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Viernes, 16 Abril 2021 14:39

Jericó: Tormenta en el edén antioqueño

Escrito por Gustavo A. Arboleda y Equipo Investigativo Medellín
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Fabio Mejía, Cargados de “commodites”, fotografía (Cortesía del autor)Fabio Mejía, Cargados de “commodites”, fotografía (Cortesía del autor)

Contar con territorios ricos en minerales y recursos debería ser una oportunidad para trabajar con las comunidades y fortalecer la economía local, pero en países de la llamada periferia del capital esto sólo significa un anzuelo para atraer empresas poderosas con agendas propias. Es lo que sucede en el municipio antioqueño de Jericó con el proyecto minero Quebradona para explotar cobre, oro y molibdeno.

 

El ambiente es laboral, entre escritorios, tableros marcados con mapas en los que resaltan países señalados con una gruesa tinta y con algunas de sus zonas encerradas en rojo, entre los mapas América del Sur y entre ellos Colombia, con varias zonas en rojo, incluíada Antioquia. Son las oficinas de la empresa minera de origen africano Anglo Gold Ashanti, donde dos funcionarios dialogan:

El ingeniero: —Jefe, las pruebas exploratorias en el suroeste antioqueño mostraron que las reservas de oro son insuficientes para pasar a la etapa de explotación.

El gerente: —Gracias ingeniero. Anunciaré eso a la junta. Qué lástima.

El ingeniero. —Pero jefe, las pruebas muestran una cantidad importante de cobre.

El gerente: —Hagamos entonces pruebas exploratorias específicas para cobre.

Transcurridos unos meses:

El ingeniero: —Jefe, estamos ante el yacimiento de cobre más importante de América Latina. Está justo debajo de la cabecera municipal de Jericó. (ver cuadro Recursos y reserva cobre y oro).


La minería acecha al municipio de Jericó. Y lo hace contra la voluntad de su población. Unas veces, el Dorado significa oro y, otras, brilla a través de minerales diferentes. En efecto, después de los procedimientos exploratorios de rigor, las reservas de oro que se suponía guardaban sus montañas resultaron insuficientes, pero para desgracia del territorio y sus comunidades, los ingenieros encontraron cobre, y en grandes proporciones, una combinación de elementos imposibles de ignorar y que sólo significan una sola cosa: extracción.

 

Esa es la razón de ser de la AngloGold Ashanti: explotar recursos mineros, en el país y territorio donde los hallen, disponiendo toda su capacidad económica y política, con sus aliados nacionales, para legalizar sus operaciones. Y así lo obtuvieron en Colombia, en el marco del contrato de concesión minera No. 5881 (HHII-13), producto de una integración de áreas sin importar que la comunidad local se oponga, sin importar que su tradición económica no tenga nada que ver con ese tipo de minería; de nada vale que se opongan, pues ante ello, prevalecen las “razones de Estado”, la “conveniencia nacional”, y todo aquello que se esgrime como argumentos políticos y legales para darle paso a la metamorfosis de un territorio, de apacible y armónico, en uno desajustado en su hábitat y lesionado en su tejido social.


La contienda es, a todas luces, desigual. De un lado, una poderosa trasnacional de la minería, aliada con las más altas instancias estatales colombianas, amparadas en una compleja red de leyes, decretos, títulos, resoluciones, licencias, autorizaciones y permisos de todo orden, nacional y local. De otra parte, una comunidad que lucha por preservar su territorio, la paz, el tejido social y los ecosistemas de su hábitat, amparada, en algunos recursos brindados por sentencias de las altas cortes del Estado colombiano, las acciones populares y de tutela pero, sobre todo, por la fuerza última que brinda el tener la manija sobre aquello que ningún título o decreto puede otorgar: la “licencia social para operar”, y en últimas la decisión colectiva para emprender la movilización social cuando todo lo demás ha sido desestimado.


Y la contienda es desigual por cuanto El Dorado siempre atrae. Su poder imantó a los invasores –colonizadores– que llegaron hace varios siglos en carabelas; hoy lo siguen haciendo en aviones de lujo. Es así como, luego de los descubrimientos dados a conocer en el 2013 –que removieron la tranquilidad de una población dedicada hasta entonces a faenas agrícolas, a cuidar sus aguas y montañas y al turismo ecológico–, todo derivó en un lío de grandes proporciones en el que la minería ya tomó una relevante ventaja política y jurídica.

