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Lunes, 24 Enero 2011 19:33

Empresarios al acecho de lo público. El Estado no es viable pero sí rentable

Escrito por Niwde
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El Estado y las inmensas cantidades de dinero que maneja son el objetivo de los empresarios. Son sus contratos, el dinero público, lo que mantiene vivos a los grandes conglomerados. Pero los empresarios no quieren una parte sino la totalidad de la torta, y por ello no se cansan de propagandear la ‘necesidad’ de privatizar lo público. Los políticos que no gobiernan con las mayorías y a favor de ellas favorecen tal propósito. Tras dos administraciones continuas del Polo en Bogotá, y sin haberle torcido ni un poco el cuello a la tradición ni movilizado a las mayorías para que decidan de manera directa sus destinos, la pregunta es pertinente: ¿Gobernar para qué?

Administración pública, corrupción, contratación, obras civiles, clientelismo, favorecimiento de los amigos. Prórrogas contractuales con cargo al erario. Incumplimientos de los contratistas sin sanción penal ni económica. Esto y mucho más se presenta en la cotidianidad del país, donde el 20 por ciento del presupuesto nacional, es decir, cerca de 30 billones de pesos, son apropiados de manera fraudulenta, año tras año, por empresarios privados.

A esta problemática remiten las denuncias elevadas el pasado 5 de noviembre por Gustavo Petro con apoyo del senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal bogotano Vicente de Roux, con gran eco en los medios de comunicación. Las denuncias recuerdan esta realidad, aunque el interés de los denunciantes se centraba, además de atender al tema ético, en la disputa por el control del aparato del Polo Democrático Alternativo (PDA).

La denuncia era oportuna e importante pero esta es solamente una de las perspectivas para leer el flagelo de la corrupción. La otra, oculta por los grandes medios de comunicación y las instituciones dedicadas a seguir el tema, es igualmente fuerte: tras la demanda del ‘impoluto’ sector privado en el nivel internacional por desmontar el Estado, arguyendo su incapacidad, está la pretensión de las multinacionales y sus socios de cada país por hacerse con el inmenso botín estatal, objetivo que aquéllas refuerzan alimentando la corrupción en el sector público, táctica que permite ‘demostrar’ que se requiere privatizar para que las cosas se hagan bien.

Como se sabe, es con dinero público como se financia la mayoría de las obras en cada país, y el nuestro no es la excepción. Desde el Estado, con apoyo de políticos, se amasan inmensas fortunas, se crean nichos de poder, o se potencia y se consolida el mismo.

No ocurre de manera distinta en Bogotá, donde la inmensidad de las obras en curso son financiadas mayoritariamente desde su Alcaldía, lo cual despierta y potencia el interés de todos los conglomerados privados por hacerse con la administración de una urbe del tamaño y la capacidad financiera que ostenta la capital del país.

Entre el interés privado y el público

En esa lucha por su control, dicen políticos y empresarios, vale de todo. El dinero corre a chorros. Las afinidades ideológicas y políticas se ‘flexibilizan’. Las promesas van y vienen. La ética se difumina.

Todos saben que así es y tratan de agarrar mal situado a su contrario para que “pele el cobre”. Cuando Antanas Mockus le hizo la pregunta al entonces candidato Moreno sobre la posibilidad de salvar a la ciudad comprando 50 votos, la respuesta no sólo puso en riesgo la campaña “SamuEl Alcalde” sino que además significó un lapsus acerca de la forma como iba a gobernar. Incluso días después, cuando quiso enmendar su declaración, excusándose al argumentar que su pasión por salvar la ciudad lo llevó a una respuesta intuitiva, quizás hablaba de la relación familiar de gobernar, donde su combinan los negocios con la política clientelista.



Tal forma de gobernar ha despertado suspicacias y muchos interrogantes. Las de Petro y sus amigos son parte de ellas. El escándalo llevó al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a ordenar apertura disciplinaria en contra de importantes funcionarios de la administración distrital, la que por ahora cobró la cabeza de la directora del IDU Liliana Pardo, así como un embargo preventivo ordenado por el Contralor General de la República contra el alcalde Samuel Moreno. Igual medida se libró en contra de Luis Eduardo Garzón, administración durante la cual se aprobaron los contratos con los Nule para permitir el rodamiento de Transmilenio por la calle 26.

