Viernes, 26 Marzo 2021 10:57

Matanza de civiles en Antioquia: 216 masacres entre 2008 – 2020

Escrito por Corporación Jurídica Libertad: Astrid Torres, Winston Gallego y Yesid Zapata
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Foto: Archivo Contagio RadioFoto: Archivo Contagio Radio

Los grados de violencia que se viven en Colombia son de alta intensidad. El incremento de asesinatos y masacres a lo largo y ancho del territorio nacional evidencia que el llamado posconflicto cada día está más alejado de la realidad; la situación de Antioquia así lo evidencia.

 

La masacre como estrategia de terror contra las comunidades ha cumplido un papel determinante en el despojo de la tierra, los bienes comunes y en la consolidación de un orden social, político y económico autoritario en Colombia.

Generalmente, cada masacre ha sido el preludio para el desplazamiento forzado, la implantación del modelo extractivista y la desarticulación del tejido social. Entre 1980 y 2012, según la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh, 2016), se perpetraron 1.982 masacres con un total de 11.751 víctimas. De estas, 1.167 masacres (7.157 víctimas) son de responsabilidad de grupos paramilitares, 347 masacres (2.109 víctimas) recaen sobre grupos insurgentes, 295 masacres (1.486 víctimas) autoría de grupos armados desconocidos y 157 (865 víctimas) responsabilidad de la fuerza pública.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), en Colombia han ocurrido por lo menos 779 masacres entre 2008–2020, es decir, cada seis días ocurre una masacre en el territorio nacional (Ocha, 2021) (Ver gráfica, “Masacres en Colombia”).


Intensificación del conflicto

Cada una de las masacres evidencia los graves impactos que tiene para la sociedad y la democracia la persistencia de la violencia sociopolítica. A esto se suma la intensificación del deterioro de la situación humanitaria en los territorios desde hace tres años, con incremento de los desplazamientos y asesinatos de liderazgos sociales en diferentes regiones a causa de la confrontación armada1. Así lo destacan los últimos tres informes del Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia –Acnudh:


“Colombia continúa enfrentando violencia endémica, a pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, al pasar de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2020. En varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales. (…) En 2020, el ACNUDH documentó 76 masacres, que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco casos adicionales continúan siendo documentados. En el 66 por ciento de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales. Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos”. (2020, pp. 2 y 3).

Desde el 2012 hasta 2017 se presentó una importante disminución en las cifras de masacres y otras graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH–, esto obedeció 1) al proceso de negociación entre el Estado y la otrora insurgencia Farc-Ep, alcanzando el Acuerdo de Paz; 2) la exploración de caminos de diálogo con el Eln; 3) la disminución de las acciones armadas2. Simultáneamente a las expectativas por lograr la paz, en los territorios las comunidades continuaban denunciando la presencia paramilitar la cual no fue combatida de manera decidida por las fuerzas del Estado3.

Para 2017 se inició un proceso de copamiento territorial, no solo por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otras estructuras paramilitares, sino también del Eln y las disidencias de las Farc, todos con la pretensión de establecerse en los antiguos espacios bajo control fariano, lo que se tradujo en el aumento de las confrontaciones armadas y el asedio a la población.

A la par de la llegada del gobierno de Iván Duque, posicionado con un discurso de seguridad militarista y de represión (Política de Seguridad y Defensa) para enfrentar los problemas sociales, el rechazo a la posibilidad de continuar con el proceso de diálogo con el Eln, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y la no implementación del Decreto Ley 154 de 2017, por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad4, el país vuelve a ser testigo de los grandes desplazamientos forzados, las masacres, los asesinatos selectivos y amenazas contra defensoras/es, lideresas/es sociales y firmantes del Acuerdo de Paz (según Indepaz el asesinato de liderazgos sociales y defensoras de ddhh entre 2016 y 2020 llega a 1.091 y el asesinato de firmantes del Acuerdo es de 246).