 


El territorio


Por su excelente clima y paisaje, por su tranquilidad y adecuadas vías de comunicación con Medellín, capital del departamento (Ver recuadro, El municipio), Jericó fue elegido desde hace décadas por el empresariado paisa para descansar. Sus fincas, además de productivas, les garantiza la paz deseada, la misma que ahora está en riesgo por la amenaza que significa la minería industrial y todo lo que ella implica. No es casual, por tanto, las reverberaciones alcanzadas por el intenso debate jurídico desencadenado, además de la movilización social, que sin tanta fuerza como se podría esperar, se ha dejado ver.
En esta contradicción entre capital internacional, turismo y paisaje, de una parte, y de la otra la población local, es fundamental comprender que el Estado colombiano es propietario del subsuelo, y a pesar de que en el país igualmente se reconoce el derecho a la propiedad privada, es precisamente este el conflicto de bienes jurídicos tutelados que se desarrolla en el territorio.


Es un tema que se encuentra regulado en numerosos artículos como lo son el 311, 332, 334 y 360 de la Constitución Política además del artículo 1° de la Ley 885 de 2001, normatividad bajo la cual el Estado puede válidamente otorgar títulos mineros, esto es, contratos de concesión minera a particulares, que, en esencia, siendo contratos vinculan la responsabilidad del Estado colombiano ante la suscripción de los mismos.


Históricamente los procesos para la otorgación de tales títulos no han requerido el visto bueno, consulta o aprobación de las comunidades, como es el caso de la “consulta previa” que para el caso de Jericó no aplica, y de hecho no aplicó para los títulos mineros vigentes otorgados años atrás.
Dentro de tales títulos, el Proyecto Quebradona (cobre, oro y molibdeno) fue catalogado de interés nacional y estratégico (Pine) y se rige por lo establecido en el documento Conpes 3762 del 2013 “Lineamientos de política para el desarrollo del PINE”; allí se establecen los criterios para considerar un proyecto de interés nacional estratégico y generar acciones que faciliten la ejecución eficiente y oportuna de los mismos, de acuerdo con las políticas del gobierno nacional.


La figura Pines, por lo tanto, nace como parte de una estrategia de gestión pública para facilitar la ejecución eficiente y oportuna de un grupo de proyectos, objetivo con el cual fueron definidas una serie de medidas relacionadas con el fortalecimiento institucional, la planeación integral de los mismos, la racionalización y optimización de gestión y tramitología ante las entidades estatales y la coordinación interinstitucional para el correspondiente seguimiento.


Lo legal. Lo legítimo


En este tipo de proceder, donde realza la argucia jurídica del Estado para abrirse paso sin someterse a los intereses particulares y colectivos, la comunidad no tiene voz o incidencia vinculante en los trámites que llevan a la aprobación de un título minero. Es así como, a pesar de presentarse oposición comunitaria y desplegarse una consulta vinculante por parte de la alcaldía, las mismas no operan como requisito para que el título minero sea otorgado, por lo cual los contratos de concesión minera fueron otorgados sobre este territorio. Así las cosas, la empresa, amparada en la legalidad, comenzó la compra de los predios necesarios para desarrollar el proyecto.


El Dorado no da espera. Una vez superada la etapa de exploración, como es el caso del proyecto Quebradona, la etapa que sigue es la explotación, blindada por dos requisitos fundamentales: la Licencia Ambiental y la aprobación del Plan de Trabajos y Obras (PTO), este último es un documento técnico que debe estudiar y aprobar la autoridad minera delegada: la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. Para su revisión, además de los temas técnicos y de estudios, requiere la planeación minera y las condiciones de cierre en el futuro lejano, proceso en el cual no interviene la comunidad ni la institucionalidad municipal.


Por otro lado, debe indicarse que la Licencia Ambiental debería ser tramitada y adjudicada en principio por la autoridad ambiental territorial, en este caso Corantioquia, pero dada la magnitud y características del proyecto la tarea pasa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), un proceso en el cual, y según el decreto 330 del 8 de febrero de 2007, se encuentra consagrada una audiencia pública de carácter informativa que fue llevada a cabo el 22 de septiembre de 2020.

 


Una área estratégica


En el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, adoptado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), mediante Resolución 256 del 16 de junio de 2014, se establece como acción clave de la hoja de ruta para la gestión integral del sector, la inclusión del uso minero en los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios, fin para el cual deben armonizarse los intereses y competencias de las diferentes instituciones gubernamentales que confluyen en las actividades mineras, entre las cuales sobresalen las autoridades ambientales regionales, las gobernaciones y las alcaldías.


De igual manera, en el proceso oficial por blindarse de legalidad, mediante el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, o Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, fueron creadas las Áreas Estratégicas Mineras (AEM), las que en estricto sentido son áreas especiales libres para minerales considerados estratégicos por el Estado. En estas, una vez delimitadas por la autoridad minera, no es posible recibir nuevas propuestas ni suscribir contratos de concesión minera, sino que deben ser otorgadas en contrato de concesión especial mediante procesos de selección objetiva, en cuyos términos de referencia deben incluirse las contraprestaciones económicas mínimas, distintas a las regalías, que los interesados deberán ofrecer.