Es precisamente desde este contrato que asoma la punta del iceberg de este escándalo, adecuación vial que comparada con la Avenida Caracas, les costará a quienes habitan en Bogotá seis veces más, aunque por sus carriles sólo se moverá la quinta parte de pasajeros que usan el servicio por la Caracas. Aunque para algunos analistas que comentan en voz baja, toda la persecución en contra de la familia Moreno Rojas proviene de la negativa de los sectores tradicionales de la ciudad y del país por darles cabida en la lucha por la torta del poder. Igual conclusión sacan para el caso del PDA.

Pero la reflexión no para allí. La amplían al cuestionar tal actitud de los sectores tradicionales de la capital, al igual que la comportada por quienes hoy están a la cabeza de la urbe. Dicen: “Si el Alcalde de Bogotá ha gobernado con el ideario del Polo y a favor de los sectores populares, su forma de proceder no sólo es cuestionable sino que, además, ahora los indicios de corrupción muestran que no comportan diferencias con otras administraciones que ha tenido la ciudad”.

Tal pensamiento lo contradicen sectores sociales al afirmar que “sería ingenuo o muy malicioso defender a los Moreno Rojas argumentando que todo lo que se investiga en contra suya hace parte de una maniobra de la derecha uribista para debilitar el PDA, como si la unidad ya no estuviera mermada por los intereses sectoriales de las diversas tendencias que lo componen y las ansias de asumir liderazgos de ciertos representantes”.

Pero, a pesar de los argumentos a favor y en contra, no deja de producir una intensa distorsión sonora el hecho de las comisiones que se afirma que fueron entregadas, del 6 por ciento para Iván Moreno y del 2 para el Contralor, lo cual refleja una práctica habitual en el momento de gobernar. Las comisiones se suman a otras irregularidades, como modificar el manual de funcionarios para permitir el ingreso de Alba Luz Pinilla a la Secretaría de Integración Social, actual representante a la Cámara y cercana a los Moreno. Por este dudoso procedimiento, la Procuraduría General de la Nación decretó la suspensión por 12 meses de Mercedes del Carmen Ríos, directora de tal Secretaría, sanción que no está en firme, pues se interpuso recurso de apelación. ¿Maniobra para ganar tiempo?

Negocios y política

Poco se diferencia el discurso explícito de la derecha neoliberal cuando la supuesta izquierda lo naturaliza dentro de su manera de gobernar. En el escándalo de corrupción que señala a un sector del PDA, se acusa a la administración distrital de abuso en la contratación directa –sin procesos de licitación–, en prorrogas contractuales de operaciones con retrasos, permisividad ante los incumplimientos de importantes contratistas, cambio de términos de referencia en los contratos para favorecer a terceros, falta de transparencia en empresas que fueron mal calificadas por la Contraloría, pese a lo cual meses después son premiadas con un incremento en sus presupuestos. Todo ello no es más que una práctica ‘normal’ en la administración pública que beneficia a sectores empresariales, padrinos en las campañas electorales, cuyos empresarios, al igual que el resto de grandes cacaos, repiten el cántico del desmonte del Estado, previo a lo cual se lo apropian y lo aprovechan sin miramientos.

Es un común decir en la opinión pública que quienes llegan a gobernar practican una lógica de favorecimiento personal y en pro de sus aliados. Este anquilosado procedimiento en el Estado se repite como una cara oculta que mantiene en la sombra a un cartel incrustado que funciona con las campañas electorales. Se trata de un negocio tan rentable que, en el caso de las inversiones en vías, concentra el 60 por ciento de los contratos en manos de cinco o seis grupos familiares. Gobernar así tiene una sola ‘ideología’: la del beneficio propio y en perjuicio de los habitantes de la ciudad.

No extraña entonces que el capítulo Colombia de la organización no gubernamental Transparencia Internacional muestre alarmada en el informe que publicó el 9 de diciembre de 2010 que tan solo el 8 por ciento de las entidades públicas evaluadas tenga “bajo riesgo de corrupción”. Mientras que 8,7 registra altos niveles de riesgo, el 26,2 riesgo medio y el 56,2 riesgo moderado, lo que en plata blanca significa que el 35 por ciento de las instituciones está altamente permeado por los corruptos, mientras que en el 56,2 por ciento la corrupción se encuentra en sus “justas proporciones”, según la famosa frase acuñada en el gobierno de Turbay Ayala.