Un proyecto y estrategia de “paz armada” que como consecuencia ha llevado al registro de 149 masacres durante los últimos tres años, perpetradas por grupos paramilitares, grupos desconocidos, disidencias de las Farc y el Eln. Para lo corrido de 2021, según Indepaz (7 de marzo), se han perpetrado a nivel nacional 14 masacres con un total de 60 víctimas. Antioquia y Cauca son los departamentos con más casos registrados. Es el actual gobierno nacional, el único responsable de esta grave situación, no solo por no garantizar los derechos humanos sino porque permiten el asesinato de la población con total impunidad, y emplea un discurso falaz al sostener que no son masacres sino homicidios colectivos. Un desangre a la vista de una justicia ciega y una sociedad, principalmente urbana, que en su mayoría sigue escéptica de la necesidad de la paz.


Antioquia un caso dramático

 

Este departamento ha sido uno de los territorios más golpeados por la violencia sociopolítica vivida en el país, esto por la constante disputa en las subregiones de las insurgencias, el paramilitarismo y la fuerza pública. Las constantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario han dejado un alto número de víctimas. Según el Registro de la Unidad para las Víctimas, en el departamento hay 1.505.228 víctimas (RUV, 2020).

De acuerdo con la base de datos del Cnmh, entre 1981 y 2012 (2016), en Antioquia se perpetraron 598 masacres con un total de 3.516 víctimas; los responsables fueron los grupos paramilitares, insurgencia, grupos desconocidos y la fuerza pública. Los años con más casos registrados fueron el 2000 (74 masacres, y 412 víctimas) y 2001 (89 masacres, y 489 víctimas) (Ver “Tabla”).

 

 

Tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (2003–2006) y su nueva reconfiguración territorial, se presentaron variaciones en las graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas el número de masacres.

Es así como entre 2008 y 2020 se perpetraron en el departamento 216 masacres, equivalentes al 28 por ciento del número total de masacres ocurridas en el país (Ocha, 2021).

Aunque entre 2014 y 2018 hubo una reducción en el número de masacres cometidas en Antioquia, entre 2019 y 2020 se han perpetrado 35, siendo el 2020, con 24 casos, el año con más registros y con un total de 92 víctimas. Los municipios de Cáceres (7), Caucasia (5) y Tarazá (4) son los más afectados en la subregión del Bajo Cauca5, territorio que fue seleccionado como Zona Futuro para ser intervenido desde la estrategia cívico–militar por parte del gobierno de Iván Duque. También preocupan las ocho masacres cometidas en la subregión del Suroeste: dos en Andes, dos en Salgar, una en Betania, una en Támesis, una en Ciudad Bolívar y una en Venecia (Ver “Línea de tiempo”).

Entre enero y marzo de 2021 han ocurrido cinco masacres, tres de ellas en el municipio de Tarazá, una en Andes y una en Betania (Ocha, 2021), lo que pronostica un año de alto conflicto y la prolongación de la violencia. En palabras de algunos líderes sociales: “Es como si la paz no pasara por acá, porque eso de la paz ha sido más un cuento que una realidad”6.

Pero las masacres no suceden por azar. Todo indica que su incremento, así como demás agresiones y graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, responden a la relación de la violencia sociopolítica, con: 1) la expansión de megaproyectos minero-energéticos y la riqueza de bienes comunes que tienen municipios como los del Bajo Cauca; 2) el poder armado, político y económico alcanzado por los grupos paramilitares, con presencia en el 100 por ciento del territorio, especialmente las AGC que predominan en el 90 por ciento de Antioquia; 3) la disputa entre las AGC, Caparros, Disidencias, Eln y otros; 4) las economías ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y las rentas del microtráfico, elementos vitales para las economías de guerra; 5) la persistencia de las relaciones entre fuerza pública y paramilitarismo, según Indepaz, el nodo Antioquia de la Resultados de búsqueda Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –Cceeu y otras organizaciones.

“[…] sobre nexos con grupos criminales y tráfico de armas, permiten alertar sobre alianzas o connivencia entre miembros de las Fuerzas Militares y algunos grupos armados, como el caso del general Romero involucrado en casos de corrupción al interior del ejército, quien fue denunciado por empresarios y subalternos sobre la venta de salvoconductos a miembros de las AGC, La Oficina de Envigado y empresarios en Antioquia (Indepaz, 2020, p.13).