Se trata de una decisión que contaba con antecedentes, toda vez que el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 180102 del 30 de enero de 2012 había establecido los siguientes como minerales estratégicos: oro, platino, cobre, minerales de potasio, fosfato y magnesio, carbón metalúrgico y térmico, uranio, hierro y minerales de niobio y tantalio. Además, se delimitaron y declararon unas AEM mediante la Resolución 180241 del 24 de febrero de 2012 del Ministerio de Minas y Energía y las Resoluciones 045 del 20 de junio de 2012 y 429 del 27 de junio de 2013 de la Agencia Nacional de Minas (ANM)
Estas decisiones, al ser demandadas legalmente, pasaron a revisión del Estado. Es así como el Consejo de Estado, en la Subsección C, Sección Tercera, mediante Auto del 11 de mayo de 2015 (confirmado en Auto del 9 de febrero de 2017), dentro del proceso por Nulidad, suspendió provisionalmente, como medida cautelar, los efectos jurídicos de las citadas resoluciones de delimitación y declaración de AEM de 2012 y 2013.


Al mismo tiempo, mediante la Sentencia de Revisión de Tutela del 16 de diciembre de 2015, la Corte Constitucional, en un fallo con efectos inter comunis, dispuso “dejar sin valor y efecto” estas mismas normas, tutelando los derechos a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica y a la participación ciudadana de todas las comunidades indígenas y afrodescendientes que resultaron afectadas directamente con la expedición de esas resoluciones y advirtió al MME y a la ANM su deber de agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del consentimiento libre, previo e informado de estas comunidades en los territorios que se pretenden declarar y delimitar como área estratégica minera.


Por otra parte, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 37 del Código de Minas que establece que, en el proceso de autorización de actividades de exploración y explotación minera:

“[…] las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”.

Esta misma obligación de concertar con las autoridades locales fue ratificada mediante la Sentencia C-035 de 2016, con la cual se declaró exequible el artículo 20 de la ley precitada, en el entendido de que la agencia nacional de minería deberá concertar previamente con las autoridades de los municipios donde van a estar ubicadas las AEM, para garantizar que no se afecte su facultad constitucional para reglamentar los usos del suelo y, para las AEM ya declaradas, concertación que debe darse con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las mismas y, finalmente, el MME y la ANM, según el caso, deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial.


Pero esto no es todo. Mediante la Sentencia C-221 de 2016, se declaró inexequible el inciso séptimo del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, el cual dispone que:

“[…] la información geológica, geoquímica y geofísica que el Servicio Geológico Colombiano genere a partir de la declaratoria de las áreas estratégicas mineras por parte de la Autoridad Minera y que permita evaluar el potencial mineral de tales áreas, tendrá el carácter de reservada por el mismo término en que la Autoridad Minera declare dichas zonas como estratégicas mineras o hasta tanto deba darse a conocer en desarrollo de los procesos de selección objetiva que adelante la Autoridad Minera para el otorgamiento de contratos de concesión especial en estas áreas”.

Con la pretensión de despejar dudas, mediante la Sentencia C-298 de 2016 la Corte Constitucional también declaró inexequible la expresión “indefinidamente” contenida en el inciso 2 de este artículo.


Para completar las cosas, mediante Sentencia C-389-16 de 2016, fueron declarados exequibles los artículos 16, 53, 57 y 271 de la Ley 685 de 2001, pero bajo el entendido de que la ANM debe verificar unos


“[…] mínimos de idoneidad laboral y ambiental, antes de entregar un título minero, en atención a la naturaleza de la concesión solicitada y con base en criterios diferenciales entre los distintos tipos de minería y extensión de los proyectos, así como establecer un procedimiento que asegure la participación ciudadana, sin perjuicio de la especial de los grupos étnicamente diferenciados”.

No obstante, se considera que con los anteriores pronunciamientos la orden de la Corte Constitucional no permite que sean liberadas las áreas estratégicas mineras declaradas con las precitadas resoluciones, para ser otorgadas en contratos “ordinarios” de concesión minera, sino exigir a las autoridades competentes para que surtan los trámites establecidos por esa corporación para poder proseguir con los procesos de selección objetiva para otorgar dichas áreas, en los términos de la Ley 1753 de 2015.


De esta manera, lo que pretende la función judicial del Estado colombiano es un desarrollo sostenible del sector minero bajo criterios de responsabilidad técnica, ambiental y social, garantizando un aprovechamiento racional de los minerales estratégicos que posee Colombia, con los mejores estándares de operación y de seguridad e higiene minera, asegurando, a la vez, las mejores condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades que habitan en las zonas de influencias de estas AEM y, por consiguiente, la prevalencia del interés general sobre el particular. Para el caso del municipio de Jericó, las áreas de este tipo son:


¿Tiene la Corte Constitucional real injerencia al pronunciarse?