Pero quizá lo que más llama la atención es que de las 10 entidades peor calificadas se encuentren, además de Colciencias, tres universidades (la Surcolombiana de Neiva, la de Córdoba y la del Cesar), la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Senado de la República, la Comisión Nacional de Televisión y tres Corporaciones Autónomas Regionales (la de Risaralda, la de La Mojana y San Jorge, y la de Chocó). Como quien dice, la corrupción campea en los sectores de la investigación y la educación superior, en el encargado de dirigir las elecciones y en el de promulgar las leyes, el de la comunicación y el de ambiente, sectores clave en una sociedad verdaderamente democrática.

Según el mismo informe, más de la mitad de las entidades contratan más del 20 por ciento sin formalidades plenas, y, de los contratos de obras públicas, tan solo el 40 por ciento tiene contratos de interventoría. El 14 por ciento de las entidades tiene un solo proponente en promedio. El país, desde 2005, cuando con cuatro (4) obtuvo su mejor puntaje (cero señala el mayor índice de corrupción y 10 el menor), ha visto empeorar su situación, y en 2010, con tres coma cinco (3,5), ocupa el lugar 78 entre 178 países clasificados.

Según cifras del Portal Único de Contratación (ver el cuadro), tan solo el 9,5 por ciento de las adjudicaciones tuvo lugar mediante licitación pública o concurso de méritos. El restante 90,5 se da a través de mecanismos en los cuales la discrecionalidad del convocante es elevada o absoluta, como es el caso de la contratación directa, que representa más de la mitad de las adjudicaciones.

Si miramos el problema desde el punto de vista de los montos adjudicados, podemos observar que ni siquiera la mitad de lo adjudicado (el 49 por ciento) se firma mediante licitación pública o concurso de méritos. Es decir, cerca de 22 billones de pesos (millones de millones) son entregados a discreción del burócrata de turno. Si el monto de la contratación, como fue el caso de 2009, representa cerca del 30,7 por ciento del presupuesto nacional, se comprenden las verdaderas razones que motivan a nuestra clase política en su acción cotidiana y por qué el gobierno es verdaderamente un coto de caza de intereses predominantemente particulares.

El pasado y el presente mantienen sus constantes. La burocracia y la tierra han sido las palancas de poder desde el nacimiento mismo de nuestra nacionalidad, y el carácter gris, incluso de nuestros próceres, ha estado marcado por ese no muy oculto disimulo de detentar cargos en el gobierno que les permitan, mediante el cobro de coimas, adquirir o ampliar su posesión de tierras o, en su defecto, usar la fuerza del Estado para desalojar y apropiar el predio ajeno.

Un pequeño botón

Es así como se pierde el sendero de la política justa y de la administración pública de verdad al servicio de las mayorías. Se impone así el interés particular sobre el general. Es por estos procedimientos e intereses como se puede llegar a comprender que desde la Alcaldía Mayor se compartan negocios con Álvaro Uribe, pues el ex presidente –cercano a la Universidad Nacional a Distancia (UNAD)– ha visto que, con la administración de Samuel, la UNAD pasó de manejar el 1 por ciento al 33,76 en la vinculación de interventorías, desplazando en tales contratos a las universidades Nacional y Distrital.

Pero este tipo de favorecimiento de particulares ha tomado nuevas formas, una de ellas la que se materializa a través de la contratación paralela. Por ejemplo, en el Hospital Simón Bolívar, la nómina administrativa de supernumerarios tuvo una inyección de 100 personas en sólo seis meses.

Muchas de las transacciones y los negocios por hacer se acuerdan en épocas electorales. El Estado como botín. Pero el apetito no sacia: los empresarios pretenden el control de todos los negocios, por lo cual demandan el desmonte del Estado. Mientras lo logran, maniobran para que les toque la mejor parte de la torta presupuestal.

