Lunes, 25 Enero 2010 18:36

Precios y salarios en Colombia, 2009-2010

Escrito por Libardo Sarmiento Anzola
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El reciente incremento impuesto por el gobierno para el salario mínimo, amparado en la baja inflación registrada, nos invita a reflexionar sobre la realidad del mundo del trabajo y de la economía nacional. ¿Quién gana y quién pierde con la crisis económica?

El Salario Mínimo Legal (SML) para 2010 quedó establecido en 515.000 pesos mensuales. En Colombia, alrededor del 80 por ciento de los 17,4 millones de ocupados reciben ingresos inferiores a los 2 SML. El SML busca proteger de la explotación a los trabajadores, en un mercado laboral en el cual el empresario tiene todo el poder; máxime cuando la fuerza laboral se encuentra desorganizada (sólo en un 4 por ciento está sindicalizada), y sobrevive en la informalidad (por cada 100 trabajadores formales hay 109 informales) o padece el desempleo (en noviembre de 2009, el número de desempleados del país fue de 2,4 millones, equivalentes a una tasa de 11,1 por ciento).

El SML se debe fijar cada año en la comisión integrada por el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, teniendo en cuenta la inflación causada el año anterior. Como nunca hay acuerdo, el Gobierno lo impone por decreto. Lo preocupante es que una familia promedio de los sectores populares necesita el equivalente a tres SML para cubrir las necesidades básicas, de alimentación, vivienda, educación, salud, transporte, servicios públicos domiciliarios y recreación.

En la sociedad colombiana no sólo impera la impunidad; también se incumplen los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y los mandatos constitucionales. El Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. En la Constitución Política de Colombia, el artículo 25 afirma que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”; y el artículo 53, en el marco de lo que debiera ser “el estatuto de trabajo”, se incluye el tema de “remuneración mínima vital y móvil”.
 

“Rapiña”, Luis Eduardo Sarmiento Chávez, carboncillo sobre papel, cárcel Modelo, alta seguridad piso 2, 16 de enero de 2010.

La inflación acumulada en Colombia durante 2009 fue de 2 por ciento; cifra que no se registraba desde el año 1952, cuando se situó en 1,8 por ciento. La inflación está relacionada con el crecimiento relativo de los precios de los bienes y servicios económicos. Los precios, al igual que un metro, mide el valor en dinero de las mercancías (el cual está determinado por la cantidad de trabajo socialmente incorporado); pero el precio puede estar por encima o por debajo del valor real de la mercancía o servicio debido a las fuerzas de oferta y demanda, la cantidad de dinero en circulación, la tasa cambiaria (relación entre la moneda nacional y las principales divisas internacionales) y/o la imposición del poder de los empresarios y el Gobierno (para los bienes controlados o administrados, como la energía o los servicios públicos). La baja inflación para 2009 se explica por la grave recesión que afecta al sistema mundo capitalista, lo cual implica un alto desempleo y una caída en los ingresos de empresarios y trabajadores; en consecuencia, la demanda se debilita, lo que obliga a bajar precios o por lo menos a no aumentarlos. En Colombia se conjuga la depresión del mercado interno y la caída de las exportaciones, lo que ha llevado a grandes rebajas en las tasas de interés y en los precios de bienes como la carne o los automóviles, para dar unos pocos ejemplos.

La inflación es en realidad un impuesto que pagan los pobres y representa una caída en los salarios reales de los trabajadores. Por eso, una inflación del 2 por ciento es una buena noticia. Máxime cuando durante tres décadas –70, 80 y buena parte de los 90– la inflación de la economía colombiana se movió entre el 18 y el 33 por ciento. En 2008, el aumento relativo de los precios fue de 8 por ciento.