Muchas de estas problemáticas no resultan ajenas al municipio de Jericó, de donde se deriva la importancia estratégica de incluir ordenadamente el uso minero en el ajuste de su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), labor que debe emprender la ANM, en forma coordinada con el municipio, de manera que, según los preceptos del artículo 311 constitucional, corresponde a los municipios:


“[…] ordenar el desarrollo de sus territorios” y, según el numeral 7 del artículo 313, los Concejos Municipales deben “[…] reglamentar los usos del suelo”. No obstante, según el artículo 332 de la misma Constitución Política, “[…] el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables […]” y, por consiguiente, de conformidad con el artículo 334 […] intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo […]”.

Con base en estas normas constitucionales, entre otros fundamentos, en las últimas sentencias de la Corte Constitucional, relacionadas con el sector minero, principalmente en las expedidas en los años 2014, 2016 y 2018, en virtud, además, de los “principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad” que rigen, según el artículo 288 de la Constitución Política, la relación entre los territorios y el nivel central, enfatizó en la necesidad de implementar espacios de concertación entre estos niveles de gobierno, fundamentados en el diálogo, la comunicación, la información suficiente, la participación ciudadana, la coordinación de acciones e inversiones sociales etcétera, para la toma de las decisiones relacionadas con la actividad minera, considerando que, necesariamente, el manejo del subsuelo tiene incidencia en la posibilidad de establecer planes y programas sobre el uso del mismo.


Además, en otra de sus sentencias, en este caso expedida en 2014, explícita que las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las del orden territorial involucradas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, en especial de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los “principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad” previstos en el artículo 288 de la Constitución Política.


La Corte planteó, asimismo, la necesidad de espacios de concertación entre el ámbito local y el central para la toma de estas decisiones, considerando que, necesariamente, el manejo del subsuelo tiene incidencia en la posibilidad de establecer planes y programas sobre el uso del suelo, y en virtud de los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, que definen desde la Constitución la relación entre los territorios y el nivel central.


De igual manera, la Corte exhortó al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio, al tiempo que ordena al Ministerio de Minas y Energía, a la ANH y a la ANM que mantengan y fortalezcan programas y proyectos que promuevan el diálogo, la comunicación y la información con las entidades territoriales y sus autoridades locales, con el fin de aplicar principios de coordinación y concurrencia e información suficiente.


Les ordena, asimismo, a estas entidades, como al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Anla, a la Upme y al Servicio Geológico Colombiano, que en la política pública de los sectores de hidrocarburos y de minería, así como en los contratos de concesión, robustezcan las estrategias y cláusulas contractuales de participación ciudadana, información, coordinación de acciones e inversiones sociales con entidades públicas y exijan así a las empresas del sector minero-energético que respeten los derechos humanos, realicen acciones de debida diligencia para la gestión de los riegos ambientales y sociales con ocasión de sus operaciones y amplíen espacios de información con los alcaldes de los municipios donde operan. Finalmente, insta a los alcaldes para que en el marco de sus competencias de ordenamiento territorial tengan en cuenta los principios de coordinación y concurrencia con las autoridades nacionales.

Un poco de lo mismo de siempre

En medio de este maregmanun de leyes, normas de distinto tenor, el establecimiento logra blindarse según sus intereses. Es así como, de acuerde con el Decreto 934 del 9 de mayo de 2013: se prohíbe a los municipios, Asambleas y Concejos restringir el desarrollo de actividades mineras, a través de mecanismos de ordenamiento territorial.


De ahí que en el municipio de Jericó no hayan producido efecto los intentos por prohibir la minería vía Decretos, Acuerdos Municipales (Acuerdo 009 de 2017 declarado nulo por el Tribunal administrativo de Antioquia y Acuerdo 10 de 2018, también declarado nulo por el mismo Tribunal) o Consultas Populares. Cada uno de estos intentos ha sido descartado por el gobierno nacional, y las diferentes autoridades, por temas de fondo o de forma, por lo cual, a la fecha, se permite la realización de la actividad minera en su territorio. Ante esta realidad, legal pero ilegitima, apenas le queda a la comunidad el recurso de la movilización social, única opción para impedir que la actividad minera se imponga sobre la voluntad de quienes habitan el edén antioqueño.

 

 

 

Para suscripción:

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Información adicional

  • Autor:Gustavo A. Arboleda y Equipo Investigativo Medellín
  • Edición:209
  • Fecha:Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº209, abril 2021
Visto 312 vecesModificado por última vez en Sábado, 17 Abril 2021 09:52

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