Con respecto al municipio de Envigado y su cabeza administrativa hay que anotar que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Promiscuo Municipal de Caucasia (Antioquia) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del alcalde del vecino municipio de Cáceres, José Mercedes Berrío Berrío, alias Merceditos, como presunto responsable de concierto para delinquir con fines de extorsión. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional de Antioquia, el mandatario tenía nexos con algunos cabecillas del Clan de Golfo que delinquen en la región del Bajo Cauca antioqueño. El procesado deberá responder por promover grupos armados ilegales. (Fiscalía General de la Nación 2018).


Es una realidad de violencia sistemática ante la cual el Estado no responde según el mandato constitucional. Realidad retomada por la Defensoría del Pueblo en el oficio 20210040400358071 del pasado 10 de febrero, en el que recoge 23 radicados de la consumación del riesgo realizado a la Acción de Tutela 045-20, donde se da cuenta de la sistemática negligencia institucional para cumplir con las funciones constitucionales de prevenir, proteger, defender y garantizar las condiciones de vida e integralidad de las comunidades de la subregión del Bajo Cauca, el territorio con más control de grupos armados no estatales del país.


Más allá de la omisión estatal

 

El caso de este departamento permite realizar preguntas, entre ellas ¿Por qué en territorios como el Bajo Cauca, con una fuerte presencia del Ejército y la Policía Nacional, se perpetra el mayor número de masacres entre 2019 y 2020?, ¿Por qué hombres de las AGC cruzaron los ríos en lanchas para perpetrar masacres en Cuturú (Cáceres) y La Uribe (Caucasia), cuando en esas zonas hace presencia la fuerza pública? y, ¿Por qué en la subregión del Suroeste, en medio de la cosecha cafetera, se presentaron varias masacres cuando para la época se destinó una campaña de seguridad del Ejército Nacional?

Pese a que en agosto de 2020 el gobierno nacional creó la “Unidad especial para identificación, ubicación y judicialización de perpetradores de homicidios colectivos, con cobertura a nivel nacional y que está integrada por Policía, Fuerzas Militares y Fiscalía” (Ministerio de Defensa, 2020), las masacres continúan ejecutándose porque el gobierno nacional establece aparatos infructuosos, niega los mecanismos dispuestos en el Acuerdo de Paz para estos fines, al tiempo que no dispone de voluntad para implementar todo lo concerniente al citado Acuerdo; además no implementa políticas integrales para enfrentar la grave crisis humanitaria, no combate las estructuras paramilitares, tiene cerradas las puertas al diálogo con la insurgencia, lo que hará más difícil la esperanza de cambio para las comunidades.

Al cierre de este artículo es noticia que las Fuerzas Militares ejecutaron el 2 de marzo del 2021 un bombardeo en la vereda Buenavista de Calamar, Guaviare, sobre un campamento de la disidencia de las Farc-Gentil Duarte, producto del cual habrían perdido la vida 12 menores de edad. Caso similar al bombardeo ocurrido el 29 de agosto de 2019 en la vereda Candilejas, zona rural de San Vicente del Caguán –Caquetá–, donde murieron 18 personas, ocho de ellas menores de edad. Ambas acciones podrían catalogarse más que desde una visión jurídica, sino política y ética, como masacres, las cuales fueron planificadas, ejecutadas y legitimadas por el gobierno colombiano bajo el discurso contra el terrorismo y el blanco legítimo que niega el Estado de Derecho, lo cual justifica la pena de muerte. Como organización de derechos humanos señalamos que no hay legitimidad alguna en una acción militar en la que era previsible la muerte de menores de edad y jóvenes de la ruralidad, que deben gozar de la máxima protección del Estado ya que muchos ellos han sido víctimas de la maquinaria de guerra, la desigualdad social y de un Estado criminal.