El aumento por decreto del SML fue de 3,64 por ciento para 2010, equivalente a 18 mil pesos mensuales. Si bien los trabajadores ganaron un aumento real de 1,64 por ciento (descontando el 2 por ciento de la inflación), éste comenzó a esfumarse desde el propio mes de enero de este año, teniendo en cuenta que el Gobierno mismo autorizó alzas en la educación en un 5 por ciento; en el transporte, las tarifas se incrementaron en 8 por ciento (en el caso de Bogotá, no distante de lo que puede ser el promedio nacional) y la energía subirá en un 5; la medicina prepagada tendrá un incremento de 9 por ciento; y en los alimentos, debido a los problemas de producción ocasionados por la grave situación climática, sus precios se salen de control, por sólo referirnos a unos pocos bienes y servicios que afectan directamente el valor de la canasta familiar.

El primer SML se impuso en Colombia en 1950, cuando se fijó en 60 pesos mensuales, nivel que se conservó hasta el 30 de septiembre de 1956. En octubre de ese mismo año se aplicó un aumento de 125 por ciento (incremento que nunca ha vuelto a repetirse), alcanzando el SML un valor de 135 pesos mensuales. El primero de enero de 1963, los trabajadores colombianos que ganaban un SML alcanzaron el mayor poder de compra que nunca antes habían tenido y que posteriormente tampoco han vuelto a alcanzar: este salario histórico era de 420 pesos mensuales que, en términos reales, equivalen a 593.000 pesos de hoy día. En los años siguientes, hasta 1973, el SML se desplomó dramáticamente hasta alcanzar un valor equivalente de 241.000 pesos del año 2010. Con posterioridad, la recuperación ha sido lenta: subió entre 1973 y 1988; se estancó durante una década y ha vuelto a subir desde 1998. Los 515.000 pesos del SML aprobados para 2010 rinden más del triple de lo que se compraba a principios de la década del 50; representa sólo un 87 por ciento de lo que devengaba un trabajador en 1963; más del doble que en 1973 y un tercio más que en 1996.

No obstante, si bien el SML en términos reales se ha multiplicado por tres en los últimos 60 años, el ingreso promedio del país se ha multiplicado por 6 en el mismo período, lo cual refleja los grandes desequilibrios sociales y el mayor enriquecimiento de quienes ostentan el poder económico y político. Porque con todo, el incremento del SML de 3,64 es mezquino. Los trabajadores y los propios empresarios esperaban más, dada las posibilidades económicas reales del país, así como los índices de pobreza e indigencia que padece la mitad de la población colombiana.

En medio de la recesión económica mundial, las ganancias y las pérdidas de la crisis no se reparten por igual. Entre noviembre y noviembre de 2008-2009, el número de desempleados se incrementó en 288.000 personas; en paralelo, los ingresos del trabajo y los empresarios del sector real disminuyeron. Los especuladores del mercado accionario (la rapiña entre dueños del capital) tuvieron utilidades reales del 48 por ciento durante 2009; las ganancias de las entidades financieras colombianas siguieron creciendo y en 2009 se aproximaron a 10 billones de pesos, presentando un incremento superior en 2 billones frente al año anterior; el recaudo del Gobierno en impuestos fue de 69 billones de pesos, 5 por ciento más que en 2008 (dinero que se pierde en gran parte con la corrupción; sólo en 2009, según el zar anticorrupción Óscar Ortiz, se pagaron sobornos por 4 billones de pesos, equivalentes al 12,9 por ciento del Presupuesto de Inversión de la Nación). Las 750 transnacionales que operan en Colombia sacaron una cifra superior a 5 mil millones de dólares provenientes del lucro que obtienen en sus negocios. Como buitres, estos especuladores, rentistas y explotadores, se alimentan de los frutos del trabajo y de la biodiversidad, a la vez que desangran continuamente al país.

 

Por Libardo Sarmiento Anzola, economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Consultor, investigador y escritor independiente. Catedrático de la maestría en Derechos Humanos de la UPTC; Consultor de Unicef para la Política de Juventud de Colombia; Consultor del IGAC-MinAmbiente en el tema de Cuencas Hidrográficas. Integrante de los comités editoriales de los periódicos Le Monde Diplomatique Colombia y Desde abajo.
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