Miércoles, 24 Marzo 2010 19:01

Entre interceptaciones, paravínculos y actividades delictivas. Colombia. Estado violador de derechos

Escrito por Edwin Guzmán
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Circula el informe de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el país. En aquél, al Estado colombiano no sólo se le acusa de no ser su garante sino, además, de convertirse en un actor armado que viola sistemáticamente los derechos de las poblaciones marginales, así como los de la oposición. La mentira de la desmovilización, los organismos de inteligencia y las ejecuciones extrajudiciales hacen ver que la ‘seguridad democrática’ lo único que pretende es la perpetuación del poder tradicional y la desigualdad.
 
El cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se creó el 20 de diciembre de 1993. Tres años después, el 29 de noviembre, el gobierno colombiano y la ONU suscribieron en Ginebra un acuerdo para establecer en el país la Oficina del Alto Comisionado. Este acuerdo se prorrogó en 2007 hasta 2010, y desde el 24 de julio de 2008 está nombrada Navanethem Pillay, de origen africano. También recibe quejas relacionadas con violaciones de derechos hu¬manos e infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
 
Desde su sede principal en Bogotá –pues han establecido suboficinas en Bucaramanga, Cali y Medellín– se dio a conocer el informe anual sobre la situación en materia de derechos humanos y el cumplimiento del DIH, que regula los límites de los conflictos armados para disminución la crueldad. La información se recogió por medio de tres comités: contra la tortura, derecho sobre trabajadores migratorios y eliminación de la discriminación racial, evidenciando en todo momento que el Estado colombiano es un actor constante de vulneración.
 

Sin política social efectiva

 

La ausencia de una política social hace imposible disminuir la pobreza y la desigualdad, especialmente la extrema pobreza en departamentos como Chocó, Bolívar, Cauca, Córdoba y Nariño, lo cual se constituye en factor que acentúa la violencia. El conflicto vincula a todos los actores armados con el sistema de producción y comercio de psicoactivos –narcotráfico–, con epicentro cada vez mayor en territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes. El informe denuncia que continúan la represión y las amenazas a grupos de sindicalistas. Se registraron 27 homicidios en 2009, pero la CUT plantean que fueron 37 los asesinatos. En desaparición forzosa se relacionan 37.300 personas, de las 10.000 denunciadas como desaparecidas hasta diciembre 2009.
 

Desmovilización irreal

 

El informe hace hincapié en el resurgimiento de los actores ilegales que están ligados a los paramilitares, aunque a la vez cree en la aparente desmovilización acordada en Santa Fe de Ralito. Se puede evidenciar lo estéril de ese proceso. La presencia de los Rastrojos o el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (erpac) son las mismas expresiones del paramilitarismo que sigue desapareciendo, masacrando, cometiendo asesinatos selectivos, incluso por ajustes de cuentas internas; sigue amenazando, desplazando y violando; afectando a grupos de zonas marginales, rurales y urbanas; a mujeres y jóvenes, liderezas sociales, y también a las comunidades indígena y afrodescendiente. Esto demuestra el poder y la influencia de los paramilitares en varios departamentos –Nariño, Antioquia, Chocó, Córdoba. Su presencia no sólo es territorial; en el informe se incluyó igualmente la parapolítica que implicó a 93 congresistas, y se extendió a los 249 casos iniciados contra 12 gobernadores, 116 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales.
 
Es inexistente la desmovilización por el fracaso de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), en que nadie ha sido condenado, a nadie se ha reparado, y será difícil ante los escasos recursos, no correspondientes a lo que se esperaba. El informe denuncia que el continuado accionar de los paramilitares continúa respondiéndoles a los patrocinadores, y que ha habido enseñamiento especialmente contra quienes se movilizaron para exigir reparación y restitución de tierras, mientras se perpetúan los mismos dueños o sus testaferros.
 
En ciudades como Medellín se evidenció que fueron autores de las amenazas a jóvenes y defensores de derechos humanos, pero que no fueron los únicos, pues se sabe de la implicación de policías en la desaparición forzada y abusos de autoridad con jóvenes detenidos, episodio que también se repitió por agentes en Bogotá al quemar a dos jóvenes con gasolina en una estación de la Policía.
 

