Miércoles, 24 Marzo 2010 18:24

Colombia. Por una salud con principios

Escrito por Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
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La discusión y la movilización desatadas por los decretos de emergencia social, que ahondan el sentido y propósito de la Ley 100 de 1993, nos ponen ante el reto de mayor participación social y propuestas cada vez más elaboradas. Aquí, los principios y ejes básicos que deben guiar un nuevo modelo de salud en Colombia.
 
No hay duda. La coyuntura política que se vive en el país tiene como uno de sus énfasis la salud. La indignación manifestada por los trabajadores del sector, pero también por pacientes, y comunidad en general, no deja dudas del descontento acumulado con haber transformado la salud en un negocio rentable para unos pocos, en tanto genera situaciones éticamente inaceptables de sufrimiento, dolor, enfermedad y muertes evitables para muchos.
 
En el marco del descontento y movilización contra los decretos sancionados a finales de enero por el gobierno nacional, se han efectuado dos tipos de demandas: que los decretos en salud caigan vía declaratoria de inexequibilidad y que se avance en un nuevo modelo de salud, derogando definitivamente la Ley 100 de 1993, bajo la comprensión de que el problema de salud es estructural y no producto de los actuales decretos.
 
Demanda acompañada de propuestas. La discusión vivida en el país, entorno a esta problemática, agenciando la construcción de un nuevo modelo de salud. No ha sido poca. En particular, el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social (MNSSS), a través de tres Congresos Nacionales realizados (2001, 2004 y 2009), logra una deliberación amplia con multitud de sectores sociales, arrojando un acumulado que en esta coyuntura le permite ofrecerle al país una propuesta de principios y ejes de este nuevo modelo de salud.
 

Hacia un Sistema Único, Público y Universal de Salud en Colombia 

 

Dejamos claro que la propuesta no es volver a lo que se tenía antes de 1993, como plantean algunos. En su historia, Colombia nunca ha vivido la experiencia de un sistema único de salud de carácter público, que integre a todos los actores e instituciones bajo la rectoría del Estado.
 
Principios. En términos de estos, el modelo por construir asumirá la salud como derecho inalienable, irrenunciable, universal, en el que todas y todos, en cualquier rincón del país, tendrán la atención que necesiten sin necesidad de otra identificación que su condición de ser colombiana o colombiano; integral, dado que todas y todos tendrán acceso gratuito a cualquier procedimiento que, siendo necesario para protegerle o recuperarle la salud, se justifique desde el punto de vista médico o humano; intercultural, al reconocer la diversidad cultural de Colombia, por lo cual incorporará todo el saber ancestral de salud de las poblaciones originarias; diferencial, para darles el trato diferente que requieren las mujeres, los LGBT, los jóvenes y las personas en condición de discapacidad; equitativo, por ser un sistema universal que enfrentará las profundas injusticias y desigualdades en el acceso a los servicios de salud; con participación social, que tendrá un carácter vinculante y decisorio; con centro en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y no la curación, bajo la comprensión de que la salud está ligada al bienestar integral de las personas y determinada por factores económicos, sociales, políticos, culturales, articulados a la calidad de vida y trabajo.
 
Financiamiento. El Sistema Único de Salud se garantizará desde el Estado en un porcentaje inicial nunca inferior a la cifra que hoy se gasta, pero con eliminación de la intermediación de las EPS; con prestadores del servicio de salud estatales y no estatales, mediados por contratos públicos, con presupuestación anual y sistemas de control social; con oportunidad y calidad; con participación de todas las esferas del gobierno nacional, departamental y municipal; y eliminando la flexibilización laboral que afecta a todos los trabajadores(as) del sector, para generar condiciones de trabajo digno, lo que elevará la calidad de la prestación de los servicios.
 

Hacia una gran confluencia social para avanzar por el camino requerido 

 

Para que Colombia llegue a configurar un sistema único, público y nacional de salud, debe desmercantilizar la salud, lo que define claros adversarios, de un lado las EPS (poderoso actor económico y político), y los sectores políticos y de gobierno que respaldan la lógica de la Ley 100.
 
Ir por este camino –deseado y necesario para la efectiva garantía del derecho a la salud para todas y todos los colombianos– requiere aprovechar el momento de indignación nacional y configurar una amplia coalición social que logre generar la fuerza política necesaria para avanzar en la construcción de este nuevo modelo.
 
Hoy en el país tenemos una oportunidad política; no podemos desaprovecharla, asunto que pasa por actuar con madurez e inteligencia políticas, para producir una amplia confluencia de sectores sociales, gremiales, políticos, académicos, institucionales, que consideren que la salud es un derecho humanos y no una mercancía; y generar las metodologías para una deliberación lo más amplia posible, involucrando a la gente desde abajo, para ponernos de acuerdo ante la propuesta del nuevo modelo de salud, en tal forma que este acuerdo tenga suficiente legitimidad, y fuerza social y política para ser instaurado en el país.
 
Nota: Este es un aporte del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social para la construcción colectiva, conscientes de que en el país se debe tener un nuevo modelo de salud. 
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Carta

 

Procuraduría plantea declarar inexequible la emergencia social curiosamente, luego que el procurador general de la nación conceptuara la exequibilidad al referendo reeleccionista (que, para fortuna del país, no pasó), ahora le pide a la corte constitucional que declare inexequible la declaratoria de emergencia social expedida por el gobierno nacional el 23 de diciembre de 2009 mediante el decreto 4975, con lo cual se caerían todos los decretos en salud sancionados a la luz de aquél, las razones que expone el procurador a la corte constitucional para que se declare la inexequibilidad de la emergencia social se fundamentan en:
  • la declaratoria del estado de emergencia social no se ajusta al orden constitucional debido a que los hechos que pretendieron sustentarla: desfinanciación del sistema de salud y problemas de intervención del estado en dicho sistema, entre otros, no tuvieron el carácter de sobrevinientes, porque no se trató de fenómenos fácticos que se hubieran dado de manera repentina e imprevista para el momento de tal declaratoria, sino que se venían y se vienen presentando de modo sistemático y ascendente en el tiempo, y eran previsibles a partir de sus manifestaciones institucionales.
  • el estado cuenta con parámetros constitucionales, desarrollados legalmente, y desde ellos el gobierno nacional, utilizando las vías ordinarias, debe proponer y construir las soluciones que el sistema de salud necesita. En consecuencia, las razones por las cuales la grave perturbación del orden social o la grave calamidad pública aducida en la declaratoria de emergencia social podían ser conjuradas con el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades estatales.
  • los hechos que dieron origen a la declaratoria de emergencia social en salud tampoco presentan la suficiente claridad o el alcance necesario para perturbar en forma inminente el orden social del país, ya que podían emplearse (actualmente también), al momento de la expedición del decreto 4975 de 2009, de modo eficiente los recursos financieros, administrativos, regulatorios y de control existentes mientras se utilizaba (y se utiliza) el conducto democrático normal para solucionar la gravedad del asunto.
  • respecto al derecho de la salud, la procuraduría, basada en la problemática del sistema, realizó, entre otros, dos estudios denominados “el derecho a la salud en perspectiva de derechos humanos” (2008) y “dilemas en las decisiones en la atención en salud” (2009), en los que se ponen de presente el reiterado incumplimiento de los derechos fundamentales de la salud de los colombianos y las fallas estructurales del mismo, que demuestran que no es inminente ni sobreviviente lo de las falencias del sistema.
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