 

1 Según el informe de Codhes (2018) sobre desplazamiento forzado y agresiones contra líderes y lideresas sociales: “[…] en los primeros 10 meses del año se presentaron 158 eventos de desplazamiento forzado múltiple y masivo. En total, 45.471 personas han sido afectadas por los desplazamientos. De éstas, 10.506 son afrodescendientes y 8.526 indígenas. El 72 por ciento de los eventos de desplazamiento ocurrieron en 3 departamentos: Norte de Santander: 40 eventos, 13.244 personas desplazadas. Antioquia: 36 eventos, 113.901 personas desplazadas. Nariño: 39 eventos, 9.298 personas desplazadas”.
2 Según el El Espectador (30 de diciembre de 2016): “En su recuento sobre las muertes a civiles, a miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros de la Farc en acciones ofensivas y combates con esta guerrilla, entre 2010 y julio de 2016, el Cerac muestra los efectos positivos del cese al fuego y el proceso. Mientras que en 2010 murieron por estas razones 94 civiles, 194 miembros de la Fuerza Pública y 173 miembros de la guerrilla (en total 461 muertos), en los primeros siete meses del 2016 (antes de que se cerrara el proceso de paz), no se reportó ningún civil muerto por combates, solamente tres miembros de la Fuerza Pública y un guerrillero de las Farc (en total, cuatro personas muertas)”.
3 Ver Informe del Cinep (2016): “El paramilitarismo sí existe: Informe de la situación de derechos humanos en Colombia durante 2016”; ver documento (2018) de plataforma de derechos humanos de Colombia: Persistencia del Paramilitarismo y Falta de Voluntad Estatal para su Judicialización y Desmantelamiento.
4 Cuyo objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. (Ministerio del Interior, 2017)
5 Además de las masacres el registro Ocha informa que durante el año 2020 ocurrieron 397 eventos de violencia en Antioquia: 87 combates, 83 amenazas individuales y colectivas contra la población, 38 homicidios de personas protegidas por DIH, 20 enfrentamientos entre actores no estatales, 19 restricciones contra la movilidad de las comunidades, 18 accidentes en minas anti-personas –MAP–, 10 desplazamientos masivos y otras complejas violaciones y vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que muestran unos niveles de recrudecimiento de la violencia. Como si fuera poco, la violencia social y política también experimenta cifras que generan una gran preocupación para el movimiento nacional de los derechos humanos. En Antioquia ocurrieron 28 asesinatos, la segunda cifra más alta del país. (Observatorio sobre nivel de riesgo, 2021 contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en Antioquia de la CJL y Fundación Sumapaz, 2021)
6 Ver CJL en Cinep (2019) “[...] A diferencia de lo que plantea el Estado, quien frecuentemente señala que los grupos armados ilegales se disputan la zona del Bajo Cauca por dominar áreas de cultivo ilícitos y rutas de narcotráfico se debe decir que esta no es la única variable […] que determina el alto nivel de conflicto en la zona. La subregión representa grandes intereses geoestratégicos y de planeación territorial, como el de configurar la segunda provincia más grande de Antioquia agrupando los municipios del Norte y Bajo Cauca […] con el objetivo de construir el Centro de Desarrollo Industrial Regional y promover proyectos de infraestructura, economía y turismo. Se destaca la imposición de los megaproyectos extractivistas que han llevado a la concentración de tierra para la explotación minera y la expansión inmobiliaria. Existen 47 grandes títulos mineros en los municipios de Tarazá y Cáceres, Bajo Cauca y Puerto Libertador y San José de Uré, Córdoba (Montoya, 2020) además de 18.000 hectáreas adicionales solicitadas en estos 4 municipios y que podrían favorecer a las empresas: Juan Manuel Ruiseco V, CIA S.C.A, Cerro Matoso y Grupo Penca, (Montoya, 2020). En la región del Bajo Cauca se extrae el 60% del oro de Antioquia y el 30% de la plata. Igualmente, existen reservas y explotación de otros minerales como el níquel y el carbón. (p.27).

 

 

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Información adicional

  • Autor:Corporación Jurídica Libertad: Astrid Torres, Winston Gallego y Yesid Zapata
  • Edición:277
  • Fecha:Periódico desdeabajo Nº277, marzo 20 - abril 20 de 2021
Visto 409 vecesModificado por última vez en Miércoles, 31 Marzo 2021 21:09

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