Polarización con la comunidad de DD.HH.

 

La administración que encabeza Álvaro Uribe ha sido incapaz de brindarle una solución al conflicto, pero se empecina en crear un ambiente que el informe denomina de polarización con la comunidad de derechos humanos y con el sistema judicial. Se recuerda el reciente impase con la Corte Suprema de Justicia y la elección de Fiscal. Se pregunta en el documento sobre la independencia de jueces y abogados, y por tanto recomienda de manera urgente fortalecer esta rama del poder.
 
También preocupan las declaraciones de funcionarios, militares y algunos ahora candidatos uribistas con declaraciones que acusan o insinúan a defensores de derechos humanos como auxiliadores de la guerrilla y contrarios a los intereses del Gobierno. La administración Uribe se raja también por la implicación de sus organismos de inteligencia utilizados contra defensores de DH y la oposición política. El caso DAS es muy grave porque ilegalmente se adelantan intercepciones en las comunicaciones, seguimientos y hostigamientos, robo de información, etcétera, y en forma ilegal se ingresa a oficinas o domicilios de defensores de derechos humanos, miembros de la oposición, periodistas y, particularmente, contra la Defensora del Pueblo de Montería, hasta incluso verse afectada una funcionaria de Naciones Unidas para la Niñez.
 

El ojo del alto gobierno

 

Preocupan los elevados niveles desde donde fueron ordenados estos operativos, más cuando se conoce que algunas acciones se dirigían a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Preocupan asimismo las denuncias por rebelión, terrorismo, injuria y calumnia contra defensores humanos y periodistas. El DAS habría ordenado amenazas contra una periodista que investigaba el crimen del humorista Jaime Garzón. Si fuera cierta la liquidación del DAS, se expresa en el documento, vendrán dificultades con los procesos de investigación para no dejar en la impunidad los hechos. Con mucha mayor probabilidad cuando –después de pasarle la función de inteligencia a la fuerza pública– las operaciones ilegales y clandestinas siguieron realizándose contra los sectores sociales y los políticos críticos del actual gobierno. Las fuerzas militares siguen violando el Derecho Internacional Humanitario, ya que, a pesar del conocimiento que tienen, instalan y utilizan escuelas y bienes civiles como hospitales, involucrando a la población en la guerra.
 

Ejecuciones extrajudiciales

 

Con los falsos positivos se descubrió que la práctica de ejecuciones extrajudiciales cometidos por Fuerzas Militares no era una situación aislada, y las muertes de jóvenes disfrazados como bajas guerrilleras no fueron las únicas. Un militar retirado que denunciaba los hechos en Zaragoza (Antioquia) fue asesinado, y con acciones contra los familiares de las víctimas han querido lograr su silencio, amenazas que se han cumplido con la muerte de dos parientes. Se menciona al hermano de uno de los jóvenes ajusticiado en Bogotá y el intento de asesinato de un familiar que denunciaba hechos ocurridos tan solo cinco días después de iniciada la audiencia. Descaradamente, desde la defensa judicial de los militares se han difundido falsas acusaciones contra el Fiscal, dizque por comprar testigos. 
 

Objeción de conciencia

 

Con este panorama, no queda duda sobre la situación de los derechos humanos en Colombia; igualmente, preocupa el papel del actual gobierno como actor que incide sin tapujos en su vulneración. Si este documento pretende convertirse en base para asesorar las políticas, programas y medidas para los derechos humanos, lo está haciendo en oídos sordos. Por ejemplo, el documento exhorta al Congreso a que regule el derecho de objeción de conciencia ante el servicio militar obligatorio. Veremos si será ésta una prioridad.
 

Elecciones

 

Estamos ante un informe más que da cuenta de otro año de represión, negligencia y violación de derechos humanos por parte del sector ultraderechista y mafioso que tenemos en el poder. si bien la reelección no va, nos preguntamos qué tan libre será el proceso electoral de 2010 y 2011, un panorama gris en beneficio de los que en sus campañas quieren que el voto no sea libre y permanezca sometido por la fuerza, como sucedió con quienes impusieron a Uribe y pondrán a su sucesor.

 


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