Miércoles, 23 Junio 2010 14:28

Colombia. ¿Languidece el proceso de la farc-política?

Escrito por María Mónica Castañeda Delgado
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En abril de 2008, el gobierno colombiano, anunció durante una reunión plenaria de la Cámara de Representantes la apertura de un proceso de investigación al cual denominó farc-política, que prometía estremecer con sus revelaciones el escenario político nacional. Juan Manuel Santos, ministro de la Defensa en aquel momento, ofreció revelarle al país información valiosa, obtenida del computador de Raúl Reyes, jefe guerrillero de las farc, tras el bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas colombianas sobre territorio ecuatoriano en febrero del mismo año. Tal información dejaría al descubierto las relaciones sostenidas por personajes de la política nacional con ese grupo subversivo, y sería la justicia colombiana la instancia que pusiera tras las rejas a quienes resultaran implicados en la investigación.

A menos de 2 meses de finalizar el gobierno de Uribe Vélez, la farc-política, como proceso de investigación, parece languidecer. Sus resultados confirman esta tesis. Según el gobierno nacional, en los correos electrónicos del jefe guerrillero aparecen mencionados senadores, periodistas y académicos, entre otros. La lista es larga, entre ellos la senadora del Partido Liberal colombiano Piedad Córdoba y el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, quien fue reelegido en marzo pasado con una de las mayores votaciones de las cuales se tenga conocimiento en la historia democrática colombiana.

Aunque la investigación ha intentado vincular al proceso a un gran abanico de nombres nacionales y en algunos casos internacionales, los únicos detenidos son dos representantes de la comunidad académica colombiana: el profesor Miguel Ángel Beltrán, de la Universidad Nacional de Colombia, detenido en la ciudad de México mientras cursaba estudios doctorales en la Universidad Autónoma de aquel país, hoy detenido en la Cárcel Picota de Bogotá; y la joven socióloga Liliani Patricia Obando, también de la Nacional, reconocida en el ámbito académico colombiano y quien en el momento de su detención realizaba una asesoría en defensa de derechos humanos para Fensuagro, sindicato que agrupa a trabajadores del campo.

desde abajo entrevistó a Liliani Patricia Obando, detenida desde agosto de 2008 en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, luego de ser capturada en su casa en Bogotá, señalada por el gobierno colombiano como interlocutora de Raúl Reyes, según la inclusión supuesta de su nombre en el famoso computador.

desde abajo (da): Su detención causó sorpresa en la comunidad académica a la cual usted pertenece.
Liliani Patricia Obando (LPO): Al momento de mi detención me desempeñaba como Asesora de Fensuagro, que es uno de los sindicatos más perseguidos de este país y al que le han asesinado más de 1.500 afiliados. Yo soy una sobreviviente de la Unión Patriótica (UP), hice parte de ese movimiento y vi asesinar o desplazar o irse al exilio a más de cinco mil de mis compañeros. Entonces, cuando se está en este trabajo por convicción y se quiere hacer parte de la oposición política por vías legales, uno se da cuenta de que esas vías siempre están cerradas para nosotros y que en algún momento la cárcel es una posibilidad.

da: ¿De qué se le sindica?
LPO: A partir del bombardeo del gobierno de Colombia a Ecuador, supuestamente allí se encuentran unos computadores que sobreviven a tan temeraria acción. Es entonces cuando se empieza a fabricar una serie de procesos contra personalidades de este país que se habían interesado por la negociación política del conflicto, como, por ejemplo, el señor Carlos Lozano, director del periódico Voz, la senadora Piedad Córdoba, y algunos periodistas y personajes que se han pronunciado en el mismo sentido, y yo, en mi modesto papel, quedé en medio de todo eso porque necesitaban un conejillo de indias y seguramente le resultaba muy costoso al gobierno colombiano poner en la cárcel a personajes como Álvaro Leiva o la senadora Córdoba, así que había que llevar a alguien tras las rejas, precisamente para silenciar lo que estaba ocurriendo en el país, que era ese escándalo tan abominable de la parapolítica.

