Miércoles, 23 Junio 2010 15:48

Arde el Palacio de Justicia

Escrito por Equipo desde abajo
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Las reacciones fueron variopintas. Unas, de sorpresa. Otras, de beneplácito. De rabia e inconformidad, las más difundidas. Así se recibió en el país la sentencia de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá, María Stella Jara, quien condenó el pasado 9 de junio a la pena de 30 años de prisión al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, jefe del operativo militar que permitió la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Se dicta esta sentencia por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra y Gloria Anzola de Lanao.

Se corona parcialmente la lucha de un grupo importante de familias y defensores de derechos humanos, quienes han dedicado una importante parte de sus vidas a procurar justicia para los suyos. En esta lucha fue asesinado el abogado de la causa José Eduardo Umaña Mendoza (18 de abril de 1998,), quien durante 13 años representó a las víctimas.

Rabia e inconformidad


De inmediato, el 10 de junio, y reiterativamente, se pronunció el Ejecutivo: “Los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la Fuerza Pública”. Unas horas después, los oficiales más importantes del país precisaron: “El Ministro de Defensa y la cúpula militar expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial que condenó a un soldado de la patria”.Y “la sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas”. Horas más tarde, tanto el Ejecutivo como los militares dijeron: “La manera de apoyar a las víctimas del Palacio de Justicia no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas”. ¿Qué exigen los inconformes?: “Lo único que demandamos de la justicia es justicia imparcial y oportuna frente a los abnegados integrantes de las Fuerzas Armadas. El Gobierno invita a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los Derechos Humanos”.

Beneplácito


Por su parte, los familiares de los desaparecidos expresaron: “La sentencia al coronel Plazas obra en derecho no vulnera la integridad de las fuerzas militares; marca un hito en la historia de lucha contra la impunidad y muestra que el país puede estar a la altura de los estándares internacionales de justicia”. Para expresar a renglón seguido su sorpresa por la actitud del Ejecutivo, que intenta “interferir en el poder judicial cuestionando decisiones de los administradores de justicia”.

Sorpresa


No es para menos. En un país acostumbrado a la impunidad, un fallo de esta naturaleza sorprende, más aún cuando se conocen las presiones a las cuales son sometidos los denunciantes, sus apoderados y los jueces de la república.

Aparte del asesinato del abogado inicial de la causa, son de conocimiento público las persecuciones, los hostigamientos y las amenazas que han tenido que sufrir por años los familiares y sus apoderados (Germán Romero y Jorge Molano), además de la situación de zozobra que han querido generar las “fuerzas oscuras” en la cotidianidad de la fiscal Ángela María Buitrago y en la juez María Stella Jara, esta última amenazada en su propia vida y en la de su pequeño hijo. Amenazas, no chanzas, que la han obligado a recurrir a la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero sorprende también la insistencia del presidente Uribe de criticar los fallos judiciales, rompiendo la división de las ramas del poder que caracteriza a la democracia liberal. Insistencia oficial que, al darse en conjunto con la oficialidad de las Fuerzas Armadas, pudiera generar ciertas suspicacias que son negadas y mostradas como innecesarias por el inmenso poder y el espacio que tienen aquéllas en el escenario nacional.

Sin duda, esta decisión de la justicia colombiana reafirma el importante papel que están jugando los jueces en la actual coyuntura del país, cuyas decisiones abren una ventana de esperanza para miles de familias afectadas por la violencia oficial desde hace ya tantos años. La justicia bate la impunidad pero requiere una importante presión del conjunto social para que no se haga realidad lo ya anunciado por el Presidente: “Pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas”, propuesta avalada por su candidato delfín al declarar que es necesario “fortalecer la justicia militar”.

¿Qué puede significar esta legislación que no sea conservar intacta la impunidad? Intentarán, una vez más, darle luz verde a la justicia penal militar, y entre unos y otros tapar y tapar. Se necesita una gran presión del conjunto social para que tampoco se haga justicia ‘imparcial' a la manera como la entienden en el alto gobierno, es decir, anulando en este caso el fallo ya proferido. ‘Solicitud' oficial inconcebible, toda vez que con ella están presionando al juez que recibirá la causa para su revisión.

Como en otras ocasiones, hay que saludar la dignidad de unos pocos y reclamar que igual papel sea asumido por el resto de la sociedad.
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