Jueves, 21 Mayo 2009 11:50

Llegan a 50 mil las denuncias de personas desaparecidas

Escrito por Equipo desde abajo
Valora este artículo
(0 votos)
¿Adónde van los desaparecidos?
Busca en el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
¿Y cuándo vuelve el desaparecido?
Cada vez que los trae el pensamiento.
¿Cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro.
Rubén Blades

Que “el tema de la violación de los derechos humanos es una invención de los opositores del establecimiento”; que “con Uribe todo va mejor”; que “los desaparecidos es gente que se esconde”. Estas y otras muchas perlas hacen parte de la contrainformación que a diario se escucha por radio y televisión.

Sin embargo, los resultados de la acción emprendida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, desde diciembre de 2008 y hasta abril pasado, confirma que este es un tema que implica a muchas más personas y familias de las que se tenía reporte público. En efecto, las cifras reunidas por la Fiscalía arrojan la escandalosa cifra de 49.902 denuncias sobre desaparecidos, la cual surge luego de una primera depuración de los 65.533 casos reportados ante esta entidad.

La cifra de 49.902 denuncias de personas desaparecidas se logró luego de consolidar las bases de datos de la Dirección Nacional de Fiscalías, la Unidad de Derechos Humanos y el CTI. Dentro del análisis efectuado, también se hizo un cruce de datos con las denuncias de personas desaparecidas recibidas, que tienen en su poder la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Fondelibertad y Medicina Legal.
Hasta el momento, los investigadores de la Unidad de Justicia y Paz tienen certeza sobre 10.584 personas desaparecidas que aparecen registradas en todas las bases de datos de las autoridades.

Quedan por verificarse, por tanto, 39 mil registros de personas aparentemente desaparecidas, que no figuran en todas las listas de las autoridades. De confirmarse esta cifra, o una algo menor, queda al descubierto del mundo entero el inmenso genocidio a que ha estado sometido el pueblo colombiano, hecho que no cesa y que, por el contrario –según ONG de derechos humanos–, prosigue y se mantiene como política de Estado.

No es casual la declaración de un jefe paramilitar, al confirmar ante los jueces que ellos picaban –desaparecían literalmente– a sus víctimas.

La realidad es más fuerte que la imaginación, le dijo en alguna ocasión García Márquez a Carlos Fuentes. En Colombia se confirma con toda crudeza este diálogo de novelistas. Falta descubrir a los propiciadores y autores intelecturales de esta política, así como a sus ejecutores materiales para que el país pueda recorrer con toda tranquilidad el sendero de la convivencia.

“Falsedad de toda falsedad”


Las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de barriadas populares de todo el país, motivados a viajar fuera de su región con promesas de falsos trabajos, y conocidos popularmente como “falsos positivos”, han motivado reiteradas declaraciones del presidente Álvaro Uribe. Lo común de las mismas es afirmar que esas denuncias son falsas, “denuncias levantadas para paralizar la acción de la fuerza pública”.

En días recientes se conoció la amenaza de judicializar a quien denuncie a miembros de la fuerza pública por tales hechos y no lo demuestre ante los jueces. Intimidación para obstruir la oleada de denuncias que ya no llegan a 10,20 ó 50 personas asesinadas en esas circunstancias sino que ahora, según la Unidad de Derechos.

Humanos de la Fiscalía General de la Nación, involucra a 1.666 connacionales, asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. En un país donde la impunidad rodea el 98 por ciento de las denuncias, ya se sabe qué puede suceder con esa exigencia, por demás improcedente. ¿Acaso no tienen derecho los deudos de demandar a los victimarios ante los jueces por el homicidio de sus familiares?

Aunque la ley garantiza la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo evidente es que cada día son condendados más y más efectivos de la fuerza pública por este tipo de homicidios.

La información de la Fiscalía General confirma que 83 miembros de la fuerza pública (en el marco de la Ley 600) han sido condenados hasta abril de este año, y 232 enfrentan juicio (sistema penal acusatorio). ¿Acciones ocasionales o individuales?

No es casual que en el más reciente informe de derechos humanos de las Naciones Unidas (marzo) se califique a estos homicidios como un “tipo de acciones que no pueden considerarse como aisladas, sino como una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares en todo el país”.

El diagnóstico del organismo multilateral es el mismo que se escucha por campos y ciudades del país. El único que no quiere reconocerlo así es el alto gobierno. Ahora denuncian las ONG de los derechos humanos que cuando acuden a recoger la denuncia y el poder de familiares de una víctima de “falso positivo”, se encuentran con que ya lo han entregado a los abogados del Ministerio Público, que en no pocas ocasiones les estimulan a no meterse con los abogados de los colectivos de los derechos humanos, pues con ellos terminarán investigados por ‘guerrilleros’. Según los familiares, “es mejor dejar así” para no meternos en líos. Mientras tanto, la falsedad gana espacio y legitimidad.
Visto 5407 vecesModificado por última vez en Jueves, 21 Mayo 2009 12:09

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.