da: ¿Mantenía usted comunicación a través de correos electrónicos con Raúl Reyes, como afirma el gobierno colombiano?
LPO: De eso me sindica la Fiscalía, pero con la defensa hemos decidido que no vamos a pronunciarnos sobre los supuestos correos, que ya sabemos que no son eso sino documentos de word, fácilmente manipulables, que dizque se salvaron de los computadores del bombardeo mencionado. Hemos decidido no referirnos a esos documentos por una razón: porque consideramos que al ser sustraídos ilegalmente, en tanto no se tuvo en cuenta la soberanía del país al cual se estaba bombardeando, esto le quita toda legalidad. Además, esas pruebas son entregadas al capitán de la Dijin-Policía, el mismo que me hace el allanamiento y captura, el capitán Ronald Ortiz, quien reconoció ante la Fiscalía haber abierto los computadores y hecho copia de los mismos en su computador personal. La propia Interpol afirma en uno de sus informes que no se cumplieron los procedimientos legalmente establecidos para el manejo y protección de pruebas, y que hay más de 44 mil archivos que fueron modificados, cambiados, abiertos, manipulados. Es decir, desde todo punto de vista, las pruebas en contra mía son ilegales y yo no tendría por qué haber pasado un solo día aquí en la cárcel, si las pruebas que ellos tienen son tales.

da: Se le sindica de financiación de terrorismo por cuentas bancarias con giros internacionales.
LPO: Eso es por completo falso y traído de los cabellos. Es una práctica sistemática en este país, contra las prisioneras políticas, porque, además del delito político de rebelión, hay que agregarle un delito no político de terrorismo, cualquiera que sea, administración de recursos o terrorismo a secas, o cualquier otro relacionado con actividades terroristas, porque, al agregarle al de rebelión cualquier otro, se endurece la pena y se envía el proceso a la justicia especializada. Davivienda, la entidad financiera donde tengo mi cuenta, le certificó a la Fiscalía que la mía es una cuenta muy normal, sin movimientos sospechosos, entre otras cosas porque en este país un profesional dedicado a la sociología y la defensa de derechos humanos no tiene posibilidades de acumular dinero.

da: El gobierno colombiano no reconoce esa categoría de presos políticos a la cual usted se refiere.
LPO: En nuestro país se intenta desnaturalizar el delito político, y mucha gente, incluso de del pueblo colombiano, ignora que en Colombia hay más de 7.200 presos políticos. Los presos políticos no sólo aquellos que están por haberse alzado en armas contra el Estado. Preso político es una categoría bastante amplia dentro del concepto político del delito, que, entre otras cosas, debiera ser un derecho y no un delito, el derecho a hacer oposición. Aquí, en el patio sexto de mujeres de la Cárcel El Buen Pastor, hay dirigentes campesinas y mujeres que no han sido dirigentes y nunca han pertenecido a una organización campesina pero que, por vivir en zonas rurales donde hay presencia guerrillera, son acusadas de rebelión. Lo mismo ocurre con dirigentes sindicales y académicos como yo, que pretendemos hacer oposición política legal.

da: A qué atribuye usted la movilización internacional en torno a su caso.
LPO: El interés que ha habido alrededor de mi caso, y que no tengo cómo agradecerles a las organizaciones y compañeros que se han movilizado internacionalmente, ha permitido que se visibilice que hay prisioneros políticos en este país, que estamos en unas condiciones muy difíciles en las cárceles y que se nos violan muchos de nuestros derechos. Cuando a mí me capturan, la gente queda asombrada porque yo jamás fui al exterior a hacer lo que la Fiscalía afirma. Por eso, nunca he aceptado cargos ni acepté beneficios del 50 por ciento, porque yo lo que estoy defendiendo es mi inocencia.

Yo venía haciendo un acompañamiento a una de las organizaciones sindicales más grandes que tiene el país, Fensuagro, que tiene presencia en toda Colombia y también adscripciones a sindicatos internacionales. Por eso he tenido la oportunidad de hacer un trabajo fuera del país, muy importante y que me ha permitido ser invitada por parlamentos interesados en conocer la problemática de derechos humanos en Colombia y la situación difícil de los sindicalistas, que ponen en juego su libertad y su vida. Es importante hacerles ver a los abusadores de derechos humanos del país que hay observadores internacionales pendientes de lo que está pasando. Eso es muy importante porque es casi la única manera de frenar tantos abusos.