Los socios de los Moreno

Según las denuncias realizadas por la comisión de ética liderada por Petro, hay un cartel de la contratación que se beneficia sin cortapisas del erario. Por ejemplo, Andrés Jaramillo, gerente de Conalvías (alias El Turco), logra que su empresa maneje grandes contratos en el ámbito nacional: tan solo en el Distrito tiene el proyecto con mayor presupuesto, por el orden de 781.800 millones de pesos; o que Héctor Julio Gómez González consiga pactar con la administración el 40 por ciento del valor por anticipado, cuando la normatividad apenas permite el 25 para las obras civiles. Permisibilidad que facilita al famoso Emilio Tapia como Julio Gómez hacerse al 19% de los contratos firmados por el IDU, y que, a pesar de sus retrasos, la administración decidiera aumentar en un 60 y un 45 por ciento, respectivamente los recursos para la ejecución de sus obras. Con negocios así, donde el sector privado es el mayor beneficiado, es lógica la pregunta que surge: ¿Acaso no son inviables las empresas estatales?

Los acuerdos para manejar y beneficiarse del erario tienen sus tiempos y sus formas. La alianza empresarial de la administración distrital con el partido de la U –que en lo ideológico son puntos extremos– conlleva que, en la práctica política, administrativa y económica, terminen caminando por el mismo sendero. La mediática intervención del jefe de partido de la U, Juan Lozano, al quitarle el respaldo a Samuel en noviembre pasado, oculta en silencio los negocios de la familia Torrado. El senador Efraín Torrado es compañero actual en la comisión sexta con Iván Moreno, donde suelen votar de manera similar. La familia Torrado tiene empresas que fueron grandes contratistas en la era Uribe y también lo fueron en Bucaramanga cuando Iván era el alcalde. Este antecedente es pasado por alto porque hasta hoy al grupo Torrado se le han entregado 110.000 millones de pesos en contratación directa con la ciudad de Bogotá, eludiendo la convocatoria pública y la competencia abierta.

Con la ya desprestigiada imagen del Alcalde, se hace más expedito el camino para que la siguiente administración no sea del Polo, así Samuel no pare de inaugurar obras en el año 2011. De ser elegido como nuevo alcalde un candidato del partido de la U, tal vez les devuelva el favor a los Moreno. Pero, en las dos administraciones que llegaron con las banderas de la izquierda, el poder de los sectores urbanos organizados no varió, lo que confirma que la forma de gobernar del Polo ha sido muy similar a la de otros políticos de turno. ¿Cómo recuperar esta oportunidad perdida?

Los que pagan los platos rotos


Ahora, después del festín, hay que ordenar la casa, y ya para este año se anuncian recortes en 10 entidades de la administración central y en 14 establecimientos públicos donde los más afectados son la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría Distrital de Hábitat, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, según datos del Plan Operativo Anual de Inversiones para 2011. Algunos recortes son significativos: la Caja de Vivienda Popular registra una disminución del 31,2 por ciento; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, del 11,3; la Universidad Distrital, en un 16; la Secretaría de Salud, del 10,4%; al sector de Cultura y Recreación también se le reducirá el presupuesto en un 11,5 por ciento, mientras a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño se le quitará un 33.

Los mismos de siempre


Grandes empresarios, además de Julio Gómez, como Manuel Sánchez, Álvaro Dávila y Carlos Alberto Plaza, han ejercido como funcionarios o contratistas en el círculo de la contratación amarrada desde los tiempos de la administración de Jaime Castro.

Interrogantes


¿Por qué quienes acusaban a Lucho de gobernar sin el Polo son los que defienden a Samuel? Tampoco hoy el Polo gobierna, pues, de las 12 Secretarías en que está distribuida la administración distrital, sólo tres están a cargo de militantes del Polo, dos de las cuales (Gobierno e Integración Social) concretamente son de la Anapo.

¿Por qué el intento de una izquierda en la administración pública no es diferente de la experiencia tradicional? Tal vez porque ha desarrollado en su apuesta social un simple asistencialismo; y tal vez porque, al verse salpicados en escándalos de corrupción, permiten que se confirme que no hay diferencia con la derecha en el gobierno.

¿Para qué llegar a una administración pública si no vamos a cambiar en nada lo heredado? En el quinto aniversario del Polo, las peleas internas marcarán fracturas en un futuro incierto para gobernar, por lo menos en Bogotá. No hay duda: la unidad por arriba se permea de clientelismo. Ojalá los esfuerzos de la unión social desde abajo sean lo que caracterice a una administración alternativa.
Visto 5269 vecesModificado por última vez en Martes, 25 Enero 2011 11:22

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