Asegura que es importante crear estrategias para el acceso al sistema educativo por parte del campesinado y garantizar una calidad de vida acorde a las actividades que ellos realizan.

Las transformaciones que pretenden quienes impulsan el referendo son de profundo calado y debieran concitar el apoyo de los sectores populares a lo largo y ancho del país.

En particular, buscan reformar el texto constitucional en los artículos 64, 65, 66, 67, 216, 226 y 346 con el interés de proteger la producción nacional, al campesinado como sujeto especial de protección, reconociendo derechos, participación y cultura. Dedicación del suelo rural a la producción de alimentos, fomento a la economía campesina y fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Créditos y educación acorde a las realidades territoriales, no servicio militar obligatorio e ingreso básico para vida digna.

El presidente de la Anuc, Luis Alejandro Jiménez, al referirse a estas reformas manifiesta qué: “La soberanía es el derecho a decidir”; existen tendencias impositivas para que se produzcan productos con características y variedades específicas, tal es el caso de las semillas. Al incluir la palabra soberanía se garantiza que los campesinos no se encuentren con las dificultades actuales en las que el Estado, a través de normas o acciones, sanciona o prohíbe el uso de las semillas nativas, utilizadas no solo por campesinos, también por indígenas.

Frente al reconocimiento del campesinado como un sector económico, Luis Alejandro menciona que en ocasiones “algunos identifican al campesino como un sector social, que no tiene nada, incluso se atreven a afirmar que al campesinado se le regala todo. Se equivocan. No hay cosa más distante de la verdad que esta afirmación. Al contrario, es el campesino el que produce la comida, el que utiliza el crédito, el transporte, compra los insumos y llega al mercado. Hace todas las actividades que se denominan como economía”. Cita cifras del Ministerio de Agricultura, donde afirma que Colombia tiene un aproximado de 1.200.000 pequeñas propiedades campesinas, retomando lo cual la Anuc señala que en cada parcela se generan por lo menos 2 puestos de trabajo, lo que confirma que el campesinado genera más de 3.400.000 puestos de trabajo, otro claro indicador de su importancia económica y de la necesidad de apoyarlo a todo nivel.

Para garantizar la sostenibilidad del sector, Luis Alejandro indica que es necesaria la creación de políticas que permitan bajar los costos de producción, utilizando un control de precios para los insumos. Sin embargo, este procedimiento, indica, no funciona ya que se fija el precio que los comerciantes y mercaderes imponen. Agrega que la propuesta del referendo es que sea el gobierno quien determine el precio máximo de los insumos a través de la Fijación Directa de Precios, un mecanismo que existe, pero no se utiliza y con la aprobación del referendo se le daría un rango constitucional. También señala que el otro mecanismo por implementar es garantizar los precios de sustentación ejerciendo controles a los intermediarios, generando canales directos con los campesinos a nivel local y nacional y así hacer rentable la actividad.

Una iniciativa social que debe trascender y para lo cual desde la Anuc invitan a descargar los formularios a través de la página web del referendo campesino: www.referendocampesino.com o de la Anuc www.anuc.co lo diligencien y hagan llegar a través de las Anuc municipales o departamentales, o los comités de impulso del referendo, quienes se encargarán de enviar el documento a la sede nacional de la Asociación.

 


El campesinado una categoría que persiste

 

Yurledy Cardona

 

Desde hace más de una década Vía Campesina defiende el uso del término ‘campesino’ para designar a un sujeto de derechos con alcance global. Proceso que derivó en 2018 en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Personas que Trabajan en las Áreas Rurales.

A propósito de esta categoría, a continuación se presentan algunas notas de la valiosa investigación de la profesora Maite Yie Garzón que explora categorías mediadoras entre Estado y amplios sectores rurales. La noción de campesino ha jugado un papel, por lo menos desde finales de la década de 1920, en procesos de lucha social, como en la misma intervención estatal.

Las categorías para designar al universo de personas del mundo rural no solo son fruto de políticas públicas, sino también de distintos movimientos sociales buscando reconocimiento vía movilización y en favor de determinadas reivindicaciones. Las investigaciones de Maite Garzón hacen seguimiento al término campesino como categoría social y de acción política en Colombia, mediante la exploración de las experiencias de intervención estatal y lucha social. Término, como categoría de lucha e intervención estatal, que tiene orígenes desde la Regeneración.

Durante la presidencia de López Pumarejo (1932-36), el campesinado fue entendido por sectores organizados de izquierda como clase productiva oprimida, pero también como población a superar su condición de atraso. Categoría y realidad prolongadas por décadas.

Para la investigadora hay un cambio en la década de 1990. Con la entronación del neoliberalismo en la Carta Constitucional, manifestada en primera instancia con la apertura económica, el gobierno de Gaviria (1990-94) invisibilizó y arrinconó a esta población al catalogar unos como pequeño campesinado y a otros –los terratenientes– como “empresarios agrícolas”. El mundo de lo rural quedaría así atrapado entre sector vulnerable y cliente productor.

Tratando de alcanzar mejores niveles de vida, con el Mandato Agrario de 2003 y las respectivas movilizaciones desatadas el campesinado logró cierto reconocimiento, sobre todo en áreas como estilo de vida, mujer y juventud rural. Y también establecer diferencias entre “campesino” y “trabajador agrícola”. Para la investigadora, todas estas expresiones están inscritas en circunstancias de contienda social y legislativa. Designaciones como ‘masas campesinas’, ‘población campesina’, ‘campesinado’, han servido para nombrar a una población en constante proceso de resignificación como actor social. Una categoría transversal que identifica procesos de diferenciación y unidad entre la poblacional rural.

 

 

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Información adicional

  • Autor:Yesica Romero
  • Edición:277
  • Fecha:Periódico desdeabajo Nº277, marzo 20 - abril 20 de 2021
Visto 179 vecesModificado por última vez en Miércoles, 31 Marzo 2021 21:09

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