da: ¿Cuál es su postura frente a la lucha armada?
LPO: Cualquier estudioso de lo que ha sido la lucha política en el país no puede negar la existencia de un conflicto interno, armado, ni sus raíces. Negar ese conflicto que lleva más de 40 años es cerrar las posibilidades de solución pacífica. Sin embargo, el alzamiento en armas para muchos ha sido casi que la última opción, y en este país las guerrillas no se acabarán mientras haya las condiciones sociales indignas en que debe vivir la mayoría de los colombianos. Mientras tales condiciones persistan, la vía armada seguirá siendo una opción. Obviamente, uno quiere otra cosa para el país. La vía armada no es la salida. Yo, aun aquí, prisionera, no he perdido mis principios ni mi compromiso social, y sigo defendiendo la salida negociada como único modo de ponerle fin al conflicto nacional.

da: ¿Estos años en prisión han debilitado sus convicciones políticas?
LPO: La intención de quienes nos ponen tras las rejas es precisamente desmoronarnos para que renunciemos a nuestros ideales y principios, y por eso, como siempre, he asumido un compromiso consciente con lo que considero que debe ser un mejor país, un país más justo, un país en paz para todos. No puedo desmoronarme y traicionarme o traicionar a un montón de compañeros que ya no están, traicionar a todos mis muertos, que son muchos. Es una obligación mantenerme firme y saber que aquí hay todo un trabajo por hacer. Estar en la cárcel no es bueno para nadie, pero para mí, como socióloga y como defensora de derechos humanos, estar aquí y conocer la cárcel desde dentro ha sido una gran experiencia de vida; he tenido la posibilidad de sensibilizarme más con este espacio y de tratar de denunciar lo que pasa en las cárceles colombianas, donde se cometen muchos abusos, no sólo con los presos políticos; también con la población carcelaria en general. Igualmente, vemos que aquí se reproduce la división social de clases: hay privilegios para algunas detenidas y condiciones de máxima severidad contra otras, en especial contra las prisioneras políticas.

da: ¿Cómo se compagina su situación personal, como madre, y su cautiverio?
LPO: Es duro. A nuestros hijos menores de 12 años no se les permite entrar sino una vez al mes. Cuando ello ocurre, deben hacer largas filas; algunos se han insolado y desmayado por soportar la lluvia, el sol y el hambre, mientras llegan a visitarnos por unas pocas horas. Como madres, tenemos que defender ese derecho porque, si ya fue dramática la ruptura de la relación cuando nos detuvieron, ahora nos impiden tenerlos de visita cada cierto tiempo. Estamos dando la pelea pero no podemos hacerlo solas; necesitamos el acompañamiento de la gente de afuera. Mi hijo mayor, que tiene sólo 16 años, ha sido perseguido, hostigado en mi casa. Ha recibido visitas extrañas. Saben cuándo va al jardín mi hija de 5 años. Hay amenazas contra mi familia. Son cosas que causan preocupación, y hay que decirlo: la solidaridad con los presos políticos es muy precaria. He pedido protección para mi familia pero no ha sido posible aplicar medidas cautelares, entre otras cosas porque, para que a uno le crean, tiene que estar muerto o haber sufrido la desaparición de un familiar. La angustia mía es porque soy madre de dos menores que viven con mi madre, una mujer de tercera edad, o sea, que son completamente vulnerables. Esa es una gran preocupación para mí.

da: Cuando usted fue detenida, estaba cursando un magíster en la Universidad Nacional. ¿Ha recibido respaldo de ésta?
LPO: Al momento de ser detenida, estaba terminando mi trabajo de tesis para graduarme de la Maestría de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la Nacional. Logré que me dieran la oportunidad de continuar mis estudios, aunque con muchas dificultades, porque a los presos políticos no se nos permite el acceso a un computador, lo cual obstaculiza el desarrollo de un trabajo intelectual. El acompañamiento de la Universidad y de mis profesores, que conocen mi trayectoria académica, ha sido muy importante.

La Universidad pública no les puede dar la espalda a sus estudiantes o profesores que caen en esta situación. Contrario a lo que pasa en otros países, donde los académicos tienen un reconocimiento muy grande, en Colombia se les estigmatiza por pensar distinto, por ejercitar el pensamiento crítico. Uno de los pilares de la democracia es permitir el derecho a la oposición política, pero aquí a ésta se le persigue y se le elimina, así se diga lo contrario. Quienes hacen oposición política legalmente en este país lo hacen sabiendo que tienen una cruz sobre sus espaldas, y quienes hacemos trabajo sindical y de defensa de derechos humanos estamos en la misma situación. Aquí, ser académico progresista y con pensamiento crítico es una actividad peligrosa.
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